David Anleu López

Expediente 793/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
793/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • David Anleu López

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo del juicio de amparo del que deriva el presente cuadernillo, además informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, recayéndole el número 228/2023. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, glósese a los autos y téngase a la superioridad acusando recibo del recurso referido en el párrafo que antecede. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice la captura correspondiente del recurso citado supralíneas. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Visto; el escrito signado en línea por ****, quien se ostenta como apodera general de *****, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA, contra el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, glósese a los autos el escrito de cuenta para que obre como corresponda. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 98, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer la parte impetrante del amparo. En ese tenor, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, en razón de que el treinta y cinco de mayo de dos mil veintitrés, en autos del juicio de amparo indirecto 793/2023, se desechó de plano la demanda de amparo presentada por *****, quien se ostenta como apodera general de *****. Por tanto, remítase el escrito de agravios presentado electrónicamente, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Asimismo, hágase del conocimiento de la Superioridad, que a partir del dieciocho de mayo de esta anualidad, se ordenó efectuar la integración del presente asunto acorde al lineamiento establecido en los numerales 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, en lo relativo a las constancias que integran el expediente físico (consistente en aquellas presentadas de manera impresa). Por lo que a partir de la data supracitada, toda documentación recibida en el presente juicio vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada de esa forma (acuerdos, notificaciones electrónicas), consta únicamente en el expediente electrónico. En tal virtud, infórmese al Ad quem, que desde este momento, queda debidamente vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), este expediente de manera electrónica, a fin de que se encuentre disponible para su consulta, y con ello, obtener la información o constancias que se requieran; de conformidad con lo establecido en artículo 113, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A, para que en el ámbito de sus funciones, realice los trámites correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Visto; el escrito signado vía electrónica por ********************, quien se ostenta como apodera general de ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ********************, parte quejosa en el presente juicio, por el cual da cumplimiento al acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se mandó a prevenir para que aclarara la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO." Esencialmente, conforme a la tesis en cuestión, para desechar de plano de una demanda de amparo, es necesario encontrar un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, dicho motivo debe ser manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura del libelo; y ha de ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que esa causa es operante en el caso concreto. En el contexto anterior, del análisis a la demanda de amparo se advierte que la parte promovente señala como autoridad responsable al 1. Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en Chiapas, con sede en esta ciudad, de quien reclama la Constancia de Conclusión del Procedimiento de Conciliación Prejudicial, de tres de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ********************, por medio del cual, se dio por concluido ese procedimiento de conciliación prejudicial. En ese orden de ideas, esta juzgadora advierte que en el caso particular se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) " "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 107. Las controversias de que hable el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por este Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden público." (.)" De los preceptos jurídicos transcritos se observa que la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Asimismo, se estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de garantías se encuentra el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, debe decirse, que por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, derivado de un acto u omisión de una autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de la Justicia de la Unión. Lo anteriormente expuesto encuadra en el caso a estudio, toda vez que este órgano jurisdiccional advierte que el acto combatido deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, en virtud de que del estudio de la demanda de amparo y las constancias que obran en autos, no se observa que el acto reclamado produzca una afectación personal y directa, y sobre todo actual, en relación a los directamente quejosos, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de los gobernados, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a causar, por lo que, se reitera, la citada demanda resulta improcedente, en atención a lo estatuido por la normatividad antes precisada. Sentado lo anterior, se reitera que en el caso que nos ocupa, la parte quejosa señala como acto reclamado la Constancia de Conclusión del Procedimiento de Conciliación Prejudicial, de tres de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ********************, por medio del cual, se dio por concluido ese procedimiento de conciliación prejudicial. Sin embargo, lo anterior no constituye un acto que produzca una afectación personal y directa a la parte promovente, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de la misma, ya que aun cuando sus consecuencias puedan calificarse como de grado predominante o superior, no pueden ser sujetas al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, lo que, en la especie, no acontece. Se dice lo anterior, toda vez que con motivo de la reforma constitucional y legal en materia de justicia laboral, la etapa de conciliación se elevó a rango constitucional, como se desprende del artículo 123, Apartado A, fracción XX, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, de conformidad con los artículo 684-B y 684-E, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, antes de acudir a los Tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al Centro de Conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, en el que, de llegar a un arreglo armonioso, las partes, celebrarán convenio por escrito, que deberá ratificarse en ese acto, entregándose copia autorizada de éste; pero en caso de que no se llegue a un acuerdo, la Autoridad Conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial. Por su parte, el artículo 872, apartado B, fracción I, de la legislación en comento, prevé que a la demanda deberá anexarse, entre otros documentos, la constancia expedida por el Organismo de Conciliación que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial sin acuerdo entre las partes. Como se ve, de acuerdo con la referida reforma, las partes en conflicto se encuentran obligadas a agotar el procedimiento conciliatorio prejudicial, antes de acudir a juicio ante el Tribunal del Trabajo. Por tanto, de la lectura que se hace al escrito de demanda y la constancia anexa, se advierte que la autoridad responsable únicamente expidió la constancia de haber concluido el procedimiento de conciliación prejudicial a que se refiere el artículo 684-E de la Ley Federal del Trabajo, sin que se advierta que dicha constancia limite o restrinja el derecho que tienen los aquí quejosos de acudir ante el Tribunal del Trabajo a demandar las prestaciones que estimen pertinentes. Lo anterior pone de manifiesto que el acto reclamado, no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, pues tiene expedito su derecho para acudir al Tribunal del Trabajo a demandar las prestaciones que estime pertinentes; por lo que, en todo caso, el acto que le depararía algún perjuicio, sería que el mencionado tribunal de acuerdo con sus facultades, y con base en el análisis que haga de los documentos que deban anexarse al escrito de demanda, entre ellos, la constancia de referencia, determine desechar la demanda, causando una afectación a su esfera jurídica. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Al actualizarse la causa de improcedencia aquí analizada, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO en estudio, por notoria y manifiesta improcedencia, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto; el ocurso signado por el Apoderado Legal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), personalidad que acredita con la escritura pública ********************, pasado ante la fe del licenciado ********************, Notario Público Titular de la Notaría Pública ********************del Estado de Chiapas, por medio del cual informa que debido a los problemas sociales de usos y costumbre, que existe en el barrio de la ********************, por los habitantes, comunica que resulta imposible que personal técnico de ese Sistema Operador del Agua, se apersone a la invitación de la asamblea que tendrá verificativo el veintiuno de mayo de este año, a las 14:00 horas, en las instalaciones que ocupa la Escuela Primaria ********************, toda vez que no cuentan con el personal ese día. Asimismo, manifiesta que existe el riesgo que sean detenidos y para su liberación se les deberá pagar una multa aproximadamente de $300.000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.), según los datos de la Delegación de Gobierno, por cada uno de los funcionarios y/o empleados que sean retenidos. Por lo que solicita, que para estar en condiciones de llevar una asamblea es necesario se lleve a cabo en lugar diverso donde existan condiciones de seguridad para los trabajadores de ese Sistema Operador del Agua y de esa forma estar en la aptitud de asistir a la asamblea. Asimismo, alude que se encuentra en la mejor disposición de llevar a cabo la conexión del servicio, siempre y cuando la quejosa proceda al pago del derecho de conexión del servicio de agua potable y alcantarillado, y una vez que la quejosa ********************, pague los derechos de conexión, se fije fecha y hora para la realización de los trabajos, siempre y cuando existan las condiciones de seguridad al personal que lleve a cabo los trabajos, debiéndoles hacer una invitación al Delegado de Gobierno, Participación Ciudadana y Consejería Jurídica Municipal. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2°, del ordenamiento citado en último término, glósese a los autos el oficio y anexos, para los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, no ha lugar de acordar de conformidad lo que solicita, toda vez, que el presente asunto se encuentra en etapa de ejecución de sentencia de amparo, el cual de orden público e interés social, por lo que su cumplimiento debe ser inmediato. Por tanto, la citada autoridad, deberá designar personal a su cargo a fin de que asistan a la cita programada, en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, esto es, que de no cumplir con lo que aquí se le requiere, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, atento a su manifestación en el sentido de que no hay condiciones de seguridad para que el personal de ese órgano operador del agua, pueda asistir a la cita; requiérase a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, a fin de que proporcione elementos a su cargo, con la finalidad de resguardar el órden en el lugar en el que tendrá verificativo la citada diligencia, esto es, el próximo domingo veintiuno de mayo del año en curso, a las 14:00 horas, en las instalaciones que ocupa la Escuela Primaria ********************, cito en Callejón ********************, sin número, Barrio ********************, de la ciudad de ********************, Chiapas. Para lo cual, requiérase a dicha autoridad para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, a partir de que se encuentre notificada del presente proveído, informe el cumplimiento de esta determinación. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término señalado, o bien, de no manifestar el impedimento legal que tenga para hacerlo, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, SE LE IMPONDRÁ una multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, dada la urgencia que impera en este asunto; hágase del conocimiento de la autoridad requerida, que el termino de veinticuatro horas, para informar el cumplimiento de esta determinación, debe ser de momento a momento, sin que obste el hecho de que los días posteriores sean inhábiles; por lo cual, de manera excepcional y por única ocasión se autoriza a la autoridad requerida para que rinda la información al correo institucional 2jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, siempre y cuando el oficio correspondiente sea signado con firma electrónica FIREL, de conformidad con lo que establecen os artículos 14 y 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; caso contrario, no se tendrá por rendido el mismo, ni se otorgará validez a la comunicación recibida, por lo que será acreedor a la multa a que fue apercibido en el párrafo que precede. Así también, deberá confirmar la recepción del oficio que envíe con el secretario de guardia, licenciado ********************, al número de celular********************, o al teléfono ********************extensión ********************, que corresponde a este órgano jurisdiccional. Asimismo, dada premura del tiempo, se faculta al actuario de la adscripción para que notifique esta determinación a la autoridad en comento; a través de los correos electrónicos oficiales y no oficiales con que cuente para ello; incluso, por medio de mensajería instantánea (whatsapp por ejemplo), en caso de contar con algún número telefónico para ello; lo anterior, sin perjuicio de hacerlo también por los medios ordinarios (Servicio Postal Mexicano y Telégrafos). En otro aspecto, respecto a que, previo a realizar los trabajos de conexión al sistema de agua potable, la parte quejosa debe pagar derechos que ascienden a la cantidad de ********************; dígasele, que en la ejecutoria de amparo quedó precisado que es una obligación del Estado, garantizar el derecho constitucional de acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico; por lo que no se debe condicionar a la parte quejosa a ningún pago por gastos de conexión. Finalmente, hágase del conocimiento de la parte quejosa y de las autoridades responsables, el contenido de este acuerdo, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, dada la proximidad de la fecha en que habrá de llevarse a cabo la reunión de las autoridades responsables, se faculta al actuario de la adscripción para que notifique esta determinación a las autoridades responsables ubicadas en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a través de los correos electrónicos oficiales y no oficiales que hayan reportado al rendir sus informes justificados; incluso, a través de mensajería instantánea (whatsapp por ejemplo), en caso de contar con algún número telefónico para ello; lo anterior, sin perjuicio de hacerlo también por los medios ordinarios (Servicio Postal Mexicano y Telégrafos). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Hernández Coyote, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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