David Alexander Yellop Revilla

Expediente 936/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
936/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
02/12/2016

Partes del expediente

  • David Alexander Yellop Revilla

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el veintidós de noviembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Así, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó la demanda de garantías. Finalmente, no se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa, no están catalogados como originales por lo que su devolución se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado.

  2. Principal

    CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR LISTA. Por este medio y en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se notifica a la parte quejosa, el proveído dictado de la propia fecha, que dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve *****, por su propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, Junta Especial número 6 y otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, fórmese el expediente impreso y electrónico respectivo bajo el número 936/2016-VII, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En la especie, atento a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado consiste en: "D.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.- En el presente caso se reclaman los siguientes Actos Procesales: Para autoridad ordenadora: 1.- El NO emplazamiento a juicio derivado de un juicio laboral en donde no soy parte demandada, el cual tiene el número de expediente *****; ventilado ante la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, Junta Especial Número 6. 2.- Así mismo, La aprobación de la diligencia de embargo con motivo de la ejecución del Laudo, trabado sobre el bien inmueble de mi propiedad dentro del juicio indicado en el punto "1.-" inmediato anterior, cuyos datos procesales que invoco en este ocurso constitucional, me fueron proporcionados por las personas que me informaron sobre la existencia de este juicio laboral y que narro en el capítulo de antecedentes. El bien inmueble de mi propiedad y es una casa habitación ubicada en *****; propiedad que acredito con Escritura Pública que se anexa a la presente demanda de garantías como prueba documental de mi parte para acreditar el interés jurídico con que actúo en el presente juicio; y el suscrito sin haber sido emplazado a juicio laboral alguno. 3.- Como acto futuro de realización cierta, el remate del inmueble propiedad del suscrito que se pretende ejecutar y del cual ha quedado debidamente descrito en los párrafos inmediatos anteriores. Causándome con ello, daños de imposible reparación. Para las autoridades ejecutoras: 4.- La ejecución material del Laudo trabando embargo sobre el bien inmueble de mi propiedad que consiste es una casa habitación ubicada en *****; propiedad que acredito con Escritura Pública que se anexa a la presente demanda de garantías como prueba documental de mi parte para acreditar el interés jurídico con que actúo en el presente juicio; y el suscrito sin haber sido emplazado a juicio laboral alguno." Ahora, de la certificación de cuenta se desprende que existe en el libro de registro de demandas, el diverso juicio de amparo número 64/2014, promovido por *****, contra actos que reclama del Presidente de la Junta Especial 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje de México, Distrito Federal, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato y Ministro Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato; que constituye un hecho notorio para este Juzgador, en términos de lo que estatuye el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Una vez que se tuvo a la vista el expediente 64/2014, se advierte que de la documental que exhibió el representante de la parte quejosa, así como de las copias certificadas que fueron remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en aquel sumario constitucional, mismas que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de garantías, por así contemplarlo el artículo 2° de la Ley de Amparo; y de las que se advierte, que en el mencionado juicio de amparo, se reclamaron actos derivados del diverso de naturaleza laboral, ***** del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, Junta Especial número 6, el cual fue promovido por *****, contra *****, obrando las siguientes constancias: Copia certificada de la escritura ***** de fecha diecisiete de diciembre de dos mil nueve, verificada ante *****, Titular de la Notaría Pública *****, con ejercicio legal en esta ciudad, relativa a la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad denominada *****, donde se advierte que el aquí quejoso, ***** adquirió una acción serie "A" de la sociedad de mérito y se le otorgaron facultades para pleitos y cobranzas, actos de administración y facultades cambiarias. Copia certificada expedida por el Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, de las constancias que integran el expediente *****, con motivo del exhorto emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, Junta Especial número 6, dentro del juicio laboral ***; en la que la actuaria adscrita a la Junta exhortada, mediante diligencia de veintisiete de enero de dos mil catorce, le notificó a *****, por conducto del aquí quejoso, que en el juicio 523/2011 promovido por *****, se había decretado el embargo del bien inmueble ubicado en *****; al sur: 30.70 metros con lote 11-B; al poniente: 10 metros con privada; y al nor poniente 23.30 metros con lote 10-C; de igual manera, de tales constancias se desprende que en dicha diligencia se le corrió traslado con el acuerdo de treinta de agosto de dos mil trece, emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. De ahí que es dable advertir, que contrario a las manifestaciones vertidas por el quejoso bajo protesta de decir verdad, el mismo es conocedor de la instauración del proceso laboral de mérito con anterioridad a la presentación de la demanda que nos ocupa (diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis), puesto que, como se advierte de las documentales descritas en párrafos precedentes, mediante la comparecencia de veintisiete de enero de dos mil catorce, suscrita por la actuaria adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, en atención a la encomienda de la diversa Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, Junta Especial número 6, en el juicio 523/2011 la fedataria fue atendida por quien dijo llamarse ***** y ser hijo de *****, quien además de ser su socio en la constitución de la sociedad denominada *****, es padre del ahora quejoso, tal como se desprende de las manifestaciones realizadas por este último la actuaria encargada de la notificación en la aludida diligencia. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos se advierte la improcedencia del juicio de garantías contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo, dentro de los términos que fija, en lo que aquí interesa, el artículo 17 de la ley de la materia, pues de éste último se desprende que el referido juicio, debe instarse dentro del plazo de quince días, lapso que se contabilizará de la siguiente manera: a) A partir del día siguiente, al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) A partir del día siguiente, al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; y, c) A partir del día siguiente, al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. En ese orden de ideas, se actualiza la segunda hipótesis del arábigo 18 de la ley de la materia, pues como se dijo, el hoy quejoso, pese a no haber sido señalado como parte en el juicio de origen, tuvo conocimiento de los actos reclamados por lo menos desde el veintisiete de enero de dos mil catorce, que se enteró de la existencia del juicio laboral *** del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, Junta Especial número 6, de donde deriva la orden de requerimiento de pago a la que se ha hecho referencia, y que dio motivo al embargo del bien del cual es copropietario el quejoso. Consecuentemente, al quedar demostrado que el ahora quejoso tuvo pleno conocimiento de la existencia del juicio natural por lo menos desde el veintisiete de enero de dos mil catorce, es evidente que no promovió la demanda de garantías dentro del término de quince días hábiles que establece la Ley de Amparo, el cual debe computarse a partir del momento en que tuvo conocimiento de la existencia del juicio de origen, dada su intervención en la notificación de la diligencia de embargo y su carácter de socio de la quejosa ****, dentro del juicio de amparo 64/2014 del índice de este juzgado, por ser ese el momento en que se hizo sabedor del multicitado procedimiento judicial, que según dice le ocasiona perjuicio, por haberse embargado el bien inmueble que dice es de su copropiedad; y en ese sentido, la citada fecha se debe tomar como base para realizar el cómputo del término de los quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente; de ahí que si el quejoso tuvo conocimiento cuando menos, desde la citada fecha, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del veintiocho de enero al dieciocho de febrero de dos mil catorce, sin contar por ser inhábiles los días uno, dos, tres, ocho, nueve, quince y dieciséis de febrero de dos mil catorce, de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo. Por lo que si su demanda de garantías se presentó hasta el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, según se aprecia del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Irapuato, es claro que su presentación resultó extemporánea, por haberse realizado fuera de los quince días previstos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. En otro tenor, téngase a la parte quejosa designando como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona, en virtud de que no cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Finalmente, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.

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