David Avila Orta
Expediente 6/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 6/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 12/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- David Avila Orta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, que causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el citado numeral, toda vez que en el presente asunto, se tramitó incidente de suspensión, en el que se negó la medida cautelar solicitada, respecto de todos los actos reclamados, por tanto, el cuaderno original de dicho incidente también es susceptible de destrucción, por lo que deberá glosarse al cuaderno principal. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años y cumplido aquél, deberá destruirse dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre en los referidos expedientes algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Por otra parte, archívese por separado el duplicado del incidente, con la indicación de que al contar con su original, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; sin que existan en dicho cuaderno documentos originales. Glósese copia autorizada del presente proveído, en el duplicado del citado cuaderno incidental, para los efectos legales a que haya lugar. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que exhibió en este asunto. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial Finalmente, como se encuentra ordenado en la sentencia dictada en este asunto, con fundamento en el artículo 261 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que por su conducto, lleve a cabo las indagatorias correspondientes que en su caso determinen si existe o no responsabilidad penal contra el quejoso y sus abogados, por haber omitido expresar que el quejoso conocía la existencia del juicio de origen, al que incluso compareció, todo esto, con la finalidad de obtener una ventaja procesal indebida. Notifíquese, hágase personalmente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 6/2021-IV. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo a la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, del estudio de oficio que realiza este juzgado, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el citado precepto 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a sentido contrario. Conforme a la interpretación de los preceptos legales de referencia, a contrario sensu, el juicio de amparo resulta improcedente si los actos reclamados, no son promovidos por personas extrañas a juicio, precisamente porque la ley que los regula, establece medios de defensa que tienen por objeto modificarlos o revocarlos. Por tanto, la parte aquí quejosa no puede considerarse como persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento de origen, con lo que se estima que tuvo la posibilidad de defenderse y controvertir todos los actos, actualizándose de esta manera, la invocada improcedencia en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, de la propia ley de la materia. Ahora bien, ese carácter no lo tiene David Ávila Orta, quien se ostenta como persona extraña al juicio de origen, pues aun cuando aduzca que no fue emplazado al juicio, de las constancias del juicio se desprende que dicha persona compareció a éste a deducir sus derechos; ello mediante escritos presentados y comparecencias efectuadas ante la autoridad responsable durante el procedimiento, e incluso promoviendo diversos juicios de amparo en contra de las determinaciones ahí dictadas. Así se desprende del expediente natural, del que se constatan que se hizo sabedor del juicio, compareciendo a deducir sus derechos; por lo que, conforme a los antecedentes anteriores destacados, es evidente el hecho de que el aquí quejoso compareció al procedimiento de que se duele, haciéndose sabedor de dicho procedimiento, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del artículo 107 fracción VI, de la Ley de Amparo. Lo anterior toda vez que como quedó puntualizado con antelación, con ese carácter, en el supuesto mencionado, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento. Así, la excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo tratándose de personas extrañas, tiene por objeto no dejarlas en estado de indefensión, pues los recursos ordinarios sólo pueden interponerse por las partes del contencioso, a excepción de la tercería. Sin embargo, si el gobernado que se hizo sabedor del juicio compareciendo a él, y opta por intentar la vía indirecta, no es persona extraña al juicio, en virtud de que puede defenderse dentro del procedimiento ordinario, actualizándose de esta manera, la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción VI, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Por ende, contrario a lo que asevera la parte promovente, se concluye que David Ávila Orta, tuvo la oportunidad de defender los derechos que estima a su favor. Así, al haber comparecido al juicio de origen, se convirtió en parte formal y material, y no es por tanto persona extraña al juicio de mérito; actualizándose de esta manera la invocada causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, esta última aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Además, debe tomarse en consideración que no obstante que se dio vista con las constancias antes señaladas a la parte quejosa, no se hizo manifestación alguna al respecto, ni se objetaron los escritos con los que se ha evidenciado la comparecencia del quejoso al procedimiento. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, y en concordancia con el diverso 63 fracción V, todos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente; y por ende, se sobresee en el presente juicio constitucional respecto del reclamo elevado a las responsables, incluidas las ejecutoras. Con fundamento en el artículo 261 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que por su conducto, lleve a cabo las indagatorias correspondientes que en su caso determinen si existe o no responsabilidad penal contra el quejoso y sus abogados, por haber omitido expresar que el quejoso conocía la existencia del juicio de origen, al que incluso compareció, todo esto, con la finalidad de obtener una ventaja procesal indebida. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y relativos de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: Único.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO promovido por David Ávila Orta, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando ultimo de este fallo. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por las terceras interesadas María del Carmen Torres Méndez y Paola del Carmen Miranda Torres, en atención a su contenido, se provee: Téngaseles por apersonándose al presente asunto, designando como representante común a la primera de ellas, así como por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Elvira Bravo Zamarrón, quien cuenta con su cédula profesional, respectivamente, registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como autorizado en términos restringidos del citado numeral a las restantes personas que refiere, la primera de ellas toda vez que no se proporcionan los datos relativos a que se encuentre legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral y las restantes por así solicitarlo expresamente. Por otra parte, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngaseles realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Finalmente, con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, bajo el usuario que proporcionan. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente del informe justificado rendido por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticinco y el anexo que acompañó al mismo, se advierte que en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, les surge el carácter de terceras interesadas a María del Carmen Torres Méndez y Paola del Carmen Miranda Torres. En virtud de lo anterior, túrnense los autos al actuario judicial de la adscripción, a efecto de que emplace a las citadas terceras interesadas María del Carmen Torres Méndez y Paola del Carmen Miranda Torres en el domicilio ubicado en calle Alberto Cossio número 170, interior 5, segundo piso, Fraccionamiento Tangamanga de esta ciudad; a quienes deberá correrle traslado con copia simple del escrito inicial y aclaratorios de la demanda, así como autorizada del auto admisorio y del presente proveído; hacerles de su conocimiento la fecha que se encuentra señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional, a fin de que comparezcan a este juicio; les prevenga para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señalen domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad y les aperciba que en caso de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal, se harán por lista, de conformidad con el artículo 26, fracción III, del ordenamiento legal en consulta. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese; hágase personalmente a la parte tercero interesada.
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