Dante Enjoly Rodríguez Ayala

Expediente 176/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
176/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/07/2021

Partes del expediente

  • Dante Enjoly Rodríguez Ayala

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio 292-B, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. Téngase por recibidos los autos del juicio de amparo 176/2021-III y copia certificada de la ejecutoria de diez de junio del año en curso, pronunciada en el toca de queja 92/2021. Acúsese recibo; glósese el cuadernillo de antecedentes formado con motivo del recurso de queja; háganse las anotaciones correspondientes; notifíquese a las partes la llegada de estos autos y el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "[.] ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja.". Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Destrucción juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el cinco de marzo de dos mil veintiuno, se desechó la demanda, con que se formó este expediente y que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, declaró infundado el recurso de queja interpuesto en contra de dicha determinación, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materas Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja que promovió la parte quejosa en contra del acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo, mismo que quedo registrado con el consecutivo 92/2021 de su índice.

  3. Principal

    Agréguese el escrito signado por el quejoso; en atención a su contenido, se provee: Recurso de queja De conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se le tiene por interponiendo recurso de queja en contra del acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente. Remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, el escrito de expresión de agravios y copia del mismo, así como los autos originales del juicio en que se actúa; para la substanciación del recurso de queja hecho valer.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que ********, contra actos del Inspector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gobierno del Estado y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado y fórmese el expediente de amparo bajo el número 176/2021-III. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Del estudio integral que se efectúa a la demanda se colige que la parte quejosa reclama el acta 01452 de uno de octubre de dos mil diecinueve, en la cual se detuvo el vehículo Chevrolet Aveo placas UZM-527-A de San Luis Potosí, modelo 2018, serie LSGHD52H8JD063434 y, las consecuencias de la misma, como lo es la puesta a disposición del citado vehículo en Grúas del Real y multa de trescientas unidades de medida y actualización. Desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez de Distrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Causa de improcedencia. En el presente caso, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento" El artículo trascrito se refiere a la oportunidad de la presentación de la demanda en el juicio de amparo y al efecto indica que si el precitado medio de control constitucional no se promueve dentro de los plazos previstos, entonces se entenderá que el acto reclamado fue consentido tácitamente y por ende, da origen a una causal de improcedencia del juicio de amparo. En virtud de que la indicada fracción XIV del artículo 61 de la Ley de la Materia hace una remisión expresa al capítulo relativo a los plazos judiciales del propio ordenamiento, se impone enseguida transcribirlos para determinar el alcance del numeral en mención, lo que se hace de la siguiente forma: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los anteriores enunciados normativos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Como plazo genérico para la promoción del juicio de amparo, el legislador federal estatuyó quince días, el cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En relación con esta última prescripción normativa, es factible traer a contexto la interpretación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del artículo 21 de la derogada Ley de Amparo -cuyos términos contextuales son similares y, por ende, su aplicación es posible de conformidad con el artículo sexto transitorio -; en el que se consideró que se establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución. c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. En el caso, el quejoso reclama el acta 01452 de once de octubre de dos mil diecinueve, en la cual se detuvo el vehículo que dice es de su propiedad el cual lo describe como Chevrolet Aveo placas UZM-527-A de San Luis Potosí, modelo 2018, serie LSGHD52H8JD063434 y, las consecuencias de la misma, como lo es la puesta a disposición del citado vehículo en Grúas del Real y multa de trescientas unidades de medida y actualización. Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad que narra el quejoso, se advierte lo siguiente: El quejoso dice ser dueño de un vehículo Chevrolet Aveo placas UZM-527-A de San Luis Potosí, modelo 2018, serie LSGHD52H8JD063434. Dicho bien lo prestó a Hugo Gerardo Blanco Loredo. 3. El uno de octubre de dos mil diecinueve, el quejoso recibió una llamada de parte de Hugo Gerardo Blanco Loredo, quien le informó que su jefe le solicito apoyo para trasladar unas personas a empresa donde labora y que en el trayecto le fue recogido el vehículo por personal de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis pues supuestamente estaba dando servicio de transporte público. 3. El diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, cuando el quejoso regresó a San Luis Potosí, se constituyó en la Secretaria de Comunicaciones y transportes del Estado, donde solicitó la devolución de su vehículo dado el atropello a sus derechos, cuestión que se le negó. De lo anterior se advierte, que el quejoso tuvo conocimiento de la detención de su vehículo por parte de la autoridad responsable desde el uno de octubre de dos mil diecinueve, fecha en la cual recibió la llamada por parte de Hugo Gerardo Blanco Loredo, en donde le hizo saber dicha situación ya que pues supuestamente estaba dando servicio de transporte público; siendo que es la misma fecha del acta 01452 en la cual se detuvo el vehículo Chevrolet Aveo placas UZM-527-A de San Luis Potosí, modelo 2018, serie LSGHD52H8JD063434. Por tanto, es indudable que el término de quince días a que se refiere el transcrito numeral 17 de la Ley de Amparo, comenzó a transcurrir el dos de octubre de dos mil diecinueve, feneciendo dicho término el veintidós de octubre del mismo año, descontando de ese cómputo, los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de octubre de dos mil diecinueve, que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fueron inhábiles, tal como se ilustra en el cuadro siguiente: Octubre de 2019 L M M J V S D 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Fecha en que tuvo conocimiento Vencimiento del término Días inhábiles Luego, si la demanda de amparo a estudio fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en el Estado, el tres de marzo de dos mil veintiuno, según se desprende del sello de recibido, se concluye que la presentación de la demanda resulta extemporánea al haber fenecido el plazo que la ley le concedía para tal efecto, y como consecuencia de ello, el acto reclamado se considera como tácitamente consentido para los efectos del juicio constitucional, lo que por sí solo, hace que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que la parte quejosa señale en su escrito de demanda que hasta el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, regresó a San Luis Potosí, se constituyó en la Secretaria de Comunicaciones y transportes del Estado, donde solicitó la devolución de su vehículo dado el atropello a sus derechos, cuestión que se le negó, toda vez que tuvo conocimiento desde el uno de octubre de dos mil diecinueve tuvo conocimiento del acto reclamado, como lo señala el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia con registro 163172 antes señalada, no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia -llamada de uno de octubre de dos mil diecinueve de Hugo Gerardo Blanco Loredo, quien le informó que su jefe le solicito apoyo para trasladar unas personas a empresa donde labora y que en el trayecto le fue recogido el vehículo por personal de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis pues supuestamente estaba dando servicio de transporte público-, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Además, que de las documentales que acompañó a su escrito de demanda consistentes en: (i) el oficio con folio 00641-19 de once de octubre de dos mil diecinueve, signado por Director General de Comunicaciones y Transportes del Estado, dirigido a la Oficina Recaudadora de Finanzas, para que efectuara el cobro correspondiente a trescientas Unidades de Medida y Actualización a Dante Enjoly Rodriguez Ayala; (ii) tajeta de circulación expedida por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí a favor de Dante Enjoly Rodriguez Ayala, prestecto del vehículo Chevrolet Aveo placas UZM-527-A de San Luis Potosí, modelo 2018, serie LSGHD52H8JD063434; y, (iii) acta de retiro de vehículo no concesionado 01452 de uno de octubre de dos mil diecinueve, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, la cual tiene valor probatorio pleno por ser documental pública, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente de conformidad con el numeral 2º, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones emitidas por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, no se advierte que estos le hayan sido notificados al quejoso como lo señala el diecisiete de febrero del dos mil veintiuno; sin embargo, sí se evidencian que el uno de octubre del dos mil diecinueve se detuvo el vehículo del quejoso del que dice es propietario, tal y como se lo había indicado Hugo Gerardo Blanco Loredo. Decisión. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. De conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario "omunozm", la consulta del expediente electrónico. Exhortación al resto de las partes -juicio en línea- Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Uso de aparatos electrónicos Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Notifíquese personalmente.

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