David Arcos Ramírez

Expediente 475/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
475/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
03/05/2016

Partes del expediente

  • David Arcos Ramírez
  • David Arcos Ramírez y Otros.
  • Juan Manuel Acevedo Cortez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que después de haber realizado una revisión integra del expediente en que se actúa, no se advierte la existencia de documentos originales, en ese tenor, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Asimismo, de conformidad con el punto décimo séptimo del acuerdo en cita, se atendió la digitalización de las constancias, las cuales coinciden con su original d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda, y la sentencia constitucional, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Yamín Dávalos Rosas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común B adscrito a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informa que en cumplimiento a la misiva **, del índice de este órgano jurisdiccional derivado del incidente de separación de autos emitido en el presente asunto, fue turnado el catorce de los cursantes con el registro de orden **de su índice; asimismo, para acreditar su dicho adjunta impresión de la boleta de turno. Éste juzgado de Distrito queda enterado de lo anterior, para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Se notifica al tercero interesado de iniciales A.A.J. el proveído de siete de abril de dos mil deiciséis por medio de lista: "Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Mario Gerardo Peñaflores Rodríguez, en su carácter de perito designado por la parte quejosa en Materia de Identificación de Inmueble, por medio del cual rinde el dictamen pericial correspondiente a dicha probanza, misma que ofertara el amparo. Por lo anterior, con fundamento el artículo 297, fracción II, del código supracitado de aplicación supletoria en la materia, requiérase al experto en cita, para que en el plazo de tres días legalmente computados, se presente debidamente identificado en las instalaciones que ocupa este Juzgado Federal, para que ratifique en todas y cada una de sus partes el contenido del dictamen pericial de que se trata, con el apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento a lo anterior o de no manifestar la imposibilidad legal que tenga para no hacerlo, se le hará efectivo el apercibimiento con que se le conminó; presentación del citado experticial que está a cargo de la parte quejosa. Tiene aplicación a lo anterior por analogía la jurisprudencia 1a./J. 7/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 235, tomo XXI, abril de 2005, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DICTÁMENES PERICIALES. PARA SU VALIDEZ DEBEN SER RATIFICADOS POR QUIENES LOS EMITEN, INCLUSO POR LOS PERITOS OFICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). El artículo 150 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala establece expresamente que "El perito emitirá su dictamen por escrito y lo ratificará en diligencia especial", sin hacer distinción respecto a si dicha disposición se dirige al oficial, al designado por las partes o al tercero en discordia. La referida obligación tiene por objeto establecer la autenticidad de la prueba mediante el perfeccionamiento formal que exige la ley, pues tratándose de una prueba constituida fuera de la intervención directa del juzgador, resulta indispensable que quien la elabora la confirme personal y expresamente para hacer indubitable su valor, esto es, la ratificación de los dictámenes periciales impuesta por la ley hace que la prueba sea digna de crédito y, consecuentemente, susceptible de ser analizada y valorada; máxime si se toma en cuenta que el peritaje puede emitirse por una persona distinta de la designada, o puede ser sustituido o alterado sin conocimiento del perito nombrado, además de que también es admisible su modificación parcial o total en el momento de ratificarse. Es indudable que la opinión pericial no ratificada es una prueba imperfecta porque no cumple con la condición formal que la ley le impone para otorgarle certeza y seguridad jurídica, es decir, que quien la suscribe es efectivamente la persona designada para ello y que su opinión es verdadera, por lo que sin el mencionado requisito no es dable otorgar validez probatoria a los dictámenes emitidos, incluso los que provengan de peritos oficiales. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 142 del citado código exceptúe al perito oficial que acepte el cargo de protestar su fiel desempeño ante el funcionario que practique las diligencias, pues tal disposición únicamente lo exime de rendir dicha protesta, pero no de ratificar su opinión." Ahora, toda vez la hora y fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional son las diez horas con veinte minutos del ocho de abril del año en curso, a fin de dar margen a lo anterior, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, desde este momento se difiere anticipadamente la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con veinticinco minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis. Sustenta lo dicho la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuitos, con número de registro 2002712, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es al tenor siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados." (Décima Época, T. C. C.; S. J. F. y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo II, Materia Común). Asimismo son aplicables las tesis cuyos rubros son los siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POTESTAD DEL JUEZ PARA DIFERIRLA O SUSPENDERLA." (Octava Época, 1ª Sala; Apéndice 1995; Tomo VI, S. J. F. y su Gaceta, Pág. 58). "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NOTIFICACIÓN POR LISTA DEL ACUERDO QUE DIFIERE DE OFICIO LA." (Novena Época, T. C. C; S. J. F. y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Pág. 887. Materia Común)."

  4. Principal

    De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2º; intégrese a los autos la razón actuarial de cuenta, en la que se hace constar la imposibilidad legal y material para notificar el acuerdo de veintiocho de marzo del año en curso, al quejoso, por los motivos expuestos por la funcionaria adscrita a este juzgado federal. Precisado lo anterior, a fin de no dejar en estado de indefensión al impetrante, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el centro de reclusión en el que se encuentra privado de su libertad y se comisiona al actuario respectivo para que le realícese la notificación referida y en el acto de la diligencia le requiera para que señale autorizados.

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