Darinel Blas García

Expediente 47/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
47/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • Darinel Blas García

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa 5. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintiuno. I. Se agrega ejecutoria. Incorpórese a los autos, el oficio 832/2021 signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio, mediante el cual, remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión ordinaria virtual de veinte de mayo de dos mil veintiuno, en los autos de la queja administrativa ******************** de su índice; por lo que, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo de su envío, a partir de su envío, ello a fin de evitar la voluminosidad del asunto y acúsese el recibo de estilo respectivo. II. Sentido ejecutoria. Ahora, toda vez que el Tribunal de Alzada declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso ******************** contra el acuerdo de veinte de enero de dos mil veintiuno, que desechó de plano su demanda de amparo; hágase lo anterior, del conocimiento de dicha parte, para los efectos legales procedentes. III. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información; pero tiene el derecho de oponerse a la publicación de dichos datos para que cuando se presente la solicitud respectiva, se determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de alguna resolución, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de dicha parte, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. IV. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. V. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. VI. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    *- MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. Incorpórese a los autos, el oficio 494/2021 signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, mediante el cual, acusa recibo del oficio, con el que se remitió el recurso de queja que interpuso la parte quejosa contra el acuerdo de veinte de enero del año en curso. Asimismo, informa que admitió dicho recurso, radicándolo con el número 42/2021, y, se avocó a su conocimiento. Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Incorpórese a los autos, el escrito remitido vía electrónica por ******; en atención a su contenido, se acuerda: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene al quejoso por interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este juicio. Por tanto, se ordena agregar impresión de tal ocurso a este expediente; y al efecto, ríndase informe sobre la materia de la queja. Asimismo, dado que dicho medio de impugnación se interpuso vía electrónica, únicamente remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, 1) una impresión del referido ocurso, así como 2) la certificación en la que se haga constar que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, se incorporó cada promoción, documento, auto y resolución que integran este juicio. Luego, a fin de que la superioridad se imponga de las constancias que integran este juicio de amparo, se ordena hacer disponible el presente expediente, a efecto de que dicho órgano jurisdiccional realice la vinculación correspondiente del expediente electrónico. Por tanto, se instruye al Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para cumplir con lo anterior. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por oficio al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno.

  4. Principal

    +++MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintiuno. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo recibida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en este órgano jurisdiccional y turnada a este Juzgado el día de hoy, promovida por ******, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 47/2021. Expediente Electrónico. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. Análisis de la demanda y desechamiento. Ahora bien, es pertinente señalar que el escrito inicial de demanda y los documentos en los que se funde, deben ser analizados en su integridad, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS. En virtud de que la demanda constituye un todo, su interpretación debe ser integral, de manera que si de su contenido se advierte que se expusieron los motivos esenciales de la causa de pedir, y en relación con ellos se hace cita de los documentos fundatorios de la acción, así como de los relacionados con el litigio, exhibiéndolos, debe considerarse que forman parte de la demanda y su contenido, integrado a ella, pues estimar lo contrario implicaría que en la demanda respectiva se tuvieran que reproducir íntegramente todas aquellas cuestiones contenidas en esos medios de convicción, lo cual resultaría tan complejo como innecesario, pues para el juzgador el estudio de la demanda no se limita al escrito inicial, sino que comprende, además, el análisis de los documentos que la acompañan, porque son parte integrante de ella. De no ser así, se podría incurrir en rigorismos tales como el tener que reproducir en el escrito inicial de demanda, tanto los documentos base de la acción como los que se relacionen con el litigio" (Jurisprudencia XVII.2o.C.T. J/6, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Tomo XXI, Mayo de 2005, Página 1265, Novena Época). Así mismo, sirve de apoyo, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIII, página 716, que dice: "DEMANDA, ADMISIÓN DE LA. Los Jueces y tribunales están facultados para normar sus actos conforme a la ley del procedimiento, y cuidar de que las demandas se formulen con la claridad, precisión y demás requisitos de ley que los códigos exigen, cuidando, también de que la acción respectiva se ejercite en la vía y forma que legalmente procede, y cuando la demanda no se entabla en la vía legal pertinente, debe desecharse de plano, sin que obste el razonamiento de que la parte contraria no alegue esa improcedencia, toda vez que esto solamente podrá hacerlo en la forma de excepción, lo cual no es posible, puesto que no se le da entrada a la demanda." Por tanto, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito, se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, de la lectura integral de la demanda inicial, con fundamento en el artículo 113, este órgano jurisdiccional advierte de manera indudable y manifiesta que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5 y 6 cuyo estudio es de orden público en términos del diverso numeral 62 (todos los artículos citados de la Ley de Amparo). "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la interpretación de los citados artículos, se infiere que el juicio de amparo puede promoverse en defensa de un interés legítimo, siempre y cuando alegue que la norma, acto u omisión reclamados produzcan una afectación real y actual en su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, es conveniente mencionar que la reforma al artículo 107 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, además del concepto de interés jurídico, incluyó el de interés legítimo, con lo que abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante, el máximo tribunal del país, ha construido en distintos precedentes una definición básica y flexible de lo que debe entenderse como interés legítimo, cuyo contenido se alimenta de elementos aproximativos, que hacen de su aplicación a los casos concretos una operación evaluativa y no mecánica. En efecto, al resolver el amparo en revisión 366/2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que la reforma constitucional de junio de dos mil once, que introdujo el concepto de interés legítimo: "no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido". Con base en dicha premisa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adoptó la siguiente definición del interés legítimo: "Aquel interés personal, individual o colectivo, actual, real y jurídicamente relevante del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra." Esas consideraciones, se encuentran contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II Materia(s): Común, con registro digital 2012364, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte al resolver la contradicción de tesis 111/2013, estableció con mayor precisión la definición del concepto de interés legítimo, pues señaló que para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de Razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional, implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Al resolver ese asunto, se aclaró que tal parámetro de razonabilidad, no se refiere a los estándares argumentativos empleados por la Suprema Corte para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación. Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Con base en estas premisas, el Pleno estableció los rasgos definitorios del interés legítimo de la siguiente manera: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos Derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la presente sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Dichos razonamientos, son el sustento de la jurisprudencia P/J 50/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común, página 60, con registro digital 2007921, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Finalmente en la tesis 51/2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que; a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Como así se advierte de la siguiente jurisprudencia: ""Época: Décima Época Registro: 2019456 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) Página: 1598 "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Ahora bien, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. En relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, los jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a/J. 57/2017 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II Materia(s): Común, Página: 1078, con número de registro 2014433, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". En el caso, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ******* señala como actos reclamados de las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades: "a) La omisión de declarar al estado de Oaxaca en Semáforo de riesgo epidemiológico color rojo, en virtud del elevado número de contagios y defunciones a causa del virus SARS-CoV2 (Virus causante del COVID-19). b) La falta de una estrategia integral dirigida a evitar acciones que propician el contagio del virus SARS-CoV2 (Virus causante del COVID-19) entre los ciudadanos que habitan en el territorio del Estado de Oaxaca. c) La falta de medidas y acciones necesarias para evitar la aglomeración de personas en lugares públicos, y con ello evitar la propagación y contagio del virus SARS-CoV2 (Virus causante del COVID-19 entre los ciudadanos que habitan en el territorio del Estado de Oaxaca. d) La falta de medidas y acciones necesarias para evitarla celebración de eventos públicos y privados que permiten la aglomeración de personas, y con ello evitar la propagación y contagio del virus SARS-CoV2 (Virus causante del COVID-19) entre los ciudadanos que habitan en el territorio del Estado de Oaxaca e) La falta de aplicación de mecanismos y medidas para verificar que los ciudadanos que habitan en el territorio del Estado de Oaxaca cumplan con las medidas sanitarias mínimas (uso del cubrebocas, lavado constante de manos, etc.) con la finalidad de evitar la propagación y contagio del virus SARS-CoV2 (Virus causante del COVID-19)." De donde se advierte que no cuenta con interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concedérsele el amparo, en un beneficio jurídico concreto a su favor, sino con un interés simple, que tiene todo ciudadano de que se dicten las medidas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad. Es decir, no se aprecia la existencia de una afectación en su esfera jurídica, de índole económica, profesional, de salud, o de cualquier otra, dado que no se encuentra en una situación tal en la que el acto reclamado permita considerar al quejoso como parte agraviada, pues no refiere la existencia de una situación concreta que pudiera verse afectada o beneficiada con los actos reclamados; de ahí que se insiste el interés aducido por el promovente no puede calificarse como legítimo, sino como simple, similar al que pudiera tener cualquier ciudadano para que el Estado mexicano lleve a cabo todas las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos, para cumplimentar con el derecho a la salud y su prevención, en tanto de ello depende poder contar con un verdadero estado de bienestar completo, sin embargo, a menos de que cuente con alguna afectación que lo distinga y cualifique al resto de la población, tal interés simple es insuficiente para acceder al juicio de amparo y el juicio de amparo, aun después de la reforma de dos mil trece, requiere para su procedencia la existencia de un agravio real y directo por ser este uno de los principios que lo rigen, lo cual también se exige cuando se defiende un interés legítimo. Lo anterior, porque si bien la previsión expresa del interés legítimo como presupuesto para acudir al Juicio de Amparo significa que éste protege diversos derechos - ahora ya no solo cuando se trata de un derecho subjetivo- esto no implica que a través del juicio constitucional pueda reclamarse cualquier acto por cualquier persona. Considerar lo contrario, tendría la consecuencia que todas las personas pudieran solicitar el amparo contra cualquier acto por el solo temor de que ésta llegare a beneficiarle o perjudicarle, lo cual es jurídicamente inaceptable pues el juicio de amparo -medio extraordinario de defensa- requiere la existencia de una afectación actual y real en la esfera jurídica, lo cual, como se dijo, no existe en este caso. De tal forma que si el quejoso acude al juicio de amparo y alega una afectación provocada por un acto u omisión de una autoridad que es resentida por toda la población en general, este hecho, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo por la imposibilidad de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por ello, se colige que la eventual omisión por parte del Estado a sus obligaciones de adoptar las medidas y acciones necesarias de contención y para evitar la propagación del COVID-19 en el Estado de Oaxaca, no es motivo suficiente para que cualquier persona o grupo pueda acceder al juicio de amparo para reclamar esas omisiones, ya que debe acreditarse un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la concesión del amparo por los actos que reclama produzcan un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Por tanto, el interés que el quejoso estima vulnerado no resulta cualificado, pues se limita a señalar que dichas omisiones violan su derecho a la salud previsto en el artículo 4º., constitucional y otros numerales, pues de continuar las mismas, su salud y la de la población en general, se podrían ver afectadas por contagio de dicho virus,; lo que no constituye razón suficiente para demostrar que se encuentra en una situación especial frente al ordenamiento jurídico, en relación con el derecho que alega acredita su interés legítimo para comprobar la afectación a su derecho a la salud. Por tanto, su pretensión se refiere a una defensa abstracta del derecho a la salud, tal y como lo pudiese hacer valer cualquier miembro de la sociedad en general, en tanto no se advierte una situación diferenciada; es decir, que se encuentre en una especial situación frente al derecho que cuestiona, pues alega una defensa al referido derecho fundamental de manera abstracta, con un interés genérico de obligar a las autoridades para que cumplan con su pretensión, tal y como lo pudiese hacer valer cualquier miembro de la sociedad en general; de ahí que en el presente caso se advierte que sólo se actualice únicamente en su favor un interés simple, que implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad. No se desatiende que por regla general, el interés como requerimiento para la procedencia del amparo debe analizarse en la audiencia constitucional; sin embargo, en este caso, la falta de interés legítimo es tan manifiesta e indudable, que da lugar al desechamiento de la demanda; pues admitirla iría contra los principios de celeridad procesal y acceso efectivo a la justicia ya que daría lugar a que se admitieran todas las demandas por el solo hecho de invocar un interés legítimo, lo cual sería incluso en perjuicio de los propios justiciables; por ello, a nada práctico conduciría admitir la demanda al no poder obtener una resolución diversa aun tramitado el juicio constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2 / J 57/2017 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página la mil setenta y ocho del libro cuarenta y tres, tomo II, junio de dos mil diecisiete, Décima Época, que enseguida se cita: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". Por tanto, se concluye que es improcedente el juicio de amparo que contra los actos ya mencionados promueve el quejoso *********, en términos del artículo 61, fracción XXIII en relación con los diversos 5 y 6 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, por notoriamente improcedente Domicilio, autorizados y acceso expediente electrónico. Por otra parte, téngase por autorizados en términos del artículo 12 de la ley de la materia a ******** y ********, y por lo que hace a las demás personas se les tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así haberlo solicitado expresamente. Es aplicable al respecto, la Tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1384, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 173706, cuyo rubro dice: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". Ahora, toda vez que en la demanda de amparo origen de este juicio, la parte promovente autorizó la consulta electrónica de este expediente; en consecuencia, con fundamento en los artículos 77 y 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; se autoriza a la parte quejosa accesar al expediente electrónico número 47/2021, con el usuario ****, a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. Asimismo, para que en términos de los artículos 26, fracción IV, 30 fracción II y 71 fracción III de la Ley de Amparo, se tengan por practicadas las notificaciones en este juicio de amparo, por lo cual se instruye al actuario adscrito a este Juzgado, realice las subsecuentes notificaciones personales por esa vía. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, aun cuando la parte quejosa no lo solicitó expresamente, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Cabe precisar, que en caso de solicitar copiar solo una parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará en cualquier hora dentro del horario de atención al público. Protección de datos personales. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,117 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano