David Aguilera Rubio
Expediente 1103/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1103/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- David Aguilera Rubio
- Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
Morelia, Michoacán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. SE DA CUENTA CON AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos específicamente la certificación de cuenta de la que advierte a la fecha ha fenecido el término de tres días concedido a ********************, en cuanto Secretaria Técnica de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, en auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, a fin de que exhibiera tres copias más de su escrito de agravios del recurso de queja necesarios para correr traslado a la totalidad de las partes, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, esto es, se tiene por no interpuesto el recurso de queja hecho valer por ********************, en cuanto Secretaria Técnica de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, lo anterior de conformidad con el artículo 100, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente mediante oficio a ********************, en cuanto Secretaria Técnica de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.svm
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del once de noviembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1103/2022, promovido por David Aguilera Rubio, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretario, dé cuenta con las constancias que integran este asunto. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes previos recibidos con antelación y rendidos por: GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE TAL SECRETARÍA. SUBSECRETARIO DE OPERACIÓN POLICIAL EN SU CALIDAD DE INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE TAL SECRETARÍA. SUBSECRETARIO DE INFORMACIÓN, INTELIGENCIA Y CONTRA INTELIGENCIA EN SU CALIDAD DE INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE TAL SECRETARÍA. DIRECTOR DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD EN SU CALIDAD DE INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE TAL SECRETARÍA. DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. TODAS LAS AUTORIDADES CON SEDE EN ESTA CIUDAD. EL JUEZ: Dichos informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de prueba. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión VII- 1103/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el siete de octubre de la presenta anualidad, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, remitido a este órgano jurisdiccional el mismo día, por razón de turno, David Aguilera Rubio, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de diez de octubre de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La quejosa reclama en la presente vía de amparo la resolución administrativa de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictada en la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/203/2021, en la cual se impuso al quejoso como sanción la remoción del cargo que venía desempeñando como servidor público adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la autoridad responsable, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, se advierte la inexistencia del acto reclamado que se le demanda. Por su parte, el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, por lo que SE NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en contra del acto que se le demanda a la citada autoridad por resultar inexistente. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la siguiente literalidad: "Época: Octava Época Registro: 231469 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 356 INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos." En efecto, ante la negativa de la autoridad responsable en cita, sobre la existencia del acto reclamado, sin que el promovente del amparo haya ofertado prueba alguna para desvirtuar dicha aseveración, es indudable que cobra firmeza el contenido de su informe previo y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada toda vez que no hay materia sobre qué decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables que se mencionan a continuación aceptaron la existencia del acto reclamado: SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE TAL SECRETARÍA. SUBSECRETARIO DE OPERACIÓN POLICIAL EN SU CALIDAD DE INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE TAL SECRETARÍA. SUBSECRETARIO DE INFORMACIÓN, INTELIGENCIA Y CONTRA INTELIGENCIA EN SU CALIDAD DE INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE TAL SECRETARÍA. DIRECTOR DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD EN SU CALIDAD DE INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE TAL SECRETARÍA. DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. TODAS LAS AUTORIDADES CON SEDE EN ESTA CIUDAD. QUINTO. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Tomando en consideración que la parte quejosa solicita la medida suspensiva respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado, se procede a analizar sobre la concesión o no de la medida única y exclusivamente respecto de ellas. Para lo cual, se procede a verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión definitiva del acto reclamado, esto es, (i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; (ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; (iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; (iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y (v) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.)4, y XXVII.3o. J/2 (10a.)5 de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." (i) SOLICITUD EXPRESA. Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El acto reclamado es cierto atendiendo a las manifestaciones que realizó la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como a lo manifestado por las autoridades responsables al rendir sus informes previos. (iii) POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN. La parte quejosa esencialmente reclama en la presente vía de amparo la resolución administrativa de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictada en la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/203/2021, en la cual se impuso como sanción la remoción del cargo que venía desempeñando como servidor público adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con el acto de molestia, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. b) La demostración presuntiva de un interés legítimo (interés suspensional). c) La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. d) Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; e) El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. Ahora, no obstante que se solicita la suspensión definitiva del acto reclamado satisfaciendo el requisito que contempla la fracción I, del artículo 128, de la Ley de Amparo; se estima que dada la naturaleza del mismo, no se cumple con la fracción II, del indicado numeral, para decretar la suspensión conforme a la teoría de la apariencia del buen derecho, pues como ha quedado expuesto, dicho acto consiste en la resolución administrativa de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictada en la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/203/2021, en la cual se impuso al quejoso como sanción la remoción del cargo que venía desempeñando como servidor público adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, ya que por su emisión y verificativo reviste el carácter de consumado y la medida suspensiva no procede concederla respecto de actos de tal naturaleza, pues de lo contrario, se otorgaría a la medida suspensiva efectos restitutorios que son propios de la sentencia que eventualmente se dicte en el juicio principal del que derivan estos cuadernos incidentales. Apoya lo anterior, en lo conducente, las tesis del texto y rubro siguientes: "Época: Octava Época Registro: 217665 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 60, Diciembre de 1992 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/37 Página: 51 ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Por otra parte, el quejoso solicita la suspensión para los siguientes efectos: ". se solicita se me conceda la suspensión provisional del acto reclamado, a efecto de que, NO SE EJECUTE, cese el pago de mi sueldo d (sic) la actividad que desempeño, ni se me separe de mi cargo has en tanto adquiera firmeza el procedimiento." Sin embargo, de la lectura integra en la demanda de amparo, de los informes previos rendidos por las autoridades responsables y de la copia certificada de la resolución administrativa de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictada en la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/203/2021, que obra en el juicio de amparo indirecto de donde deriva esta incidencia, y que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, y que ahora se tienen a la vista a diferencia de cuando se resolvió la provisional, se deduce que resulta improcedente conceder la suspensión definitiva para los efectos que se solicita, consistente en otorgar efectos restitutorios, toda vez que, con tal determinación se seguiría en perjuicio del interés social y contravendría disposiciones de orden público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo. En principio conviene traer a cuenta, por ilustrador, el siguiente criterio en que se explica qué ha de entenderse por orden público e interés social: "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD. El artículo 124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga." En ese contexto, debe puntualizarse que el presente caso debe ser analizado desde la óptica del orden público y el interés social en conjunto, toda vez que resulta improcedente conceder a la parte quejosa la suspensión definitiva respecto a los efectos del acto reclamado, ya que como se mencionó implicaría darle efectos restitutorios, pues además no puede existir una retención de un salario dado que ya no existe esa relación laboral que en todo caso haría patente su retribución por así ordenarlo el propio marco Constitucional; por lo que el acto reclamado, será materia de fondo el determinar si procede el pago de los salarios a los que considera tiene derecho con motivo de la remoción como elemento de policía, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Sirve de apoyó la tesis número IV.1o.A.46 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la página 2833, del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2011681, que a la letra dice: "POLICÍAS. ANTE LA BAJA DEFINITIVA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESULTA IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PARA QUE SE CONTINÚEN PAGANDO SALARIOS, AUN Y CUANDO SE SOLICITE PARA EL MÍNIMO VITAL. El pago de salario constituye un derecho fundamental previsto en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, cuando el acto reclamado consista en la baja definitiva del servicio público de policía, la medida cautelar para efecto de que se otorgue un pago mínimo vital para la subsistencia es improcedente, porque al no existir ya una relación laboral, el salario ya no es un derecho a preservar como materia del juicio de amparo, pues suministrarlo queda supeditado a la sentencia que se emita en el juicio principal en donde se examinará la constitucionalidad de la remoción. Asimismo, porque ante la baja del servicio el quejoso ya no tiene impedimento para obtener otra fuente de ingresos." Sin que ello implique desacato a la jurisprudencia número 2a./J. 76/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 921, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2001513, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. Atento a que la intención de la reforma al segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enmarca en prohibir categóricamente que los miembros de las instituciones policiacas que hayan sido separados de su cargo sean reincorporados, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, es claro que, de concluir el procedimiento de separación de uno de ellos, acorde con las previsiones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con una resolución en que se determine tal separación, se generaría un daño irreparable al agraviado, consistente en la imposibilidad absoluta de ser reincorporado, aun cuando la autoridad jurisdiccional posteriormente resolviera que la resolución de separación fue injustificada, pues en este caso, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que proceda su reincorporación al servicio, razón por la que se actualiza la excepción a la regla general contenida en el artículo 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en el sentido de que si el daño o perjuicio es irreparable, la suspensión tendrá el efecto de impedir la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, sin que ello signifique que se siga perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, en la medida en que, por un lado, en el supuesto de que se trata el propio procedimiento de separación prevé la posibilidad de que se suspenda al policía en su función o servicio, hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente, de forma que no se pone en riesgo el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad; y, por otro, la suspensión en el juicio de amparo no se otorga para paralizar toda la continuación del procedimiento administrativo de separación, sino exclusivamente su etapa final, esto es, para el único efecto de que no se dicte la resolución en el procedimiento administrativo mientras se decide el juicio de amparo en el fondo. Cabe precisar que la concesión de la suspensión definitiva en el juicio de amparo no implica la inobservancia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, debido a que la prohibición de que se reinstale a uno de los elementos de los cuerpos de seguridad que ahí se mencionan, opera en un momento posterior al supuesto que se analiza, esto es, hasta que se dicte efectivamente la resolución en el procedimiento administrativo separando al elemento del cargo, pues de haberse emitido esa resolución, aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo." Toda vez que dicho criterio jurisprudencial parte del supuesto de que la parte quejosa se encontró inmersa en el desarrollo de un procedimiento administrativo, empero en el presente caso, como se señaló en párrafos que anteceden, y con base a las documentales remitidas por el impetrante y por las autoridades responsables, se advierte que fue removido de su cargo de policía por haberse acreditado plenamente la falta establecida en los artículos 133, fracción IX y XV, del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, Lo anterior, por los hechos que se le imputaron al quejoso en el procedimiento de investigación administrativa CIA/UAI/203/2021 y como ya se le sancionó administrativamente con la remoción definitiva del cargo que desempeñaba, ya no existe procedimiento administrativo que suspender, pues en el caso subyace una situación definitiva en cuanto al estatus laboral del quejoso; es decir, su remoción del cargo que venía desempeñando; por lo que resulta improcedente hacer el análisis de ponderación previsto en el artículo 138 de la Ley de Amparo. En relación con lo anterior, se colige que en aras de respetar las disposiciones de orden e interés público, más que mirar al caso de evitar que a una persona se le deje de pagar un salario por un puesto que venía desempeñando como policía, se invocan situaciones de facto imperantes en la sociedad y en el desarrollo de las actividades que la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán desarrolla con el personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Por lo tanto, el otorgamiento de la suspensión en ningún caso podrá tener por efecto constituir algún derecho que la quejosa ha dejado de tener con motivo de la remoción de su cargo. Cobra aplicación por analogía jurídica sustancial el siguiente criterio: "Registro digital: 2011245 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 26/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1287 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA EL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN EL RETIRO FORZOSO DE JUECES Y MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS POR HABER CUMPLIDO LA EDAD LÍMITE ESTABLECIDA EN LA LEY CORRESPONDIENTE PARA PERMANECER EN EL CARGO. Conforme al artículo 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el otorgamiento de la suspensión en ningún caso podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda; por tanto, es improcedente conceder la medida cautelar contra el acto reclamado consistente en el retiro forzoso de Jueces y Magistrados de los Poderes Judiciales de los Estados por haber cumplido la edad límite establecida en la ley para permanecer en el cargo, en virtud de que aquélla no puede tener efectos restitutorios, los cuales son exclusivos de la sentencia que otorgue la protección solicitada, pues no es posible constituir derechos a favor de los quejosos, lo que se actualizaría si se prolongaran sus nombramientos. Además, de concederse la suspensión, se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, al permitir que la función jurisdiccional del Estado la ejerza quien legalmente se encuentra impedido para ello, toda vez que en el caso imperan valores colectivos, que gozan de preeminencia a la luz del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la sociedad tiene interés en que la impartición de justicia se realice por quienes satisfagan los requisitos legales que garanticen su debida impartición; lo que impide que al amparo de una medida cautelar se prolongue un nombramiento más allá del límite establecido en la ley." Por tanto, subyace un alto grado de orden público e interés social en el acto reclamado. De ahí que no es factible conceder la medida cautelar para el efecto que pretende la parte quejosa, pues como ya se dijo, se seguiría con mayor medida en perjuicio del interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Luego, en términos de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la medida suspensiva tendría que existir una apariencia del buen derecho suficiente fuerte como para estimar que es posible, mediante la concesión de los efectos del acto reclamado, una anticipación de la protección constitucional concedida. La comprobación de la apariencia del derecho puede traducirse en el examen valorado que se realice del acto reclamado para una vez determinada su probable inconstitucionalidad, ponderar con mayor objetividad la confrontación entre el interés individual de la quejosa y el social que respalda el acto de autoridad reclamado, de tal modo que, si se advierte del análisis de la apariencia del buen derecho que el acto gubernativo rebasa los límites de su competencia, es factible otorgar la suspensión. Máxime que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que la provisión cautelar debe concebirse ya, en caso de proceder, como un adelanto provisional del derecho cuestionado para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto impugnado es o no constitucional. Para este examen del interés particular, el Juzgador debe tomar en cuenta las manifestaciones expresadas bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, así como las pruebas que se hayan adjuntado a la misma, analizando así la verosimilitud del derecho que pudiera proyectarse sobre la posibilidad real y efectiva de que sea concedida en el fondo, la protección constitucional. Análisis que, claro está, por tratarse de la medida cautelar caracterizada por lo sumario de su tramitación y resolución, no puede depender de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido. Es decir, hasta este momento, no se observa que el acto reclamado sea inconstitucional, por lo que ante la falta de una apariencia del buen derecho, se impone que prevalezca el interés general, sobre el particular de la quejosa. Así, al no verse satisfecho, el requisito para la suspensión derivado del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, se impone negar la suspensión. No se soslaya el contenido del artículo 147 de la Ley de Amparo, en el sentido de que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el suscrito ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente en el goce del derecho violado mientras se dicte ejecutoria en el juicio de amparo, pues como ya se dijo, en atención al análisis a la apariencia del buen derecho, en el caso, no es jurídicamente posible, pues el acto reclamado deriva de la salvaguarda del debido orden en las instituciones públicas, y por regla general, tratándose de asuntos de esa naturaleza debe prevalecer el interés general sobre el particular. Además, la presente determinación no prejuzga sobre lo que se resuelva en la sentencia que se llegue a dictar, puesto que existe la posibilidad de que la quejosa obtenga resolución favorable y con ello, se le restituiría en el goce del derecho que estima violatorio. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE NIEGA A DAVID AGUILERA RUBIO, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por los motivos precisados en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, acuatro de noviembre de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO DE BILLETES DE DEPÓSITO. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio electrónico de cuenta remitido por el Profesional Ejecutivo de la Subdirección de Garantías "B" de la Tesorería de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de los billetes de depósito números N-744177 y N-744178, valiosos por la cantidad de un mil doscientos pesos, moneda nacional y un mil pesos moneda nacional, respectivamente. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. SE RECIBE INFORME PREVIO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el cual la autoridad responsable que lo envía rinde informe previo que le fue solicitado, lo anterior en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, de lo que se ordena hacer relación en la audiencia incidental. Se tiene a la autoridad oficiante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el oficio de cuenta; y designando como delegados de su parte en términos del numeral 9 de la Ley de la Materia, a las personas que refiere en el mismo. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Visto el estado que guardan los presentes autos; a fin de contar con mayores elementos para resolver lo relativo a la suspensión definitiva solicitada en el presente asunto, solicítese al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, en su calidad de Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la referida secretaría, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación respectiva, remita a este Juzgado las constancias que integran la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/203/2021, instruida al quejoso David Aguilera Rubio. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de ese lapso, se le impondrá una multa por el equivalente a cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para esta fecha, la que tendrá verificativo a las nueve horas con treinta y cinco minutos del once de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy Fe
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