David Calvez Hernández
Expediente 696/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- David Calvez Hernández
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de junio de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por David Gálvez Hernández por conducto de su apoderado, carácter que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley Amparo, con el Poder General para Pleitos y Cobranzas, contra actos de la Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Oral de la Región Morelia y otras, señalando como acto reclamado, el siguiente: ".La orden de arresto dictada en contra del quejoso directo, derivada de la causa penal número 00026/2017, que se instruye en contra de José Antonio Alcantar Rico." INCOMPETENCIA Ahora, el artículo 37 de la Ley de amparo, señala en lo conducente: ".Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido de dicho precepto legal se desprende, que el mismo establece tres hipótesis para que se surta la competencia a favor de los Juzgados de Distrito; la primera, en lo que aquí interesa, se refiere a la jurisdicción en donde deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, por lo que si la orden de arresto reclamada por el quejoso requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar. Luego, de la trascripción que precede se aprecia que el legislador, al establecer esta regla competencial tomó en cuenta las cuestiones correspondientes a la preeminencia a la ejecución del acto reclamado para establecer la competencia del juez de amparo. En este orden de ideas, el suscrito juzgador considera el juez competente para conocer del acto reclamado es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en el lugar donde se localiza la persona contra la que se dirige la orden arresto, como acontece en el caso particular, el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó que: ". 1.- Mi representado ejerce la función como Notario Público número 6 en la ciudad de Uruapan, Michoacán. 2.- El jueves trece de este mes se presentaron en su oficio público ubicado en el Pasaje Martínez de la ciudad de Uruapan, Michoacán diversos agentes de Seguridad Pública a preguntar por el fedatario señalado y no lo encontraron.". De manera que se trató de localizar al quejoso en su domicilio, pues se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, de ahí que el lugar en donde se pretende ejecutar la orden de arresto reclamada, es el que corresponde a la circunscripción territorial del Juez de Distrito que ahí ejerza jurisdicción. En las relatadas circunstancias, es evidente que la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán, de donde se sigue que en el caso se actualiza la hipótesis del numeral trascrito, tal y como lo determina el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lo relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2004166, de la Primera Sala, Libro XXIII, Agosto de 2013, tomo 1 del Semanaria Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." (Lo subrayado es por este Juzgado) Sin que en el presente se estime prevenir al quejoso, para que realice precisión alguna, ya que es claro en manifestar que su domicilio es en Uruapan, Michoacán, que en dicho lugar es donde han acudido a buscarlo, además de señalar autoridades ejecutoras con sede en dicha ciudad, aunado a ello que no existe indicio alguno bajo el cual pudiera suponerse que el acto reclamado se vaya a ejecutar o que haya comenzado a ejecutarse en esta ciudad, ya que de la narración que hace el quejoso, se advierte que ejerce función como Notario Público número 6 en Uruapan, Michoacán. Consecuentemente, si el acto reclamado conlleva ejecución material, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el suscrito estima que corresponde conocer de la presente demanda de garantías a un Juez de Distrito, con residencia en Uruapan, Michoacán, por lo que con fundamento en dicho artículo párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al Juez de Distrito en turno, en Uruapan, Michoacán, para los efectos legales procedentes, solicitándose el acuse de recibo de estilo correspondiente. Con una copia simple de la demanda, fórmese el cuaderno correspondiente, regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES A LAS RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, dieciocho de junio de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por David Gálvez Hernández por conducto de su apoderado, carácter que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley Amparo, con el Poder General para Pleitos y Cobranzas, contra actos de la Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Oral de la Región Morelia y otras, señalando como acto reclamado, el siguiente: ".La orden de arresto dictada en contra del quejoso directo, derivada de la causa penal número 00026/2017, que se instruye en contra de José Antonio Alcantar Rico." INCOMPETENCIA Ahora, el artículo 37 de la Ley de amparo, señala en lo conducente: ".Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido de dicho precepto legal se desprende, que el mismo establece tres hipótesis para que se surta la competencia a favor de los Juzgados de Distrito; la primera, en lo que aquí interesa, se refiere a la jurisdicción en donde deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, por lo que si la orden de arresto reclamada por el quejoso requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar. Luego, de la trascripción que precede se aprecia que el legislador, al establecer esta regla competencial tomó en cuenta las cuestiones correspondientes a la preeminencia a la ejecución del acto reclamado para establecer la competencia del juez de amparo. En este orden de ideas, el suscrito juzgador considera el juez competente para conocer del acto reclamado es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en el lugar donde se localiza la persona contra la que se dirige la orden arresto, como acontece en el caso particular, el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó que: ". 1.- Mi representado ejerce la función como Notario Público número 6 en la ciudad de Uruapan, Michoacán. 2.- El jueves trece de este mes se presentaron en su oficio público ubicado en el Pasaje Martínez de la ciudad de Uruapan, Michoacán diversos agentes de Seguridad Pública a preguntar por el fedatario señalado y no lo encontraron.". De manera que se trató de localizar al quejoso en su domicilio, pues se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, de ahí que el lugar en donde se pretende ejecutar la orden de arresto reclamada, es el que corresponde a la circunscripción territorial del Juez de Distrito que ahí ejerza jurisdicción. En las relatadas circunstancias, es evidente que la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán, de donde se sigue que en el caso se actualiza la hipótesis del numeral trascrito, tal y como lo determina el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lo relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2004166, de la Primera Sala, Libro XXIII, Agosto de 2013, tomo 1 del Semanaria Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." (Lo subrayado es por este Juzgado) Sin que en el presente se estime prevenir al quejoso, para que realice precisión alguna, ya que es claro en manifestar que su domicilio es en Uruapan, Michoacán, que en dicho lugar es donde han acudido a buscarlo, además de señalar autoridades ejecutoras con sede en dicha ciudad, aunado a ello que no existe indicio alguno bajo el cual pudiera suponerse que el acto reclamado se vaya a ejecutar o que haya comenzado a ejecutarse en esta ciudad, ya que de la narración que hace el quejoso, se advierte que ejerce función como Notario Público número 6 en Uruapan, Michoacán. Consecuentemente, si el acto reclamado conlleva ejecución material, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el suscrito estima que corresponde conocer de la presente demanda de garantías a un Juez de Distrito, con residencia en Uruapan, Michoacán, por lo que con fundamento en dicho artículo párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al Juez de Distrito en turno, en Uruapan, Michoacán, para los efectos legales procedentes, solicitándose el acuse de recibo de estilo correspondiente. Con una copia simple de la demanda, fórmese el cuaderno correspondiente, regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES A LAS RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente.
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