Darling Imara Sánchez Espinoza

Expediente 1046/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 53 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1046/2021
Año
2021
Actuaciones
53
Última actuación
27/01/2022

Partes del expediente

  • Darling Imara Sánchez Espinoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 53.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el proveído dictado en este juicio el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho proveído en el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional, ha causado estado; para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos ni billetes de depósito que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional y que dicha determinación causa estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Subdirectora de Juicios de Amparo como servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior , con fundamento en lo dispuesto por el artículo 158 del Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación, en suplencia por ausencia del Sub Comisionado Jurídico y del Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la citada Secretaría, por el cual da cumplimiento a lo solicitado por auto de veintisiete de diciembre del año próximo pasado. Sin que haya lugar a proveer de conformidad, toda vez que de la certificación que antecede, se advierte que el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. No obstante lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 9° de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la citada autoridad a los profesionistas que refiere, y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica. Por otra parte, como lo pide, con apoyo en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene proporcionando correo electrónico el que señala; lo anterior, a fin de que la actuaría establezca contacto con dichas partes para generar condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicarse, resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes.

  3. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta signado por en su carácter de Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en atención a su contenido, se provee: Como lo solicita la promovente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvanse los documentos que refiere, previo desglose, copia certificada y razón de recibo que se deje en autos, teniendo por autorizada para recibirlo a la persona que indica. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, a fin de recoger los documentos antes referidos deberá generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", sistema "Agenda OJ". Lo anterior hágase del conocimiento de la referida autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VIENTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acuerdo: Glósese el oficio INM/ORSLP/DAJ/0995/XII/2021 que vía electrónica remite el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, con sus anexos. Prueba. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada en este acto, dada su propia y especial naturaleza, la prueba documental que acompaña dicha autoridad. Acuerda sobre comunicación. Visto el contenido del oficio que se agrega, en la parte en la que manifiesta: "[.] Ello es así, en virtud de que ha cambiado la situación jurídica al dictarse acuerdo de conclusión en el Procedimiento Administrativo Migratorio seguido a la menor quejosa, por la imposibilidad material de continuarlo. [.]" Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Conforme con lo anterior, del escrito inicial de demanda se advierte que la promovente del amparo reclama la privación de la libertad de la menor quejosa de la que fue objeto en la estación migratoria con sede en esta ciudad, el derecho a permanecer unida a la promovente que dijo ser su pariente, quien dice ser responsable de ella, el desahogo del procedimiento migratorio administrativo migratorio de las niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados por sus familiares, la omisión en la elaboración de un diagnóstico y plan de restitución de derechos en favor de la menor quejosa, así como las consecuencias legales de dichos actos. Causal de improcedencia. Visto el oficio de cuenta y sus adjuntos, se estima que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. Calificación e hipótesis. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [...]" Dicha fracción dispone que cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impida resolver sin afectar la nueva situación jurídica, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En torno a dicha causa de improcedencia se precisa que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Caso concreto. De las constancias que obran en autos, así como del oficio y su anexo que se agregan en este proveído, las que adquieren eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 fracciones II y VII, 129, 188, 197, 202 y 10-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se advierte: La menor de identidad reservada de iniciales A.C.C.E., promovió demanda de amparo, en la que reclamó del Titular de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, la privación de la libertad de la que fue objeto en la estación migratoria con sede en esta ciudad, el derecho a permanecer unida a la promovente que dijo ser su pariente, quien dice ser responsable de ella, el desahogo del procedimiento migratorio administrativo migratorio de las niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados por sus familiares, la omisión en la elaboración de un diagnóstico y plan de restitución de derechos en favor de la menor quejosa, así como las consecuencias legales de dichos actos. Sin embargo, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, mediante oficio INM/ORSLP/DAJ/0995/XII/2021, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional el cambio de situación jurídica de la solicitante del amparo, al dictarse el acuerdo de conclusión en el procedimiento administrativo que le fue instaurado, y para justificar lo anterior, acompañó copia certificada del acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el procedimiento correspondiente. En efecto, se acompañó copia certificada del acuerdo de conclusión del procedimiento administrativo migratorio, instaurado en contra de la menor quejosa de identidad reservada de iniciales A.C.C.E., dada la imposibilidad material de continuarlo. En ese sentido, se considera que cambió la situación jurídica de la menor quejosa de identidad reservada de iniciales A.C.C.E., por lo que ve al alojamiento temporal en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, la deportación, el procedimiento administrativo migratorio reclamado y el artículo 111 de la Ley de Migración. Lo que hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a los mencionados actos reclamados, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica imperante en el procedimiento administrativo migratorio de origen, generada con el acuerdo de conclusión de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. De ahí que, este juzgador no puede analizar la constitucionalidad de los actos reclamados en cuestión, sin afectar la nueva situación jurídica generada, en razón de que en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquéllos, afectaría la generada con motivo del citado acuerdo de conclusión de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Apoya lo anterior, por las consideraciones emitidas en la tesis aislada I.11o.C.28 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que expresa: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autonomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia". Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efectos audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada en el presente juicio de amparo para las diez horas con cuarenta minutos del catorce de enero de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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