Daniela González Chávez

Expediente 705/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 17 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
705/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
02/08/2021

Partes del expediente

  • Daniela González Chávez
  • Promotora de Vivienda Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de veintidós de junio de dos mil veintiuno, por el que se sobresee en el presente juicio de amparo, no fue recurrido por alguna de las partes. Causa estado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. En consecuencia, archívese el presente como asunto concluido. Destrucción. En otra tesitura, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que se sobresee en el presente juicio de amparo. Transferencia. Igualmente, una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21; y háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Relevancia documental. Asimismo, es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Devolución de documentos. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger la documental que haya exhibido en el presente expediente, apercibida que, en caso de no hacerlo, dicho documento podrán ser destruido. Obtención de cita. Ahora bien, para los efectos precisado en líneas que anteceden, y accesar a las instalaciones de este juzgado federal, deberá atender a lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, pudiendo ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrá ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Obligación de comunicar cita y hora obtenida. Una vez obtenida la cita, con la debida anticipación, deberá informarlo a este Juzgado de Distrito, a fin de que, previa razón que se asiente en autos, se le haga entrega de la documental exhibida. Cuaderno. Por otra parte, visto el cuaderno de antecedentes formado con motivo del escrito signado por la quejosa Daniela Gonzáles Chávez, con el que realizó diversas manifestaciones respecto de las constancias remitidas por la autoridad. Acuerdo. En consecuencia, agréguese a los autos el citado cuaderno de antecedentes, sin que se haga pronunciamiento respecto al escrito de la citada quejosa, toda vez que se proveyó en auto de veinticuatro de mayo del año.

  2. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el once de diciembre de dos mil veinte, a través de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del que por razón de turno tocó conocer a este órgano jurisdiccional, Daniela González Chávez demandó la protección constitucional contra la autoridad y actos que más adelante se describen. SEGUNDO. Mediante acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte (foja 20), se admitió la demanda de amparo; se ordenó emplazar a las autoridades responsables, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. TERCERO. Luego, en acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno (foja 47) se tuvo por ampliada la demanda de amparo respecto al oficio PROVICH/DCCYPE/026/2021 de veintiséis de enero de la citada anualidad (foja 32) y, nuevamente, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que se celebró el veinte de mayo del año antes citado (foja 101), conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este órgano de control constitucional es legalmente competente para conocer la presente controversia, por disponerlo los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]; 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 de la Ley de Amparo [LA], y el Acuerdo General número 16/2016 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debido a que se tratan de actos reclamados a una autoridad estatal con residencia en este circuito. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama: De Promotora de Vivienda Chiapas, Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Chiapas, Sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, actualmente Secretaría de Bienestar, con residencia en esta ciudad: En la demanda de amparo inicial: a).- La falta de contestación a los escritos siguientes: de diecisiete, recibido el dieciocho de agosto (foja 14); de veintitrés, recibido el veinticuatro de agosto (foja 17); de veintiocho de septiembre recibido el seis de noviembre (foja 13); y de veintitrés de noviembre, recibido en la misma fecha (foja 12), todos de dos mil veinte. b).- La negativa de aplicar el Acuerdo Número PROVICH/4.2/3ªEXT./2017 de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, relativa a la 3º Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Promotora de Vivienda Chiapas (foja 28), respecto de la casa habitación en el inmueble ubicado en calle Granate, número 101, lote 27, manzana 03, sección C, del fraccionamiento Jardines del Pedregal, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En la ampliación de demanda: c). - El oficio PROVICH/DCCYPE/026/2021 de veintiséis de enero de dos mil veintiuno (foja 32), mediante el cual se dio respuesta a los escritos señalados en el inciso a). TERCERO. Promotora de Vivienda Chiapas, Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Chiapas, Sectorizado a la Secretaría de la Desarrollo Social, actualmente Secretaría de Bienestar, al rendir su primer informe justificado (foja 24), negó la existencia de los actos indicados en los incisos a) y b). Y, en su segundo informe (foja 63), no aceptó ni negó el diverso establecido como inciso c). Al respecto, cabe señalar que, en cuanto al acto identificado en el inciso b), (negativa de aplicar el Acuerdo Número PROVICH/4.2/3ªEXT./2017), debe tenerse por inexistente, debido a que, en su primer informe además de señalar que está dando cumplimiento al citado Acuerdo Número PROVICH/4.2/3ªEXT./2017, en su segundo informe, fue muy puntual en indicar, que la parte quejosa es beneficiaria de dicho Acuerdo, al precisar (foja 64 a 65): " [.] SEGUNDO: La quejosa DANIELA GONZALEZ CHAVEZ es beneficiada a una vivienda y deberá presentar los documentos y todos aquellos elementos que den convicción de que ha llenado los requisitos de trámites para ser regularizado y escriturar a su nombre la casa habitación en el inmueble ubicado en calle Granate No. 101, Lote 27, Manzana 03, sección C, del Fraccionamiento Jardines del Pedregal, de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, lo cual fue la determinación del Acuerdo Número PROVICH/4.2/3ªEXT./2017, de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, al igual que todos los beneficiados con este acuerdo [.]". De modo que, si la autoridad responsable reconoce que la quejosa es beneficiaria de la casa en cuestión y afirma que para proceder a la regularización de dicho inmueble solamente debe cumplir con los términos del Acuerdo Número PROVICH/4.2/3ªEXT./2017, lo que evidentemente supone la aplicación a la quejosa de tal acuerdo, entonces se debe considerar inexistente la negativa de aplicación del citado Acuerdo Número PROVICH/4.2/3ªEXT./2017 de catorce de noviembre de dos mil diecisiete; por tanto, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se sobresee en el presente juicio de amparo respectivo a dicho acto. No obstante, es cierto el diverso acto reclamado marcado con el inciso a); en tanto que, si bien la responsable mediante oficio PROVICH/DCCYPE/026/2021 de veintiséis de enero de dos mil veintiuno (foja 32), dio respuesta a los escritos de la parte quejosa, también es verdad que ello ocurrió con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (once de diciembre de dos mil veinte), es decir, a esta última fecha no existía la citada contestación. Finalmente, la responsable, al rendir su segundo informe justificado (foja 63), en cuanto al acto reclamado marcado con el inciso c), no lo aceptó ni lo negó; por lo que, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto dicho acto; máxime que, a foja treinta y dos de autos, consta el oficio PROVICH/DCCYPE/026/2021 de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual, da respuesta a los escritos de la parte quejosa. CUARTO. En el caso, se advierten las siguientes causales de improcedencia. 1ª) Cesación de efecto. En cuanto a la falta de contestación a los escritos siguientes: de diecisiete, recibido el dieciocho de agosto (foja 14); de veintitrés, recibido el veinticuatro de agosto (foja 17); de veintiocho de septiembre recibido el seis de noviembre (foja 13); y de veintitrés de noviembre, recibido en la misma fecha (foja 12), todos de dos mil veinte, opera la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, cabe señalar que la causa de improcedencia que se trata, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ello, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, si bien la solicitante del amparo reclama la falta de contestación de los escritos aludidos. También es verdad que la responsable, mediante oficio PROVICH/DCCYPE/026/2021 de veintiséis de enero de dos mil veintiuno (foja 32) dio respuesta a la pretensión de la parte quejosa, el cual, le fue notificado de forma personal el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, tal y como se desprende de la firma que calza en la parte inferior derecha del mismo. En las relatadas condiciones, la citada omisión que alega la parte quejosa dejó de existir y, por ende, la cesación de los efectos del acto reclamado; es decir, los citados efectos negativos desaparecieron de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional. Al particular tiene aplicación la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". 2ª) Acto de autoridad. Con relación al diverso acto reclamado, identificado con el inciso c), consistente en el oficio PROVICH/DCCYPE/026/2021 de veintiséis de enero de dos mil veintiuno (foja 32), mediante el cual, se dio respuesta a los escritos mencionados, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, éste último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.]. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." A ese respecto, cabe señalar, que se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. La teoría general del derecho, así como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacen una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, suprasubordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de suprasubordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. Al particular es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 editada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 161133, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materias Común, página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De la lectura del oficio PROVICH/DCCYPE/026/2021 reclamado (foja 32), mediante el cual, se dio respuesta a la pretensión de la quejosa (de regularizar su vivienda, de reconocimiento de pago total de la misma y de hacer un solo pago de treinta mil pesos por concepto de escritura), se advierte que la relación entre la autoridad responsable con la aquí impetrante del amparo se encuentra en un plano de coordinación; es decir, aquélla no actúa con imperio de autoridad para efectos del juicio constitucional. Esto es, la citada respuesta contenida en el oficio reclamado tiene como antecedentes (según la quejosa), primeramente, el aparente contrato de compraventa celebrado con las empresas Calpan, Sociedad Anónima de Capital Variable y Solución Productiva, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del predio ubicado en calle Granate, número 101, lote 27, manzana 03, sección C, del fraccionamiento Jardines del Pedregal, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; y, ante el incumplimiento de escriturar, la impetrante del amparo firmó contrato de compraventa (sin establecerse las razones) con el Instituto de la Vivienda e Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero Bancomer, pagando la cantidad de trescientos ochenta y siete mil quinientos pesos con diecisiete centavos; empresas, Instituto de gobierno y de banco que tampoco le firmaron la escritura respectiva. Así, la parte quejosa, a través de los escritos referido, solicita que la responsable le reconozca en definitiva, a) que es poseedora y propietaria del inmueble antes citado; b) que es beneficiaria del Acuerdo Número PROVICH/4.2/3ªEXT./2017 de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, relativa a la 3º Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Promotora de Vivienda Chiapas (aunque esto ya se hizo en su informe justificado -foja 63-); y, c) que se le reconozca los pagos que ha hecho ante la institución bancaria Bancomer y que solo debe pagar la cantidad de treinta mil pesos moneda nacional por concepto de escritura. Sin embargo, como se apuntó, en el caso particular, la autoridad responsable al emitir el oficio PROVICH/DCCYPE/026/2021 no actúa con el imperio que la ley le concede, al señalarle que debía presentarse a la oficinas de la Dirección de Concertación, Comercialización y Programas Emergentes de la Promotora de la Vivienda, Chiapas, para estar en condiciones de regularizar la vivienda, dado que se encuentra en un plano de coordinación con la quejosa, respecto al reconocimiento o no de pago total de su vivienda y que se le otorgue escrita pública cubriendo solo el importe de treinta mil pesos. En esa medida, es claro advertir que la actuación de la responsable no puede considerarse un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, sino como de persona moral sujeto de derecho privado, pues el reconocimiento o no del pago total de la vivienda ante la institución bancaria de Bancomer y que solo debe cubrir la cantidad de treinta mil pesos moneda nacional por concepto de escritura, se encuentra sujeto al derecho sustantivo civil local y, por consiguiente, no puede considerarse que dicho ejercicio se trate de un acto de autoridad. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2020 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 839, Materias Civil, registro digital 2022350, que dice: "CONTRATO DE CRÉDITO OTORGADO POR EL INFONAVIT PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA. LA ACCIÓN DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEBE EJERCERSE EN LA VÍA PROCESAL CIVIL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones discrepantes en torno a cuál es la vía procesal idónea, si la civil o la vía mercantil, para reclamar la rescisión o vencimiento anticipado de un contrato de apertura de crédito celebrado con el INFONAVIT. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llega a la conclusión de que la vía procesal civil resulta idónea para reclamar la terminación o rescisión de un contrato de apertura de crédito otorgado por el INFONAVIT. Justificación: Considerando que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT) de conformidad con la fracción XII del apartado A del artículo 123 constitucional, es el ente público con vocación de servicio e interés social cuya labor primordial es administrar el sistema del Fondo Nacional de Vivienda que permita otorgar a los trabajadores un crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad inmuebles para casa habitación, en el ámbito de la función del derecho privado, celebra contratos de apertura de crédito con los trabajadores para estos fines, los cuales se sujetan e interpretan de acuerdo con las disposiciones previstas en la Ley del INFONAVIT, las reglas de carácter general que al efecto emita el Instituto las cuales son publicadas en el Diario Oficial de la Federación y las obligaciones bilaterales pactadas en el acuerdo de voluntades bajo los principios y las reglas generales de las obligaciones contractuales que se prevén en las legislaciones sustantivas en materia civil. Por tanto, de incumplirse el acuerdo de voluntades, se da lugar a la acción de rescisión o terminación anticipada del contrato de apertura de crédito en términos del artículo 49 de la Ley del INFONAVIT, acciones que deben ejercerse en la vía procesal civil porque el contrato de apertura de crédito celebrado con el INFONAVIT no constituye un acto de comercio, al carecer de una finalidad de lucro o especulativa, sino que tiene por objeto un financiamiento mediante apertura de crédito con las condiciones más benéficas y favorables al trabajador a fin de que éste pueda liquidarlo sin exceder su capacidad de pago y hacerse propietario de una vivienda digna". No es óbice, que la parte quejosa alegue violación al derecho humano a la vivienda, pues si bien el artículo 4o. de la Constitución Política Federal establece el derecho humano a la vivienda digna, también es verdad que el cumplimiento de tal derecho ocurre cuando el Estado Mexicano posibilita su obtención a través de créditos accesibles con intereses moderados, a través de diversas instituciones, ya sea de gobierno o privadas (como ocurre con la aplicación en beneficio de la quejosa del Acuerdo Número PROVICH/4.2/3ªEXT./2017 de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, relativa a la 3º Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Promotora de Vivienda Chiapas); empero, ello no releva a las personas que los adquieren de respetar los contratos celebrados en los términos pactados, de acuerdo con el principio: "la voluntad de las partes es la ley suprema" y, por ende, se encuentran obligadas a su observancia. Al actualizarse las causales de improcedencias apuntadas procede a sobreseer en el juicio de amparo. RESUELVE Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Daniela González Chávez, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable señalados en esta sentencia y, por las razones indicadas en la misma. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Alex Conrad Hayton Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de Arturo Galdámez Blanco, secretario de juzgado, quien da fe y además certifica que esta sentencia se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes, hoy veintidós de junio de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado permitieron su engrose. Certificó y doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE. (SE ANEXAN EVIDENCIAS CRIPTOGRÁFICAS).

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.Promoción. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa XXXX, por medio del cual realiza diversas manifestaciones respecto a las constancias remitidas por el apoderado legal de BBVA, Bancomer Sociedad Anónima de Capital Variable. Acuerdo. Atento a su contenido, y tomando en consideración que la sentencia que deberá dictarse en el juicio de amparo número 705/2020, se encuentra pendiente de engrose; proceda la Secretaría a formar cuadernillo de antecedentes, y una vez que se engrose la respectiva sentencia, provéase lo conducente, toda vez que el citado escrito fue presentado después de la hora de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a treinta de abril de dos mil veintiuno. Promoción. Agréguese a los autos, el escrito signado por Daniela González Chávez, parte quejosa, en el que manifiesta su imposibilidad de agendar cita, a fin de imponerse del auto de veintitrés de abril del actual, en el que se tuvo por recibido el ocurso proveniente de la institución bancaria BBVA, BANCOMER S.A. de C.V., a través de su apoderado legal. Asistencia mediante código QR. En ese sentido, de conformidad con lo previsto en los incisos a) y b) de la fracción I del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que prevé la presencia física de las partes o de diversas personas para el desahogo de un requerimiento o diligencia, en los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional genera la cita respectiva, de acuerdo a las cargas de trabajo de este juzgado de distrito, y se anexa el código QR, a fin de que Daniela González Chávez, parte quejosa, pueda acudir con un acompañante, a este órgano jurisdiccional a consultar el expediente físico, con la indicación de que deberá presentarse con el aludido código, puesto que con este podrá ingresar al Circuito Judicial. Precisiones. No obstante lo anterior, comuníquese a la parte quejosa, que las constancias que integran el juicio en que se actúa, de conformidad con el numeral 22 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, coinciden con el expediente electrónico, y guardan idéntico orden cronológico, el cual pueden consultar a través de un usuario electrónico, el que podrán generar a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, que respecto a la vista otorgada en auto de veintitrés de abril del actual, en el que este órgano jurisdiccional tuvo por recibido el ocurso de BBVA, BANCOMER S.A. de C.V., es importante señalar que aun y cuando se les dio el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés conviniera, no se realizó apercibimiento, de que en caso de que no se desahogará dicha vista, se tendría por perdido el derecho de las partes, para realizar lo propio. Exhortación a promover mediante la modalidad de juicio en línea. Atento a lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese en términos de ley.

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