Daniela Guadalupe Martínez Gutiérrez

Expediente 45/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
45/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Daniela Guadalupe Martínez Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de tres de febrero del año en curso, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para que desahogara el requerimiento que se le formuló mediante proveído de veinticuatro de enero del año en curso, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ******************, por su propio derecho, contra actos del Juez Civil con sede en Acámbaro, Guanajuato, y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número de expediente 45/2023-VII. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la demanda de amparo, es importante transcribir lo que al efecto dispone el artículo 114 de la Ley de Amparo: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir a la promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, debe decirse que el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones II y V, del numeral 114, en relación con el diverso 108, fracción V, y 110, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: A) La primera irregularidad surge de lo estipulado en la fracción V del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa en su demanda de amparo en el capítulo de ACTO RECLAMADO, señaló lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: Se reclama de la responsable LA POSIBLE DETENCIÓN ILEGAL O PRIVACIÓN DE MI LIBERTAD O EL POSIBLE EMBARGO O DESALOJO DEL BIEN QUE TENGO EN RENTA." Y en el capítulo de antecedentes del acto reclamado expuso: "V.- ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO: Bajo protesta de decir verdad manifiesto que lo desconozco, solo sé que los licenciados enviados por dichas instancias me andan buscando o buscando algo en el domicilio que poseo, sin decir el motivo toman fotografías y preguntan quién habita la propiedad. " De lo anterior se advierte que si bien la solicitante del amparo en su afán de cumplir con el aludido requisito, en el capítulo correspondiente a la precisión del acto reclamado, expuso que este se hace consistir en la orden de detención o privación de su libertad y el embargo o desalojo del bien que posee; y en los antecedentes relativos señaló, que lo único que sabe es que los licenciados de dichas instancias la andan buscando o buscando algo en el domicilio que renta. Sin embargo, de los apartados antes transcritos, así como de la lectura integral de la demanda no se advierte la fecha en la que tuvo conocimiento de los actos que reclama, así como tampoco, respecto de qué inmueble, se dictaron las órdenes de embargo o desalojo que refiere. Lo anterior, es necesario para que el suscrito tenga la certeza de la fecha en la que tuvo conocimiento de la orden de detención o privación de su libertad y el embargo o desalojo que reclama, y sobre qué inmueble se dictaron éstas últimas, pues tales referencias son determinantes para poder substanciar el sumario, ya que sin conocerse esos puntos, no será posible establecer la oportunidad de la solicitud de la tutela constitucional, ni sobre qué inmueble se dictaron las dos últimas medidas. Razón por la cual, se hace necesario requerir a la quejosa para que, bajo protesta de decir verdad, precise la fecha en la que tuvo conocimiento de los actos que reclama en esta instancia constitucional, así como respecto de qué inmueble, se dictaron las ordenes de embargo o desalojo que reclama. Lo anterior, de conformidad con el contenido del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." De la transcripción del artículo anterior, se patentiza la penalización por afirmar hechos falsos u omitir los relacionados con el acto reclamado, con el propósito de obtener una ventaja procesal. De ahí que, de acuerdo con el contenido de tal precepto, el hoy quejoso se encuentre ceñido a manifestar "bajo protesta de decir verdad" la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, pues resulta relevante para conocer la verdad legal. B) La segunda irregularidad surge de lo estipulado en cuanto al requisito establecido en el artículo 114, fracción V del invocado numeral, en relación con el diverso 110 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio." Del precepto transcrito se desprende, en lo que interesa, que al promoverse la demanda de amparo deberán exhibirse con ésta las copias suficientes para cada una de las partes y una para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio, y que tampoco se tratara de un caso de excepción para exhibirlas. El requisito aludido no constituye formalismo sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tiene como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de amparo y, además, proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa, correspondiendo al peticionario del amparo la carga de exhibir las copias de su escrito de demanda, suficientes para correr traslado a cada una de las partes y para formar el incidente de suspensión, en el caso de solicitarse la medida cautelar y no tuviere que concederse de oficio. En el caso concreto, la parte quejosa únicamente anexó a su demanda de amparo TRES COPIAS de la misma, la cual es insuficiente para darle trámite a la vía constitucional que intenta, dado que se necesitan dos tantos más para que sean distribuidos de la siguiente manera: Autoridades responsables TRES COPIAS. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, UNA COPIA. Apertura del incidente de suspensión, UNA COPIA. Cabe mencionar que en el caso no se actualiza ninguna de las hipótesis contenidas en el segundo párrafo del artículo 110 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de un amparo por comparecencia, vía telegráfica o medios electrónicos, ni se trata de un asunto del orden penal o laboral, tampoco están involucrados derechos de menores o incapaces, derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal, ni se advierte de la demanda que el quejoso sea personas en estado de pobreza o marginación. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 108, fracción V, y 110, en relación con el 114, fracción II y V, de la ley de la materia, prevéngase a la quejosa para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Precise bajo protesta de decir verdad, la fecha en la que tuvo conocimiento del acto que reclama en esta instancia constitucional, así como respecto de qué inmueble, se dictaron las órdenes de embargo y desalojo que refiere; y Exhiba dos copias de su demanda de amparo para estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda. Se reitera, que lo anterior sólo se tendrá por legalmente cumplido si la quejosa es quien la desahoga, dado que como ya se dijo en párrafos que anteceden, la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeta a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados. Por otra parte, se tiene a la quejosa, autorizando en términos de la última parte, segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Erika Martínez, por así haberlo solicitado. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Se instruye al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que cuando practique la notificación personal, acate el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones. En otro contexto, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

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