David Alejandro Hernández Gómez

Expediente 1509/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1509/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • David Alejandro Hernández Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; Háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de éste Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se deja de proveer lo relativo. Finalmente, se hace saber a las partes que mediante oficio ********************, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México; a través del cual comunica la adscripción de la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, como titular de este órgano jurisdiccional a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE POR LA LISTA.

  2. Principal

    I. REGISTRO Vista; la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del 1. Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves del Distrito Judicial de Cintalapa y Tuxtla, residente en Chiapa de Corzo. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1509/2022-VI y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En el contexto anterior, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama del 1. Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves del Distrito Judicial de Cintalapa y Tuxtla, residente Chiapa de Corzo, el acto que a continuación se especifica: El acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro de la causa penal 67/2022, en el que se determinó señalar como nueva fecha de audiencia intermedia el uno de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente; En ese sentido, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro de la causa penal 67/2022, en el que se determinó señalar como nueva fecha de audiencia intermedia el uno de marzo de dos mil veintitrés, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la hipótesis de la fracción XVIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, los citados dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El citado precepto contempla el principio de definitividad que rige al medio de control de constitucionalidad, el cual se traduce en que el juicio de amparo es improcedente, cuando en contra del acto de autoridad que se reclame en el amparo proceda algún recurso o medio de defensa legal que deba ser agotado antes de la promoción de aquél, y que tenga por objeto revocar, modificar o anular tal acto, sin distinción alguna, puesto que la intención del legislador con la creación del juicio de amparo fue que éste se concibiera como un medio de defensa extraordinario y que, por ende, fuese la última instancia a que tiene acceso el gobernado cuando por motivo de un acto de autoridad se vulneren sus derechos fundamentales. De tal modo, no es optativo agotar dicho principio para la procedencia del juicio constitucional, sino que dicha fracción obliga al impetrante a agotar el medio de defensa a su alcance con la finalidad que se revoque, modifique o nulifique el acto reclamado, previo a acudir al juicio constitucional. Sin embargo, se advierte que existen cuatro casos de excepción a la causal de improcedencia de que se trata, esto es: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado sea una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y, d) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, en este caso, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Establecido lo anterior, cabe señalar que el acto reclamado por la parte amparista se hace consistir en el acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro de la causa penal 67/2022, en el que se determinó señalar como nueva fecha de audiencia intermedia el uno de marzo de dos mil veintitrés; resolución contra la que procedía el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." De esta manera, al ser el acto reclamado una resolución de mero trámite, el accionante estaba obligado a agotar el recurso procedente contra el acto reclamado, en el caso, el de revocación, pues no se advierte que se encuentre amparado por alguno de los casos de excepción que prevé la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; esto es, no estamos en presencia de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad del quejoso; además de que el recurso de revocación no se sujeta a interpretación adicional. Así, tomando en consideración que la normatividad secundaria prevé un recurso ordinario mediante el cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto que por esta vía se reclama, es que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia invocada, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro de la causa penal 67/2022, en el que se determinó señalar como nueva fecha de audiencia intermedia el uno de marzo de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 487, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, con registro digital 2005717, que reza: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." Asimismo, por las razones que informa es aplicable el criterio emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2103, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, con registro digital 2020293, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE CONVOCAR A SU CELEBRACIÓN DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En suma, es dable acotar que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe ser apreciado en forma limitativa, pues de conformidad al nuevo paradigma del orden jurídico nacional, esa garantía o mecanismo no es otra cosa que el derecho de los ofendidos a impugnar ante el Juez de Control las omisiones o determinaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; esto es, que en la etapa preliminar la víctima u ofendido acuda ante el órgano jurisdiccional cuando se considera que se vulnera una debida impartición de justicia pronta y expedita; por lo que al contar con ese derecho la víctima u ofendido, también debe de acatar los procedimientos que establece el código en comento, como son los recursos procedentes que, en la especie, se traducen en la revocación contenida en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que al existir un recurso en vía horizontal, en principio, es el que debe de agotarse previo a instar esta instancia constitucional. III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por los motivos expuestos con anterioridad. Cobra aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para efecto de recibir y oír notificaciones del quejoso el que cita en su escrito. Asimismo, se tiene como autorizado a ***, con las facultades amplias que refiere el numeral 12, de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional se encuentra en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación, y únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del referido numeral -12-, párrafo segundo en relación con el diverso 24, párrafo segundo, del cuerpo normativo aplicable a las demás personas que cita, por así haberlo solicitado expresamente. V. QUEJOSO SEÑALA NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO. Como lo establece el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado por el diverso 21/2021 el número telefónico y correo electrónico solo son un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes, por tanto, únicamente se le tiene por ofrecidos para ese efecto. VI. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realicen con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa: I. REGISTRO Vista; la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del 1. Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves del Distrito Judicial de Cintalapa y Tuxtla, residente en Chiapa de Corzo. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1509/2022-VI y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En el contexto anterior, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama del 1. Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves del Distrito Judicial de Cintalapa y Tuxtla, residente Chiapa de Corzo, el acto que a continuación se especifica: El acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro de la causa penal 67/2022, en el que se determinó señalar como nueva fecha de audiencia intermedia el uno de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente; En ese sentido, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro de la causa penal 67/2022, en el que se determinó señalar como nueva fecha de audiencia intermedia el uno de marzo de dos mil veintitrés, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la hipótesis de la fracción XVIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, los citados dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El citado precepto contempla el principio de definitividad que rige al medio de control de constitucionalidad, el cual se traduce en que el juicio de amparo es improcedente, cuando en contra del acto de autoridad que se reclame en el amparo proceda algún recurso o medio de defensa legal que deba ser agotado antes de la promoción de aquél, y que tenga por objeto revocar, modificar o anular tal acto, sin distinción alguna, puesto que la intención del legislador con la creación del juicio de amparo fue que éste se concibiera como un medio de defensa extraordinario y que, por ende, fuese la última instancia a que tiene acceso el gobernado cuando por motivo de un acto de autoridad se vulneren sus derechos fundamentales. De tal modo, no es optativo agotar dicho principio para la procedencia del juicio constitucional, sino que dicha fracción obliga al impetrante a agotar el medio de defensa a su alcance con la finalidad que se revoque, modifique o nulifique el acto reclamado, previo a acudir al juicio constitucional. Sin embargo, se advierte que existen cuatro casos de excepción a la causal de improcedencia de que se trata, esto es: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado sea una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y, d) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, en este caso, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Establecido lo anterior, cabe señalar que el acto reclamado por la parte amparista se hace consistir en el acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro de la causa penal 67/2022, en el que se determinó señalar como nueva fecha de audiencia intermedia el uno de marzo de dos mil veintitrés; resolución contra la que procedía el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." De esta manera, al ser el acto reclamado una resolución de mero trámite, el accionante estaba obligado a agotar el recurso procedente contra el acto reclamado, en el caso, el de revocación, pues no se advierte que se encuentre amparado por alguno de los casos de excepción que prevé la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; esto es, no estamos en presencia de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad del quejoso; además de que el recurso de revocación no se sujeta a interpretación adicional. Así, tomando en consideración que la normatividad secundaria prevé un recurso ordinario mediante el cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto que por esta vía se reclama, es que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia invocada, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro de la causa penal 67/2022, en el que se determinó señalar como nueva fecha de audiencia intermedia el uno de marzo de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 487, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, con registro digital 2005717, que reza: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." Asimismo, por las razones que informa es aplicable el criterio emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2103, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, con registro digital 2020293, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE CONVOCAR A SU CELEBRACIÓN DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En suma, es dable acotar que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe ser apreciado en forma limitativa, pues de conformidad al nuevo paradigma del orden jurídico nacional, esa garantía o mecanismo no es otra cosa que el derecho de los ofendidos a impugnar ante el Juez de Control las omisiones o determinaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; esto es, que en la etapa preliminar la víctima u ofendido acuda ante el órgano jurisdiccional cuando se considera que se vulnera una debida impartición de justicia pronta y expedita; por lo que al contar con ese derecho la víctima u ofendido, también debe de acatar los procedimientos que establece el código en comento, como son los recursos procedentes que, en la especie, se traducen en la revocación contenida en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que al existir un recurso en vía horizontal, en principio, es el que debe de agotarse previo a instar esta instancia constitucional. III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por los motivos expuestos con anterioridad. Cobra aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para efecto de recibir y oír notificaciones del quejoso el que cita en su escrito. Asimismo, se tiene como autorizado a ***, con las facultades amplias que refiere el numeral 12, de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional se encuentra en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación, y únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del referido numeral -12-, párrafo segundo en relación con el diverso 24, párrafo segundo, del cuerpo normativo aplicable a las demás personas que cita, por así haberlo solicitado expresamente. V. QUEJOSO SEÑALA NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO. Como lo establece el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado por el diverso 21/2021 el número telefónico y correo electrónico solo son un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes, por tanto, únicamente se le tiene por ofrecidos para ese efecto. VI. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realicen con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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