Darcet Esperanza Baquedano Torres

Expediente 505/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
505/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
19/06/2019

Partes del expediente

  • Darcet Esperanza Baquedano Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA I. Vistos los presentes autos y atendiendo a que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra del acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurrido los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Asimismo, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la diversa hipótesis a que se refiere la fracción III del punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado acuerdo, ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. De igual modo, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo y acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES DESTRUIBLE, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En cuanto al posible valor jurídico del presente expediente, se hace el señalamiento de que no lo tiene, así como tampoco el incidente de suspensión. Finalmente, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    .MESA I. Vistos los presentes autos de los que se advierte el informe justificado rendido por la Fiscal Investigador adscrita a la Unidad de Investigación y litigación Especializada en Justicia para la Mujer del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, y anexo que acompaña. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la Fiscal responsable de dar respuesta al escrito de cinco de abril del año dos mil diecinueve, en el cual, solicitó se proporcionaran las órdenes de protección establecidas en el capítulo sexto, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de garantizar la integridad de la promovente. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por lo que la autoridad responsable, la Fiscal Investigadora adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para la Mujer del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado, se advierte que aceptó el acto reclamado, puesto que el veinticinco de abril del año en curso, resolvió acerca de la solicitud vertida por la parte quejosa, resolviendo otorgar la medida de protección prevista en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracciones VI y VIII, consistentes en vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido y auxilio inmediato por integrantes de Instituciones Policiales al domicilio o en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo, por el término de treinta días naturales. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que dio, ha dictado respuesta a la solicitud de la aquí quejosa, en la carpeta de investigación número B1/CJM/B1/001421/2017. Es así, porque la parte quejosa reclamó la omisión por parte de la Fiscal Investigador adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para la Mujer del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, de dar contestación Al escrito de cinco de abril del año dos mil diecinueve, presentado ante ella; y la responsable le otorgó las medidas de protección previstas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracciones VI y VIII. Máxime, que la aquí quejosa, el dos de mayo de dos mil diecinueve, compareció ante la autoridad responsable, y se le entre de las medidas de protección que le fue otorgada, y manifestó quedar enterada y que por el momento no consideraba necesario que le sea otorgada una diversa medida, toda vez que contaba con la del veinticinco de abril de dos mil diecinueve.... Lo anterior, sin que se haya ordenado a emplazar a juicio al tercero interesado MARIO ALONZO VIANA GÓMEZ, toda vez que el sentido del presente acuerdo no le causa perjuicio alguno. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIONUEVE. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ... En base a ello, no obsta que les recaiga el carácter de tercero interesado a MARIO ALONZO VIANA GÓMEZ, y que no haya sido emplazado en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito.

  3. Principal

    .MESA I. Vistos los presentes autos de los que se advierte el informe justificado rendido por la Fiscal Investigador adscrita a la Unidad de Investigación y litigación Especializada en Justicia para la Mujer del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, y anexo que acompaña. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la Fiscal responsable de dar respuesta al escrito de cinco de abril del año dos mil diecinueve, en el cual, solicitó se proporcionaran las órdenes de protección establecidas en el capítulo sexto, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de garantizar la integridad de la promovente. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por lo que la autoridad responsable, la Fiscal Investigadora adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para la Mujer del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado, se advierte que aceptó el acto reclamado, puesto que el veinticinco de abril del año en curso, resolvió acerca de la solicitud vertida por la parte quejosa, resolviendo otorgar la medida de protección prevista en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracciones VI y VIII, consistentes en vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido y auxilio inmediato por integrantes de Instituciones Policiales al domicilio o en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo, por el término de treinta días naturales. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que dio, ha dictado respuesta a la solicitud de la aquí quejosa, en la carpeta de investigación número B1/CJM/B1/001421/2017. Es así, porque la parte quejosa reclamó la omisión por parte de la Fiscal Investigador adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para la Mujer del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, de dar contestación Al escrito de cinco de abril del año dos mil diecinueve, presentado ante ella; y la responsable le otorgó las medidas de protección previstas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracciones VI y VIII. Máxime, que la aquí quejosa, el dos de mayo de dos mil diecinueve, compareció ante la autoridad responsable, y se le entre de las medidas de protección que le fue otorgada, y manifestó quedar enterada y que por el momento no consideraba necesario que le sea otorgada una diversa medida, toda vez que contaba con la del veinticinco de abril de dos mil diecinueve.... Lo anterior, sin que se haya ordenado a emplazar a juicio al tercero interesado MARIO ALONZO VIANA GÓMEZ, toda vez que el sentido del presente acuerdo no le causa perjuicio alguno. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIONUEVE. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ... En base a ello, no obsta que les recaiga el carácter de tercero interesado a MARIO ALONZO VIANA GÓMEZ, y que no haya sido emplazado en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito.

  4. Principal

    MESA I. Agréguese a estos autos el oficio del Fiscal Investigador adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para la Mujer del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, y anexo que acompaña, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano