Dario David Mex Albornoz

Expediente 307/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
307/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Dario David Mex Albornoz

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio 1468/2021, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que fue desechado el recurso de queja interpuesto por el quejoso Mario David Mex Albornoz, contra el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, y se formó el toca 43/2021.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el escrito signado por el quejoso Mario David Mex Albornoz, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA PARTE RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo al considerarse actualizada la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que con las constancias existentes en autos no se acredita la existencia del acto concreto de aplicación de los actos legislativos reclamados. Ahora bien, a fin de acreditar la legalidad de la resolución recurrida, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, una vez notificado a la parte quejosa la interposición del recurso de referencia, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente; asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos que reclama del Gobernador del Estado de Yucatán y de otras autoridades; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. De manera que el quejoso reclama de las autoridades responsables: El Decreto 344/2021, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el veintiocho de enero de dos mil veintiuno. La reforma contenida en el Decreto 344/2021, del artículo 451, como la adición del artículo 446 y el párrafo primero del artículo 451; así como la adición del artículo 166 Bis al capítulo l del título noveno y la tabla de sanciones graves, Grupo 3-C, al anexo l, "Catalogo de Sanciones", del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. La ejecución de la referida norma por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en tanto que con las constancias existentes en autos no se acredita la existencia del acto concreto de aplicación de los actos legislativos reclamados. Ahora bien, antes de proseguir es dable entender que son las normas autoaplicativas y cuáles las heteroaplicativas, a fin de dilucidar la naturaleza de la norma impugnada en la presente vía de amparo. Para que una norma se considere autoaplicativa debe reunir las características necesarias conforme al criterio de clasificación de "individualización incondicionada" aplicable al concepto de interés legítimo. Esto es, para actualizar el interés legítimo cuando el destinatario del mensaje (parte quejosa) impugne una norma por estimar que lo estigmatiza, deberán acreditarse los requisitos siguientes: Que se combata una norma de la cual se pueda extraer un mensaje perceptible objetivamente -que puede ser implícito- del que se alegue exista un juicio de valor negativo o estigmatizador, sin que sea requisito necesario exigir al quejoso acreditar un acto de aplicación de la parte dispositiva de la norma que regule el otorgamiento de beneficios o la imposición de cargas. Que se alegue que ese mensaje negativo utilice un criterio de clasificación sospechoso, en términos del artículo 1º constitucional, del cual, el quejoso es destinatario por pertenecer al grupo identificado por alguno de esos elementos -origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas-. Finalmente, se debe acreditar que el quejoso guarda una relación de proximidad física o geográfica con el ámbito espacial de validez de la norma, sobre el cual se espera la proyección del mensaje. Ahora bien en cuanto a la norma heteroaplicativa para efectos del juicio de amparo, sí requiere de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida. Por lo anterior debe reiterarse que el presente juicio es improcedente, en virtud de que la citada porción normativa es de naturaleza heteroaplicativa, toda vez que la sola entrada en vigor del Decreto norma reclamada no le depara perjuicio alguno a la parte quejosa, ya que la misma versa sobre la sujeción a las medidas de prevención sanitaria, así como la determinación de las faltas graves y su correspondiente imposición de sanciones, las cuales se actualizarán en la esfera de derechos de la parte quejosa, al momento en que la autoridad encargada de su ejecución, en el caso, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, imponga una multa, basándose en los numerales impugnados como inconstitucionales, es decir, es necesario un acto de aplicación por parte de la autoridad, para afectar la esfera de derechos de los gobernados, ello, ya que la naturaleza de la norma, deriva de la actuación de éstos últimos frente al ordenamiento jurídico. Por lo anterior, debe decirse que en el presente caso, la parte quejosa no acredita el interés jurídico para acudir al presente amparo, ya que como refiere en su escrito de demanda, acude a esta instancia constitucional, no en virtud de un acto de aplicación, sino en virtud de la entrada en vigor de la norma; por ende, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Para profundizar en la actualización de la causa de improcedencia que se invocó, es menester señalar que la disposición mencionada, así como el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la ley de la materia, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Conforme con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, tiene la calidad de quejoso aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés jurídico, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto debe decirse que, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Al respecto, cabe destacar que la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. [.]". De conformidad con el precepto citado, la procedencia del amparo contra normas generales que se estimen inconstitucionales implica, necesariamente, la distinción entre disposiciones legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellos otros ordenamientos generales, imperativos y abstractos, que requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica de los gobernados, para poder determinar el momento oportuno de su impugnación. Ahora bien, en el caso la parte quejosa no impugna la norma con motivo de un acto de aplicación, sino que la combate directamente, al considerar que se transgrede sus derechos protegidos por los artículos 1º, 11, 14, 16 21 29 y 133 constitucionales, consistentes a sus derechos de libertad personal, libertad de tránsito, derecho a la propiedad privada individual y derecho a la seguridad jurídica. Por tanto, resulta necesario determinar si este decreto reclamado reúne las características necesarias para ser autoaplicativo conforme al criterio de clasificación de "individualización incondicionada" aplicable al concepto de interés legítimo, cuya afectación se hace valer en el presente caso. En el caso, se reitera, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin necesidad de algún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el caso de ser heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa, y entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el primer párrafo del artículo en cita. Para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, es necesario acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección de la justicia Federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, de terceros que actúan en su auxilio, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en el precepto impugnado por actualizarse sus supuestos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 198200, que dice: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Asimismo, se cita la tesis 1a. CCLXXXI/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 148, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2006963, que señala: INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. En ese sentido, y precisado lo anterior, la parte quejosa reclama el Decreto 344/2021, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, así como la reforma contenida en el Decreto 344/2021, del artículo 451, como la adición del artículo 446 y el párrafo primero del artículo 451; así como la adición del artículo 166 Bis al capítulo l del título noveno y la tabla de sanciones graves, Grupo 3-C, al anexo l, "Catalogo de Sanciones", del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, como es el establecer sanciones administrativas a los conductores de vehículos que no respeten las medidas de prevención sanitaria que disponga el titular del Ejecutivo o la autoridad sanitaria del Estado, que tengan por objeto limitar o restringir temporalmente, la circulación de vehículos, como resultado de una emergencia sanitaria. El cual aduce tener afectación directa con la sola entrada en vigor de dicho precepto. Preceptos de los cuales se desprenden las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, implementadas por el Gobernador de la entidad, en el Decreto 344/2021 por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, y que derivaron en establecer sanciones administrativas a los conductores de vehículos que no respeten las medidas de prevención sanitaria que disponga el titular del Ejecutivo o la autoridad sanitaria del Estado, mismas tienen el objeto limitar o restringir temporalmente, la circulación de vehículos, como resultado de una emergencia sanitaria. De lo anterior, se puede observar que la norma reclamada es de naturaleza heteroaplicativa y, por ende, la sola entrada en vigor de la norma mencionada, no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, ya que para ello se requiere de una condición para que sus efectos pudieran materializarse en su perjuicio, esto es, era indispensable un acto de aplicación en concreto, mismo que no acontece. Se explica, para que la norma irrogue perjuicio al gobernado, es necesaria la actualización del supuesto jurídico que prevé, a saber, la imposición de una multa, el arresto hasta por treinta y seis horas y/o la retención del vehículo. Sin embargo, la parte quejosa no demostró ubicarse en la situación jurídica de hecho que prevé la norma, es decir, no acreditó ser merecedor de la imposición de una multa, el arresto hasta por treinta y seis horas y/o la retención de su vehículo, por no haber respetado las medidas de prevención sanitaria. Por tanto la parte quejosa debió demostrar que la norma impugnada afecta su esfera jurídica acreditando tal afectación a través de las probanzas respectivas; sin embargo, no aportó algún medio de prueba idóneo para acreditar ubicarse en el supuesto de la norma impugnada, y por ende, la afectación en su esfera jurídica o patrimonio, en otras palabras, su interés jurídico. Lo anterior se sostiene con la jurisprudencia 2a./J. 12/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196641, cuyo rubro y texto es el siguiente: LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia." Así como la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naciòn, con el rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." No se soslayan los argumentos de la parte quejosa en el sentido de que cuenta con interés legítimo derivado de que la norma impugnada constituye una violación a sus derechos de libertad personal, libertad de tránsito, derecho a la propiedad privada individual y derecho a la seguridad jurídica; pues al margen de ello, lo cierto es que el Decreto 344/2021 por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán impugnado, contiene un supuesto jurídico que requiere necesariamente de un acto de acto de aplicación que imponga o haga observar el mandato legal, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa, lo cual no se actualizó en el caso. Como una consideración adicional, conviene señalar que para reclamar normas de aplicación incondicionada no basta tener la seguridad de que su aplicación resulta inminente, pues con relación a la posibilidad de combatir en el amparo los actos de tal naturaleza, es inaplicable al juicio de amparo contra leyes, porque en este tipo de asuntos los actos no deben ser inminentes sino efectivos. Ello es así, porque cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es requisito indispensable que la parte solicitante del amparo en la audiencia constitucional, acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama con motivo de su entrada en vigor) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna con motivo del primer acto de aplicación); ya que no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de la hipótesis de la norma, puesto que aunque ello aconteciera, sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 267, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 206527, que establece: LEY AUTOAPLICATIVA, INTERES JURÍDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, por su notoria e indudable improcedencia, la demanda promovida por Mario David Mex Albornoz, por su propio derecho, contra actos que reclama del Gobernador del Estado de Yucatán y de otras autoridades, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de la Materia, contra los actos que reclama. Tiene aplicación la tesis 2ª. LXVII/2014 (10ª.), con registro digital 2006986, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Libro 8, julio de 2014,Tomo l, página 403, que establece: INTERÉS LEGÍTIMO. CUANDO EN AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES SE ALEGUE SU AFECTACIÓN, ES NECESARIO EXAMINAR LA NATURALEZA DE AQUÉLLAS PARA IDENTIFICAR SI EXISTE AGRAVIO A LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO. Acorde con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el interés legítimo individual o colectivo está condicionado a la afectación de la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ahí que, aun cuando en un juicio de amparo contra normas generales se alegue que se afecta el interés legítimo y que se violan derechos reconocidos en la Constitución Federal, debe examinarse si se trata de normas heteroaplicativas o autoaplicativas, para identificar si se genera o no una afectación en la esfera jurídica del quejoso, sin que la vigencia de las normas, por sí sola, incida en su naturaleza, pues ésta depende del contenido particular de cada una, en el sentido de si las obligaciones de hacer o no hacer que establezcan requieren o no de un acto de aplicación para actualizar un perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, o bien surgen con la entrada en vigor de la norma, caso en el cual lo que debe quedar de manifiesto es que quien acude al juicio de amparo se encuentre en el supuesto normativo correspondiente. Así como la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XVI, julio de 2002, página 64, con registro digital 186676, que establece: AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR. Si existe prueba plena en cuanto a que el acto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional en la demanda de amparo, por su fecha de emisión, no fue el primero en el que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, es inconcuso que puede determinarse la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, para el desechamiento de la demanda respectiva el Juez de Distrito puede basar su determinación de que no se está en presencia del primer acto de aplicación en diversos medios de convicción, entre los que pueden encontrarse las propias manifestaciones que el quejoso haya realizado en su demanda o en los escritos aclaratorios, pues éstas constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que no reclama el primer acto de aplicación de la ley y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos ya sea de las fracciones III, IV o XII, párrafo primero, del artículo 73 de la citada ley, según sea el caso; la primera, por ser la ley reclamada materia de otro juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolver; la segunda, por haber sido la norma general materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; o, la tercera, por no haberse reclamado la ley en el juicio constitucional con motivo de su primer acto de aplicación dentro del plazo que establece el artículo 21 de la legislación de la materia. En consecuencia, es dable desechar la demanda de garantías por cuanto hace a la ley, con independencia de que la demanda pueda admitirse por los actos de aplicación relativos, si éstos se combaten por vicios propios y no se esté en el caso de que la reclamación de la ley represente una hipótesis de excepción al principio de definitividad.". Por otra, parte como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda; y como sus autorizadas, a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Ahora bien, la parte quejosa proporciona el nombre de usuario "gabrielchab95", para el acceso y consulta del expediente electrónico; por tanto, se acuerda de conformidad la solicitud de la parte promovente, y se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa, a través del citado usuario, por lo que podrá promover en el mismo con su nombre de usuario. En el propio tenor, de la lectura del escrito de cuenta se advierte que existe solicitud expresa del quejoso, para recibir notificaciones vía electrónica; en consecuencia, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 párrafos segundo y tercero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones personales inherentes a este asunto por medio del usuario "gabrielchab95", al cual se encuentra asociado el correo "gabrielchab95@hotmail.com", para los efectos legales a que haya lugar. Hágase lo anterior conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Tómese nota de los número de celular proporcionados por la parte quejosa, así como los correos electrónicos que señala, a fin de mantener comunicación no procesal con la misma. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a dichas personas, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.

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