Daniela López Pineda
Expediente 1280/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1280/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Daniela López Pineda
Actuaciones
- Principal
# pral 1280/2016 mesa 6 B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado el veintidós de agosto de este año (fojas 19-24); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicho proveído. Por otra parte, la quejosa no hizo manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto inicial por lo que hace a dicha parte procesal; por lo que, éste y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Ahora, advirtiéndose de autos, que por auto de veintidós del actual, se desechó la demanda promovida (fojas 19-24), mismo que con esta fecha causó ejecutoria; por lo que no existe asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009,de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme al artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo (tres años), se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Teodosio Sánchez Méndez, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
(NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ EN ESTA ACTUARÍA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL NI SUS AUTORIZADOS, A PESAR DEL AVISO JUDICIAL QUE SE LE DEJÓ CON ANTERIORIDAD)MESA 6 B PRAL. 1280/2016- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio número 34320, firmado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con folio de recepción 26628; al que adjunta la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, promovida por DANIELA LÓPEZ PINEDA, contra actos del gobernador del Estado de Oaxaca y otras autoridades; al que anexa: a) constancias de origen y vecindad a nombre de la quejosa y b) dictamen de impacto ambiental, emitido por el director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca. Con fundamento en el artículo 46 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de dos mil quince; reformado y adicionados por diverso acuerdo general publicado en el mismo medio oficial el catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano judicial acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo número 1373/2016, promovida por DANIELA LÓPEZ PINEDA, contra actos del gobernador del Estado de Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1280/2016. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados del gobernador del Estado de Oaxaca y otras autoridades, los siguientes (fojas 2 y 3): ".." Precisando que no se cuenta con los permisos correspondientes e idóneos expedidos por autoridades competentes para la ejecución de dicha obra; lo que vulnera sus derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídica y que de continuar con los trabajos, se dañaría gravemente el hábitat y la salud de los vecinos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; además de que nunca se consultó a los originarios y vecinos del referido lugar para otorgar la autorización para la demolición del estadio de futbol "Benito Juárez" y la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. Los artículos 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establecen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.]" LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. [.]" Asimismo, los artículos, 96, fracción I, 7, 8, 114, 115, 116, 133, 134, 185 y 192 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, disponen: "ARTICULO 96.- Las Salas Unitarias del Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de: I. Los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 7 de ésta ley; [.]" "ARTICULO 7.- Son elementos y requisitos de validez del acto administrativo: I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto en que se funde para emitirlo; II. Que el objeto materia del mismo, sea determinado o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley; III. Cumplir con la finalidad de interés público, regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos; IV. Constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición; V. Estar fundado y motivado; VI. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta Ley; VII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto; VIII. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión; IX. Mencionar el órgano del cual emana; X. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas; XI. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión; XII. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse, deberá hacerse mención de la oficina en donde se encuentra y pueda ser consultado el expediente respectivo; XIII. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan; XIV. Ser expedido mencionando expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley, y XV. Los demás requisitos y elementos específicos que exijan las leyes o reglamentos aplicables al acto." CAPITULO TERCERO DE LA NULIDAD Y EXTINCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ARTICULO 8.- Para que el acto administrativo produzca efectos jurídicos, deberá reunir los elementos y requisitos del mismo, en caso contrario, dará lugar a su nulidad, la que deberá demandarse conforme a la ley que rija al acto o bien ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, con arreglo en lo establecido en la presente ley, cumpliendo con las siguientes reglas generales: I. La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos o requisitos establecidos en las fracciones I a X del artículo 7 de la presente Ley, producirá la nulidad del acto administrativo, la cual será declarada por el superior jerárquico de la autoridad que lo haya emitido, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, Entidad, Presidente Municipal o H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, cualquiera autoridad que por su nivel administrativo o burocrático no tenga superior, o este sea un cuerpo colegiado, Consejo de Administración o la soberanía propia de un cargo de representación popular, en cuyo caso, la nulidad será declarada por el Tribunal. En caso de que el superior se niegue a declarar dicha nulidad, la declaración sea imperfecta o no proceda conforme a la presente Ley, la nulidad deberá ser declarada por el Tribunal; II. El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será inválido; no se presumirá legítimo ni ejecutable; será subsanable, sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo acto. Los particulares no tendrán obligación de cumplirlo y los servidores públicos deberán hacer constar su oposición a ejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa. La declaración de nulidad producirá efectos retroactivos; III. En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea imposible de hecho o de derecho retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad del servidor público que la hubiere emitido u ordenado, y IV. La omisión o irregularidad en los elementos y requisitos señalados en las fracciones XI a la XV del artículo 7 de esta Ley, producirá la nulidad del acto administrativo y dará acción al administrado para demandar ésta ante el Tribunal. ARTICULO 114.- El juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, se regirá por las disposiciones contenidas en el presente Libro. ARTICULO 115.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá jurisdicción en todo el territorio Estatal, con la competencia y organización que establece esta Ley y otros ordenamientos aplicables. El Tribunal residirá en la Ciudad de Oaxaca Juárez (sic) o en la zona conurbada, y podrá contar con juzgados de Primera Instancia ubicados en las diversas regiones del Estado y Salas, las que deberán ser autorizadas por el Consejo de la Judicatura, quien delimitará su ámbito de competencia. (Artículo 115 reformado mediante Decreto No. 668 publicado en el Periódico Oficial Extra del 2 de enero del 2015) ARTICULO 116.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal, se substanciarán y resolverán con arreglo a las disposiciones de esta Ley. A falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca así como el Código Fiscal del Estado o Municipal, en lo que no sean contrarios y resulten aplicables. En los casos en que se alegue que el acto impugnado afecta los intereses legítimos de dos o más personas, y éstas promuevan juicio, en el escrito de demanda deberán designar un representante común que elegirán de entre ellos mismos, y si no lo hicieren, el Juez designará con tal carácter a cualquiera de los interesados al admitir la demanda. CAPITULO CUARTO DE LAS PARTES. ARTICULO 133.- Son partes en el juicio contencioso administrativo: I. El actor. Tendrá ese carácter: a) El Administrado, que será el particular que tenga interés jurídico o legítimo que funde su pretensión; y b) La autoridad en el juicio de lesividad. II. El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado, o que omita dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares; b) La persona o institución que funja como autoridad administrativa o fiscal en el ámbito estatal o municipal o en los Organismos Públicos Descentralizados, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto o resolución impugnados; y c) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad demande la autoridad administrativa, estatal o municipal. III. El tercero afectado, pudiendo intervenir con ese carácter cualquier persona física o moral, cuyos intereses puedan resultar incompatibles con las pretensiones del actor y que demuestre interés en que subsista el acto administrativo combatido. ARTICULO 134.- Sólo podrán demandar o intervenir en el juicio, las personas que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. "ARTICULO 185.- El actor podrá solicitar la suspensión del acto impugnado, en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de citación para sentencia; tal medida cautelar tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncia la sentencia definitiva; el Tribunal deberá resolver lo conducente, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento. Se concederá la suspensión siempre que: I. Se conserve la materia del juicio; II. No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y III. Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado." "ARTICULO 192.- Todas las autoridades que intervengan en el acto con cualquier carácter, aún cuando no tengan calidad de demandadas estarán obligadas al cumplimiento de la suspensión, el Tribunal podrá hacer uso de los medios de apremio establecidos por esta Ley, siendo aplicable además en lo conducente, lo dispuesto para el cumplimiento y ejecución de las sentencias. Esos preceptos establecen que el juicio de amparo resulta improcedente cuando los actos reclamados deriven de autoridades distintas de los tribunales ordinarios y proceda contra ellos algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; siempre y cuando no exijan mayores requisitos que la Ley de Amparo. En el caso, resulta patente que la parte quejosa tiene a su alcance el juicio contencioso administrativo de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, que tiene por objeto que se declare nula tal determinación, previo procedimiento que se instruya, pues el artículo 96, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establece el supuesto de procedencia del mismo contra actos y resoluciones de las autoridades del Poder Ejecutivo, municipio y organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades -dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas- y causen agravio a los particulares, por no concordar con lo previsto por el numeral 7 de la propia ley. Además, de conformidad con el numeral 185 del citado ordenamiento legal, la parte quejosa podrá solicitar la suspensión del acto impugnado en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de que se cite para dictar sentencia, medida precautoria que durará hasta que se pronuncie la sentencia definitiva, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues únicamente considera que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público o si se deja sin materia el juicio. Ilustra lo anterior, por tratar sobre el tema, la jurisprudencia con los datos de publicación, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 191097 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Septiembre de 2000 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 82/2000 Página: 49 AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE DICHA LEY, AL NO EXIGIR ÉSTA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IV, constitucional y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando la mencionada ley que rige el acto exija, para conceder la suspensión, mayores requisitos que la Ley de Amparo. En estas condiciones, debe decirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos administrativos regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo cuando no se ha agotado, previamente, el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la propia ley. Ello es así, porque al establecerse en el diverso artículo 87 de la citada ley, la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado a través de dicho recurso, no se imponen mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, pues la circunstancia de que se condicione la medida cautelar a que el recurso sea procedente, no constituye un requisito adicional a los señalados por el artículo 124 de la ley últimamente citada para su concesión, ya que aun cuando en este numeral no se exige que la demanda de garantías sea procedente para conceder la suspensión, el Juez de Distrito al recibirla está obligado, en términos de lo dispuesto en el artículo 145 de la ley de la materia, a atender previamente a cualquier otra cuestión, a su procedencia y después a la medida suspensional, pues de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado". Sin que se esté en el caso de excepción a que se refiere el párrafo segundo de la fracción XX del numeral 61 de la ley de la materia, esto es, que los actos reclamados carezcan de fundamentación, pues no se alega como violación directa a la Constitución, aunado a que no puede quedar al arbitrio de los quejosos establecer si en su caso se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo, sino atender la naturaleza de los actos reclamados. Siendo además muy clara la ley respecto del medio de impugnación que procede en contra de una resolución de tal naturaleza. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desechar, de plano, la demanda de amparo de que se trata. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona, toda vez que dicho precepto no establece facultad alguna. Asimismo, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza la utilización de medios electrónicos a efecto de imponerse de los autos; con la precisión de que sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte ocursante, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal. Ilustra lo anterior, la tesis con los datos de localización siguientes: "Registro No. 167640 Localización: Novena EpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo XXIX, Marzo de 2009Página: 2847Tesis: I.3o.C.725 CTesis AisladaMateria(s): Civil Rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Federal; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de ac|ceso a la información. Y que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de este acuerdo, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de la parte quejosa, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Teodosio Sánchez Méndez, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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