David Armando Galindo Pelaez

Expediente 2190/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
2190/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
16/10/2020

Partes del expediente

  • David Armando Galindo Pelaez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Causa estado cumplimiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto del veintiséis de febrero de dos mil veinte, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, primer tercero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Devolución de documento(s). Toda vez que en autos obra documento original exhibido por la parte quejosa, que se ubica en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlo, previa copia certificada que de éste se deje en autos, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. No obstante, se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte de esta anualidad, en donde en su articulo 2° se determinó que, si bien subsistiría la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto, deberán atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos referidos. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Diferimiento audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, aún no transcurre el plazo de ocho días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, concedido a las partes mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve para desahogar la vista respecto del informe justificado rendido por la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT Puebla. En tal sentido, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgada a las partes. Sirve de fundamento a lo anterior, en lo conducente la siguiente tesis jurisprudencial emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." En consecuencia, se fijan para su celebración las doce horas con diez minutos del seis de enero de dos mil diecinueve para su celebración. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Informe justificado. Agréguese a los autos, el oficio signado por la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Israel Flores Rodríguez, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario Jesús Geovani Rojas García, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): "San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. ? Quejoso realiza manifestaciones respecto de la queja interpuesta en autos. Visto el escrito del quejoso ***, mediante el cual señala las constancias que deben mandarse para la tramitación del recurso de queja promovido por el Presidente Municipal de Chignahuapan, Puebla; y realiza diversas manifestaciones en relación al mismo; al respecto remítase el escrito original de cuenta previa copia certificada que obre agregada al expediente, junto con el recurso de queja correspondiente, para que el tribunal a quien corresponda conocer del recurso provea lo conducente. ? Se remite queja. Atento a lo anterior, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante auto de seis de noviembre del año en curso, se dio vista a las partes a fin de que señalaran las constancias que en copia certificada deberían enviarse a fin de resolver el recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable contra la interlocutoria de veintidós de octubre de dos mil diecinueve que resolvió el incidente de liquidación de sentencia promovido en el presente juicio. Atento a lo anterior, toda vez que la parte quejosa desahogó la vista que se le dio en el proveído de referencia y que también la autoridad responsable señaló diversas constancias para enviar al Tribunal Colegiado que conocerá del presente recurso; en consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Sexto Circuito, en turno, el citado recurso de queja, para lo cual acompáñese copia certificada de las constancias señaladas por las partes. ? Inejecución de sentencia. Por otra parte, por lo que hace al segundo de los escritos del quejoso ****, a través del cual solicita se proceda a la apertura del incidente de inejecución de sentencia dado que la autoridad responsable Presidente Municipal de Chignahuapan, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a pesar de los diversos requerimientos realizados para ello. Al respecto, resulta conveniente citar el artículo 192 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 107 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, tenemos que disponen lo siguiente: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga" El precepto transcrito establece el procedimiento que debe seguirse para la ejecución de una sentencia, el cual se inicia con el requerimiento que se haga a la autoridad responsable, y en su caso, a su superior jerárquico para que den cumplimiento a la sentencia amparadora, y concluye con el auto a través del cual el Juez del conocimiento califica el cumplimiento dado por las responsables; y por otra parte, prevé el procedimiento que debe seguirse para el caso en que no se haya cumplida la sentencia -inejecución de sentencia-. Esto es, establece dos momentos o etapas, a saber: la primera, puede calificarse como el procedimiento de ejecución de sentencia, en el que se requiere a la autoridad responsable o a sus superiores a fin de que acaten el fallo; y la segunda, en el que habiendo agotado esas gestiones, se concluye que es necesario remitir el expediente al Tribunal Colegiado o la Suprema Corte -según el caso- para seguir el procedimiento de inejecución. Lo anterior pone de manifiesto que será hasta que se emita el auto en el que se califique el incumplimiento de la sentencia y se remitan los autos al Tribunal Colegiado o la Suprema Corte, cuando propiamente se inicie el incidente de inejecución, abriéndose el expediente respectivo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, que señala lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO. DIFERENCIAS ENTRE PROCEDIMIENTO PARA SU EJECUCIÓN E INCIDENTE DE INEJECUCIÓN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 36/96, de rubro: "INCONFORMIDAD, INCIDENTE DE. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NO SE PRONUNCIÓ SOBRE SI LA EJECUTORIA DE AMPARO FUE O NO CUMPLIDA.", sostuvo que cuando no se haya logrado el cumplimiento de una sentencia que otorga la protección constitucional, el Juez de Distrito, de oficio o a instancia de parte, abrirá el incidente de inejecución para lograr su cumplimiento, realizando las diligencias idóneas señaladas en el artículo 105 de la Ley de Amparo. Al respecto, deben distinguirse dos momentos en la actuación del Juez de Distrito: el que puede calificarse como procedimiento de ejecución de sentencia, en que requiere a la autoridad responsable o a sus superiores a fin de que acaten el fallo; y en el que habiendo agotado esas gestiones, concluye que es necesario remitir el expediente a la Suprema Corte para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que es, propiamente, cuando se inicia el incidente de inejecución, abriéndose el expediente respectivo. De ello se sigue que cuando el Juez de Distrito, sin decidir aún enviar el expediente al Máximo Tribunal, realiza actos para lograr el acatamiento de la sentencia, se considerarán desarrollados dentro del procedimiento de ejecución de ésta, y será hasta que decida que no hubo cumplimiento y envíe al Alto Tribunal el expediente para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, cuando se abra el incidente de inejecución." Con base en lo anterior, es evidente que para iniciar el incidente de inejecución de sentencia, de oficio o a petición de parte, resulta necesario calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable, lo que deberá realizarse una vez que se hayan agotado las gestiones necesarias para el cumplimiento de la sentencia. En esas condiciones, por el momento, resulta improcedente la apertura del incidente de inejecución que pretende la parte quejosa, ya que en el presente caso, no se han agotado las gestiones necesarias para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ni se ha emitido el pronunciamiento relativo al incumplimiento de la sentencia, por haberse desahogado el incidente de liquidación necesario para que pueda cumplirse la sentencia, cuya resolución aún no se encuentra firme. Se afirma lo anterior, ya que en la ejecutoria emitida el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, se precisaron los efectos siguientes: 63.Por lo tanto, dado que para determinar la baja o separación del cargo público que desempeñaba el quejoso como Policía Municipal Preventivo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Chignahuapan, Puebla, no se substanció el procedimiento previsto en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, lo procedente es calificar de injustificada esa separación y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para el efecto de reparar de manera integral el derecho violado. 64. En atención a lo anterior, las autoridades responsables deberán proceder en los términos que enseguida se indican: a) Pagar la indemnización correspondiente a la parte quejosa, la cual deberá consistir en 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos, así como las demás prestaciones a que tenga derecho; b) Cubrir las prestaciones relativas a los servicios de salud de la solicitante del amparo, hasta en tanto se le cubran la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho c) Ordenar la anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada. 65. En el entendido de que para dar cabal cumplimiento a esta sentencia de amparo se podrá vincular a las autoridades cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables en este juicio." Atento a lo anterior, dado que en el caso en concreto los efectos de la concesión del amparo comprenden el pago de prestaciones en cantidad liquida resulta necesario cuantificarlas de manera previa a requerir su cumplimiento , y que dicha liquidación se encuentre firme, lo que no ocurre en el presente caso, pues aun cuando ya se resolvió el incidente de liquidación correspondiente, éste fue impugnado por la autoridad responsable. Por tanto, dado que aún no se ha requerido el cumplimiento de la sentencia, en lo relativo al pago de las prestaciones en cantidad líquida, tampoco puede emitirse la calificación del cumplimiento y, por ende, debe desecharse el incidente de inejecución de sentencia. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano