David Arafat Camargo Barbosa
Expediente 1809/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1809/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/01/2023
Partes del expediente
- David Arafat Camargo Barbosa
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, once de enero de dos mil veintitrés. Intégrese el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 255/2022, con número de orden 291/2022 del índice de este juzgado. Háganse las anotaciones respectivas, sin que sea necesario acusar de recibo por haberse tramitado vía electrónica. Atento al contenido de la citada comunicación oficial, téngase por legalmente notificada a la parte quejosa ********************, a través de su apoderado legal********************respecto del acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Estado procesal de autos Por otra parte, visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, por la que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente En acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Ivan Valdes Gómez, que da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, se libró el exhorto 255/2022, orden 291/2022, al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, a efecto de notificar al quejoso el proveído de la citada fecha. Ahora bien, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se colige que la citada comunicación oficial correspondió al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Solicitud Por tanto, se solicita de la manera más atenta al homólogo federal que de no existir inconveniente legal alguno, se sirva informar el estado que guarda el exhorto de referencia. ***
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de diciembre de dos mil veintidós. Devolución de exhorto Intégrese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, a través del cual, devuelve sin diligenciar el exhorto 243/2022, orden 276/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se envió a efecto de notificar al quejoso el proveído de veinticinco de noviembre del año en curso. De lo anterior, se toma conocimiento y háganse las anotaciones respectivas. Exhorto En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo líbrese nuevo exhorto a la Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado comisione a uno de los actuarios adscritos a ese órgano jurisdiccional a fin de que se constituya en el domicilio señalado para tal efecto, a saber el ubicado en calle Licenciado **** el proveído de veinticinco de noviembre del año en curso. De igual forma, deberá requerirles, para que en el momento de dicha diligencia o dentro del plazo de tres días legalmente computados, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca o su zona conurbada, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días inhábiles. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, resulta innecesario el acuse de recibo respectivo y la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda promovida por ****, a través de quien se ostenta como su apoderado legal ****, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1809/2022-I-C PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Del análisis de la demanda, se precisa que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable el acto consiste en: Del Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Número Veintinueve en Toluca de Lerdo, Estado de México: La omisión de dar respuesta a la solicitud verbal formulada para saber sobre la existencia del procedimiento especial sobre designación de beneficiarios a nombre del finado ******, por parte del Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Número Veintinueve en Toluca de Lerdo, Estado de México. DESECHAMIENTO En el caso, el suscrito estima que en el juicio en que se actúa, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 77 de la misma legislación, aplicado este último a contrario sensu; los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley.". Se considera lo anterior, en virtud de que el juicio de amparo es un medio de control de la Constitución cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Sin embargo, en nuestro sistema judicial, existen supuestos, como el que nos ocupa, en que por distintas razones, se torna jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo, en consecuencia, resulta ociosa la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. En el caso la violación que pretende la parte quejosa sea analizada, la hace derivar del artículo 8° constitucional que consiste en: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Atento a ello debe decirse que la petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada, por su parte, la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, misma que tiene que ser congruente con lo solicitado, ello sin perjuicio de que la respuesta sea contraria a sus intereses, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formula, a proveer necesariamente de conformidad lo solicitado, sino que está en libertad de resolver acorde con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; asimismo, dicha resolución debe notificarse en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. Ahora, si bien es cierto el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no precisa el número de días en que debe darse contestación a todo ocursante o peticionario, la expresión usada por el constituyente "en breve término" debe entenderse como el plazo que racionalmente se requiera para estudiar la petición, acordarla y notificarla. Resulta conveniente destacar que el artículo 8° constitucional, en el cual se reconoce el derecho fundamental de petición, no establece un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados. En su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un "breve término", sin que se haya establecido un referente temporal definido. De esta disposición destaca que la autoridad tiene la obligación de gestionar las solicitudes que reciba para tramitar cualquiera de los fines del objeto. De lo que evidencia que para que se aplique el acuerdo, es necesario la existencia de petición elevada a la autoridades responsables. Circunstancia que no ocurre en el caso, ya que el quejoso hace derivar la violación al artículo 8° Constitucional donde una supuesta petición verbal, lo que insatisface los requerimientos que establece el citado artículo y que fueron relacionadas con antelación y por tal motivo incumplió con su carga probatoria de demostrar haber elevado la solicitud por escrito de manera pacífica y respetuosa ante las autoridades responsables, ante quien aduce se presentó para de ahí generar la obligación de que se cumplimentaran las disposiciones legales que se regulan ante el citado acuerdo, ello para que efectivamente se demuestre que ejerció el derecho público subjetivo aludido, dado que con la petición o acreditación de la solicitud verbal se puede demostrar que la responsable tuvo conocimiento de la existencia de esa petición y que, por ende, se encontraba obligada a dar contestación a la misma en breve término. Sirve de apoyo, la tesis integrada por Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 4472, Tomo V, 15 de julio de 2022, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación que señala: DERECHO DE PETICIÓN. EL REQUISITO DE FORMULARLO POR ESCRITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO DEBE CONSIDERARSE INCUMPLIDO SI LA SOLICITUD SE REALIZA POR CUALQUIER OTRO MEDIO, YA SEA DIGITAL, TELEFÓNICO O VERBAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA CONSTANCIA MATERIAL DE SU RECEPCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD. Hechos: Una persona física solicitó vía telefónica, a través del sistema "Infonatel" del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la aclaración de la existencia de un crédito hipotecario a su nombre y, ante la omisión de respuesta, promovió juicio de amparo indirecto. Al rendir su informe justificado, el instituto citado argumentó que para que opere el derecho de petición, es requisito indispensable que ésta se formule por escrito. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el requisito de que el derecho de petición se formule por escrito, previsto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe considerarse incumplido si la solicitud se realiza por cualquier otro medio, ya sea digital, telefónico o verbal, siempre y cuando exista constancia material de su recepción por parte de la autoridad, debiendo analizarse, en cada caso, si los medios de soporte de la comunicación crean convicción al respecto. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 8o. constitucional garantiza el derecho humano a recibir una respuesta de parte de la autoridad a quien se ha dirigido una petición, lo que en realidad se traduce en una obligación positiva que ésta debe cumplir. En este sentido, todas las gestiones que realizan los particulares frente a la autoridad se encuentran protegidas por esta prerrogativa constitucional. Ahora, si bien es cierto que los derechos humanos no son absolutos y que pueden ser sometidos a limitaciones o condiciones de ejercicio por el legislador, en términos de los artículos 1o. de la Constitución General, XXVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 32, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", también lo es que la restricción al derecho de petición, relativa a que se formule por escrito, de manera pacífica y en forma respetuosa, no impide que sea interpretada favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, con base en el principio pro persona, para preferirse la interpretación más acorde con la seguridad jurídica de los particulares de que, por ser el fin de la solicitud por escrito que exista la plena convicción de que fue recibida por la autoridad, ese requisito no debe considerarse incumplido si la petición se formula por cualquier otro medio, siempre y cuando exista constancia material de la recepción por parte de la autoridad, debiendo analizarse si los medios de soporte de esa comunicación crean convicción de dicha recepción, como ocurre con el sistema "Infonatel", que es un servicio de línea telefónica o call center creado por el Infonavit, donde los acreditados pueden solicitar información y orientación acerca de sus créditos activos (aportaciones, pagos y saldo) sin que tengan que acudir a las oficinas del instituto. Así como la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con número de registro 229489, publicada en la página 1031, del Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "PETICIÓN. REQUISITOS QUE SE DEBEN ACREDITAR CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES AL DERECHO DE. Cuando en un juicio de garantías se reclama la violación al artículo 8o. de nuestra Carta Magna, corresponde al quejoso demostrar la existencia de la petición y a la autoridad responsable, por una parte, el acuerdo que al respecto emitió, por la otra, que lo notificó al peticionario.". Así también, la tesis XXI.2o.P.A.11 A (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Décima Época, con número de registro 2003971, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, materia Común, página 1386, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE A RECIBIR EL ESCRITO RELATIVO, CORRESPONDE AL QUEJOSO ACREDITAR QUE SE CONSTITUYÓ ANTE ÉSTA. Los elementos del denominado derecho de petición son: 1) Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; 2) Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y 3) El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. En ese sentido, si el acto reclamado en el amparo lo constituye la negativa de la autoridad responsable a recibir el escrito que contiene la petición relativa, corresponde al quejoso acreditar que se constituyó ante ésta, en virtud de que para la existencia de la conducta negativa se requiere, necesaria y previamente, la solicitud del particular.". Asimismo, la tesis integrada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 351, Tomo VII, junio de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que señala: "PETICIÓN, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACION A ESA GARANTIA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCION DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el depósito en el correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que aquél no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder.". En esa tesitura, al no demostrarse la existencia de la solicitud verbal, es evidente que no se surte la condición necesaria para que la responsable esté obligada a dar respuesta, pues como se dijo, no se acreditó en autos que el quejoso le hubiere elevado una petición en términos del 8º constitucional, por lo que resulta jurídicamente imposible exigirle a aquellas que den cumplimiento a la solicitud que se infiere realizó de forma verbal; por tanto, es indefectible que el acto reclamado es inexistente. De ahí que al no estar acreditada la supuesta petición verbal no puede exigirse la autoridad responsable que dé respuesta como mecanismo de tutela en el juicio de amparo. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda promovida por*****, a través de su apoderado legal *****. Apartado especial personalidad No pasa desapercibido al suscrito juzgador que no se encuentra acreditada fehacientemente la personalidad, con independencia de ello lo cierto es que aún satisfecho dicho requisito no cambiaría el sentido del presente acuerdo por los motivos anteriormente expuestos. Exhorto En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo líbrese exhorto a la Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado comisione a uno de los actuarios adscritos a ese órgano jurisdiccional a fin de que se constituya en el sitio referido y notifique el presente proveído a la parte quejosa ****, a través de su apoderado legal *****. De igual forma, deberá requerirle, para que en el momento de dicha diligencia o dentro del plazo de tres días legalmente computados, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca o su zona conurbada, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días inhábiles. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, resulta innecesario el acuse de recibo respectivo y la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía. INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN DE USUARIO ELETRÓNICO. Primeramente deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. Se exhorta a las partes a transitar al juicio en línea. AUTORIZADO Por otra parte, en relación a la persona que designa como autorizado; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal.
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