Darío Alanís Chavarín

Expediente 453/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
453/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
07/07/2021

Partes del expediente

  • Tribunal Unitario Agrario Distrito Diecinueve, Con Sede En Esta Ciudad
  • Darío Alanís Chavarín
  • Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, A SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra el proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno, dentro del plazo que prevé el dispositivo 98 de la legislación de la materia; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley reglamentaria de los ordinales 103 y 107 Constitucionales, por disposición expresa en su arábigo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 214 de la Legislación en comento, aplicado contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso d) del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues se desechó de plano la demanda de amparo, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, A CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se despende que por auto dieciocho de febrero del año en curso, se reanudó el procedimiento del presente juicio de amparo; sin embargo, a la fecha no obra constancia en la que se acredite que las autoridades responsables se encuentran notificadas del citado acuerdo por el cual se reanudó el procedimiento; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programa para este día se difiere y en su lugar se señalan las nueve horas con veintinueve minutos del ocho de julio de dos mil veintiuno. Luego, de la audiencia indicada se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la juez y el secretario en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, no es indispensable que concurran a ella las partes, aunque podrán alegar por escrito sin acudir físicamente a dicho acto. Si las partes quieren presenciar la celebración de la audiencia constitucional a través del sistema de videoconferencia en el equipo de cómputo de este juzgado destinado para ese propósito, los interesados deberán informarlo en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, a fin de estar en condiciones de realizar las gestiones que resulten necesarias. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Acuerdo: TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibidas que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.

  4. Principal

    EPIC, NAYARIT, SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el escrito presentado por el quejoso *** a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada por auto de veintinueve de abril del año en curso. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". DESECHAMIENTO. De la lectura integral del escrito de demanda y del escrito aclaratorio, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Darío Alaníz Chavarín, por su propio derecho, dado que se actualizan motivos manifiestos e indudables de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV, así como 17, de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de la que se trata por una parte fue presentada de manera extemporánea respecto del acto reclamado consistente en la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 19, dentro del juicio 662/2018 de su índice, así como su inscripción por parte del Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, ambos con sede en esta ciudad, como se explicara a continuación. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la ley en comento, establece como causa de improcedencia, cuando no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos por el artículo 17, del propio ordenamiento legal, caso en el cual, el acto reclamado será considerado como tácitamente consentido. Dicho precepto legal es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (... ) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1890, Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De lo anterior es posible deducir, que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, página cinco, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En esta instancia constitucional, la parte quejosa combate la determinación dictada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 19, dentro del juicio 662/2018 de su índice, así como su inscripción por parte del Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, ambos con sede en esta ciudad y manifiesta, en su escrito aclaratorio de demanda, bajo protesta de decir verdad, en lo que al caso interesa, lo siguiente: ".BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TAL ACTO QUE ME FUE INFORMADO EL DÍA 11 DE FEBRERO DEL 2020, POR CONDUCTO DEL SEÑOR HUGO SAMUEL ALANIZ HERNÁNDEZ ." Lo subrayado es propio. De la anterior transcripción se advierte, que tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el once de febrero de dos mil veinte; entonces, la fecha que ha de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo es la de trece de febrero de dos mil veinte, tomando en consideración que el término para promover el juicio de amparo comienza a computarse el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. En esos términos, se advierte que el plazo de quince días que la ley precisa para promover demanda de amparo, concluyó el cuatro de marzo de dos mil veinte, exceptuando los días inhábiles por corresponder a sábados y domingos, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Amparo, pues de la propia manifestación que realiza el promovente en su líbelo aclaratorio de demanda, se advierte que adujó bajo protesta de decir verdad, que el once de febrero del año pasado, fue informado de los actos reclamados; en consecuencia, se concluye que el quejoso tuvo conocimiento de los mismos desde la fecha antes indicada, lo que entraña una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2º. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por el quejoso el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo Civil Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad; es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3a. 42, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 279, tomo IV, primera parte, julio-diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 207331, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA LA INTERPOSICION DE LA DEMANDA NO DEBEN COMPUTARSE LOS DIAS INHABILES POR VACACIONES DE LA AUTORIDAD. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I a V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto deberá promoverse directamente ante el Juez de Distrito y los quince días a que se refiere el artículo 21 de la invocada ley para la promoción de la demanda de garantías, son hábiles, naturales y completos. Por su parte el periodo vacacional del que semestralmente disfrutan los tribunales civiles, administrativos o del trabajo, es un lapso en que éstos se encuentran cerrados al público y las partes no tienen oportunidad de imponerse de los autos de los que emana el acto reclamado; en consecuencia, no pueden preparar el material para la elaboración de la demanda de garantías con los datos indispensables para tal efecto, por ello no son computables para el término de la interposición de la petición de amparo. Por tanto, la sentencia del Juez de Distrito que considera extemporánea la demanda de garantías computando entre los días hábiles naturales y completos, alguno de los vacacionales, resulta incorrecta y de conformidad con el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, debe levantarse el sobreseimiento decretado y entrar al estudio de los conceptos de violación relativos." Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, el acto reclamado por la quejosa es la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 19, dentro del juicio 662/2018 de su índice, así como su inscripción por parte del Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, ambos con sede en esta ciudad; dicha determinación, se advierte, no constituye un ataque a la libertad fuera de procedimiento, pues dicho auto fue dictado dentro del juicio agrario de referencia, esto es, dentro de procedimiento judicial, ni tampoco encuadra con alguno de los demás supuestos; de ahí que, en el caso, no se surte la excepción al plazo de quince días para promover juicio de amparo, prevista en la fracción IV del artículo 17 de la citada ley. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Darío Alaníz Chavarín, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el numeral 61, fracción XIV, así como 17, todos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE

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