Darwin Manuel Sánchez
Expediente 649/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 649/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Darwin Manuel Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Vigésimo Segundo, del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del presente incidente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el treinta y uno de agosto de la presente anualidad, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a Darwin Manuel Sánchez; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado y se ordenó abrir cuadernillo de sigilo, por lo anterior, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase al JUEZ DE CONTROL DE LA REGION JUDICIAL DOS DE CUNDUACÁN, TABASCO, el disco en formato DVD de audio y video, derivado de la causa penal 24/2022, de su índice, que envió como anexo a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 649/2022-4, promovido por ************, contra los actos que reclama del Juez de Control de la Región Judicial Dos de Cunduacán, Tabasco y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio 200-VIII-2 recibido el veintinueve de abril de dos mil veintidós, por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el dos de mayo siguiente, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, remitió: Original del juicio de amparo indirecto 417/2022-VIII-2 de su registro. Sobre cerrado que contiene un Disco Versátil Digital y datos del tercero interesado. Constancias de las cuales se advierte que el citado órgano jurisdiccional, mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil veintidós, declinó competencia por conocimiento previo para tramitar la demanda de amparo, en el cual Darwin Manuel Sánchez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS a) De la autoridad ordenadora: PRIMERO.- La resolución de fecha 27 de febrero del año 2022, en la cual se califica de legal mi detención y me apliquen una medida cautelar excesiva en contra de la ley consistente en prisión preventiva. SEGUNDO.- La resolución de fecha 04 de marzo del año 2022, en la cual se dicta AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra del suscrito por el delito de PEDERASTIA supuestamente en agravio de la menor de identidad reservada G.X.U.P. a) De la ejecutora: El cumplimiento que dio a la resolución de 27 de febrero del año 2022, en la cual se ordena la medida cautelar excesiva en contra de la ley consistente en la prisión preventiva, así como de la resolución de fecha 04 de marzo del 2022 la cual consiste en la vinculación a proceso por lo que hace al delito de PEDERASTIA (.)" (sic) AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juez de Control de la Región Judicial Dos de Cunduacán, Tabasco. 2 Director del Centro de Readaptación Social del Municipio de Cunduacán, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El tres de mayo de dos mil veintiuno, se aceptó la competencia planteada por el homólogo federal, por lo que se radicó y admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 649/2022-4 del índice de este juzgado; no se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe con justificación, dado que ya obraban agregados en autos, por lo que se ordenó dar vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; se reconoció el carácter de tercera interesada a la menor víctima de identidad reservada con iniciales G.X.U.P., representada por Leticia Pérez de la Cruz, por lo que se ordenó la apertura del cuaderno de sigilo correspondiente para proteger sus datos personales, además se reconoció como tercero interesado al licenciado Mario Alberto Ávalos Colomé, fiscal del Ministerio Público que tuvo intervención en la causa penal de origen, se solicitó a la Juez de Control responsable, informase la adscripción de la primera y el domicilio de la segunda, para llevar a cabo el emplazamiento correspondiente; para el trámite del incidente de suspensión, se solicitó al Juez de Distrito declinante, remitiera los cuadernos relativos al incidente; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. TERCERA INTERESADA. Mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el cuaderno de sigilo, se libró despacho al Juez Civil de Primera Instancia de Cunduacán, Tabasco en turno, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, emplazase a la presente controversia a la menor víctima de identidad reservada con iniciales G.X.U.P. representada por Leticia Pérez de la Cruz, en su calidad de parte tercera interesada. En cumplimiento a lo anterior, el seis de junio de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Cunduacán, Tabasco, allegando despacho 107/2022-4 con número de orden 266/2022, mismo que fue diligenciado en sus términos y del que se advierte que la citada tercera interesada fue emplazada el treinta de mayo de dos mil veintidós. Luego, por oficio 19116/2022 recibido el diez de junio de dos mil veintidós, se emplazó al fiscal tercero interesado. CUARTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La resolución dictada en la audiencia inicial de veintisiete de febrero de dos mil veintidós, dentro de la carpeta 24/2022 en la cual se calificó de legal la detención del quejoso Darwin Manuel Sánchez y se le impuso la prisión preventiva como medida cautelar. El auto de vinculación a proceso dictado por la Juez responsable en la audiencia de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta 24/2022 de su índice, en contra de Darwin Manuel Sánchez -aquí quejoso-, como probable responsable en la comisión del delito de pederastia, en agravio de la menor de edad de identidad reservada con iniciales G.X.U.P. representada por Leticia Pérez de la Cruz. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Juez de Control responsable, al rendir su informe con justificación manifestó que son ciertos los actos que se le reclaman. [Foja 28] Afirmación que guarda sustento con el DVD (Disco Versátil Digital) que contiene el audio y video de la audiencia inicial de formulación de imputación y medida cautelar de veintisiete de febrero de dos mil veintidós y la audiencia de continuación de vinculación a proceso y plazo de cierre de investigación complementaria de cuatro de marzo de dos mil veintidós, celebradas dentro de la causa 24/2022 del índice de la citada autoridad responsable. Documental a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, titulada: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". En ese tenor, se colige que la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa, se encuentran plenamente probados. CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio del acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias de la carpeta 24/2022 que se acompañaron al informe justificado. Visto lo anterior, resulta necesario referir, en lo que interesa, los antecedentes materia de la presente controversia constitucional: A) AUDIENCIA INICIAL DE CONTROL POR ORDEN CUMPLIDA. El veintisiete de febrero de dos mil veintidós a las nueve horas, la Juez de Control responsable llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, duplicidad del término constitucional y prisión preventiva oficiosa. De ella se obtiene que: Fueron individualizadas las partes comparecientes (fiscal del ministerio público, asesora jurídica pública, imputado y defensor público); El defensor público aceptó y protestó el cargo en favor del imputado. Verificó que el defensor público tuviera la calidad de licenciado en derecho; Luego, la Juez informa al imputado sobre los derechos constitucionales y legales con los que cuenta, además le informó el motivo por el cual se encuentra sujeto a término constitucional. Acto seguido el imputado solicitar la reserva de sus datos personales. Fase de formulación de imputación. El fiscal formuló imputación en contra del imputado Darwin Manuel Sánchez -aquí quejoso-, como probable responsable en la comisión del delito de pederastia, previsto y sancionado en los artículos 327 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, en agravio de la menor de edad de identidad reservada con iniciales G.X.U.P. representada por Leticia Pérez de la Cruz. La fiscal manifestó que el señalamiento tiene sustento en los hechos siguientes: El once de mayo de dos mil diecinueve, aproximadamente a las cuatro treinta de la tarde por la sala pastoral de la Iglesia Adventista que se ubica en avenida Pedro Méndez sin número colonia centro de Cunduacán Tabasco usted inmovilizó contra la pared a la menor de edad de identidad reservada con iniciales G.X.U.P. de nueve años de edad y metió sus manos dentro de su ropa interior, de su calzón y metió dos de sus dedos dentro de la vagina, acto seguido, la amenazó que si decía algo le iba a pasar algo a sus papás. Acto seguido, el fiscal hizo saber al imputado que la clasificación jurídica preliminar corresponde al delito de pederastia, previsto y sancionado en el artículo 327 del Código Penal para el Estado de Tabasco. Además, el imputado interviene como autor directo de la conducta, la cual fue calificada de acción dolosa de ejecución instantánea, ya que vulneró con su conducta el bien jurídicamente tutelado del libre desarrollo de la personalidad en agravio de la menor víctima, sin que advierta alguna excluyente del delito que le favorezca. Imputación que es directa y categórica, por parte de Leticia Pérez de la Cruz, representante de la menor víctima, quien lo señala como responsable. Hecho lo anterior, la Juez dio oportunidad a la asesoría jurídica pública de intervenir, quien no ejerció tal derecho y luego. Acto seguido la juez cuestionó, tanto al imputado como a la defensa, si habían comprendido los hechos expresados por la fiscal, además le puntualizó al imputado sobre su derecho a contestar la imputación y a declarar o bien, a reservase, optando por guardar silencio. Luego, la fiscal solicitó la vinculación a proceso, previa verbalización de los siguientes datos de prueba: Entrevista de Leticia Pérez de la Cruz madre de la menor víctima de identidad reservada con iniciales G.X.U.P. de diez de enero dos mil veintidós. Entrevista de la menor víctima de identidad reservada con iniciales G.X.U.P. de diez de enero dos mil veintidós. [Efectuado en compañía de su madre Leticia Pérez de la Cruz, la psicóloga victimal Estela del Carmen Cerino López] Acta de nacimiento de la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales G.X.U.P. con número de folio 02169, con fecha de nacimiento de dieciocho de julio de dos mil diez expedida por el Oficialía Número 1 del Registro Civil de Cunduacán, Tabasco; con fecha nacimiento veintinueve de noviembre de dos mil diez. Dictamen ginecológico y proctológico practicado a la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales G.X.U.P. de diez de enero de dos mil veintidós, suscrito por la médico Samara Bernal Jimenez. Dictamen de valoración psicológica de la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales G.X.U.P. de once de enero de dos mil veintidós, suscrito por el perito psicóloga Javier Solís López. Informe de policía de investigación de doce de enero de dos mil veintidós, suscrito por el oficial Edy Guillermo Luciano. Luego de lo anterior, la representación social sostuvo solicitud de vincular a proceso al imputado y además, peticionó que se tomaran en consideración los deposados de la víctima y de su madre, dado que, al tratarse de un delito que tiene como bien jurídico tutelado el libre desarrollo psicosexual, la declaración de la víctima resulta ser preponderante. También dio oportunidad a la asesora jurídica quien, en uso de voz, manifestó reitero la petición de vinculación a proceso del imputado por el delito de pederastia, en los términos que expresó el fiscal. Termino para resolver la situación jurídica Acto seguido, la Juez de Control hizo saber al imputado el derecho que le asiste para resolver su situación jurídica en ese momento o bien, dentro del término de setenta y dos horas o su duplicidad de ciento cuarenta y cuatro horas, asimismo, le instó a consultar con su defensor antes de tomar la decisión. El inculpado solicitó el término máximo previsto por el marco jurídico para resolver su situación jurídica, dentro del término de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se señalaron las ocho horas con quince minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidós para la continuación de la audiencia relativa. Medida cautelar. Al tratarse el delito de pederastia la fiscal solicitó como medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa al imputado por el tiempo que dure el proceso, sin que excediera de dos años salvo que se extendiera por actos de la defensa, con fundamento en el artículo 19 Constitucional, 153, 154 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto de lo anterior, la Juez del conocimiento, una vez que escuchó la adhesión de la petición que formuló el asesor jurídico y la abstención de pronunciarse sobre el particular de parte del defensor público, cerró debate y resolvió imponer la prisión preventiva oficiosa en los términos solicitados. B) AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO Y PLAZO DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. Del audio y video de la audiencia de mérito, se advierte que a las ocho horas con quince minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, en la que se desprende que, previa identificación de las partes comparecientes (fiscal del ministerio público, asesora jurídica pública, defensor particular e imputado), la Juez de Control corroboró que los profesionistas intervinientes tuvieran calidad de licenciados en derecho y que sus cédulas profesionales estuvieran debidamente registradas. Acto seguido, la Juez de Control le reiteró al imputado que sus derechos, tanto constitucionales como legales, continúan vigentes tal y como se le hizo saber en la audiencia anterior. Tras, advertir que la defensa del imputado cambio de pública a particular, la Juez de Control, verificó el registro de la cédula profesional del abogado, además le reiteró que, como lo solicitó por escrito, se le reconoció tal carácter mediante proveído de tres de marzo de dos mil veintidós, no obstante verificó con el imputado que está de acuerdo con tal designación. Acto seguido, la Juez dio cuenta con la presencia en la sala de Leticia Pérez de la Cruz madre de la menor víctima de identidad reservada con iniciales G.X.U.P., quien se identifica con su credencial para votar. En mérito de lo anterior, la Juez le cuestionó si tiene claros los derechos que le asisten como representante de la víctima, ante lo cual indicó que tenía pleno conocimiento al respecto, además, previa solicitud de la Juez, aceptó la representación de la asesora jurídica pública para velar por los derechos de la víctima, además solicitó que sus datos se mantuvieran reservados. Hecho lo anterior, la Juez responsable verificó, con apoyo de la auxiliar de sala, que todas y cada una de las cédulas profesionales de los intervinientes en la audiencia. Luego, la Juez dio oportunidad a la defensa para el efecto de que incorporasen datos de prueba a favor del imputado. Al respecto, la defensa hizo del conocimiento a la Juez de Control que ya había corrido el traslado correspondiente a la fiscalía al respecto, además solicitó un receso de cinco minutos a efecto de preparar los argumentos que introducirán el dato de prueba en su verbalización. La Juez concedió la petición y decretó receso en los términos. Tras reanudarse la audiencia, se otorgó el uso de la voz a la defensa, quien verbalizó como dato de prueba el informe de investigación contenido en el oficio UPI/164/2022 de tres de marzo de dos mil veintidós, signado por el policía de investigación Edy Guillermo Luciano. Hecho lo anterior, la Juez concedió el uso de la voz nuevamente a la defensa, quien procedió a efectuar la réplica de los argumentos en los que el fiscal sustentó la solicitud de vinculación a proceso, manifestaciones con las cuales peticionó que no se vincule a proceso a su representado. Luego, el Juez responsable concedió el uso de la voz al fiscal del Ministerio Público para que ejerciera la réplica, respecto a lo señalado por la defensa, quien reiteró la validez tanto de las declaraciones vertidas por la menor víctima y dictámenes periciales con lo que soportó la petición de vinculación a proceso. Nuevamente se concedió el uso de la voz a la defensa, a efecto de presentar una contra réplica a lo manifestado por la fiscal, con lo que el defensor del imputado volvió a discurrir sobre las declaraciones que sustentan la solicitud de vinculación. A continuación, la Juez de Control responsable otorgó la oportunidad a la asesora jurídica pública, quien indicó que no comparte la postura de la defensa, toda vez que no puede pasarse por alto el señalamiento directo de la menor víctima y por tanto, reitera la petición de vinculación a proceso del imputado. Tras lo anterior, la Juez concede la oportunidad, tanto a la madre de la víctima como al propio imputado para que intervengan al respecto, quienes no hacen uso de la oportunidad La Juez de Control responsable, procedió a resolver la petición de vinculación a proceso en contra del imputado Darwin Manuel Sánchez -aquí quejoso-, como probable responsable en la comisión del delito de pederastia, previsto y sancionado en los artículos 327 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, en agravio de la menor de edad de identidad reservada con iniciales G.X.U.P. representada por Leticia Pérez de la Cruz. Consideró que, en caso en estudio, no opera en favor del imputado excluyente alguna de incriminación penal, además estimó que se encontraban satisfechos los requisitos contenidos en los artículos 313 al 316 del código Nacional de Procedimientos Penales y en consecuencia se dictó auto de vinculación a proceso en su contra. Lo anterior, dado que se formuló imputación por parte de la fiscal; el inculpado tuvo oportunidad de declarar, derecho que se reservó desde la audiencia inicial; y obran datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Para ello, se apoyó en los datos de prueba verbalizados por la representación social, a los cuales les concedió valor probatorio en términos de los numerales 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, la Juez responsable estimó que los datos de prueba verbalizados por el fiscal son suficientes para establecer que el inculpado es quien probablemente cometió los hechos que se le atribuyen, esto es, que es el autor directo de los mismos, pues hay un señalamiento directo, firme y categórico de la menor víctima de identidad reservada y su madre en su contra, por lo que se puede inferir que se trata de un hecho de naturaleza dolosa, de consumación instantánea y que, además se transgredieron los derechos de personas menores de edad, al coartar su bien jurídico tutelado del libre desarrollo de la personalidad. Además, indicó que la defensa no aportó datos de prueba con los cuales controvertir los presentados por la representación social, ni tampoco se advierten causas de excluyentes de incriminación que operen a favor del imputado. Plazo de cierre de investigación Finalmente, previa petición del fiscal y previa manifestación de conformidad que expresó tanto la asesora jurídica pública, la representante de la víctima, la defensa particular y el imputado, la Juez de Control, con fundamento en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció como plazo de cierre de la investigación de dos meses, con vencimiento de cuatro de mayo de dos mil veintidós. QUINTO. ESTUDIO Y DECISIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Ahora, el impetrante de amparo, en su demanda adujo, en síntesis, como conceptos de violación que la resolución reclamada vulnera en su perjuicio los principios rectores de la constitución, en cuanto a la presunción de inocencia y respecto de la obligación del Ministerio Público de probar los elementos constitutivos del delito y la culpabilidad de imputado. Citó como sustento a lo anterior las tesis aisladas de texto y registro siguientes: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." Registro: 186185. DOLO, CARGA DE LA PRUEBA DE SU ACREDITAMIENTO." Registro: 175607. Insiste en que no obran datos de prueba suficientes que acrediten la autoría material del injusto que se le imputa ni tampoco se encuentra acreditada su responsabilidad. Aduce que la resolución de vinculación no se encuentran fundadas ni motivadas, por lo que no se cumplen las formalidades establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la Juez hace referencia a apreciaciones que perjudican al quejoso, lo cual vulnera sus derechos humanos. Además, indica que se valoraron indebidamente las pruebas, pues no son suficientes para tener por satisfecho el cuerpo del delito, pues no son aptas para tal efecto y por tanto carece de fuerza legal para acreditar la probable responsabilidad del imputado. Devienen INFUNDADOS los conceptos de violación que esgrimió el quejoso; sin que, en el caso, a criterio de esta juzgadora, se advierta que opere en favor del peticionario, suplencia de la queja en términos de lo previsto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo. A fin justificar la anterior postura, cabe señalar que el caso que nos ocupa, se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso tutelado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye: Artículo 14 [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, el cual se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, mismos principios que se establecen en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 7 9 del Código Militar de Procedimientos Penales. La oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: Publicidad: Es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; éste sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Contradicción: Consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. Concentración: Tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. Continuidad: Se refiere a limitar las interrupciones del proceso. Inmediación: Implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Al respecto, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estable lo siguiente: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Ahora, como ya quedó asentado, este órgano de amparo considera que en la especie se encuentran satisfechas las formalidades esenciales del procedimiento del cual deriva el acto génesis de la controversia constitucional que se resuelve. Lo anterior es así, dado que de la reproducción del audio y video de las audiencias remitidas por la Juez de Control responsable, se desprende que ambas diligencias, tanto la inicial de veintisiete de febrero de dos mil veintidós; como su continuación de cuatro de marzo siguiente se desarrollaron de manera oral. Asimismo, se desprende que las aludidas audiencias fueron públicas y que en todo momento se salvaguardó el derecho de contradicción del imputado, al ser informado de los hechos que se le atribuyen y los datos de prueba propuestos por la fiscal del Ministerio Público, teniendo la oportunidad de objetarlos y aportar los propios. También se observa que el debate estuvo presente en ambas audiencias, puesto que se permitió al imputado el ejercicio de su derecho a que su situación jurídica se resolviera en el término máximo previsto por la constitucional y legal, es decir, en el término de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se cumplió con el principio de concentración. De igual forma, se atendió al principio de continuidad, aun cuando en la audiencia de veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, se decretó un receso, pues éste está permitido por el segundo párrafo del artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la misma manera, las audiencias se realizaron conforme al principio de inmediación, ya que el Juez de Control estuvo a cargo de ambas audiencias. En igual tenor, de las referidas audiencias se advierte que se observaron los lineamientos establecidos por los artículos 307 al 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es: Concurrieron a la misma el fiscal del Ministerio Público, asesora jurídica pública, la representante de la víctima, el imputado, así como sus defensores público y particular; Se informó al inculpado sus derechos constitucionales y legales; Se formuló la imputación en la que el fiscal del Ministerio Público expuso al imputado el hecho que le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de su intervención, así como el nombre de la persona que le acusó; Se le dio oportunidad al inculpado para que declarase si era su deseo o si prefería mantener el derecho a permanecer en silencio, optando por conducirse bajo esa última acción; Al realizar la representante social la solicitud de vinculación a proceso del imputado, se le explicó en qué consistía esta, así como los momentos en los cuales podía resolverse la misma; Se cuestionó al imputado si deseaba que se resolviera sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicitaba la ampliación de dicho plazo; Al respecto, el inculpado, asesorado de su defensor, solicitó se resolverá sobre su situación jurídica en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, lo cual se hizo así; Se otorgó la oportunidad a la defensa para que presentara la réplica respectiva sobre la solicitud de vinculación; Se dio oportunidad al fiscal del Ministerio Público para que respondiera la réplica de la defensa, lo cual atendió la representación social; De nueva cuenta, se brindó espacio a la defensa para que presentara contra réplica novedosa ante lo manifestado por el Fiscal; Después, la Juez cerró debate y dictó el auto de vinculación a proceso; y, Aunado al hecho que se definió, reiteró la medida cautelar como el plazo para el cierre de la investigación complementaria. Con lo anterior, se soporta la afirmación de este órgano de amparo que, en efecto, se cumplen con los extremos de formalidad que el procedimiento penal acusatorio exige. Por otra parte, se considera que el acto reclamado se encuentra suficientemente fundado y motivado. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". El precepto trascrito contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que los objetivos del Sistema Penal Acusatorio son: Determinar la verdad real, histórica o procesal; Determinar la existencia de un hecho típico; Identificar a su autor; Lograr el esclarecimiento de los hechos; Resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune; Lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; Aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; Dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y, Facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. En la ejecutoria de mérito también se precisa que en el sistema acusatoria adversarial se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los términos siguientes. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Bajo las reglas del sistema en cita, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Por ende, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el estándar probatorio cambió, aduciendo que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Aunado a ello, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese contexto, la suscrita considera que la resolución reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada. En efecto, la Juez de Control se apoyó en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el ordinal 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; además, expuso las razones por las que estimó se reunían los requisitos para vincular a proceso al imputado -aquí quejoso- Darwin Manuel Sánchez. Para ello refirió que los datos de prueba verbalizados por la fiscal del Ministerio Público, le permitió establecer que se había cometido un hecho que la ley señala como delito, el cual identificó como pederastia, que indicó se encuentra previsto y sancionado en el artículo 327 del Código Penal para el Estado de Tabasco. Asimismo, consideró que los datos de prueba eran suficientes para establecer que el imputado probablemente realizó los hechos que se le atribuyen o participó en su ejecución. Ahora, el primer párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.[.]". Del referido precepto constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a los últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su realización. El aludido texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos precitados, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de su descripción típica, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si aquél quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 24/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". En consonancia con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Los anteriores requisitos y presupuestos se consideran satisfechos en el presente asunto, como se evidenciará enseguida. El primer requisito previsto por el numeral 316 del código precitado, se considera colmado porque en la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación contra Darwin Manuel Sánchez, por su probable intervención en la comisión de un hecho que la ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327 del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la menor de edad de identidad reservada con iniciales G.X.U.P. representada por Leticia Pérez de la Cruz. En la audiencia se observa que la representación social hizo referencia a los hechos atribuidos fueron los siguientes: El once de mayo de dos mil diecinueve, aproximadamente a las cuatro treinta de la tarde por la sala pastoral de la Iglesia Adventista que se ubica en avenida Pedro Méndez sin número colonia centro de Cunduacán, Tabasco, usted inmovilizó contra la pared a la menor de edad de identidad reservada con iniciales G.X.U.P. de nueve años de edad y metió sus manos dentro de su ropa interior, de su calzón y metió dos de sus dedos dentro de la vagina, acto seguido, la amenazó que si decía algo le iba a pasar algo a sus papás. De igual forma, se desprende de la audiencia en cuestión, que el fiscal hizo saber al inculpado que los hechos que se le imputan están previstos y sancionados como delito de pederastia, en el artículo 327 del Código Penal para el Estado de Tabasco; que en cuanto a su participación, se le considera como autor material directo, que su conducta es dolosa porque quiso y aceptó su realización, y respecto del grado de ejecución consideró que era de consumación instantánea, en términos de los numerales 8 fracción I, 9, 10 y 13 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco, respectivamente. El segundo requisito [que se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar], también fue observado por la responsable, ya que se aprecia que la Juez de Control responsable hizo de conocimiento al imputado sobre el derecho que tenía a declarar y se le informó de las consecuencias de hacerlo o de guardar silencio. El tercer requisito [se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión], se considera cumplido. En efecto, de la videograbación en estudio se desprende que la Juez de Control expuso que con los datos de prueba verbalizados, se establecía el hecho referido por el fiscal del Ministerio Público [que el imputado ejecutó actos erótico sexuales a la víctima al hurgar en su vagina e introducir dos dedos de su mano dentro de su cavidad vaginal], mismo que la ley señala como delito de pederastia, previsto sancionado por el artículo 327 del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la menor de edad de identidad reservada con iniciales G.X.U.P. representada por Leticia Pérez de la Cruz. En ese tenor, se estima que existen datos de prueba suficientes con los que se puede razonablemente establecer la probable participación del imputado -aquí quejoso- en la comisión de los hechos en cuestión, particularmente con: Entrevista de Leticia Pérez de la Cruz madre de la menor víctima de identidad reservada con iniciales G.X.U.P. de diez de enero dos mil veintidós. Entrevista de la menor víctima de identidad reservada con iniciales G.X.U.P. de diez de enero dos mil veintidós. [Efectuado en compañía de su madre Leticia Pérez de la Cruz, la psicóloga victimal Estela del Carmen Cerino López] Por medio de las cuales se pone en conocimiento de la representación social los hechos por los cuales se dio inicio a la investigación, además de señalar como probable responsable al imputado -aquí quejoso-. Además, que la víctima indicó la dinámica de los hechos y señaló directamente al impetrante como quien ejecutó las conductas reprochadas por la representación social. Además, cabe agregar que respecto de la ponderación de los testimonios de los menores de edad, el Máximo Tribunal del País ha considerado que sí tienen la suficiente capacidad para discernir en relación con los hechos sobre los que deponen y su dicho no carece de ponderación; máxime cuando se encuentra corroborado con opiniones médicas, como en el caso. Sirve de apoyo la tesis aislada emitida por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, Volumen 145 - 150, segunda parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: TESTIGOS MENORES DE EDAD. DELITOS SEXUALES.- Tratándose de testigos menores de edad, es suficiente que sus dichos sean creíbles y que sus relatos sean lo suficientemente claros en relación con lo que percibieron sus sentidos, para que se les otorgue valor probatorio en el caso de aquellos delitos que siempre se procura cometer sin la presencia de testigos, máxime si sus dichos se encuentran corroborados por otros indicios". Así como la tesis aislada emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 119, Volumen XVI, Quinta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: TESTIGOS MENORES DE EDAD. VALOR PROBATORIO DEL DICHO DE LOS.- Aun cuando los testigos sean menores de edad, si tienen la suficiente capacidad para discernir en relación con los hechos sobre los que deponen, su dicho no carece de valor probatorio". Sumado, a que estuvo en lo correcto en considerar la Juez responsable en considerar que no era suficiente para desvirtuar el señalamiento de la víctima por el solo hecho del tiempo transcurrido en que ocurrieron los hechos a la fecha en que su tutora realizó la denuncia, pues aplicando la perspectiva de género, consideró que existía temor daño psicológico por parte de ésta ya que el imputado le hizo saber que si decía algo le haría daño a sus padres. Sirve de apoyo la tesis con registro 2024967, cuyo rubro y contenido dicen: PERSPECTIVA DE GÉNERO. ES APLICABLE PARA RESOLVER UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL EN EL QUE LA VÍCTIMA SEA UNA MENOR DE EDAD, SI SE ACREDITA EN SU CONTRA UN CONTEXTO DE VIOLENCIA Y UNA RELACIÓN DE PODER, CON INDEPENDENCIA DEL SEXO DEL AGRESOR. Hechos: Dos quejosas promovieron juicio de amparo directo contra una sentencia de apelación en la que se les condenó por los delitos de violencia familiar, lesiones agravadas y omisión de cuidado, en contra de una familiar mujer menor de edad, a la que se le diagnosticó el síndrome de Kempe o niña maltratada, por las lesiones, talla menor, bajo peso y síndrome anémico que presentaba, así como actitudes del síndrome de Estocolmo o Estocolmo doméstico y afectación psicoemocional, de la que se apreció una naturalización del maltrato. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es posible juzgar el asunto con perspectiva de género, con independencia del sexo del agresor, siempre que se cumplan los supuestos de procedencia para hacerlo, a saber, que se acredite un contexto de violencia y relaciones de poder en contra de una mujer menor de edad. Justificación: De la línea interpretativa realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis aisladas 1a. XCIX/2014 (10a.) y 1a. XXVIII/2017 (10a.) y de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), así como en los amparos directos en revisión 2586/2014 y 2655/2013, se puede apreciar que en un evento delictivo es innecesario que el agresor sea una persona masculina para aplicar la metodología de juzgar con perspectiva de género en contextos de violencia, ya que la condición de vulnerabilidad de la víctima puede provenir de las circunstancias de las relaciones de poder que tiene con sus agresoras. Lo anterior, sin que pase inadvertido que los criterios de juzgar con perspectiva de género surgieron a partir de los fenómenos de discriminación y violencia contra las mujeres, así como de su impunidad, como quedó asentado en la sentencia del caso González y otras (campo algodonero) Vs. México, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos". Lo anterior, se corrobora con el dictamen psicológico. Dictamen de valoración psicológica de la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales G.X.U.P. de once de enero de dos mil veintidós, suscrito por el perito psicóloga Javier Solís López. Donde el especialista determinó que la víctima presenta una situación estresante, de inseguridad, sin protección, de angustia y ansiedad, tensión, aislamiento, con indicadores de agresión sexual y que se encuentra afectada en su entorno social. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Tomo XXII, de Septiembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dicen: DICTÁMENES PERICIALES NO OBJETADOS. SU VALORACIÓN.- En relación con la facultad de los Jueces para apreciar las pruebas, la legislación mexicana adopta un sistema mixto de valoración, pues si bien concede arbitrio judicial al juzgador para apreciar ciertos medios probatorios (testimoniales, periciales o presuntivos), dicho arbitrio no es absoluto, sino restringido por determinadas reglas. En tal virtud, el hecho de que no se objete algún dictamen pericial exhibido en autos, no implica que éste necesariamente tenga valor probatorio pleno, pues conforme al principio de valoración de las pruebas, el juzgador debe analizar dicha probanza para establecer si contiene los razonamientos en los cuales el perito basó su opinión, así como las operaciones, estudios o experimentos propios de su arte que lo llevaron a emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente con los medios de convicción aportados, admitidos y desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión. Por tanto, la falta de impugnación de un dictamen pericial no impide al Juez de la causa estudiar los razonamientos técnicos propuestos en él, para estar en posibilidad de establecer cuál peritaje merece mayor credibilidad y pronunciarse respecto de la cuestión debatida, determinando según su particular apreciación, la eficacia probatoria del aludido dictamen". Así también se corrobora con el dictamen ginecológico. Dictamen ginecológico y proctológico practicado a la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales G.X.U.P. de diez de enero de dos mil veintidós, suscrito por la médico Samara Bernal Jimenez. Sumado a ello, se desprende la edad de la menor. Acta de nacimiento de la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales G.X.U.P. con número de folio 02169, con fecha de nacimiento de dieciocho de julio de dos mil diez expedida por el Oficialía Número 1 del Registro Civil de Cunduacán, Tabasco; con fecha nacimiento veintinueve de noviembre de dos mil diez. Documento con el cual se advierte la edad de la menor víctima y el parentesco con su representante, de la que se desprende que el día de los hechos tenía nueve años. Informe de policía de investigación de doce de enero de dos mil veintidós, suscrito por el oficial Edy Guillermo Luciano. Que establece la localización del lugar de los hechos, lo cual soporta el dicho de la víctima respecto de cómo se llevaron a cabo la dinámica de las acciones que constituyen la fuente de la investigación y por tanto, el reproche al imputado. Datos de prueba, por medio de los cuales se obtuvo que Darwin Manuel Sánchez, fue la persona que probablemente ejecutó actos eróticos sexuales sobre la menor de identidad reservada. También se considera jurídicamente correcta la apreciación de la responsable en cuanto a la probable intervención del imputado en la comisión del hecho considerado como delito. También es infundado el concepto de violación del quejoso, relativo a que del dictamen ginecológico no se advierta una desfloración del himen de la menor de edad o que existiera una penetración en la vagina. Lo anterior es así, pues como lo precisó la Juez de Control, el tipo penal para su actualización requiere quien con consentimiento o sin él, introduzca por la vía vaginal, anal u oral el miembro viril o cualquier otra parte del cuerpo o cualquier objeto en el cuerpo de una persona menor de catorce años, es decir no se requiere que exista una desfloración o un rompimiento de la membrana himenal, sino solo una introducción, lo cual hasta este momento se encuentra corroborado con el dicho de la víctima menor de edad quien refirió que su agresor le introdujo dos dedos en su parte íntima, de ahí lo infundado de su concepto de violación. Por lo tanto, los antecedentes de la investigación propuestos por la fiscal del Ministerio Público, arrojan datos de prueba que establecen señalamiento de parte de la menor víctima que indican la probabilidad de que el imputado realizó los hechos señalados por la ley como delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327 del Código Penal para el Estado de Tabasco. En efecto, la Juez de Control responsable ponderó los datos de prueba aportados por la representación social al formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso, pues de los mismos se obtiene que el inculpado ejecutó actos sexuales en contra de la víctima y además, introdujo dos dedos en su parte íntima. Sobre el particular, conviene reiterar que, tratándose de un auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es menor y basta que exista la probabilidad de que el imputado haya participado en la comisión de los hechos que se le atribuyen, esto es, no se requiere que se demuestre plenamente, ya que esto sólo es exigible al dictarse sentencia. Por lo que, en esta fase del proceso penal en cuestión, se considera que los medios de investigación propuestos resultan idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. De ahí que se pueda colegir razonablemente que el inculpado, aquí quejoso, probablemente realizó de manera directa el hecho que se le imputa, mismo que es considerado instantáneo porque su consumación se agotó en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. Conducta que es dolosa, pues sabía que es contrario a la ley efectuar tocamientos en el cuerpo de la víctima que en el momento de los hechos era menor de edad, sin que se alegara por las partes alguna excluyente de incriminación o una causa de extinción de la acción penal. Cabe destacar que, de la videograbación de las audiencias en cuestión, no se aprecia que el quejoso o su defensa hayan incorporado y verbalizado datos de prueba suficientes para desvirtuar los hechos imputados, salvo un informe policial que únicamente ratifica la inspección del lugar de los hechos, cuestión que ya había sido incorporada por el fiscal acusador. Sin que obste a lo anterior, que la defensa verbalizó diversas razones por las cuales estimó que los datos de prueba con los que la fiscal sostuvo su solicitud no son idóneos, pues las declaraciones son incongruentes y los dictámenes, tanto médico como psicológico no resultan razonables ni suficientes para soportar la vinculación. De igual forma, respecto del cuarto requisito, la responsable señaló que de lo expuesto en la audiencia no se advertía que se actualizara alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De lo anterior se puede colegir que fue jurídicamente correcto el proceder de la Juez de Control, pues se advierte que su análisis no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que los datos de prueba proporcionan indicios razonables y suficientes -al menos hasta ese estadio procesal- para informar sobre la existencia del hecho que la ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado en el artículo 327 del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de la menor de identidad reservada con iniciales G.X.U.P. Datos de prueba de los que se puede establecer que el once de mayo de dos mil diecinueve, aproximadamente a las cuatro treinta de la tarde, por la sala pastoral de la Iglesia Adventista que se ubica en avenida Pedro Méndez sin número colonia centro de Cunduacán Tabasco, probablemente el imputado inmovilizó contra la pared a la menor de edad de identidad reservada con iniciales G.X.U.P. de nueve años de edad y metió sus manos dentro de su ropa interior, de su calzón y metió dos de sus dedos dentro de la vagina, acto seguido, la amenazó que si decía algo le iba a pasar algo a sus papás. Se estima lo anterior, pues contrario a lo sostenido por el impetrante, la juzgadora responsable al realizar la valoración libre, lógica, integral y armónica le permitió concluir que el ahora quejoso fue la persona que probablemente cometió el hecho que se le imputa donde quedaron establecidos el tiempo y circunstancias de su ejecución. De ahí que, las manifestaciones de su defensa por medio de las cuales pretende restar valor probatorio a los datos de prueba verbalizados por la fiscalía son infundados, puesto que inverso a su argumento no son carentes de razonabilidad, idoneidad y por tanto resultan suficientes para soportar el acto que reclama. Además, invocó correctamente el marco jurídico que sostiene su resolución y adminiculó las razones por los cuales fue procedente su decisión. En abono a lo anterior se reitera que resultan infundados dichos motivos de disenso, ya que en esta etapa procesal únicamente se toman en cuenta los datos de prueba verbalizados por el fiscal acusador y los datos que en su caso ofrezca la parte imputada respecto de los hechos imputados, ya que la valoración formal del acervo probatorio es una actividad propia de la etapa de juicio oral, además de que la parte quejosa no exhibió prueba alguna para controvertir los datos de prueba presentados por la representación social También, como ya quedó precisado, al quejoso le fue garantizado debidamente la protección de los derechos humanos que el marco de regularidad constitucional le ofrece dentro de la prosecución del proceso penal al que está sujeto, en particular al derecho de defensa en virtud de que fue asistido, en principio por un defensor público y posteriormente, por un defensor particular, quienes se impusieron con oportunidad de la carpeta de investigación y realizaron manifestaciones a favor de su representado en contestación a la solicitud de auto de vinculación a proceso formulada por el Fiscal, además de que la defensa solicitó auto de no vinculación a proceso a favor de su defendido, se le otorgó copia certificada de la audiencia inicial, siendo además, notificado de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso y de cierre de investigación, de ahí que se evidencia que no se violó su derecho de defensa adecuada. Con base en todo lo anterior, este órgano de amparo estima que la providencia cautelar de prisión preventiva, se encuentra ajustada a derecho y por tanto, no se considera una medida arbitraria, toda vez que su dictado se presentó en el marco de la imputación de parte de la fiscal del Ministerio Público, respecto de un tipo delictivo que prevé tal medida como de aplicación oficiosa y además, como ya se dijo, existen datos de prueba suficientes para suponer la probable responsabilidad del aquí quejoso. Máxime si, el tipo penal que se le reprocha al imputado en la causa de origen -pederastia- tiene como característica intrínseca, la de tener aparejada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en términos de la fracción IX del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que no es el caso de que el impetrante, al ser probable responsable de una conducta que por su gravedad amerite prisión preventiva oficiosa, pueda gozar de una salida alterna. En ese tenor, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, no violenta derecho humano alguno del impetrante de amparo, pues a través de su cauce no se prejuzga sobre la culpabilidad o inocencia, ni se le impone pena alguna, sino que, tiene como objeto asegurar que permanezca vinculado al procedimiento punitivo en tanto no se haya dictado sentencia definitiva. A lo antes considerado, sirve de apoyo el criterio 1a. CXXXV/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 493, Materias Constitucional-Penal, Décima Época, registro 2001432, de rubro y texto: PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no pueden suprimirse el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la propia convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Ahora bien, la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, mediante un auto de formal prisión dictado por un delito que merezca pena de prisión; lo que es acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada." De ahí que no le asista la razón al quejoso y por consiguiente, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Resulta importante destacar que la presente resolución atiende al contenido fundamental de lo planteado por el quejoso, sin que ello se traduzca en falta de exhaustividad o lesión en la posibilidad defensiva, sino que, se reitera, se aborda lo toral de los planteamientos propuestos en su concepto de violación. Lo anterior, ya que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos judiciales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Encuentra apoyo dicha consideración en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CVIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, materia constitucional, página 793, registro 172517, de rubro y texto: GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". Ahora, esta juzgadora considera que, en atención a la argumentación que soporta la presente resolución, donde se sostiene que la vinculación a proceso dictada en contra del quejoso no transgredió sus derechos humanos en ningún sentido, ni en particular el principio del debido proceso ni la presunción de inocencia, es que los postulados en los que se basan los criterios judiciales invocados por este no resultan procedentes ni aplicables para conceder la protección solicitada. Lo anterior, dado que, como ya se afirmó la autoridad responsable de ninguna forma transgredió su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos del impetrante durante el desarrollo de las diligencias de donde derivó el acto que por esta vía se reclama. Máxime que, al tratarse de tesis aisladas, conforme a lo establecido por el artículo 217 de la Ley de Amparo no revisten observancia obligatoria para este juzgado federal. Además, del análisis practicado al audio y video de las audiencias que precedieron a la emisión del auto de vinculación, como ya se afirmó, no se advierte falta de seriedad o parcialidad de parte del Juez de Control responsable. Consecuentemente, ante lo infundado de los argumentos depuestos y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor del recurrente, en acatamiento a lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintidós dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *********, por las razones y consideraciones que quedaron precisadas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que del rastreo realizado en la página electrónica https://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/Segui mientoEnvio/Seguimiento.aspx al número de guía MN038114492MX se advierte que el oficio 19116/2022, por el cual se ordenó emplazar al licenciado Mario Alberto Ávalos Colomé, Fiscal del Ministerio Público adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, Tabasco, en su calidad de tercero interesado, fue recibido el diez de junio de dos mil veintidós, por lo que el plazo de ocho días previsto por el numeral 117 de la Ley de Amparo, le transcurre del catorce al veintitrés de junio de dos mil veintidós, con excepción de los días inhábiles que contempla el artículo 19 de la Ley de la Materia. En mérito de lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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