Danna Abril Cerda Maldonado y Otros.

Expediente 932/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
932/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/12/2021

Partes del expediente

  • Danna Abril Cerda Maldonado y Otros.
  • Luis Antonio Cerda Álvarez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, fracción d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se desechó. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve *******************, en representación de su menor hija de iniciales D.A.C.M., calidad que acredita en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con la copia certificada de su acta de nacimiento, contra actos de la Jueza de Oralidad Familiar de Salvatierra, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 932/2021-II. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, para una mejor comprensión de lo que se resolverá, es menester precisar el acto reclamado que se desprende del estudio y análisis conjunto de la demanda de amparo y de las constancia anexas, atendiendo al criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Bajo la consideración anterior, se precisa que lo que el representante de la menor de iniciales D.A.C.M., le reclama a la Jueza de Oralidad Familiar de Salvatierra, Guanajuato, es: La determinación acaecida en la audiencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por la que, se señalaron las nueve horas del día trece de diciembre del año en curso, como nueva fecha y hora para la reanudación de la audiencia de restitución de la menor, a efecto de hacerla presente para ser escuchada, ello en ejecución del juicio ************* de su estadística. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. En efecto, en la legislación vigente, se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; lo que no sucede en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, con la aclaración que hace el legislador secundario, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y, no únicamente, que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De la anterior interpretación derivan dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión contraria a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la citada legislación, prevé que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, empero, no establece categóricamente los casos de procedencia del juicio de amparo en que se promueva el amparo contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, esto es, que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento que guarde relación con el cumplimiento de la ejecutoria. Por ello, atendiendo a una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se deduce que respecto de las violaciones procesales cometidas con motivo de un incidente instaurado después de concluido el juicio, se harán valer conjuntamente con la interlocutoria que lo decida, la cual será reclamable mediante el amparo bi instancial. Ello es así ya que es evidente que dicha situación es semejante a la hipótesis prevista en el artículo 172, fracción V, y aplicando por analogía los principios que informan las reglas para la procedencia del amparo directo, de las que se deduce que no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto contra tales infracciones procesales contenidas en la secuela de un incidente, sino hasta que el mismo sea resuelto en definitiva, pudiéndose como se dijo, hasta ese momento hacer valer las violaciones que se estimen se cometieron en dicha incidencia en su perjuicio. Sentado lo anterior, se concluye que respecto del acto reclamado se actualiza la citada causal de improcedencia, en razón de que constituye una resolución de índole procesal y, por ende, es objeto de reclamo hasta el dictado de la interlocutoria respectiva. Para demostrar la causal de improcedencia en este juicio, se tomarán en cuenta los hechos que bajo protesta de decir verdad narró el representante de la menor en su demanda de amparo, mismos a los que se les otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." En ese sentido de la demanda que se estudia, se advierten los siguientes hechos: Que el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se notificó a **********************-padre de la menor-, una demanda interpuesta por María *********************-madre de la menor-, quién en representación de la infante le reclamó las siguientes prestaciones: a) Pago de pensión alimenticia provisional y definitiva; b) Su guarda y custodia provisional y definitiva; y c) El pago de gastos y costas procesales, la cual quedó radicada bajo el expediente ************** de la estadística del Juzgado de Oralidad de Salvatierra, Guanajuato. Que el catorce de mayo de dos mil dieciocho *****************, celebraron un convenio durante la audiencia preliminar de dicho juicio, en el cual acordaron: 1) Que la guarda y custodia de la menor de iniciales D.A.C.M., estaría a cargo de su progenitora en el domicilio ubicado en calle **************; 2) Que el progenitor debía pagar a favor de la infante la cantidad de $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 m.n.), más el 50% de los gastos médicos que no cubriera el Instituto Mexicano del Seguro Social; 3) Que las convivencias del progenitor con la menor serían desde el viernes a las dieciocho horas hasta el domingo a las dieciocho treinta horas, debiendo recogerla en el domicilio de guarda y custodia y devolverla al mismo. Que el veinticinco de noviembre del presente año, se le notificó al progenitor un auto de fecha once del mismo mes y año, dictado en el expediente *****************, con el cual se le hizo del conocimiento que se habían señalado las nueve horas con treinta minutos del veintinueve del mes y año citado para la celebración de la audiencia de restitución de la menor de iniciales *****************. Que en la audiencia de restitución verificada el veinticinco de noviembre pasado, la juez determinó continuarla para el día trece de diciembre de la presente anualidad, en atención de no haber hecho presente a la menor para ser escuchada. Acto reclamado en el presente juicio constitucional. Asimismo, cabe señalar que del disco que en formato DVD anexó el promovente a su demanda de amparo se advierte que: El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, se inició la audiencia relativa a la restitución de la menor de iniciales ***********************. Al dar la cuenta de ley, se estableció la presencia de los progenitores acompañados de sus abogados, la representación social y el psicólogo del DIF; así como, se asentó la ausencia de la infante, la cual le había sido previamente requerida a **********************-padre de la menor-. En uso de la voz la Juzgadora señaló que, la citada audiencia de restitución de la menor de iniciales **********************., se llevaba a cabo en ejecución de la sentencia del juicio oral ordinario **************, promovido por *************** en contra de ********************. Como se puede observar, el acto reclamado consistente en la determinación acaecida en la audiencia de veintinueve de noviembre del presente año, por la que, se señaló nueva fecha y hora para la reanudación de la audiencia de restitución de la menor, a efecto de hacerla presente para ser escuchada, no es impugnable de manera inmediata en esta vía constitucional, pues se trata de una cuestión de índole intraprocesal que podrá hacer valer hasta que el amparo se intente en contra de la resolución final con la que culmine dicho procedimiento incidental, habida cuenta que sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales emitidas, que afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la interlocutoria dentro de dicho incidente, si ésta es favorable a los intereses de la parte quejosa y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamar las referidas irregularidades procedimentales, junto con la interlocutoria que haya decidido la incidencia, mediante el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, pues en la especie no se le puede considerar como acto de imposible reparación, en virtud de que la determinación reclamada, emitida por la Juez responsable, en la determinó continuar la audiencia de restitución para el día trece de diciembre del presente año, en atención de no haber hecho presente a la menor para ser escuchada, no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si se obtiene interlocutoria favorable dentro del citado incidente, lo cual a la fecha no ha acontecido. Por tanto, se hace patente que la violación procesal que aduce el representante de la menor, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo precisamente estos supuestos en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V en concatenación con la fracción IV, de la citada ley de la materia y de los criterios jurisprudenciales antes referidos. Máxime que el progenitor únicamente acude a esta instancia constitucional en representación de la menor de iniciales *******************., más no así, por su propio derecho; razón por la que, la determinación reclamada únicamente tiene injerencia en la infante en la parte relativa al señalamiento de la nueva fecha y hora para la reanudación de la audiencia de restitución, la cual fue fijada para el día trece de diciembre del presente año, en virtud de no haber contado con su presencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********************, por así haberlo solicitado. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo que promueve *******************, en representación de su menor hija de iniciales D.A.C.M., calidad que acredita en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con la copia certificada de su acta de nacimiento, contra actos de la Jueza de Oralidad Familiar de Salvatierra, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 932/2021-II. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, para una mejor comprensión de lo que se resolverá, es menester precisar el acto reclamado que se desprende del estudio y análisis conjunto de la demanda de amparo y de las constancia anexas, atendiendo al criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Bajo la consideración anterior, se precisa que lo que el representante de la menor de iniciales D.A.C.M., le reclama a la Jueza de Oralidad Familiar de Salvatierra, Guanajuato, es: La determinación acaecida en la audiencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por la que, se señalaron las nueve horas del día trece de diciembre del año en curso, como nueva fecha y hora para la reanudación de la audiencia de restitución de la menor, a efecto de hacerla presente para ser escuchada, ello en ejecución del juicio ************* de su estadística. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. En efecto, en la legislación vigente, se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; lo que no sucede en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, con la aclaración que hace el legislador secundario, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y, no únicamente, que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De la anterior interpretación derivan dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión contraria a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la citada legislación, prevé que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, empero, no establece categóricamente los casos de procedencia del juicio de amparo en que se promueva el amparo contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, esto es, que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento que guarde relación con el cumplimiento de la ejecutoria. Por ello, atendiendo a una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se deduce que respecto de las violaciones procesales cometidas con motivo de un incidente instaurado después de concluido el juicio, se harán valer conjuntamente con la interlocutoria que lo decida, la cual será reclamable mediante el amparo bi instancial. Ello es así ya que es evidente que dicha situación es semejante a la hipótesis prevista en el artículo 172, fracción V, y aplicando por analogía los principios que informan las reglas para la procedencia del amparo directo, de las que se deduce que no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto contra tales infracciones procesales contenidas en la secuela de un incidente, sino hasta que el mismo sea resuelto en definitiva, pudiéndose como se dijo, hasta ese momento hacer valer las violaciones que se estimen se cometieron en dicha incidencia en su perjuicio. Sentado lo anterior, se concluye que respecto del acto reclamado se actualiza la citada causal de improcedencia, en razón de que constituye una resolución de índole procesal y, por ende, es objeto de reclamo hasta el dictado de la interlocutoria respectiva. Para demostrar la causal de improcedencia en este juicio, se tomarán en cuenta los hechos que bajo protesta de decir verdad narró el representante de la menor en su demanda de amparo, mismos a los que se les otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." En ese sentido de la demanda que se estudia, se advierten los siguientes hechos: Que el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se notificó a **********************-padre de la menor-, una demanda interpuesta por María *********************-madre de la menor-, quién en representación de la infante le reclamó las siguientes prestaciones: a) Pago de pensión alimenticia provisional y definitiva; b) Su guarda y custodia provisional y definitiva; y c) El pago de gastos y costas procesales, la cual quedó radicada bajo el expediente ************** de la estadística del Juzgado de Oralidad de Salvatierra, Guanajuato. Que el catorce de mayo de dos mil dieciocho *****************, celebraron un convenio durante la audiencia preliminar de dicho juicio, en el cual acordaron: 1) Que la guarda y custodia de la menor de iniciales D.A.C.M., estaría a cargo de su progenitora en el domicilio ubicado en calle **************; 2) Que el progenitor debía pagar a favor de la infante la cantidad de $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 m.n.), más el 50% de los gastos médicos que no cubriera el Instituto Mexicano del Seguro Social; 3) Que las convivencias del progenitor con la menor serían desde el viernes a las dieciocho horas hasta el domingo a las dieciocho treinta horas, debiendo recogerla en el domicilio de guarda y custodia y devolverla al mismo. Que el veinticinco de noviembre del presente año, se le notificó al progenitor un auto de fecha once del mismo mes y año, dictado en el expediente *****************, con el cual se le hizo del conocimiento que se habían señalado las nueve horas con treinta minutos del veintinueve del mes y año citado para la celebración de la audiencia de restitución de la menor de iniciales *****************. Que en la audiencia de restitución verificada el veinticinco de noviembre pasado, la juez determinó continuarla para el día trece de diciembre de la presente anualidad, en atención de no haber hecho presente a la menor para ser escuchada. Acto reclamado en el presente juicio constitucional. Asimismo, cabe señalar que del disco que en formato DVD anexó el promovente a su demanda de amparo se advierte que: El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, se inició la audiencia relativa a la restitución de la menor de iniciales ***********************. Al dar la cuenta de ley, se estableció la presencia de los progenitores acompañados de sus abogados, la representación social y el psicólogo del DIF; así como, se asentó la ausencia de la infante, la cual le había sido previamente requerida a **********************-padre de la menor-. En uso de la voz la Juzgadora señaló que, la citada audiencia de restitución de la menor de iniciales **********************., se llevaba a cabo en ejecución de la sentencia del juicio oral ordinario **************, promovido por *************** en contra de ********************. Como se puede observar, el acto reclamado consistente en la determinación acaecida en la audiencia de veintinueve de noviembre del presente año, por la que, se señaló nueva fecha y hora para la reanudación de la audiencia de restitución de la menor, a efecto de hacerla presente para ser escuchada, no es impugnable de manera inmediata en esta vía constitucional, pues se trata de una cuestión de índole intraprocesal que podrá hacer valer hasta que el amparo se intente en contra de la resolución final con la que culmine dicho procedimiento incidental, habida cuenta que sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales emitidas, que afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la interlocutoria dentro de dicho incidente, si ésta es favorable a los intereses de la parte quejosa y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamar las referidas irregularidades procedimentales, junto con la interlocutoria que haya decidido la incidencia, mediante el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, pues en la especie no se le puede considerar como acto de imposible reparación, en virtud de que la determinación reclamada, emitida por la Juez responsable, en la determinó continuar la audiencia de restitución para el día trece de diciembre del presente año, en atención de no haber hecho presente a la menor para ser escuchada, no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si se obtiene interlocutoria favorable dentro del citado incidente, lo cual a la fecha no ha acontecido. Por tanto, se hace patente que la violación procesal que aduce el representante de la menor, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo precisamente estos supuestos en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V en concatenación con la fracción IV, de la citada ley de la materia y de los criterios jurisprudenciales antes referidos. Máxime que el progenitor únicamente acude a esta instancia constitucional en representación de la menor de iniciales *******************., más no así, por su propio derecho; razón por la que, la determinación reclamada únicamente tiene injerencia en la infante en la parte relativa al señalamiento de la nueva fecha y hora para la reanudación de la audiencia de restitución, la cual fue fijada para el día trece de diciembre del presente año, en virtud de no haber contado con su presencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********************, por así haberlo solicitado. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

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