David Alejandro Barrientos Yepez
Expediente 352/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 352/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 08/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- David Alejandro Barrientos Yepez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
... Téngase por recibida la pieza postal de cuenta que contiene el oficio 7253/2021, dirigido a la responsable Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, devuelta por el servicio de mensajería acelerada "estafeta", sin motivo aparente. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que de la consulta realizada al en la página de internet http://www.estafeta.com/Rastreo/Resultados/ del servicio de mensajería "estafeta", la misiva en comento fue devuelta a este juzgado con el motivo siguiente ""Incidencia: Su envío presenta datos incompletos para realizar su entrega, el dato faltante es: REFERENCIAS, favor de generar reporte". En atención a lo anterior, y visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que, por auto de seis de mayo de la anualidad, se ordenó reexpedir misiva a la citada responsable, la cual fue enviada y recibida en el domicilio ubicado en Prolongación 5 de mayo, número 112, interior 30, colonia La Joyita en Silao de la Victoria, Guanajuato; en consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, mediante oficio con transcripción del presente proveído, reexpídase la referida comunicación a la autoridad de referencia Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, en el domicilio antes señalado. Notifíquese.
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...Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que, la sentencia emitida el veintisiete de abril del año en curso, que sobreseyó en el presente juicio, no fue recurrida por el quejoso dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes, para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que se determinó sobreseer en el juicio; por lo que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO" Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal: Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. Documentos: La parte quejosa allegó documentos de los catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido, 20, párrafo primero, fracción II, inciso a), y párrafo segundo, y 21, párrafo primero, incisos a) y c), y, párrafo segundo, del Acuerdo en cita. Realícese la certificación de la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Hágase la anotación en el libro de gobierno y en el Sistema Integra de Seguimiento a Expedientes (SISE). Ahora, respecto de los documentos exhibidos en el presente juicio, su devolución se autoriza desde este momento, en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Por lo que, para su obtención, deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ" en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2, respecto de lo que se les informa que el horario de este Juzgado es de las 12:30 a las 18:30 horas, de lunes a viernes, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Asimismo, devuélvase al Director de lo Contencioso, adscrito a la Subdirección General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG), en representación de la Subdirección General de Ingresos del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, las constancias que allegó al presente sumario, consistentes en copia certificada del expediente administrativo *** relativo al crédito fiscal *** de su índice, en un tomo, por ser innecesaria su conservación. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...
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... Téngase por recibida la pieza postal de cuenta que contiene el oficio 5188/2021, dirigido a ************, devuelta por el servicio de mensajería acelerada "estafeta", sin motivo aparente. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que de la consulta realizada al en la página de internet http://www.estafeta.com/Rastreo/Resultados/ del servicio de mensajería "estafeta", la misiva en comento fue devuelta a este juzgado con el motivo siguiente "se genera guía de reemplazo". En atención a lo anterior, y visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que, por auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la referida responsable rindiendo su informe justificado con la denominación ********************, Sociedad Anónima, ********************. Ahora, y a fin de evitar mayores dilaciones procesales, mediante oficio con transcripción del presente proveído, reexpídase la referida comunicación a la autoridad de referencia bajo la denominación ********************, Sociedad Anónima, ********************. N
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...TERCERO. Existencia del acto. Son ciertos los actos reclamados a la Subdirección General de Ingresos del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, en su denominación correcta y al Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Banamex, pues así lo aceptaron al rendir su informe justificado; manifestaciones que resultan suficientes para acreditar la existencia de los actos que se les reclaman. Máxime que así se corrobora de las copias certificadas, del procedimiento administrativo en materia aduanera de vehículos de procedencia extranjera número ***, que la propia autoridad responsable acompañó a su informe con justificación, documentales a las que se les concede plena eficacia probatoria, conforme lo dispuesto por el artículo 202 del enjuiciamiento civil federal aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Luego, no obstante, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al momento de rendir su informe con justificación, manifestó que no existe el acto reclamado, dicha negativa se desvirtúa con el oficio ***, de veinticinco de junio de dos mil veinte, en el que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el bloqueo de las cuentas del quejoso, con motivo del crédito fiscal emitido en el oficio *** de ocho de enero de dos mil veinte, materia del presente juicio de amparo, de ahí que, se insiste, sí existe el bloqueo de cuentas bancarias que el quejoso le atribuye. CUARTO. Causa de Improcedencia. Con relación a la resolución emitida en el oficio *** de ocho de enero de dos mil veinte, por medio de la cual se le fincó un crédito fiscal por la cantidad de ***, con motivo de irregularidades de su vehículo de procedencia extranjera, este órgano federal advierte, de oficio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte promovente no agotó el recurso ordinario de defensa en sede administrativa para combatirla. Para demostrar tal aserto, es pertinente destacar que el precepto normativo invocado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". El artículo preinserto prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad cuya legalidad puede ser objeto de examen, ya sea de oficio, por la propia autoridad que lo emite o su superior jerárquico, o bien, a instancia de parte, a través de la interposición de algún medio de defensa o la promoción de un juicio. Dicha disposición no implica otra cosa, que la tutela al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a través del cual lo constituye como un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que se consideren transgresores de derechos fundamentales, pues se pretende que éste sea el último medio de defensa al alcance de los gobernados, esto es, que se acuda a la vía constitucional cuando ya no exista otro instrumento jurídico a través del cual se puedan reparar las violaciones cometidas en contra de los particulares, de ahí que la inobservancia de este principio se sanciona con la improcedencia del amparo. Conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia, es necesario que: a) el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; b) que éste deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; c) que a través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; d) que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado; y d) para conceder la suspensión definitiva no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo datos de identificación, rubro y texto son: "Época: Novena Época Registro: 193142 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Octubre de 1999 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 115/99 Página: 448 RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Ahora bien, los artículos 249, 251, 255 y 268, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 249. Los procesos administrativos que se promuevan ante el Tribunal o los Juzgados se regirán por las disposiciones de los Libros Primero y Tercero de este Código. (.) ARTÍCULO 251. Sólo podrán intervenir en el proceso administrativo, las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión: I. Tendrán el carácter de actor: a) Los particulares que sean afectados en sus derechos y bienes por un acto o resolución administrativa; y b) Las autoridades en aquellos casos en los que se pida la modificación o nulidad de un acto favorable a un particular que cause lesión al interés público; II. Tendrán el carácter de demandado: a) Las autoridades que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o la resolución impugnada; y b) Los particulares a quienes favorezca el acto o la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa; y III. Tendrá el carácter de tercero, aquél que tenga un derecho incompatible con la pretensión del actor. (.) ARTÍCULO 255. El actor podrá solicitar: La nulidad del acto o resolución impugnado, cuando no haya sido emitido conforme a derecho; II. El reconocimiento de un derecho amparado en una norma jurídica; y III. La condena a la autoridad para el pleno restablecimiento del derecho violado, en los términos de la Ley respectiva. [.] ARTÍCULO 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el actor en su demanda por escrito o en el juicio en línea, o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción." De la interpretación sistemática de las disposiciones referidas se advierte, en lo que interesa, que en los casos en que los actos y resoluciones administrativas emitidas por las dependencias y entidades de la administración pública estatal, afecten intereses de particulares, podrá solicitarse su nulidad mediante su impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; asimismo, en la respectiva demanda también puede pedirse las suspensión de sus efectos en tanto se pronuncie sentencia definitiva. Así, se concluye que el juicio correspondiente tiene por objeto anular cualquier clase actos emitidos por las autoridades de la administración pública municipal y procede, en el caso concreto, respecto de que aquellos que afecten intereses de particulares. Por su parte, los artículos 4, fracción I, y 7, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, establecen: "ARTÍCULO 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato tiene a su cargo: [.] I. Dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado y los particulares; [.] ARTÍCULO 7. Las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato serán competentes para conocer: I. En primera instancia: a) Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares; [.]" De lo anterior, se concluye que en contra de la resolución emitida en el oficio *** de ocho de enero de dos mil veinte, por medio de la cual se le fincó un crédito fiscal por la cantidad de ****, moneda nacional, procede el juicio contencioso administrativo en términos de lo previsto por los artículos 249, 251, 255 y 268 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; en relación con los diversos ordinales 4, fracción I, y 7, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, por ser la instancia a través de la cual tal determinación puede ser anulada. Se arriba a tal aserto porque no se actualiza alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad que haga procedente la vía constitucional como se demostrará a continuación: 1. La parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraña al procedimiento administrativo en materia aduanera de vehículos de procedencia extranjera número ***, toda vez que si bien es cierto se ostenta tercero extraño a juicio por equiparación, lo cierto es que no tiene esa calidad, habida cuenta que conoció y firmó la orden acta, embargo e inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera de vehículos de procedencia extranjera, de once de septiembre de dos mil diecinueve, ordenada y ejecutada, respectivamente, por la Directora General y por el Verificador adscritos a la Dirección General de Verificación al Comercio Exterior, de la Subsecretaría de Finanzas e Inversión de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato (fojas 191 a 196 del cuaderno de amparo). Sirve de apoyo, el criterio del tenor siguiente: Registro digital: 2000293 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Constitucional Tesis: 2a./J. 47/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627 Tipo: Jurisprudencia TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 401/2011. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Laura Montes López. Tesis de jurisprudencia 47/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de diciembre de dos mil once. 2. El inconforme combate cuestiones de legalidad y no violaciones directas a la constitución, tan es así que controvierte la ilegalidad del crédito fiscal (no derechos fundamentales, reconocidos por la Carta Magna). 3. El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prevé la tramitación del juicio contencioso administrativo, a través del cual se pueden impugnar los actos y resoluciones jurídico-administrativos que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares; más no así, un reglamento. 4. En la substanciación de ese sumario, puede solicitarse la suspensión de los efectos de los actos reclamados, sin que la codificación que lo regula establezca mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para su otorgamiento, pues del estudio comparativo entre el artículo 128 de la legislación de la materia y los diversos numerales 234 a 237 del citado código, se obtiene que los requeridos para su procedencia, tanto en el juicio contencioso administrativo como en vía constitucional, resultan ser esencialmente iguales. De ahí que, la ley que regula el citado medio ordinario de defensa -juicio contencioso administrativo- no exige mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva conforme a lo previsto en la fracción XX del artículo 61 de este último ordenamiento legal. Por tanto, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el proceso administrativo, pues a través de ese medio de defensa, pudo obtener la insubsistencia del acto reclamado. Sirve a lo anterior, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1536, tomo II, libro 17, abril de 2015, Décima Época, con número de registro 2008891, de rubro y texto siguiente: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Luego, como el acto en estudio en el presente juicio es susceptible de ser anulado mediante el referido medio de impugnación, sin que fuera agotado, se considera que no se cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Resulta aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Séptima Época Registro: 237480 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 175-180, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 119 "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Séptima Epoca, Tercera Parte: Volúmenes 115-120, página 79. Amparo en revisión 1077/78. Tostadores y Molinos de Café Combate, S.A. 9 de noviembre de 1978. Cinco votos. Ponente: Arturo Serrano Robles. Secretario: Carlos Amado Yáñez. Volúmenes 121-126, página 66. Amparo en revisión 466/78. Emilio Martínez Martínez. 4 de abril de 1979. Cinco votos. Ponente: Arturo Serrano Robles. Volúmenes 133-138, página 85. Amparo en revisión 2501/78. Inmobiliaria Homero 1818, S.A. 7 de febrero de 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Volúmenes 157-162, página 88. Amparo en revisión 7084/81. Laminadora de Materiales Sintéticos, S.A. 30 de junio de 1982. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Volúmenes 175-180, página 79. Amparo en revisión 8214/82. Inmuebles Mose, S.A. 11 de julio de 1983. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Luego, si bien reclama de la Comisión Bancaria y de Valores y del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Banamex, el bloqueo de sus cuentas bancarias, en esencia, el oficio ***, de veinticinco de junio de dos mil veinte, en el que se solicitó la mencionada inmovilización, con motivo del crédito fiscal antes mencionado, sólo puede promover juicio de amparo hasta que se dicte en el procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, aquella que constituye la última dictada en el procedimiento de ejecución, la cual se entiende como aquella en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total del crédito reclamado o se declara la imposibilidad material o jurídica para ello, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento; atento a que el citado bloqueo de cuentas solo constituye una etapa procesal desarrollada en el procedimiento administrativo de ejecución en comento, el cual es la actividad administrativa que desarrolla el Estado para hacer efectivos en vía de ejecución forzosa, los créditos fiscales. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: Época: Novena Época Registro: 196530 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 17/98 Página: 187 EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie. Amparo en revisión 2180/96. Construcciones Pérez Hermanos, S.A. de C.V. 9 de diciembre de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 2125/97. Industrializadora Forestal Rogoso, S. de R.L. de C.V. 10 de octubre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Amparo en revisión 2658/96. Fernando Rodríguez Gutiérrez. 31 de octubre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adriana Escorza Carranza. Amparo en revisión 2419/97. Club Social y Deportivo de Acapulco, S.A. de C.V. 13 de febrero de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Amparo en revisión 2840/97. Industrializadora Forestal Rogoso, S. de R.L. de C.V. 20 de febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de jurisprudencia 17/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinte de marzo de mil novecientos noventa y ocho. Así como la diversa jurisprudencia de rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 190035 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2001 Página: 31 AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de febrero de 2001. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 32/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte promovente no agotó el recurso ordinario de defensa en sede administrativa para combatir los actos impugnados y, porque en contra de los actos de ejecución, debe estar a la última resolución en dicho procedimiento. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo. Notifíquese.
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