Davelia Deloya Bibiano y Otros.
Expediente 451/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Davelia Deloya Bibiano y Otros.
- Davelia Deloya Bibiano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, según su arábigo 2°, se declara que dicha sentencia que sobresee y niega el amparo y protección de la justicia federal ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Desde otro aspecto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo cuarto, séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente, en sus artículos 14 y 18, fracción I, inciso b), el juicio de amparo carece de relevancia documental; por tanto, éste y los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción o depuración en los plazos siguientes: El duplicado del incidente de suspensión, transcurridos más de seis meses contados a partir de que se dictó la resolución interlocutoria correspondiente será destruible. El expediente principal y el original del incidente de suspensión, una vez que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos, el primero será destruible y el segundo depurable, previa la conservación de la demanda y de la resolución respecto del otorgamiento de la medida cautelar. Antes de proceder a la destrucción de dicho expediente, se deberán generar los siguientes documentos por duplicado: * Acta y relación de expedientes judiciales, depurados o destruidos firmada por el titular de este tribunal y el secretario designado para dar fe. Lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, posteriormente, deberá remitirse el original del acta de depuración y de los listados de los expedientes respectivos al Centro de Documentación y Análisis y del expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver los autos: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Davelia Deloya Bibiano y Gilberto García García, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, precisados aquéllos y éstas en el resultando primero. SEGUNDO.- La justicia de la Unión no ampara ni protege a Davelia Deloya Bibiano y Gilberto García García, en términos del quinto considerando de esta sentencia. TERCERO.- La presente sentencia será publicable en términos de lo establecido en el último considerando de esta sentencia.
- Principal
"...agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, encargado de la Coordinación Regional de Zona Centro de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero; y en representación del Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual rinde informe justificado, con éste, dése vista a las partes para su conocimiento, en términos del precepto 117 de la invocada ley. Como delegados de su parte, conforme al ordinal 9° de la citada ley, a las personas que menciona. Desde otro aspecto, por lo que ve a la causa de sobreseimiento que hace valer, ésta será analizada cuando se emita la sentencia, en términos de lo dispuesto por los numerales 62 y 65 del referido ordenamiento legal, toda vez que, sólo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización. Por el motivo expuesto, a fin de evitar dilaciones procesales, se deja sin efectos la fecha y hora que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional y para que tenga verificativo se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE."
- Incidental
En Acapulco de Juárez, Guerrero, a las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, en audiencia pública José Artemio Navarrete Sánchez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Lisette Ivan Tello Miranda, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental decretada en este asunto sin la asistencia de las partes. La secretaria hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentra el acuerdo en el que se decretó la suspensión provisional, informes previos de las autoridades responsables, y demás constancias de notificación realizadas a las partes; asimismo, da cuenta con el oficio registrado con el folio 6615. El juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de la Titular de la Agencia del Ministerio Público del Sector Renacimiento, residente en esta ciudad, mediante el cual rinde informe previo, el que se analizará y tomará en consideración al momento de emitirse la interlocutoria correspondiente. PERIODO PROBATORIO Abierto el periodo probatorio, la secretaria hace constar que ninguna de las partes allegó medios de prueba en este incidente. El juez acuerda: al no ofrecerse pruebas en el presente, se cierra esta etapa. PERIODO DE ALEGATOS Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, de ahí que se declare cerrado. Luego, como no existe diligencia alguna pendiente de desahogo, se declara cerrada la presente audiencia y se pasa a dictar la resolución siguiente: Vistos; para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 451/2020, promovido por Davelia Deloya Bibiano y Gilberto García García, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. La parte quejosa solicitó la suspensión respecto del acto y autoridad siguientes: ".III.- AUTORIDADES RESPOÑSABLES: AUTORIDAD ORDENADORAS: 1) C. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JÜDICIAL DE TABARES. , (señala domicilio). 2) C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTMCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO .JUDICIAI, DE TABARES. , (señala domicilio). 3) C. JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES. , (señala domicilio). 4) C. JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PEÑAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES. , (señala domicilio). 5) C. JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEI, DISTRITO JUDICIAL DE TABARES. , (señala domicilio). 6) JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL DE LA REGIÓN DE ACAPULCO. , (señala domicilio). 7) TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL SECTOR CENTRAL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, (señala domicilio). 8) TITULAR DE LA AGENCIA IMSTIGADORA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL SECTOR COSTA AZUL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, (señala domicilio). 9) TITULAR DE LA AGEÑCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL SECTOR RENACIMIENTO, DF.L DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, (señala domicilio). 10) TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA DEI, MINISTERIO PUJBLICO DEL SECTOR COLOSO, DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, (señala domicilio). 11) TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL SECTOR BARRIOS HISTÓRICOS, DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, (señala domicilio). 12) TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL SECTOR GARITA, DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, (señala domicilio). 13) TIT'ULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL SECTOR MOZIMBA, DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, (señala domicilio). 14).- TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL SECTOR JARDIN, DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, (señala domicilio). 15).- TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL SECTOR ZAPATA, DEL DISTRITO .JUDICIAL DE TABARES, (señala domicilio). AUTORIDADES EJECUTORAS : 16).- C. C. ENCARGADO LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE Carretera Nacional México-Acapulco, Petaquillas, Código Postal 39000, en DE LA COORDINACION GENERAL DE GUERRERO, con domicilio en la Km 6+300, Tramo Chilpancingo, Chilpancingo, Guerrero. 17).-. C. COORDIÑADOR REGIONAL DE LA POLICIA INVESTIGADORA MIÑISTERIAL REGIÓN ACAPULCO, con domicilio en cerrada de caminos sin número, colonia progreso, de esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero. IV.- ACTO RECLAMADO: DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS reclamo la posible orden de aprehensión, presentación, invitación, o cualquier acto que implique la detención de los quejosos, que pudiese haber sido librada en mi contra. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS reclamo la ejecución que pretenden realizar de la orden de aprehensión, presentación, invitación, o cualquier acto que implique la detención de los quejosos, liberada en nuestra contra." Actos que considera vulneran los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante acuerdo de diez de septiembre del año en curso, se ordenó tramitar esta incidencia, se pidió informe previo a la autoridad responsable, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional del acto reclamado y se fijó fecha de audiencia, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. En interlocutoria de veintidós de septiembre de este año, se resolvió sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables Titulares de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, Agentes Titulares de las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común adscritos a las Agencias de los Sectores Central, Costa Azul, Coloso, Garita, Mozimba, Jardín y Zapata, todos residentes en esta ciudad, con excepción de los atribuidos a Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares; Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Acapulco y Agentes Titulares del Ministerio Público del Fuero Común de los Sectores Barrios Históricos y Renacimiento, todos con sede en esta ciudad; así como de la Coordinadora de Zona de la Policía Ministerial del Estado, responsable de la Coordinación Regional, con sede en esta ciudad y Encargado de la Coordinación General de la Policía Ministerial del Estado De Guerrero, residente en Chilpancingo, Guerrero, por quienes se difirió la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Previamente a determinar sobre la procedencia o no de la suspensión solicitada en la demanda de amparo, se transcribirá el arábigo 128 de la ley de la materia, que establece los requisitos que el juzgador debe observar para conceder una medida de esa naturaleza y se precisarán los actos que se tildan de inconstitucionales: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: Párrafo reformado DOF 14-07-2014 I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Párrafo adicionado DOF 17-06-2016 Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Párrafo adicionado DOF 14-07-2014". En ese orden, de acuerdo con la finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados, para arribar a la conclusión de si pueden ser o no paralizados, en razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado; hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación de garantías relativa. Por cuestión de orden es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis en conjunto de la demanda, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por los impetrantes de amparo, de esta manera, se tiene que los actos reclamados son: La orden aprehensión, presentación, invitación o detención y su ejecución. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 138 y 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control de la constitucionalidad debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y tomar las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios al interesado, ni quede sin materia el juicio. SEGUNDO. El Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares y la Titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común adscrita al Sector Renacimiento, residentes en esta ciudad, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, tal como se advierte de sus respectivos informes previos. Ante tal circunstancia, la parte quejosa fue omisa en allegar medios de prueba idóneos para desvirtuar las negativas propuestas, no obstante que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, le correspondía la carga de la prueba para acreditar la injerencia de esa autoridad en la emisión del mandamiento del acto reclamado; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 124 de la invocada ley, interpretado contrario sensu, se estima procedente negar la suspensión definitiva, pues no existe materia sobre qué decretarla. De conformidad con lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página ciento treinta y tres, del tomo segundo, julio de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que establece: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. (...)." TERCERO.- Por su parte el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Acapulco y el Titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Barrios Históricos ambos con sede en esta ciudad, omitieron rendir su informe previo, pese habérseles notificado oportunamente, según se advierte de los acuses de recibo correspondientes a los oficios de notificación 11671/2020 y 11676/2020, por los que se les solicitó dicho informe, lo que implica que con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se les atribuyeron. Por otra parte, la Coordinadora de Zona de la Policía Ministerial del Estado, Responsable de la Coordinación Regional Acapulco, con sede en esta ciudad, negó el acto que se le atribuye; sin embargo, al presumir cierto el acto reclamado dada la omisión de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, igualmente cierta e inminente debe estimarse su ejecución. De ahí que sea improcedente acoger la negativa propuesta por estas autoridades. Resulta aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página ciento noventa y siete, Tomo IX, marzo de mil novecientos tres, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, cuyos título y texto son: "ACTO INMINENTE. CARACTERÍSTICA. (...)." CUARTO. Atento a lo anterior, procédase a resolver la medida cautelar solicitada por los quejosos, respecto de los actos reclamados a las citadas autoridades, consistentes en la orden aprehensión, presentación, invitación y/o detención, así como su ejecución. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 138 y 139, de la Ley de Amparo, este órgano de control de la constitucionalidad debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y tomar las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a la parte interesada, ni quede sin materia el juicio. Establecido lo anterior, en cuanto al acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, con fundamento en los artículos 138, 163 y 166, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva en relación con el delito que, en su caso, se les impute, la cual tendrá los efectos siguientes: a. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa, previsto en el artículo 19 constitucional, o consideradas como graves (sistema tradicional), la suspensión sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, en el lugar que ésta señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad y quede a disposición de la autoridad a quien corresponde conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. b. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea privado de su libertad, bajo las medidas de aseguramiento que más adelante se detallarán, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente a la causa penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelta a la autoridad responsable, en caso de que no obtenga la protección de la Justicia Federal. Los efectos de la presente determinación tienen vigencia, hasta en tanto se notifique que causó ejecutoria la resolución dictada en el juicio principal del cual emana esta incidencia, según lo dispone el artículo 130 de la Ley de Amparo. En el entendido que la medida cautelar decretada no tiene el efecto de paralizar la continuación de la causa penal de donde deriva el acto reclamado, tal como lo establece el ordinal 150 de la ley de la materia. Ahora, a la fecha no se tienen datos precisos sobre la naturaleza del delito atribuido a los quejosos *** y ***, ni acredita su situación económica y menos aún se tienen datos ciertos para determinar la posibilidad de que se sustraigan de la acción de la justicia. En ese orden de ideas, al considerar que el acto impugnado deriva de un procedimiento penal y afecta la libertad de la parte quejosa, acorde con el numeral 168 de la Ley de Amparo, faculta a este juzgado fijar los requisitos y efectos de la suspensión definitiva, se estima necesario determinar las medidas de aseguramiento en los términos que a continuación se precisan: 1. Los quejosos deberán otorgar cada uno garantía a satisfacción de este juzgado por $*** (***), la cual podrá exhibir en cualquiera de las formas establecidas por la ley, dentro del plazo de cinco días -contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este acuerdo-, de conformidad con lo establecido en el normativo 136 de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace del conocimiento de los agraviados que en caso de exhibir la garantía antes precisada, mediante billete de depósito, éste deberá cumplir con lo dispuesto en los arábigos 28 y 32 del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. 2. Asimismo, deberán comparecer ante la autoridad del procedimiento penal a la audiencia de formulación de imputación respectiva (nuevo sistema penal acusatorio), o bien, a rendir su declaración preparatoria (sistema penal tradicional) dentro del plazo de tres días o en la fecha señalada por la responsable, lo cual tienen que acreditar con las constancias respectivas, ante este Juzgado de Distrito. En el entendido de que si a los quejosos les reviste el carácter de indiciados en la carpeta de investigación o causa penal respectiva, no serán obligado a declarar por parte de la autoridad responsable. 3. Deberán presentarse a todas las diligencias en las que sea requerida su comparecencia por la autoridad que conozca de la carpeta administrativa o causa penal correspondiente y cumplir con todas las obligaciones que le sean impuestas por la autoridad en mención, siempre y cuando tengan relación con la integración de la misma. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a las anteriores medidas de aseguramiento o incumplir las obligaciones derivadas del asunto donde se encuentre involucrada, la suspensión será revocada y quedarán expeditas las facultades de las responsables para ejecutar el acto combatido, como lo prevén los dispositivo 166 y 167 de la aludida legislación. Ahora bien, la medida suspensional que se otorga surtirá sus efectos sólo en el supuesto de que a la fecha en que se emite esta resolución no se hayan ejecutado los acto reclamados, ya que de ser así se estaría en presencia de actos consumados respecto de los cuales, no procede esta medida cautelar. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia II.3o.J/37 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página cincuenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 60, diciembre de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, que dice: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. (...).". Por otra parte, respecto de la orden detención, así como su ejecución. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 138 y 139, de la Ley de Amparo, este órgano de control de la constitucionalidad debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y tomar las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a la interesada, ni quede sin materia el juicio. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, constitucional y 163 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de los actos reclamados consistente en la orden de detención en los términos y condiciones que enseguida se establecen: Si el acto reclamado consiste en la orden de detención de los promoventes de la tutela constitucional ya efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público como probable responsable de algún delito, la suspensión se concede sin perjuicio de que sin dilación sean puestos a disposición del Ministerio Público para que determine su libertad o retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional lo permite, o bien, su consignación ante el juez correspondiente. De consistir el acto reclamado en la detención de los quejosos, ya efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se concede para que se les ponga en inmediata libertad si no se acredita la flagrancia o la urgencia. De existir flagrancia o urgencia, se previene al Ministerio Público para que los quejosos sean puestos en libertad o se les consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas según sea el caso, a partir de su detención. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 150, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ser el caso, que la orden de detención haya sido emitida por el Ministerio Público o un Juez Penal, los quejosos deberán comparecer ante la autoridad responsable dentro del plazo de tres días para la continuación del proceso, debiendo acreditar el cumplimiento de esta prevención ante este Juzgado de Distrito dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a su presentación, con el apercibimiento que de no hacerlo dejará de surtir efectos la medida cautelar concedida y se hará efectiva la garantía antes precisada a favor del erario federal. Por tanto, en ese caso, requiérase a la autoridad del Ministerio Público que haya ordenado el acto reclamado para que informe si los disconformes comparecen ante ella dentro del plazo señalado en líneas anteriores, esto para saber si cumple o no con la obligación impuesta. Finalmente, respecto de la orden de presentación o invitación, habrá de atenderse a lo establecido por los requisitos genéricos a que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo; esto es: a) Que la solicite el agraviado, b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y, c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. No debe perderse de vista que la orden de orden de presentación o invitación, es un acto dictado en el procedimiento penal en la fase de averiguación previa o carpeta de investigación, por lo que además de atender a lo establecido en el artículo 128, su análisis debe sujetarse a lo ordenado en el diverso 150 de la ley de la materia, que regula los casos en que el acto proviene de un procedimiento, evento en el cual la suspensión se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento hasta dictarse resolución firme; estableciendo una excepción, pues si la continuación del procedimiento deja irreparablemente consumado el daño o perjuicio, entonces sí procederá la suspensión no sólo del acto sino del procedimiento mismo. Así las cosas, se colige que según lo ordenado por el numeral 150 de la ley de la materia, procede conceder la suspensión definitiva de la orden de presentación o invitación reclamada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, hasta en tanto se notifique a las responsables que causó ejecutoria la resolución dictada en el juicio principal del cual emana esta incidencia; medida que no suspende el procedimiento de la averiguación previa o carpeta de investigación, sino simplemente permitirá al quejoso no comparecer a la diligencia objeto del acto reclamado, por lo que el Ministerio Público podrá seguir con la labor investigadora hasta antes del ejercicio de la acción penal, pues ésta es la única resolución firme que dentro de esa fase del procedimiento puede dictar, o bien, la formulación de la imputación. Ello se entiende si se toma en cuenta que el principio de no autoincriminación, contenido en el artículo 20 constitucional, se encuentra previsto tanto para la etapa de averiguación previa o carpeta de investigación, como para el proceso penal, por lo que en virtud del mismo, el inculpado no podrá ser obligado a declarar en su contra. Es decir, si bien la orden de orden de presentación o invitación otorga al impetrante la oportunidad de declarar dentro de la averiguación o etapa intermedia, desvirtuando los hechos que se le imputan, tal acto no implica que no pueda abstenerse de declarar o hacerlo en los términos que estime pertinentes. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil cincuenta y nueve, tomo dos, octubre de dos mil once, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. (...)." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos setenta y tres, tomo treinta y tres, febrero de dos mil once, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos título y texto son: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA.- (...).". Además, los incidentistas deberán comparecer ante la autoridad responsable ordenadora dentro del plazo de tres días para la continuación de la indagatoria, debiendo acreditar el cumplimiento de esta prevención ante este Juzgado de Distrito dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a su presentación, con el apercibimiento que de no hacerlo, dejará de surtir efectos la medida cautelar concedida y se hará efectiva la garantía antes precisada a favor del erario federal. Cabe precisar que a partir de la notificación de esta suspensión y de que le sea exhibida copia de la misma a la autoridad responsable ordenadora, está obligada a recibir a los quejosos, hasta en tanto, se comunique por este órgano jurisdiccional que, en su caso, ha dejado de surtir efectos la medida cautelar por incumplimiento de alguna de las obligaciones impuestas, en el entendido que la desobediencia de este auto es sancionada en términos del precepto 206 de la Ley de Amparo. Además, requiérase a las autoridades responsables para que informen si a los promoventes del amparo comparecen ante ellas dentro del plazo señalado en líneas anteriores, esto para saber si cumplen o no con la obligación impuesta. Se aclara que la suspensión concedida no surtirá efecto alguno en los siguientes casos: a) Si el acto reclamado proviene de autoridades distintas a las señaladas como responsables; b) Si se le sorprende en la comisión de flagrante de delito; c) Si el acto resulta ser distinto al que aquí se combate; y, d) Si la quejosa infringe el bando de policía y buen gobierno. Concesión de la suspensión que se hace extensiva, de conformidad con el precepto 133 de la invocada ley, a las autoridades ejecutoras Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, responsable de la Coordinación Regional, con sede en esta ciudad y Encargado de la Coordinación General de la Policía Ministerial del Estado De Guerrero, residente en Chilpancingo, Guerrero. Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con lo establecido en los numerales 125, 128, 140 y 144 de la ley de mérito; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a *** y ***, en términos del segundo considerando de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede a *** y ***, por lo que ve a los actos reclamados a las autoridades responsables especificadas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución."
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