Daniel Velazquez Paz
Expediente 753/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Daniel Velazquez Paz
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, por el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en los autos del recurso de queja 230/2017, de su índice; en tal circunstancia, advirtiéndose que la superioridad declaró infundado dicho medio de impugnación interpuesto por Gabriel Montesinos Paz, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Daniel Velázquez Paz, en contra de lo determinado en auto de veintiséis de julio del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo, mediante el que se desechó la demanda de amparo; acúsese recibo y háganse las anotaciones en el libro correspondiente, hágase del conocimiento de las partes dicha determinación. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el artículo décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Para los efectos legales a que haya lugar, se hace constar que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio suscrito por el secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por el cual acusa recibo del oficio 586/2017, mediante el cual le fueron enviados las copias certificadas del presente juicio de amparo, así como el escrito original por el que Gabriel Montesinos Paz, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo del promovente Daniel Velásquez Paz, interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiséis de julio del año en curso; además, informa que admitió a trámite dicho recurso. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías que promueve DANIEL VELAZQUEZ PAZ, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; fórmese expediente y regístrese bajo el número 753/2017. Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. Es así, pues del análisis de la demanda de garantías, se advierte, que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dictada en el cuaderno de antecedentes 5/2017, derivado del juicio de nulidad número 484/2016, del índice de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en que conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 128 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, declaró improcedente su petición relativa a la recusación que planteó. Ahora bien, dicho auto no le causa agravio por tratarse de una cuestión de mero trámite verificada en el cuaderno de antecedentes 5/2017, derivado del juicio de nulidad número 484/2016, del índice de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que no es de imposible reparación. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la ley en cita, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". El segundo de esos numerales establece que se entiende por actos cuyos efectos son de imposible reparación aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, mediante una fórmula legal, el legislador secundario estableció, que para ser calificados como irreparables, los actos en juicio necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. En la ejecutoria que dio vida a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte analizó los antecedentes legislativos relacionados con la procedencia del amparo indirecto y estimó que éstos evidenciaron la necesidad de abreviar el procedimiento, ante la demanda social de eliminar la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, lo que constituye un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la sustanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios naturales. Siguiendo esos conceptos, debe concluirse que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la resolución de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dictada en el cuaderno de antecedentes 5/2017, derivado del juicio de nulidad número 484/2016, del índice de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en que conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 128 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, declaró improcedente su petición relativa a la recusación que planteó, no produce una afectación material a derechos sustantivos, sino sólo origina efectos intraprocesales, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia que se pronuncie en el juicio natural, en caso de ser favorable, y en el supuesto de no ser así, el impetrante estará en aptitud de impugnar tal decisión como violación procesal a través del juicio de amparo directo, en términos del numeral 172 de la ley de la materia. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias números 244 y 232, visibles a fojas 164 y 157 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dicen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." y "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.-De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". Además, en lo conducente, la jurisprudencia 108/2006, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XXV, Abril de 2007, que aparece en la página 11 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE NO ADMITIR O NO RESOLVER LA RECUSACIÓN FORMULADA CONTRA EL JUEZ EJECUTOR. Del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se advierte que el sistema de procedencia del juicio de garantías contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, distingue entre: 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Respecto de los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento); siendo la razón que originó esta regla de procedencia, el impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva; de ahí que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que la interlocutoria que decide no admitir o no resolver la recusación formulada contra el Juez ejecutor, al tratarse de una resolución intraprocesal que no causa agravio por sí misma, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que puede impugnarse a través del amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el procedimiento de ejecución. Asimismo, por identidad jurídica sustancial la tesis 2a. XXIV/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo VII, Febrero de 1998, consultable en la página 228 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son al tenor literal siguiente: "RECUSACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL, CUYA IMPUGNACIÓN DEBE HACERSE EN AMPARO DIRECTO. La recusación no es un acto de imposible reparación, pues el único efecto que produce tal resolución es que el propio Juez recusado continúe conociendo de la controversia jurisdiccional, hipótesis que, además de estar comprendida en el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, revela una violación procesal; en consecuencia, esa resolución no puede ser combatida en amparo ante el Juez de Distrito, por tratarse de violaciones a las leyes del procedimiento contenidas en el precepto legal invocado y, por ende, conforme a lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, sólo puede reclamarse en la vía de amparo directo al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda constitucional. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda, por autorizado en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a Gabriel Montesinos Paz, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas que se mencionan en la demanda de amparo. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario adscrito, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente expediente. Finalmente, hágase saber a las partes, que en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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