Dario Estanislao Zuñiga Escobedo

Expediente 1286/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 28 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1286/2017
Año
2017
Actuaciones
28
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Dario Estanislao Zuñiga Escobedo
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el uno de marzo de dos mil veintiuno, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de dos de marzo del presente año, se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el diecisiete de marzo del presente año; por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del diecinueve al veintitrés de marzo siguientes, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, tal como se desprende de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Por sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, este juzgado determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "a) Las autoridades responsables Gobernador y Congreso, ambos del Estado, con residencia en esta ciudad, desincorporen de la esfera jurídica del gobernado el contenido de los artículos 20, fracción II, y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y se abstengan de aplicarlo en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos. b) Las autoridades Director General y Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, deberán dejar insubsistente el dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio concedido con efectos a partir del dieciséis de julio de dos mil nueve; y emitir uno nuevo en el cual de un trato igual al gobernado a aquel que señala la tabla que establece el arábigo 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para el caso de las mujeres. c) El Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit deberá cubrir al quejoso el importe de su pensión, en los términos antes señalados, previo dictamen que se sirvan emitir las autoridades citadas en el párrafo anterior, así como reintegrarle el pago retroactivo de las cantidades que dejó de percibir el quejoso con motivo de la normativa declarada inconstitucional; desde la fecha en que se generó el derecho a la misma, que fue el dieciséis de julio de dos mil nueve. Lo anterior en razón de que el Secretario de Administración y Finanzas con sede en esta ciudad, es la autoridad encargada de la elaboración de la nómina del Fondo de Pensiones; por ende, le compete efectuar el pago de su pensión a la parte quejosa en los términos precisados en la presente sentencia. Devolución que deberá efectuar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore un acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial debidamente certificadas, para acreditar el cumplimiento al fallo protector.". Inconforme con lo anterior, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, interpuso recurso de revisión, el cual, por razón de turno, conoció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, cuyos integrantes, por una parte, lo registraron con el número 864/2019 y, por otra, en cumplimiento a la resolución emitida en el recurso de reclamación 51/2019 de su estadística, lo desecharon, por lo que en auto de veinte de febrero de dos mil veinte, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria en análisis. Así, a través de los oficios presentados en la oficialía de partes de este juzgado el cinco y once de marzo, cinco de agosto y siete de septiembre, todos de dos mil veinte, asimismo, por el recibido el uno de marzo del año en curso, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó las gestiones que realizó, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, esto es: El veintisiete de febrero de dos mil veinte, el director del fondo de pensiones responsable notificó al aquí quejoso el oficio FP/301/2020 de veinticuatro de febrero anterior, por el cual se le informó que desincorporó de su esfera jurídica la porción normativa reclamada en el presente juicio; asimismo, que dejó insubsistente el dictamen de pensión por retiro por edad y años de servicio de dieciséis de julio de dos mil nueve. El diez de marzo de dos mil veinte, se devolvió al quejoso, vía transferencia bancaria, la cantidad de $37,543.74 (treinta y siete mil quinientos cuarenta y tres pesos 74/100 moneda nacional), por concepto de pago por diferencias de incremento de porcentaje. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit emitió un dictamen de pensión por edad y tiempo de servicio a favor del aquí quejoso por el equivalente al 92.31% (noventa y dos punto treinta y un porciento) de su último salario, con efectos a partir de esa fecha. Asimismo, remitió las constancias con las cuales fundamentó la determinación relativa a la devolución materia de concesión de amparo. Por tanto, es evidente que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, pues, como se vio, por una parte, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales, por otra, dejó sin efecto el aludido dictamen de pensión y, finalmente, emitió otro en el que, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, dio un trato igual al contemplado en la ley combatida para el caso de las mujeres; asimismo, reintegró, de manera retroactiva, las diferencias económicas que el quejoso dejó de percibir con motivo de la aplicación de la norma reclamada. En ese contexto, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, dado que, se reitera, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Así, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados; asimismo, no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el uno de marzo de dos mil veintiuno, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de dos de marzo del presente año, se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el diecisiete de marzo del presente año; por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del diecinueve al veintitrés de marzo siguientes, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, tal como se desprende de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Por sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, este juzgado determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "a) Las autoridades responsables Gobernador y Congreso, ambos del Estado, con residencia en esta ciudad, desincorporen de la esfera jurídica del gobernado el contenido de los artículos 20, fracción II, y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y se abstengan de aplicarlo en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos. b) Las autoridades Director General y Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, deberán dejar insubsistente el dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio concedido con efectos a partir del dieciséis de julio de dos mil nueve; y emitir uno nuevo en el cual de un trato igual al gobernado a aquel que señala la tabla que establece el arábigo 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para el caso de las mujeres. c) El Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit deberá cubrir al quejoso el importe de su pensión, en los términos antes señalados, previo dictamen que se sirvan emitir las autoridades citadas en el párrafo anterior, así como reintegrarle el pago retroactivo de las cantidades que dejó de percibir el quejoso con motivo de la normativa declarada inconstitucional; desde la fecha en que se generó el derecho a la misma, que fue el dieciséis de julio de dos mil nueve. Lo anterior en razón de que el Secretario de Administración y Finanzas con sede en esta ciudad, es la autoridad encargada de la elaboración de la nómina del Fondo de Pensiones; por ende, le compete efectuar el pago de su pensión a la parte quejosa en los términos precisados en la presente sentencia. Devolución que deberá efectuar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore un acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial debidamente certificadas, para acreditar el cumplimiento al fallo protector.". Inconforme con lo anterior, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, interpuso recurso de revisión, el cual, por razón de turno, conoció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, cuyos integrantes, por una parte, lo registraron con el número 864/2019 y, por otra, en cumplimiento a la resolución emitida en el recurso de reclamación 51/2019 de su estadística, lo desecharon, por lo que en auto de veinte de febrero de dos mil veinte, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria en análisis. Así, a través de los oficios presentados en la oficialía de partes de este juzgado el cinco y once de marzo, cinco de agosto y siete de septiembre, todos de dos mil veinte, asimismo, por el recibido el uno de marzo del año en curso, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó las gestiones que realizó, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, esto es: El veintisiete de febrero de dos mil veinte, el director del fondo de pensiones responsable notificó al aquí quejoso el oficio FP/301/2020 de veinticuatro de febrero anterior, por el cual se le informó que desincorporó de su esfera jurídica la porción normativa reclamada en el presente juicio; asimismo, que dejó insubsistente el dictamen de pensión por retiro por edad y años de servicio de dieciséis de julio de dos mil nueve. El diez de marzo de dos mil veinte, se devolvió al quejoso, vía transferencia bancaria, la cantidad de $37,543.74 (treinta y siete mil quinientos cuarenta y tres pesos 74/100 moneda nacional), por concepto de pago por diferencias de incremento de porcentaje. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit emitió un dictamen de pensión por edad y tiempo de servicio a favor del aquí quejoso por el equivalente al 92.31% (noventa y dos punto treinta y un porciento) de su último salario, con efectos a partir de esa fecha. Asimismo, remitió las constancias con las cuales fundamentó la determinación relativa a la devolución materia de concesión de amparo. Por tanto, es evidente que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, pues, como se vio, por una parte, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales, por otra, dejó sin efecto el aludido dictamen de pensión y, finalmente, emitió otro en el que, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, dio un trato igual al contemplado en la ley combatida para el caso de las mujeres; asimismo, reintegró, de manera retroactiva, las diferencias económicas que el quejoso dejó de percibir con motivo de la aplicación de la norma reclamada. En ese contexto, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, dado que, se reitera, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Así, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados; asimismo, no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit y anexo que acompaña relativo a la evidencia criptográfica del archivo magnético en cuestión, a través del cual remite el diverso comunicado 304-II, de dieciocho de febrero del año en curso, suscrito por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, residente en esta ciudad y anexo, consistente en el oficio sin número de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, por el que interpone recurso de reclamación contra la determinación emitida por el Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en el recurso de quejosa 395/2020 derivado del amparo indirecto 83/2020-II. Lo anterior, porque afirma que dicha misiva corresponde al juicio de amparo ********************sin embargo, como se advierte de la certificación que antecede y del propio contenido del oficio de referencia, se obtiene que va dirigido al j******************** de su estadística; por tanto, previa copia que de éste se deje en autos, devuélvase a la autoridad oficiante el comunicado sin número de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña, a través del cual, en atención al requerimiento contenido en autos, remite el oficio DA y DP/113/2021, de veintidós de febrero del presente año, signado por el Director de Administración y Desarrollo de Personal la Directora General, quien a su vez proporciona el original del comunicado 086/DGSA/RH/FEBRERO/2021, de quince de febrero actual, emitido por la Directora de General de los Servicios Administrativos de la Secretaría de Educación, así como copias fotostáticas de las minutas de acuerdos con motivo de la revisión del pliego de demandas del personal transferido a las entidades federativas, celebradas entre la Secretaría de Educación Pública Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la representación de las autoridades educativas de las entidades federativas correspondientes a los años 2009 al 2020, documentos de donde se dice derivan los aumentos salariales y prestaciones ordinarias y extraordinarias del personal administrativo de la Secretaría de Educación En ese sentido, con el comunicado de mérito y documentales que se acompaña, de conformidad con el arábigo 196, primer párrafo de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, con apercibimiento de que en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos, se hará pronunciamiento en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en la circular SECNO/10/2021 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El levantamiento de la suspensión implica que se debe continuar el trámite del presente asunto, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque con los siguientes ajustes: 1.1. Comunicación a las partes. De conformidad con las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en las que se determinó el regreso al esquema de contingencia del artículo 1 del Acuerdo General 13/2020 a partir del uno al nueve de febrero y del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente, se suspendieron los plazos en esas fechas y en base a la circular SECNO/10/2021 en que se ordenó de nueva cuenta la aplicación del Acuerdo General 21/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. 1.2. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.2.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 1.2.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.2.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, la secretaria o el secretario encargado de la tramitación del asunto brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario de las 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes. Los datos de contacto de la secretaria o el secretario encargado del asunto serán proporcionados en las instalaciones del juzgado, previa cita para acudir que haga el interesado. 1.2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 1.2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada de este juzgado para su consulta por los interesados. 1.2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.3. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2. ESTADO PROCESAL. Se encuentra en etapa de ejecución. 3. LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA ACTUARIOS EN MATERIA DE NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 3.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede); lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 3.2. Excepcionalmente, las notificaciones se harán de forma personal, cuando así se ordene en la resolución respectiva. 3.3. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 1jdo24ctoaj@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 5. SE AGREGA OFICIO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual remite el diverso comunicado presentado en ese Juzgado, por el Delegado de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad y anexo que acompaña; por tanto, agréguese a sus autos el comunicado de mérito y documental que acompaña para los efectos legales a que haya lugar. En ese tenor, téngase al Delegado de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, informando que en vías de cumplimiento al fallo protector y en atención al requerimiento contenido auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Director Jurídico Contencioso de dicha secretaría, emitió el comunicado DGJ/DJC/SAF/228/2021, de veintinueve de enero del año en curso, al Director de Administración y Desarrollo de Personal, a fin de requerirle los documentos oficiales que soportan y fundamentan los incrementos de pensión otorgados a la parte quejosa, como lo acredita con el anexo que acompaña. Por otro lado, en relación a la prórroga que solicita la oficiante le sea concedida a fin de dar cumplimiento con el requerimiento de que se trata; al respecto, como el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado al disidente y a fin de dar prontitud a la ejecutoria de amparo, de conformidad con los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo en el párrafo que antecede, se le concede una prórroga por el plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que la responsable de mérito esté en condición de dar cumplimiento a lo requerido en su oportunidad. 6. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE REANUDACIÓN. Este acuerdo deberá ser notificado en los términos siguientes: 6.1. Por oficio a las autoridades y al Agente del Ministerio Público Adscrito. 6.2. Por lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional a la parte quejosa. NOTIFÍQUESE EN LOS TÉRMINOS INDICADOS.

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