David Bonilla Valencia
Expediente 1973/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1973/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 22/11/2023
Partes del expediente
- David Bonilla Valencia
Actuaciones
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Se acepta competencia Prevención ociosa y desechamiento de demanda de amparo Téngase por recibido el oficio II-685/2023 suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite el original del juicio de amparo directo D-576/2023, dado que mediante acuerdo del treinta de octubre de dos mil veintitrés el citado órgano colegiado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por David Bonilla Valencia. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo correspondiente del oficio II-685/2023, al que se adjunta el amparo directo D-576/2023, y demás documentos descritos al inicio de este acuerdo. En consecuencia, fórmese expediente y regístrese bajo el número 187/2023-IV. Por otra parte, tomando en consideración el volumen del juicio civil de origen y el toca de apelación derivado de él, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmense por separado dos tomos de prueba debidamente identificados, a fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio originales. Prevención ociosa y desechamiento En primer término, es importante destacar que el promovente no manifiesta, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, lo cual es un requisito establecido en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin embargo, este juzgado federal estima ocioso prevenir al justiciable para que subsane esa cuestión, en virtud de que se actualiza una causa de improcedencia, manifiesta, notable e indudable, que conduce a desechar de plano la demanda de amparo, como se expondrá a continuación. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza a la persona Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." Sentado lo anterior, se observa que el quejoso reclama el siguiente acto: La resolución del tres de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación 285/2023, del índice de la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en la que se determinó dejar insubsistente la sentencia definitiva emitida en el juicio de alimentos JOF/DJP/0265/2022/A, del índice del Juzgado de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Puebla, y se ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que se recabaran -incluso de oficio- pruebas para indagar las necesidades de la menor involucrada, su cuantificación, la capacidad económica del demandado y el nivel de vida de la familia en los últimos dos años, para después dictar una nueva sentencia en la que se fijara una pensión alimenticia proporcional. En ese contexto, respecto a dicho acto de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: .... De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues el artículo 107 fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procesales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En ese sentido, el propio Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 370/2017, en sesión del treinta de octubre de dos mil dieciocho, en la que analizó lo relativo a la negativa de llamar a juicio a un tercero interesado, y de la cual emitió la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), der rubro: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.", delimitó el concepto de actos de imposible reparación, pues en la ejecutoria relativa estableció las premisas siguientes: Para ser calificados como "actos de imposible reparación", es necesario que los actos emitidos dentro de juicio: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". En ese sentido, se precisó como requisito necesario para actualizar un acto de imposible reparación, que las consecuencias de los actos intraprocesales sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que tal afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase el ámbito procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Finalmente, precisó que no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior. Cabe destacar que el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País ha sostenido que cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, es factible desechar una demanda de amparo, pues en ese caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia del juicio de amparo, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto.". Sentado lo anterior, se recuerda que el promovente reclama la resolución del tres de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación 285/2023, en la que se determinó dejar insubsistente la sentencia dictada en el juicio de alimentos JOF/DJP/0265/2022/A, y se ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que se recabaran -incluso de oficio- pruebas para indagar las necesidades de la menor involucrada, su cuantificación, la capacidad económica del demandado y el nivel de vida de la familia en los últimos dos años, para después dictar una nueva sentencia en la que se fijara una pensión alimenticia proporcional. En ese sentido, se colige que la resolución reclamada al ordenar dejar sin efecto la sentencia dictada en primera instancia, para reponer el procedimiento, a efecto de recabar pruebas para indagar las necesidades de la acreedora alimentaria y las posibilidades del deudor, para estar en aptitud de fijar una pensión de alimenticia, sus efectos se traducen en devolver el juicio al estado en que se encontraba antes de cometerse la violación que dio lugar a dicha resolución y emitir una nueva que se ajuste a las disposiciones legales. Ahora, por regla general el juicio de amparo es improcedente en contra de la resolución que ordena reponer el procedimiento, ya que no puede considerarse como un acto dentro de juicio que tenga una imposible reparación; sin embargo, debe examinarse si las consecuencias de la resolución reclamada son o no de imposible reparación, para de esa manera, resolver si el juicio de amparo indirecto será o no procedente. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para determinar la procedencia del juicio de amparo contra de la sentencia de segunda instancia, que deja insubsistente la de primer grado y ordena la reposición del procedimiento, debe determinarse si las consecuencias de la insubsistencia del fallo y de la reposición, son o no de imposible reparación, tal como se desprende de la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Cabe precisar que dicho criterio fue reiterado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2015, en la sesión del quince de junio de dos mil dieciséis, en la que esencialmente sostuvo que la sola resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento no puede actualizar por sí misma la improcedencia del juicio de amparo, sino que deben analizarse los efectos concretos y específicos que produce tal reposición, para determinar si efectivamente se actualiza una violación de derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo, tal como se despende de la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva." Ahora bien, dado que ninguna de las jurisprudencias transcritas establece en qué casos podría considerarse que la resolución de segunda instancia actualiza una imposible reparación, debe atenderse a la premisas establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 63/2003-PS, en la sesión del ocho de septiembre de dos mil cuatro, de la cual emanó la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: .... En la jurisprudencia transcrita, se sostuvo la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido, por quien obtuvo sentencia favorable y se conformó con ésta, en contra la resolución de segunda instancia que deja insubsistente la de primer grado y ordena reponer el procedimiento, cuando tal determinación constituya un acto procesal de imposible reparación, lo que ocurre en los supuestos siguientes: Que con motivo de la reposición se nulifiquen actuaciones procesales, como el desahogo de pruebas, que para el nuevo curso del juicio podría ser imposible desahogar nuevamente, por ejemplo, ante el fallecimiento de testigos o de personas que tengan que rendir declaración judicial -siempre que se hubieren desahogado-, o que se hubieren destruido documentos respecto de los cuales se tuviera que desahogar algún medio de convicción como su reconocimiento o peritaje sobre éstos. Que tal reposición tenga como consecuencia realizar requerimientos bajo apercibimientos graves como desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. En relación con las hipótesis precisadas, debe destacarse que las cargas procesales para acreditarlos, tiene un origen diverso, pues respecto de la primera, corresponde a la parte interesada en la subsistencia de la sentencia definitiva -quejosa- acreditar la imposibilidad para desahogar nuevamente las pruebas nulificadas con motivo de la reposición del procedimiento; en tanto que la segunda hipótesis, puede desprenderse de constancias, por lo que corresponde al Juez de amparo analizarla. En el caso, en la resolución reclamada del tres de agosto de dos mil veintitrés, se advierte que la Sala responsable determinó reponer el procedimiento en el juicio de alimentos JOF/DJP/0265/2022/A, para el efecto de que se dejara insubsistente la sentencia definitiva dictada por la Jueza de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Puebla, y se recabaran -incluso de oficio- pruebas para indagar las necesidades de la menor involucrada, su cuantificación, la capacidad económica del demandado y el nivel de vida de la familia en los últimos dos años, para después dictar una nueva sentencia en la que se fijara una pensión alimenticia proporcional. Lo expuesto, pone de manifiesto que la ejecución de la resolución reclamada no genera un daño de imposible reparación al quejoso, pues únicamente se repuso el procedimiento para que se recabaran pruebas y, con libertad de jurisdicción, se dictara una nueva sentencia en el juicio natural. Consecuentemente la resolución controvertida no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues a pesar de que se haya ordenado recabar más pruebas y dictar una nueva sentencia definitiva, la parte quejosa puede obtener un fallo favorable o, en caso contrario, estará en posibilidad de impugnar la resolución a través del medio ordinario o extraordinario respectivo; de lo que se sigue que ello constituye únicamente una violación de carácter procedimental y no sustantiva. Además, debe destacarse que la Sala responsable no resolvió que se dejaran insubsistentes las pruebas ya ofrecidas durante la substanciación del juicio natural, pues se insiste que únicamente repuso el procedimiento para el efecto de que la Jueza primigenia se allegara de más medios de convicción, y dictara una nueva sentencia, por lo que no puede considerarse que exista una imposibilidad para que se desahoguen de nueva cuenta las probanzas hasta ahora ofrecidas, pues éstas quedarán intocadas. Por otra parte, tampoco se advierte que con motivo de la reposición del procedimiento, se haya realizado algún requerimiento a las partes, bajo un apercibimiento grave que impida el ejercicio de sus derechos. En efecto, cabe destacar que el requisito establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia transcrita en líneas anteriores, prevé que con la reposición del procedimiento se imponga un apercibimiento tan grave como desechar la demanda, pues tal sanción incide directa y materialmente en el ejercicio del derecho de acción; lo cual no sucede en el caso, pues la reposición no tiene como efecto -ni siquiera de manera indirecta- que se realice apercibimiento alguno, sino sólo que se recaben pruebas y se dicte una nueva sentencia. En esas condiciones, es claro que la reposición del procedimiento decretada en la resolución reclamada, no puede considerarse como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues como ha quedado precisado, sus efectos no vulneran de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte quejosa previstos en la Constitución Federal, ni afecta el procedimiento jurisdiccional de origen, pues la nueva resolución de herederos que se dicte aún puede ser favorable a los intereses del justiciable, lo que repararía la violación procesal que, en su caso, se le hubiere causado. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues en caso de que la sentencia que se dicte en el juicio resulte adversa a sus intereses, entonces esa cuestión procesal sería reclamable en el juicio de amparo que se promueva en la vía directa, en contra de la sentencia definitiva -una vez agotado el recurso que en su caso resulte procedente-, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes. No pasa inadvertido que la reposición del procedimiento también implica, en mayor o menor grado, una dilación para resolver el juicio de alimentos de origen; sin embargo, ello tampoco actualiza la procedencia del juicio de amparo, si se pondera que el fin que se persigue con dicha reposición del procedimiento es la correcta integración de la litis en el juicio. Es aplicable por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." No sobra decir que las jurisprudencias invocadas en la presente resolución se emitieron a la luz de la Ley de Amparo vigente al dos de abril de dos mil trece, en los que se contemplaba la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos que afectan directa y materialmente derechos sustantivos, así como aquéllos que los afecten en grado predominante o superior, siendo que este último concepto desapareció en la ley de la materia vigente; sin embargo, resultan ilustrativas para resolver el presente juicio en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo en vigor, si se pondera que parten de la premisa de que el juicio de amparo será procedente cuando se reclamen actos de imposible reparación, entendidos como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos, por lo que tal requisito no se contrapone con los criterios invocados. En las condiciones anotadas se colige que la resolución dictada el tres de agosto de dos mil veintitrés, en el toca de apelación 285/2023, del índice de la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, no produce en la parte quejosa una violación material y directa a sus derechos fundamentales, sino en su caso, sólo implica una afectación a derechos adjetivos, en tanto que el retardo en la impartición de justicia que se pudiere generar, por sí solo no actualiza violación alguna al principio de justicia pronta, por lo que tampoco se justifica la procedencia del presente juicio, de ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por David Bonilla Valencia. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizados. Se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que señala el justiciable, por así haberlo solicitado expresamente. Escritos. En otro aspecto, agréguese los escritos de ******************** por los cuales señala domicilio, designa autorizados y formula alegatos. En ese tenor se aprecia que la ocursante figura como parte actora en el juicio de alimentos de origen, por lo que le podría revestir el carácter de tercera interesada; sin embargo, dado que se está desechando la demanda de amparo, no es posible reconocerle ese carácter y, por ende, no se acuerdan de conformidad sus solicitudes. No obstante, por única ocasión se ordena notificar a dicha persona en el domicilio que señaló en su escrito, es decir, el ubicado en ********************. Integración y consulta del expediente electrónico. ... Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en el cual se establece el principio de impulso tecnológico, por el cual se debe privilegiar el desarrollo de las actividades jurisdiccionales a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, manifiesten si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberán cumplir con lo siguiente: 1. Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". 2. Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. 3. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea., y en su caso, recibir las notificaciones que les correspondan. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, tal como lo prevé el artículo 253, párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia: .... Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, apercibidas que de no cumplir con lo anterior se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Notifíquese personalmente al quejoso y a ******************** en el domicilio precisado en este acuerdo.
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