David Alejandro Soraiz Macias
Expediente 1536/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1536/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- David Alejandro Soraiz Macias
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Estado procesal Visto el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha las autoridades responsables no han dado cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, no obstante de estar debidamente notificadas de los oficios por el cual se les solicitó. Requerimiento En virtud de lo anterior, y previo a la imposición de la multa con la que se les apercibió en acuerdos anteriores, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiéraseles nuevamente, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que reciban la notificación del presente auto, den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Precisión de los efectos de la sentencia En la inteligencia de que los efectos por los que se concedió la misma, fueron los siguientes: [ . . . ] Apercibimiento Apercibidas que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del numeral 258 de la citada ley y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Ello, aunado a que por acuerdo de diez de noviembre del año en curso, se requirió del mismo modo, sin que las responsables hubiesen manifestado nada al respecto, pese a encontrarse debidamente notificadas. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Formación de cuaderno En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 209/2021-I-L, se forma el presente cuaderno con motivo del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia emitida por este juzgado en dicho expediente y agréguense a estos autos las copias de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Se reciben oficios Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, y en atención a su contenido se provee: Informe. Como lo solicita, se informa que el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, la cual fue recurrida por la parte quejosa. Asimismo, dicho fallo fue modificado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en el amparo en revisión civil 28/2020, concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal. En cumplimiento a la ejecutoria, el Juez Primero del Ramo Mercantil de esta ciudad, remitió el oficio 2199/2020, del cual se advierte que dejó insubsistente el emplazamiento practicado por medio de edictos al quejoso Cuauhtémoc Rodríguez Ibarra, así como todo lo actuado dentro del juicio de origen, incluyendo la resolución de adjudicación dictada el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho y, en su lugar, ordenó emplazar a la referida parte procesal en el domicilio ubicado en calle Ignacio Montes de Oca, número 385, Barrio de Tequisquiapan de esta ciudad. Finalmente, en proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, se declaró cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio y se ordenó el archivo de los autos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Se devuelve a archivo. Por otra parte, toda vez que no existe trámite pendiente, devuélvase el presente asunto al archivo. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Registro de demanda Se tiene por recibida la demanda promovida por David Alejando Soraiz Macías contra actos del Juez Tercero de lo Familiar del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1536/2023-I-M Prevención Previamente a acordar lo que en derecho proceda sobre la demanda, este órgano jurisdiccional debe seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca el artículo 114 de la citada ley, que en lo referente establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Asimismo, el artículo 108 de la Ley de Amparo, establece en lo que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.]." Los normativos anteriores imponen a quien resuelve, la obligación de estudiar el escrito inicial y sus anexos, previamente a acordar sobre la admisión de la demanda, para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita y que no existieren irregularidades en éste. En ese sentido, del análisis que se realiza de forma integral al escrito inicial de demanda, de conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se desprende en primer lugar, que el quejoso señala como autoridades responsables las siguientes: Juez Tercero Familiar del Estado, con residencia en esta ciudad. Persona física de nombre Daniela Sánchez Abud Colegio Amara, Comunidad Educativa Luego, en el apartado del acto reclamado indica que se duele de lo siguiente: Sin embargo en la narración de antecedentes alude a que tuvo una relación de pareja con Daniela Sánchez Abud y procrearon dos hijas, luego ocurrió una separación y dejo de ver a las menores, por lo que a efecto de establecer un convenio de regulación de visitas, acució al Centro Estatal de Mediación del DIF, en donde se formó el expediente 186/2022/CEMC/SF. Establece que el aludido convenio se celebró el veintiuno de abril de dos mil veintidós y que se elevó a categoría de cosa juzgada, por lo que sigue surtiendo efectos hasta esta fecha y por ende debe ser efectivamente cumplido. No obstante ello, desde septiembre de dos mil veintidós, a pesar de acude al colegio a recoger a sus hijas cada viernes, se le impide verlas y no le son entregadas, sin que se le haya mostrado alguna orden judicial o documento expedido por autoridad que haya ordenado que se le impida la convivencia con las menores. Por ello, el nueve de noviembre de dos mil veintidós, inicio un juicio de controversias del orden familiar por guarda y custodia el que se tramita ante el Juzgado Tercero de lo Familiar del Estado, bajo el numeral 1332/2022, en el que no obstante las múltiples gestiones realizadas, no se ha logrado el empalamiento de la demandada. Añade que en el mencionado juicio el veintitrés y veinticuatro de octubre pasado, presentó escritos de petición en los que requirió se reactivaran las convivencias entre él y las menores pues ya habían sido parte de un convenio elevado a cosa juzgada, además requiriera al Colegio para que cumpliera con lo autorizado y le entregara a las menores, sin que fuera acordado de conformidad lo requerido y siendo las respuestas dadas por el Juez Familiar contrarias al interés público pues las sentencias deben ser efectivamente cumplidas, lo que en su caso se incumple, lo que le vulnera sus derechos fundamentales. Lo expuesto, impide tener certeza de lo efectivamente reclamado por el promovente del amparo y fijar la litis en el asunto, pues hace referencia a actos distintos, que no guardan relación entre sí. En efecto, primero alude a la omisión del Juez Tercero Familiar del Estado de dictar las medidas necesarias para que se realicen convivencias entre el mismo y sus menores hijas, empero luego, establece que existe ya un régimen de convivencias establecido ante diversa autoridad, la que no señala como responsable (Centro Estatal de Mediación del DIF), el que se asentó en el convenio celebrado entre él y la madre de las menores de nombre Daniela Sánchez Abud, sin que se haya dado cumplimiento al mismo no obstante haber sido elevado a categoría de cosa juzgada. Además también, hace mención a que le irroga perjuicio la contestación dada a sus escritos de petición presentados en el juicio de controversias del orden familiar por guarda y custodia 1332/2022 el veintitrés y veinticuatro de octubre pasado, al igual que no se haya efectuado el emplazamiento de la demandada no obstante las múltiples gestiones realizadas. Por lo expuesto, resulta necesario que se precise el acto que efectivamente se reclama en este juicio, a efecto de estar en posibilidad de analizar lo conducente. En segundo lugar, como ya se indicó se señalan como autoridades responsables al Juez Tercero Familiar del Estado, con residencia en esta ciudad, la Persona física de nombre Daniela Sánchez Abud y al Colegio Amara, Comunidad Educativa; sin embargo, los actos que atribuye a la persona física y a la institución educativa, los hace derivar del incumplimiento dado al convenio celebrado ante el Centro Estatal de Mediación del DIF, dentro del expediente 186/2022/CEMC/SF, sin que señale a dicho centro como autoridad responsable. En ese sentido, si bien hace mención a que la persona física dio a la institución educativa, la orden de no permitirle convivir con las menores, después menciona que no existe orden alguna de ninguna autoridad que impida su convivencia, la que además fue convenida previamente. Lo expuesto impide tener claridad sobre el hecho de si les atañe el carácter de responsables a la multicitada persona física y a la institución educativa, o bien su intención es señalarlas como su contraparte en el juicio familiar. Al efecto, debe indicarse que en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda deben señalarse las autoridades a las que se les atribuya el acto reclamado en el ámbito de sus atribuciones; es decir, aquellas que hayan llevado a cabo un acto que se estime haya trasgredido derechos fundamentales, no así cualquiera, pues a ningún fin conduce el señalamiento de autoridades que no tengan atribuciones como tales o bien no hayan intervenido en lo que efectivamente constituye el reclamo. En tercer lugar, si bien el promovente solicita la suspensión del acto reclamado, lo hace en los términos siguientes: Cuestión que abona al hecho de que no se tanga claridad de lo efectivamente reclamado y pretendido por el justiciable y por ende de los efectos para los cuales se solicita la medida cautelar, pues estos debe tener relación directa con el acto areclamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, en relación con los diversos 108, fracciones III, IV y V y 112 todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído y con las copias necesarias para correr traslado a las partes, bajo protesta de decir verdad: 1.- Puntualice el acto que efectivamente reclama en el presente asunto; de manera específica, deberá referir si se duele de la omisión del Juez Tercero Familiar del Estado de dictar las medidas necesarias para que se realicen convivencias entre el mismo y sus menores hijas; del incumplimiento al convenio de regulación de visitas, celebrado ante el Centro Estatal de Mediación del DIF, dentro del expediente 186/2022/CEMC/SF; los acuerdos que recayeron a sus escritos de petición presentados en el juicio de controversias del orden familiar por guarda y custodia 1332/2022 el veintitrés y veinticuatro de octubre pasado, o bien la omisión de emplazar a la demandada a ese controvertido. 2.- Hecho lo anterior, deberá precisar las autoridades a quienes atribuye el acto o actos reclamados, para lo cual deberá considerar que las autoridades a quienes les surte el carácter de responsables, son aquellas que han llevado a cabo un acto que se estime ha trasgredido derechos fundamentales, además de que cuente con facultades o atribuciones para ello, no así cualquiera. 3.- En caso de solicitar la suspensión del acto reclamado, deberá indicar los efectos para los cuales la solicita los que deberán ser coincidentes con el mismo. Apercibimiento Hágase del conocimiento del quejoso, que en caso de no cumplir con el requerimiento precisado en el plazo que para tal efecto se le concedió, se tendrá por no presentada su demanda, conforme al artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Luis Antonio López López, Miguel Ángel Duque Banda, Emmanuel Chávez Aguilar y José Luis Monsiváis Ramos, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; Comunicaciones no procesales Se toma nota del correo electrónico proporcionado por el promovente, el que será considerado para entablar comunicaciones no procesales, en caso de resultar necesario. Medios electrónicos Con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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