David Arturo Flores Chacón

Expediente 412/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
412/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
13/11/2020

Partes del expediente

  • David Arturo Flores Chacón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ...transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintidós de octubre de esta anualidad, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, que promovió respecto de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, con fundamento en los preceptos 354 a 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo correspondientes a los oficios de notificación 14537/2020 y 14538/2020 girados a las autoridades responsables Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero y Director y/o Jefe y/o Encargado de la Unidad de Estadística, Evaluación, Informática, Comunicación Digital y Seguimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, residentes en Chilpancingo de los Bravo, mediante los cuales se les notifica la resolución de veintidós de octubre de dos mil veinte, puesto que al haberse sobreseído fuera de audiencia en el juicio de amparo, es a la parte quejosa a quien pudo afectar el sentido del fallo en cuestión, y por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así a las autoridades responsables, conforme lo dispone el numeral 87 de la invocada ley. Tiene aplicación al caso en concreto la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo siete, junio de 1998, visible en la página setecientos seis, cuyos título y texto son: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. (...).". Así también, es aplicable por analogía jurídica sustancial la tesis jurisprudencial publicada en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo seis, Parte TCC, visible en la página cuatrocientos treinta y cuatro, que reza: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. (...).". Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Desde otro aspecto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo cuarto, séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente, en sus artículos 14 y 21, el juicio de amparo carece de relevancia documental; por tanto, éste y los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción, el duplicado del incidente de suspensión, transcurridos más de seis meses contados a partir de que se dictó la resolución interlocutoria correspondiente será destruible y el original del incidente de suspensión con el principal, una vez que cuente con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Antes de proceder a la destrucción de dichos expedientes, se deberán generar los siguientes documentos por duplicado: *Acta y relación de expedientes judiciales, depurados o destruidos firmada por el titular de este tribunal y el secretario designado para dar fe. Lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, posteriormente, deberá remitirse el original del acta de depuración y de los listados de los expedientes respectivos al Centro de Documentación y Análisis y del expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, veintidós de octubre de dos mil veinte. Vistos; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Estado, en representación del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Estado, y Jefe de la Unidad de Estadística, Evaluación, Informática, Comunicación Digital y Seguimiento del citado Pleno, ambos con domicilio en Chilpancingo de los Bravo, mediante los cuales rinden su correspondiente informe justificado, asimismo, la primera de las autoridades nombradas adjunta una documental y refiere que el diecisiete de septiembre pasado, fue recibido el escrito de demanda del aquí quejoso David Arturo Flores Chacón, mediante el cual promueve juicio sucesorio intestamentario a bienes de Josefina Flores Guerrero. En esa tesitura, el suscrito considera que en la especie se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la que se estudia de oficio por tratarse de una cuestión de orden público, atento a lo dispuesto por el diverso numeral 62. Esa porción normativa dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En efecto, han cesado los efectos del acto reclamado, tal como se explica. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de aquél, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Ahora bien, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano infringido, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Conforme al texto legal citado, el juicio de amparo es improcedente en caso de que el acto reclamado, aun siendo existente al momento de la instauración del propio juicio constitucional, cese en sus efectos durante la secuela de éste, pues en tal evento el impetrante de la tutela constitucional deja de verse afectado en su esfera jurídica, lo que a la postre hace innecesario examinar la constitucionalidad del acto reclamado, precisamente porque ningún efecto legal produce este último. Así, se tiene que por escrito recibido vía electrónica el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, David Arturo Flores Chacón, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable. 1. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero. 2. Director y/o Jefe y/o Encargado de la Unidad de Estadística, Evaluación, Informática, Comunicación Digital y Seguimiento; 3. Encargada de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de Tabares. Actos reclamados. 1. Del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero: A. La denegación de justicia, al otorgarme una cita para presentar una denuncia de sucesión hasta el día 03 de noviembre de 2020 a las 12:45:00 horas; lo anterior, como resultado de la omisión de instrumentar las medidas necesarias, para que la presentación de demandas cumpla con el derecho humano de acceso a la justicia de una manera pronta y expedita. B. la violación a mi derecho humano al libre desarrollo de la personalidad y mi libertad de culto, toda vez que profeso la creencia Taoista, que me indica iniciar actos en fechas determinadas por la Luna Nueva; lo anterior como resultado de la omisión de instrumentar las medidas necesarias para que los justiciables podamos presentar demandas cumpliendo con el parámetro constitucional de prontitud y expeditez, facilitando iniciar procedimientos judiciales los días que así convenga a 2. Director y/o Jefe y/o Encargado de la Unidad de Estadística, Evaluación, Informática, Comunicación Digital y Seguimiento: La omisión de instrumentar las medidas de carácter tecnológico para agendar con prontitud las citas para presentar demandas nuevas, a través de la página http://agendacitas.tsj-guerrero.gob.mx/index.php. 3. De la Encargada de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de Tabares: La denegación de justicia, consistente en abstenerse de recibir mi denuncia de sucesión, sino hasta el 03 de noviembre de 2020, a las 12:45:00 horas." La parte quejosa narró los antecedentes del caso, expuso el concepto de violación que estimó pertinente y señaló como vulnerados los artículos 4, 17 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El veintiocho de agosto del año en curso se admitió a trámite la demanda de mérito, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al fiscal federal de la adscripción y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Así pues, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Estado, en representación del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Estado, aceptó los actos que se le reprochan e hizo del conocimiento de este juzgador federal que ello derivó de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2 y en cumplimiento a las medidas de sana distancia, reducción de la movilidad de las personas y las demás que han sido recomendación de las autoridades sanitarias, motivo por el cual el Pleno que representa emitió el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura que reforma y adiciona el similar por el que se establecen las medidas de carácter temporal para atender la contingencia derivada del virus Covid-19, mismo que establece en su punto Octavo lo relativo a la generación de citas para presentar demandas que no son catalogadas como urgentes; sin embargo, con fecha diecisiete de septiembre del presente año, fue recibido el escrito de demanda del aquí quejoso David Arturo Flores Chacón, mediante el cual promueve juicio sucesorio intestamentario a bienes de Josefina Flores Guerrero. Ahora bien, las copias fotostáticas certificadas que remite la citada autoridad responsable, consistentes en el "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura que reforma y adiciona el similar por el que se establecen las medidas de carácter temporal para atender la contingencia derivada del virus Covid-19", así como la copia certificada de la impresión del reporte de demandas familiares registradas por la Oficialía de Partes Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tabares, que exhibió en los cuadernos incidentales tramitados por cuerda separada, mismos que se tienen a la vista como un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 129, 197 y 202 del precitado Código, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, ya que las expidió un servidor público en ejercicio de sus funciones. Así, cabe señalar que en este asunto el quejoso reclamó la omisión y/negativa de recibir con prontitud su demanda, violando con ello su derecho humano de libre desarrollo de la personalidad y libertad de culto, pues no se le permitía presentarla en los días que coincidieran con la Luna Nueva, tal como lo indica la creencia Taoísta que profesa (en la inteligencia de que la más próxima era el día diecisiete de septiembre de la presente anualidad), así como la omisión de instrumentar las medidas tecnológicas a efecto de agendar con prontitud las citas para presentar demandas en la página electrónica http://agendacitas.tsj-guerrero.gob.mx/index.php; sin embargo, de las documentales de mérito, se advierte que el diecisiete de septiembre pasado, se le permitió al quejoso presentar la demanda a través de la cual denuncia una sucesión intestamentaria. Por ello, es evidente que al haberse recepcionado su demanda en la indicada data, trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado, en términos del precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que autoriza a sobreseer fuera de audiencia, sin necesidad de esperar la fecha señalada para esa diligencia, con fundamento en el numeral 63, fracción V, ibídem; máxime, que ese motivo de improcedencia es manifiesto e indudable y está demostrado con documento público. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página setenta y uno, Tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Atento a lo anterior, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza como ya se dijo de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y con fundamento en el ordinal 63, fracción V, ibídem, procede sobreseer en el juicio. La anterior determinación también encuentra apoyo en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente cuando el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar que este órgano jurisdiccional no pasa por alto lo que establece el numeral 64, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en el sentido de dar vista a la parte quejosa cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia, ya que ésta al actualizarse de modo manifiesto e indudable, resultaría ocioso diferir el presente juicio de garantías por esa cuestión, porque el sentido del fallo no cambiaría, es decir, sería el mismo, y lo anterior, contravendría lo que estatuye el numeral 17 constitucional, por cuanto hace a la administración de justicia pronta y expedita. Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    Vistos los autos para resolver: ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión, por los motivos expuestos en el tercer considerando de esta interlocutoria.

  4. Incidental

    Agréguense oficios del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Estado, en representación del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Estado, y Jefe de la Unidad de Estadística, Evaluación, Informática, Comunicación Digital y Seguimiento del citado Pleno, ambos con domicilio en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, mediante los cuales rinden su correspondiente informe previo, los que se analizarán y tomarán en consideración al momento de emitirse la interlocutoria correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 144 de la invocada ley...

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