Danireidi Villanueva Pérez
Expediente 534/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 11/02/2021
Partes del expediente
- Danireidi Villanueva Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
1.Promoción. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual solicita copias certificadas de la papeleta de turno, escrito de demanda de amparo, auto admisorio, informes justificados, sentencia constitucional o del auto que puso fin al juicio de amparo, en su caso, del auto en que causó ejecutoria la misma, además informe el estado procesal que guarda el mencionado juicio. 1.1. Acuerdo. Atento a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítanse a la autoridad federal oficiante las copias que solicita, asimismo, infórmese a la misma que el presente juicio se encuentra como asunto totalmente concluido.
- Principal
1. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, por el que se sobreseyó en el presente juicio, no fue recurrido por alguna de las partes. 1.1 Causa ejecutoria. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado estado. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.2 Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. 1.3 Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además no tiene relevancia documental para su conservación. 1.4 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
1. Promoción. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Presidente Municipal Constitucional y Consejero Jurídico Municipal del Honorable Ayuntamiento de Chiapas de Corzo, Chiapas, ambos con residencia en esa ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. 1.1 Acuerdo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que conste en autos el oficio de cuenta, y tómese nota para los efectos legales correspondientes, en virtud de que el veintisiete de mayo del presente año se tuvo por sobreseído el presente juicio de amparo.
- Principal
1. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa ********************, mediante el cual amplía su demanda de amparo respecto a la respuesta dada al ocurso de doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito de trece siguiente, signado por el Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, provéase respecto. 2. Estado de autos. Visto el estado de autos de donde se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos reclamados consistentes en i. la omisión de acordar el escrito de doce de marzo de dos mil dieciocho, signado por la parte quejosa; y, ii. la respuesta dada al ocurso de doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito de trece siguiente, signado por el Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas, se actualizan las causales de sobreseimiento e improcedencia previstas en el artículo 63, fracción IV y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, como enseguida se verá. 2.1 Respecto del acto reclamado consistente en i. la omisión de acordar el escrito de doce de marzo de dos mil dieciocho, signado por la parte quejosa, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Se tiene que no es cierto el acto omisivo que le fue atribuido al Ayuntamiento Constitucional de Chiapa de Corzo, Chiapas, el cual se hizo consistir en i. la omisión de acordar el escrito de doce de marzo de dos mil dieciocho, signado por la parte quejosa; lo anterior es así, toda vez que así lo manifestó categóricamente la referida autoridad responsable al momento de rendir su respectivo informe con justificación, al sostener toralmente, que mediante oficio número ********************, de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, le informó que en el diverso escrito de trece de septiembre de dos mil diecisiete, dio respuesta a la petición hecha por la parte quejosa (foja 19 de auto); siendo la última respuesta dada notificada por medio de cédula de notificación por lista de estrado, el veintinueve de marzo del año en curso (fojas 21 y 22 de autos), atenta la razón de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve (foja 19 vuelta de autos); por tanto, es incuestionable que la solicitud respecto de la cual la impetrante reclamó su omisión a la autoridad señalada como responsable, fue atendida por ésta y hecha de su conocimiento. De ahí que el aludido acto reclamado no existía en el momento en que el impetrante de amparo interpuso su demanda de amparo, esto es, el veintitrés de abril de dos mil diecinueve; en función de que como se expuso en líneas que anteceden, la autoridad responsable proveyó al respecto desde el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve y notificado por cédula de notificación por lista de estrado el veintinueve siguiente, esto es, en fechas previas a la presentación de la demanda de mérito; consecuentemente, queda plenamente acreditada la inexistencia de dicho acto omisivo imputado a la responsable, en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado En Materias Civil Y De Trabajo Del Segundo Circuito, Octava Época, registro número 210237, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, Materia Común, Tesis: II. 1o. C. T. 217 K, página número 313, cuyo rubro y texto dicen: INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo. 2.2 Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en ii. la respuesta dada al ocurso de doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito de trece siguiente, signado por el Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas, que reclama la quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). A fin de analizar la causal de improcedencia señalada, es importante destacarse la existencia del oficio ********************, de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve (foja 19), así como la cédula de notificación por lista de estrado de veintinueve siguiente (foja 20), signado por la autoridad responsable, mediante el cual se hace del conocimiento a la parte quejosa que su escrito de doce de marzo de dos mil diecinueve, le fue respondido mediante escrito de trece de septiembre de dos mil diecisiete, signado por el Presidente Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas, donde se le informó el estado que guardaba su relación laboral como elemento de la Policía Municipal de Chiapa de Corzo Chiapas. Asimismo, como un hecho notorio, se tiene a la vista las copias fotostáticas certificadas que remitió el Juez Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Civiles en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, relativas al juicio de amparo número ********************, de su índice, documental pública con pleno valor probatorio según lo dispuesto en los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por mandato expreso de su numeral 2, de donde se advierte el escrito de trece de septiembre de dos mil diecisiete, signado por la autoridad responsable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chiapa de Corzo, Chiapas, a través de su Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, mediante el cual se hace del conocimiento a la parte quejosa que la suspensión de sus pagos quincenales, se debe a que no aprobó la evaluación de Control y Confianza que realizó el Centro Estatal de Control y Confianza Certificado del Estado de Chiapas (foja 33 del anexo). Asimismo, del juicio de amparo ******************** de que se viene hablando, se advierte que la parte quejosa ********************, solicitó copia simple del informe justificado rendido por la autoridad responsable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chiapa de Corzo, Chiapas, a través de su Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos (foja 68 del anexo), el cual fue acordado en auto de diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Las aludidas copias simples fueron entregadas a ********************, autorizado de la parte quejosa, quien se identificó con credencial para votar con fotografía clave de elector ********************, expedida por el Instituto Nacional Electoral, el veintiséis de enero de dos mil dieciocho (foja 71 del anexo). Ahora bien, para que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, se requiere: a) Un acto de autoridad; b) Una persona que se hace sabedora de que puede sufrir o está siendo afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y, e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. En el caso, como se verá, los supuestos indicados se encuentran satisfechos. En efecto, acorde a lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, para combatir el acto de que se duele consistente en ii. la respuesta dada al ocurso de doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito de trece siguiente, signado por el Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas, la parte quejosa contaba con el plazo de quince días, computable a partir de la fecha en que fue de su conocimiento, por estimarse que desde esa data tuvo noción cierta y plena del acto reclamado, lo cual debe estar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. Así las cosas, el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se contará a partir del día siguiente al de los siguientes supuestos: a) Al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución que reclama, conforme a la ley del acto; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo o de su ejecución. Ahora bien, en el caso, se toma en cuenta el segundo supuesto, pues de las constancias que integran el diverso juicio de amparo ********************, del índice de Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Civiles del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que la parte quejosa con anterioridad a la promoción del presente juicio de amparo, ya tenía conocimiento del acto que pretende ampliar. Efectivamente, en autos del citado expediente de amparo, a foja setenta y uno, se advierte que el autorizado de la parte quejosa compareció ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Civiles del Estado, con sede en esta ciudad, a recoger las copias fotostáticas simples del informe justificado que contiene la respuesta dada al ocurso de doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito de trece de septiembre de dos mil diecisiete, signado por el Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas, las cuales hacen evidente que la ahora quejosa, contrario a lo que afirma en su demanda de amparo, tenía conocimiento del estado de su relación laboral que venía desempeñando como elemento de la Policía Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Chiapa de Corzo, Chiapas, desde el veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Ello es así, ya que el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, el autorizado de la parte quejosa compareció ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Civiles del Estado, con sede en esta ciudad, a recoger copias fotostáticas simples del informe justificado rendido por el Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas, en el aludido juicio de amparo ********************; de ahí que la impetrante de amparo tenía pleno conocimiento del acto que ahora reclama en vía de ampliación, respecto del estado de su relación laboral que venía desempeñando como elemento de la Policía Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Chiapa de Corzo, Chiapas; por lo que resulta incuestionable que sí tuvo oportunidad de inconformarse en contra del procedimiento administrativo de separación, por no aprobar los exámenes de control de confianza, seguido en su contra que ahora pretende reclamar envía de ampliación. En este sentido, si la quejosa tuvo conocimiento del acto que envía de ampliación reclama, desde el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, resulta evidente que el plazo legal de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió con notorio exceso; pues la ampliación de la demanda de amparo la presentó hasta el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de este órgano jurisdiccional, es evidente que su promoción es extemporánea, pues transcurrió más de un año. Sin que obste a lo anterior, que la impetrante en su demanda de amparo haya manifestado, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, con la vista que se le dio con el informe justificado rendido por el Presidente Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas (foja 55), ya que de las constancias del diverso juicio de amparo ********************, se advierte que tuvo conocimiento de ellos desde el veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Tiene aplicación, por las razones que indican, la jurisprudencia 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro número 163172, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, página 5, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Asimismo, es aplicable por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencial 42/2002, que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Tomo XVI, Septiembre de 2002 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa." Sostener lo contrario, implicaría admitir que el plazo para el ejercicio de la acción constitucional quede sujeto a la fecha en que la autoridad responsable rinda su informe justificado a pesar de que previamente hubiera notificado a la quejosa la resolución que pretende reclamar, extendiendo injustificadamente el plazo previsto en la ley para la impugnación cuando la autoridad ya le ha notificado el acto. De ahí que se determine que el término de los quince días para ampliar la demanda de amparo, comienza a partir de la parte quejosa tiene conocimiento del nuevo acto objeto de la ampliación. 3. Bajo ese orden de ideas, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con el artículo 61, fracción XIV, y 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respectivamente, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tales hechos jurídicos; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, misma que estaba fijada para las NUEVE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
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