Daniel Vazquez Velazquez

Expediente 511/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
511/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
09/07/2019

Partes del expediente

  • Daniel Vazquez Velazquez

Actuaciones

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, nueve de julio de dos mil diecinueve. Del estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto dictado el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con la fracción I, del capítulo relativo a "Expedientes que corresponde clasificar como depurables o destruibles por los Juzgados de Distrito, de conformidad con el punto vigésimo primero" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio de este órgano de control constitucional no tiene relevancia documental para su conservación.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, mediante el cual, el impetrante Daniel Vázquez Velázquez, da cumplimiento a la prevención formulada mediante proveído de once de junio de la presente anualidad y, al efecto, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que desde el veintinueve de marzo del año en curso, tuvo conocimiento de las anotaciones marginales y preventivas efectuadas en las escrituras que refiere. En ese contexto, vista nuevamente la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito inicial de demanda y que, en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Además, el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, con independencia de que las hayan invocado las partes, o no, dada su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualizan en el presente asunto. En principio, es necesario destacar que el impetrante señala como actos reclamados, los siguientes: Las anotaciones marginales y preventivas de aviso de juicio, realizadas en las escrituras públicas 1745, 409, 163 y 1345. El auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio ordinario civil 1264/2014, por el Juez Cuarto de Primera Instancia, residente en Veracruz, Veracruz. Destacado lo anterior, respecto del primer acto reclamado consistente en: a) Las anotaciones marginales y preventivas de aviso de juicio, realizadas en las escrituras públicas 1745, 409, 163 y 1345; el suscrito, de oficio, advierte que dicho acto fue consentido tácitamente, dado que el impetrante presentó su demanda de amparo de forma extemporánea; lo cual actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]. La causa de inejercicio que nos ocupa, prevé la improcedencia por consentimiento tácito de los actos reclamados, traducida en la promoción extemporánea de la demanda de amparo. La porción normativa antes transcrita tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, pero a pesar de ello deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción y; e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, en virtud de que la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. En vinculación directa con lo anterior, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por la importancia que reviste, cabe destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17 del cuerpo normativo en cita, para la interposición del juicio de amparo; esto es, a partir del día siguiente: a) A que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) A que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, sea a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal; por tanto, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por las razones que contiene, es aplicable la tesis I.13o.A.36 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1394, correspondiente al mes de abril de 2005, Tomo XXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce, tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días." En el caso concreto, mediante el escrito de cuenta, el impetrante Daniel Vázquez Velázquez, dio cumplimiento a la prevención formulada mediante proveído de once de junio de la presente anualidad y, al efecto, bajo protesta de decir verdad, manifestó que desde el veintinueve de marzo del año en curso, tuvo conocimiento de las anotaciones marginales y preventivas efectuadas en las escrituras que refiere. En ese tenor, si el impetrante se ostentó sabedor de las anotaciones marginales y preventivas de aviso de juicio, realizadas a las escrituras públicas 1745, 409, 163 y 1345, desde el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, es inconcuso que el plazo de quince días que tenía para presentar su demanda de amparo contra dicho acto, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, trascurrió del uno al veinticuatro de abril de la presente anualidad, descontando los días seis, siete, trece, catorce, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de abril del año en curso, por haber sido inhábiles. Bajo esa tesitura, es inconcuso que el citado acto reclamado, fue consentido tácitamente, ya que la demanda de amparo se recibió el siete de junio del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, esto es, cuando el plazo de quince días concedido por el artículo 17 de la Ley de Amparo, había transcurrido en exceso. En consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia preinvocada; por consiguiente, en términos del artículo 113 de la propia Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo en comento respecto del acto reclamado citado. Por otra parte, en relación al segundo acto reclamado, consistente en: b) El auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio ordinario civil 1264/2014, por el Juez Cuarto de Primera Instancia, residente en Veracruz, Veracruz, el suscrito advierte de oficio, que contra dicho acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que impone el acatamiento al principio de definitividad en el juicio de amparo, tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; numeral que establece lo siguiente: "Artículo. 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Como puede advertirse, el señalado motivo de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a este sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el aludido principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió acatar la accionante del amparo previamente a la promoción del juicio de amparo. En ese orden de ideas, del precepto legal transcrito, para que se actualice tal causa de improcedencia, se advierten las siguientes hipótesis: a) Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. b) Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. c) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando el juicio de amparo sea promovido por persona extraña al juicio del que derivan los actos reclamados. d) Igualmente, no existe obligación de agotar dichos recursos, si el acto reclamado importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En vinculación directa con lo anterior, los artículos 509, 510, 511 y 512 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establecen lo siguiente: "ARTICULO 509 El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia." "ARTICULO 510 Pueden apelar: el litigante, si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, si puede hacerlo." "ARTICULO 511 La parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta al notificársele su admisión, o dentro de las veinticuatro horas siguientes a esa notificación. En este caso la adhesión al recurso sigue la suerte de éste." "ARTICULO 512 La apelación debe interponerse por escrito o verbalmente en el acto de notificarse, ante el Juez que pronunció la resolución; cuando sea por escrito, dentro de cinco días si se tratare de sentencia, o dentro de tres si fuere auto." De tales normas se obtiene que procede recurso de apelación en contra de los autos que causan daño irreparable en la sentencia; y al efecto dispone que puede interponerlo el interesado a quien le perjudique la resolución judicial, por escrito o verbalmente en el acto de notificación, ante el Juez que pronunció la resolución, cuando sea por escrito, dentro de cinco días si se tratare de sentencia, o dentro de tres días si fuere auto, sin que por lo demás se advierta que el aludido media de defensa sea optativo. En ese tenor, es evidente que en términos del citado artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, contra el auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, procede el recurso de apelación, como medio ordinario de defensa a través del cual se puede revocar, modificar o nulificar dicho acto. En consecuencia, si el solicitante del amparo no promovió el recurso de apelación, no se encuentra en aptitud de acudir al juicio de amparo, habida cuenta que al tener el carácter de demandado en el aludido juicio ordinario civil, se encontraba sujeta a los medios de impugnación que prevé el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. En las relacionadas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que en el caso particular se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia en estudio; en consecuencia, de conformidad con el artículo 113 de dicho cuerpo legal, debe desecharse la demanda promovida por Daniel Vázquez Velázquez, contra el segundo acto reclamado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo de gobierno.

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