Darwin Manuel Sánchez

Expediente 325/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
325/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
19/05/2022

Partes del expediente

  • Darwin Manuel Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por DARWIN MANUEL SÁNCHEZ; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase al JUEZ DE CONTROL DE LA REGION JUDICIAL DOS DE CUNDUACÁN, TABASCO, un disco en formato DVD de audio y video, derivado de la causa penal 24/2022, de su índice, la que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.5 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y se negó y declaró sin materia la definitiva solicitada, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 325/2022-4, promovido por *********, contra los actos que reclama del Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Atención Masiva de Causas adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el ocho de marzo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada el once siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el catorce posterior, Darwin Manuel Sánchez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y de las autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 "(.) LA ORDEN DE APREHENSIÓN, DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN (.)" 2 "(.) LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN, DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN (.)" AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Atención Masiva de Causas adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, Tabasco. 2 Juez de Control y Oralidad de la Región Dos de Cunduacán, Tabasco. 3 Jefe de Grupo de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, Tabasco. 4 Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía del Ministerio Público de la Unidad de Atención Masiva de Causas adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, Tabasco. 5 Director General de la Policía de Investigación del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El quince de marzo de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 325/2022-4 del índice de este juzgado; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; se reservó acordar sobre quien pudiese tener el carácter de tercero interesado; se ordenó tramitar el incidente de suspensión, por haberse solicitado expresamente en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La orden de aprehensión, detención y presentación girada en contra del quejoso. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado sintetizado en el considerando precedente, incoado a la Juez de Control responsable, pues de las manifestaciones realizadas en el informe respectivo y las constancias relativas que remitió en justificación, se evidencia su inexistencia. Condición que se corrobora con el DVD (Disco Versátil Digital) que contiene el audio y video de las audiencias de diecinueve de enero, veintisiete de febrero y cuatro de marzo todas de dos mil veintidós, relativas a la privada de orden de aprehensión; la inicial de formulación de imputación y medida cautelar, así como la continuación en la fase de vinculación a proceso y plazo de cierre de investigación celebradas dentro de la carpeta administrativa 24/2022 del índice del citado juzgado de control responsable; así como la respectiva reproducción de las actas mínimas de las citadas diligencias. [Fojas 26 a 28] Documentales a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, titulada: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". En ese tenor, de las citadas constancias, génesis del acto reclamado, se desprende que mediante, mediante audiencia privada de diecinueve de enero de dos mil veintidós, celebrada en la carpeta administrativa 24/2022, se giró orden de aprehensión en contra de Darwin Manuel Sánchez -aquí quejoso-, por el hecho delictuoso de pederastia, previsto y sancionado en el artículo 327 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, en agravio de la menor de edad de identidad reservada con iniciales G.X.U.P. representada por Leticia Pérez de la Cruz. Luego, en tuvo verificativo la audiencia inicial de formulación de imputación e imposición de medida cautelar de veintisiete de febrero de dos mil veintidós y su continuación en la fase de vinculación a proceso y plazo de cierre de investigación de cuatro de marzo de dos mil veintidós, por medio de la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso. De esta suerte, se ha evidenciado que, previa a la presentación de la demanda de amparo -ocho de marzo de dos mil veintidós-, la orden de aprehensión ya no surtía efectos en la esfera jurídica del impetrante, toda vez que, dentro del proceso penal de origen ya se había ejecutado e incluso, además se había resuelto su situación jurídica, en virtud de que la juez de control dictó el auto de vinculación a proceso en su contra; motivo por el cual el acto reclamado del que se duele el impetrante deviene inexistente. Sostiene lo anterior el mismo razonamiento que sustenta la tesis de jurisprudencia P./J. 57/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Octubre de 1996, página 72, novena época, materia penal, registro digital 200027, de rubro y texto: "ORDEN DE APREHENSION. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE CUANDO YA SE DICTO FORMAL PRISION Y LUEGO SE RECLAMA AQUELLA EN FORMA AISLADA. Cuando el amparo se promueve después de dictada la formal prisión, y no se reclama ésta sino solamente la orden de aprehensión, resulta improcedente el juicio, no por haber operado el cambio de situación jurídica, ni por haber cesado sus efectos, sino porque resulta inadmisible que, en esa hipótesis, se divida la continencia de la causa y se reclame solamente uno de los actos procesales que afectan al promovente (orden de aprehensión) y el otro no (formal prisión). Tal proceder, además de ilógico, resulta contrario a los principios de concentración y de economía procesal que inspiran al juicio de amparo, e inconveniente a todas luces, pues daría lugar a la promoción de demandas mal intencionadas, contrarias a la naturaleza del juicio constitucional, que tiene como propósito fundamental la defensa de las garantías individuales y no erigirse en un mecanismo procesal para entorpecer la administración de la justicia. Estas razones justifican, en tal supuesto, el sobreseimiento del juicio con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, la cual se relaciona aquí con los principios generales de derecho antes indicados, que son consubstanciales al juicio de garantías y cuya aplicación autoriza el artículo 14 constitucional." Por ende, para estar en aptitud legal de examinar si dicho acto es violatorio de los derechos fundamentales a que se refiere el aquí quejoso, era imprescindible que demostrara su existencia, pues ninguna eficacia probatoria tiene para ello la circunstancia de su señalamiento en la demanda de amparo. En ese sentido, lo procedente es sobreseer en el juicio en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, dada la inexistencia del acto génesis de la presente controversia constitucional. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio del concepto de violación formulado en la demanda de amparo, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de quince de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguense a los autos para que obren como correspondan los informes justificados, rendidos por el POLICIA DE INVESTIGACION por sí y en representación del JEFE DE GRUPO de la citada policía de investigación y Fiscal del Ministerio Público, todos adscritos al Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, Tabasco, autoridades señaladas como responsables y; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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