Danna Yunuel Cruz Montesinos
Expediente 925/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 925/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 05/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Danna Yunuel Cruz Montesinos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se negó a la parte quejosa la suspensión solicitada, con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Juzgador estima que por sus particularidades, el presente incidente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que, procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este incidente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente de violación a la suspensión, no se hizo valer recurso alguno, ni existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar), haya recurrido la sentencia dictada por este tribunal el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, por la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 925/2018; y, R E S U L T A N D O: I.- Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veinte de septiembre del año en curso, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado residente en esta población, DANNA YUNUEL CRUZ MONTESINOS, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por considerar violentados sus derechos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca y Ejecutora impar adscrita a ese juzgado, de quienes reclamó: ". IV.- LEY O ACTO RECLAMADO: De la autoridad ordenadora Juez Primero Mixto del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca; le reclamo: la orden de desalojo dictada en el expediente civil número 91/2015 que se llevará a cabo en el domicilio que se ubica en la calle Golondrina número cincuenta y uno en la colonia Santa Isabel de la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. De las autoridades que he dejado señaladas como responsables ejecutoras: . La ejecución material del auto de manda poner en posesión del inmueble que me encuentro arrendando que se ubica en la Calle Golondrina número cincuenta y uno de la Colonia Santa Isabel de la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, dentro del expediente 91/2015 del Juzgado Primero Civil de Huajuapan de León, Oaxaca; a favor de los señores Fidel López Sánchez y Olga Lidia Marín Marín siendo yo la posesionaria del inmueble mencionado." II. ADMISIÓN Y TRÁMITE. Por cuestión de turno, dicha demanda fue remitida a este órgano jurisdiccional, radicándose el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho; previo requerimiento a la parte quejosa, la demanda se admitió a trámite el veinticinco del citado mes y año; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio público adscrita y se señaló fecha para la audiencia constitucional. III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Previo un diferimiento, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza civil; que el acto reclamado fue realizado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado en el presente juicio de amparo: La orden de desalojo del inmueble ubicado en calle Golondrina número cincuenta y uno en la colonia Santa Isabel de la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, ordenada en el expediente civil 91/2015 por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca; La ejecución de tal orden. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, por así haberlo externado en su informe justificado (foja 35 a 36), razón por la cual, al haber admitido la responsable la existencia del acto que de su autoridad se reclama, debe tenerse como plenamente probado. Tiene aplicación, la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, consultable a fojas doscientos treinta y uno, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete, dos mil, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Además, como apoyo a su informe, la autoridad responsable remitió copia certificada de lo actuado en el expediente 91/2015 (anexo I); documentales a las que se otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La autoridad responsable Ejecutora Impar adscrita al Juzgado Primero Civil de Huajuapan de León, Oaxaca, no rindió su informe justificado a pesar de encontrarse debidamente notificada de ello (foja 32); por tal razón con fundamento en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto de ejecución que le reclama la quejosa, máxime que la autoridad responsable ordenadora convino en la existencia del acto de ordenamiento. CUARTO. Improcedencia del juicio. Previo al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, se procede al análisis de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya sea que las hagan valer las partes o que amerite su estudio de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con el artículo 62 del mismo ordenamiento. Así, de oficio, el suscrito advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;. (...)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)". Conforme a esos preceptos, para la procedencia de la acción constitucional se requiere, como condición previa, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye la legitimación exigida por la Carta Magna y la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio amparo indirecto. Es por ello que el ejercicio de la acción restitutoria de derechos fundamentales está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley, que lo legitima a instar la acción constitucional. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto, se pronunció en el sentido de que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En apoyo de lo anterior se invoca la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, página 1854, registro: 2004501, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En consecuencia, el gobernado en el juicio de amparo debe demostrar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Para demostrar tal extremo se requiere que se acredite la existencia conjunta de varios elementos: a) Una persona determinada (principio de instancia de parte); b) Un derecho legítimo de ésta; c) El señalamiento indudable de ese derecho (legitimación); d) Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y, e) La afectación del citado derecho, de manera personal y directa, con ese acto. En apoyo se invoca la tesis II.1o.23 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, registro: 2012855 con datos de localización, texto y rubro siguientes: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. De la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo se obtiene que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) y, a su vez, plantea que alguna norma de observancia general, acto u omisión conculca algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México en la materia, a condición de que se trate, desde luego, de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, el concepto de interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en lo colectivo), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente. Es decir, para justificar el interés legítimo tratándose del reclamo de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales jurisdiccionales, no se requiere del acreditamiento de alguna afectación personal y directa (lo cual se conoce tradicionalmente como interés jurídico), sino que basta con cierta afectación real y actual, aun de manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al orden jurídico. Sin embargo ¿cuál es la razón por la cual el surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se requiere acreditar, necesariamente, que la materia reclamada produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso? La razón estriba en que, por un lado, el juicio de amparo es improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo, porque en éste se requiere acreditar, forzosamente, la afectación jurídica en función de la existencia de la materia reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio cierto, real y actual en la esfera de derecho. En efecto, para la procedencia del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. De ahí que contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta." Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que en la reciente reforma constitucional se sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo y, con ello, se abrieron las posibilidades para acudir al juicio de amparo; pero dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, pues el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Por otra parte, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, conforme a lo dispuesto por ese precepto constitucional, procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho, ya sea de propiedad, usufructo, habitación, arrendamiento, que resulte afectado sin los derechos fundamentales de audiencia y defensa que en él se consagran. Pero para que prospere la acción de amparo, esa afectación debe demostrarse de una forma fehaciente, sin que pueda inferirse sólo por presunciones; atento a la jurisprudencia 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 17 del tomo 82, octubre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 206338, que refiere: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE". Además, es necesario tomar en consideración que a efecto de que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo, debe demostrarse el origen de la misma, esto es, la causa generadora del derecho para ejercer ese poder de hecho, el cual constituye el sustento objetivo que pudiera dar lugar a la protección constitucional que se solicita; así, aun cuando en el juicio de amparo no es dable determinar quién es legítimo poseedor del bien, sí es preciso estudiar si quien solicita el amparo tiene un título que avale el derecho en relación al cual exige se le respete la garantía de audiencia. En apoyo se estima aplicable la jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noven Época, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Civil, página 5, de rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.- En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Así, a efecto de dilucidar si la quejosa tiene interés jurídico para acceder al juicio constitucional, debe examinarse la validez de los documentos o probanzas en que se sustente aquella causa generadora de la posesión, aun cuando la determinación que al efecto se vierta solamente tiene efectos para el juicio de amparo y no tiene la consecuencia de declarar la legitimidad de la posesión a favor de la parte quejosa. En el caso, la quejosa DANNA YUNUEL CRUZ MONTESINOS, sustenta el derecho a poseer el bien inmueble objeto del lanzamiento reclamado, porque dice ser arrendataria, de ahí que la causa generadora de esa posesión precaria es el contrato de arrendamiento que dice haber celebrado. Para acreditar su aseveración y por ende el interés legítimo respecto del bien que dice arrendar, allegó: copia de un contrato privado de arrendamiento que al parecer celebró con Angel F. Ariza Velasco y Alhel Aguirre Arias (sic), el uno de enero de dos mil diecisiete, respecto del bien inmueble ubicado en el: "número 51 de la colonia Santa Isabel", de Huajuapan de León, Oaxaca; copia certificada de credenciales para votar a nombre de: Alheli Aguirre Arias y Ángel Fernán Ariza Velasco y DANNA YUNUEL CRUZ MONTESINOS, copia certificada del instrumento notarial doce mil cuatrocientos cuarenta y uno de veinte de marzo de dos mil diez, del protocolo del Notario Público 61 para el Estado de Oaxaca, doctor en derecho Guillermo Abascal Arias, relativo al contrato de compraventa celebrado entre Isaías Reyes García como vendedor y Ángel Fernán Ariza Velasco y Alhelí Aguirre Arias, como compradores, respecto de una fracción de terreno ubicada en calle Golondrina número cincuenta y uno, colonia Santa Isabel, Huajuapan de León, Oaxaca, acuses de recibo de pago por registro público de la propiedad y servicios catastratales y traslado de dominio respecto del inmueble ubicado en calle Golondrina número cincuenta y uno, colonia Santa Isabel, Huajuapan de León, Oaxaca. Sin embargo, esos medios de convicción resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico que dice tener la quejosa para promover el presente juicio de amparo, respecto del inmueble objeto de la controversia natural. Ello, porque en cuanto a la primer probanza que es la documental privada consistente en el contrato de arrendamiento- valorado al tenor de lo dispuesto por el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°, resulta insuficiente para acreditar su interés jurídico, ya que el mismo hace referencia al arrendamiento de la casa habitación ubicada en: el número cincuenta y uno de la colonia Santa Isabel de Huajuapan de León, Oaxaca, que es un inmueble distinto del que aduce la quejosa ostenta la posesión como lo es ubicado en la calle GOLONDRINA número cincuenta y uno de la colonia Santa Isabel de Huajuapan de León, Oaxaca, en tanto que no existe coincidencia con la calle. Con independencia de lo anterior, tal documento carece de fecha cierta. Es de citarse la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia Civil, página 11, registro 169963, que dice: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito". Respecto a la institución de "fecha cierta", la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen LXVI, Cuarta Parte, Materia Civil, página 63, registro 818042, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.- La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes". Así, la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene cuando se actualiza alguna las hipótesis siguientes: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, que es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, porque el presentar un documento privado ante un fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce, así, a garantizar la certeza de la fecha, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado, y; III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, porque ésta lleva a entender que no pudo plasmar su firma después de su deceso. En el caso, el contrato de arrendamiento exhibido por la quejosa no satisface ninguno de esos requisitos, pues si bien fue presentado en copia certificada, la certificación notarial solo hace constar que es exacta reproducción de su original, mas no da fe de la fecha de celebración de ese contrato por las personas que lo suscriben; por tanto, el citado documento, es insuficiente para acreditar el interés jurídico referido, pues resulta imposible determinar con certeza si aquél es anterior o posterior al reclamo, máxime que, como se dijo, se refiere a un inmueble diverso al que aduce la quejosa ostenta la posesión. De ahí que, con dicha documental no se pruebe fehacientemente el interés legítimo de la quejosa para reclamar en ésta vía constitucional la orden de lanzamiento y entrega del bien inmueble en cita. En cuanto a las diversas documentales aportadas, tampoco acreditan el interés de la quejosa, pues instrumento notarial doce mil cuatrocientos cuarenta y uno de veinte de marzo de dos mil diez, del protocolo del Notario Público 61 para el Estado de Oaxaca, solo acredita la existencia de un contrato de compraventa respecto del bien inmueble ubicado en calle Golondrina número cincuenta y uno, colonia Santa Isabel, Huajuapan de León, Oaxaca, más no algún derecho consignado a favor de la quejosa; y la copia certificada de los acuses de recibo de pago por registro público de la propiedad y servicios catastratales y traslado de dominio respecto del inmueble ubicado en calle Golondrina número cincuenta y uno, colonia Santa Isabel, Huajuapan de León, Oaxaca, tampoco son útiles para acreditar su interés jurídico, ya que con independencia que no consignan ningún derecho a su favor, solo acreditan el pago de derechos respecto del inmueble que aduce posee, más no la naturaleza de su posesión. En el contexto apuntado, si de las pruebas aportadas por parte de la agraviada, no se demuestra el derecho que dice tener respecto del inmueble, y tampoco se evidencia que exista una afectación a sus derechos subjetivos, resulta claro que las promovente del amparo no demostró el interés jurídico que se requiere para instar este juicio; cuando se ostentó como persona extraña al juicio sumario especial hipotecario 925/2018, del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Huajuapan. Por tanto, no quedó demostrado que la quejosa sufra afectación o perjuicio en el inmueble que defiende en esta instancia constitucional. No es obstáculo que se hayan tenido por ciertos los actos reclamados, porque ello no releva a la quejosa de la obligación de justificar que el mismo afecta su esfera de derechos subjetivos públicos; como lo establece la jurisprudencia I.1o.A.J/3 publicada en la página 923, tomo III, segunda parte-2, enero a junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro número 229368, invocada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro: "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO". Tampoco es de considerarse que la parte quejosa hubiere manifestado, bajo protesta de decir verdad, que en el inmueble cuya posesión detenta se está ejecutando el acto reclamado, pues ello no la releva de la obligación legal de aportar las pruebas que lo demuestren; además, esa manifestación bajo protesta de decir verdad, constituye un requisito en la demanda de amparo exigido por el artículo 108 de la Ley de Amparo. Se invoca la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 3a./J.21/90, visible en la página 229, del tomo V, primera parte, enero a junio de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro número 207221, de rubro: "INTERES JURIDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACION DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD". En esas condiciones, ante la falta de prueba que demuestre que los actos reclamados a las autoridades responsables, afectan a la quejosa DANNA YUNUEL CRUZ MONTESINOS, de manera personal y directa un derecho subjetivo del que sea titular, ello hace que se actualice la hipótesis de improcedencia de falta de interés jurídico a que se hizo referencia. Por lo que, con fundamento, además, en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados, como lo establece la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. Por otra parte, en términos de los artículos 1 al 9 y 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por DANNA YUNUEL CRUZ MONTESINOS, en términos del penúltimo considerando de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo ordenado en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Incorpórese el oficio de la Jueza de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, por el que rinde informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con apoyo en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como prueba documental de la responsable la anexa al oficio de cuenta misma que se tiene por desahogada en razón de su propia naturaleza y sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional respectiva. Debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la responsable y con la finalidad de facilitar su manejo, se ordena guardar las mismas en la Secretaría de este Juzgado y a disposición de las partes, como cuaderno de pruebas anexo a este expediente. NOTIFÍQUESE.
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