Danilo Davis Córdova

Expediente 213/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
213/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
10/05/2022

Partes del expediente

  • Danilo Davis Córdova

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Y POR LISTA A LAS RESTANTES PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE ASUNTO, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido el auto de cinco de abril de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de NOVENTA DIAS, contado a partir del siguiente a que surta efectos el presente acuerdo a fin de recuperar los documentos que exhibió en el presente juicio; apercibida que de no hacerlo en el plazo establecido serán destruidos.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada; por oficio con firma electrónica a las autoridades responsables y agente del ministerio público adscrito.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA A LA QUE SE LE DEJO AVISO, LA RESOLUCION QUE DICE: Agréguese a los autos el oficio 330/2022, signado por la Presidenta, por sí y en representación de los Miembros que integran la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca de Río, Veracruz; y en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su correspondiente informe justificado; sin necesidad de dar vista a las partes, en atención a las consideraciones siguientes. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la referida autoridad responsable las documentales que anexa al oficio de cuenta. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme lo establece su artículo 2°. Ahora, de la revisión de las documentales que en copia certificada remitió la autoridad responsable como anexo a su informe justificado, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia consistente en cesación de los efectos del acto reclamado, prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto", es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, se pronuncia respecto al que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental trasgredido. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese sentido, es menester precisar que de lo señalado por la parte quejosa en su demanda de amparo, así como de lo manifestado por la autoridad responsable en su informe justificado, se advierte que el acto reclamado en esta vía consiste en: Precisado lo anterior, de las constancias remitidas por la autoridad responsable antes precisada, relativas a las actuaciones del juicio laboral 654/IX/2019 de su índice, se advierte que se dictó laudo el veintidós de marzo de dos mil veintidós, el cual fue notificado mediante cédula de treinta de marzo del año en curso, a Danilo David Córdoba, parte quejosa en el presente asunto, por la actuaria adscrita a la Junta responsable. En ese tenor, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado; habida cuenta que, la autoridad responsable emitió el laudo correspondiente y fue notificado a la parte quejosa. Por tanto, con dichas actuaciones han cesado los efectos de los actos reclamados y, por ende, debe decretarse el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sin que al efecto se considere necesario la celebración de la audiencia constitucional; dado que, la causa de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, de ahí que sea procedente sobreseer el presente juicio, pues de estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario a lo establecido por el artículo 17 constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, por los motivos señalados en líneas precedentes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION QUE DICE: Agréguese a los autos el oficio 330/2022, signado por la Presidenta, por sí y en representación de los Miembros que integran la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca de Río, Veracruz; y en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su correspondiente informe justificado; sin necesidad de dar vista a las partes, en atención a las consideraciones siguientes. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la referida autoridad responsable las documentales que anexa al oficio de cuenta. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme lo establece su artículo 2°. Ahora, de la revisión de las documentales que en copia certificada remitió la autoridad responsable como anexo a su informe justificado, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia consistente en cesación de los efectos del acto reclamado, prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto", es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, se pronuncia respecto al que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental trasgredido. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese sentido, es menester precisar que de lo señalado por la parte quejosa en su demanda de amparo, así como de lo manifestado por la autoridad responsable en su informe justificado, se advierte que el acto reclamado en esta vía consiste en: Precisado lo anterior, de las constancias remitidas por la autoridad responsable antes precisada, relativas a las actuaciones del juicio laboral 654/IX/2019 de su índice, se advierte que se dictó laudo el veintidós de marzo de dos mil veintidós, el cual fue notificado mediante cédula de treinta de marzo del año en curso, a Danilo David Córdoba, parte quejosa en el presente asunto, por la actuaria adscrita a la Junta responsable. En ese tenor, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado; habida cuenta que, la autoridad responsable emitió el laudo correspondiente y fue notificado a la parte quejosa. Por tanto, con dichas actuaciones han cesado los efectos de los actos reclamados y, por ende, debe decretarse el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sin que al efecto se considere necesario la celebración de la audiencia constitucional; dado que, la causa de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, de ahí que sea procedente sobreseer el presente juicio, pues de estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario a lo establecido por el artículo 17 constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, por los motivos señalados en líneas precedentes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar.

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