Daniella Carloina Iturbe Sosa
Expediente 661/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 661/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/08/2022
Partes del expediente
- Daniella Carloina Iturbe Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta de agosto de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. ANOTACIONES Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda que dio origen al presente juicio (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otra parte, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de agosto de dos mil veintidós. TESTIMONIO COLEGIADO. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el oficio remitido por a actuaria del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo 661/2022 de este índice y testimonio de la resolución dicada en catorce de julio de dos mil veintidós, en el conflicto competencial C.C.22/2022, cuyo resolutivo es del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Es legalmente competente el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, para conocer de la demanda de amparo promovida por Daniella Carolina Iturbe Sosa en representación de las menores de edad con iniciales P.C.S.I. y R.M.V.I.". Atento a lo anterior, acúsese el recibo de estilo al tribunal revisor y glósese el cuaderno de antecedentes, en el entendido que únicamente serán agregadas las actuaciones originales y respecto a las constancias en copias simples procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo determinado por la superioridad este juzgado se avoca al conocimiento del asunto. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, al margen de los actos reclamados en específico a cada una de las autoridades señaladas como responsables, estos se traducen en: La omisión de integrar a las menores de identidad reservada de iniciales P.C.S.I. (doce años, diez meses) y R.M.V.I. (nueve años cinco meses) al grupo etario de cinco a once y, de doce a diecisiete años de edad, respectivamente, en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad COVID-19 en México; y, como consecuencia, la negativa a ser vacunadas con el biológico autorizado. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y en tal supuesto, debe desecharse de plano. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Expuesto lo anterior, se estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)." La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3044/98, determinó que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia debe tenerse presente que la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo. Además, señaló que entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que impiden la materialización de sus efectos se encuentra la prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de contenido idéntico a la que se estudia), en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de derecho humano que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Dicho criterio se plasmó en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, p. 189, que establece: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así, el juicio de amparo es improcedente cuando el mundo fáctico que rodea al acto reclamado se ha modificado de manera que es imposible que éste surta efectos que deban repararse. Dentro de la clasificación de los actos reclamados en un juicio de amparo, por el tipo de conducta que despliega la autoridad, se encuentra la de actos positivos y actos negativos. Los primeros implican una conducta de hacer, mientras que los segundos constituyen una conducta cuya esencia se caracteriza por la omisión o abstención de la autoridad; de tal suerte que mientras los primeros representan un despliegue de actos que se materializan en el mundo fáctico, los segundos son precisamente la antítesis de los anteriores, la evidencia de la abstención de la autoridad. En este caso, la parte quejosa se duele en esencia de la omisión de integrar a las menores de iniciales P.C.S.I y R.M.V.I. al grupo etario de cinco a once años y, de doce a diecisiete años de edad en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de COVID-19 en México; y, como consecuencia, la negativa a ser vacunadas con el biológico autorizado. Antes de patentizar la causal de improcedencia, debe decirse que es del dominio público que, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 deben calificarse como una pandemia y realizó un llamamiento a los países para que adoptaran medidas urgentes y agresivas. Esta enfermedad es motivo de preocupación mundial y ha sido declarada una emergencia de salud pública de importancia internacional. Además, se ha propagado rápidamente y tiene consecuencias directas para la salud, pero también sociales y económicas. Con motivo de esta enfermedad, la Organización Panamericana de la Salud ha declarado como prioridades salvar vidas, proteger a los trabajadores de salud y aplanar la curva epidemiológica para extender en el tiempo la propagación de la enfermedad, a fin de evitar que se sobrecarguen los servicios de salud y se pierdan vidas por falta de los cuidados que se necesitan. Esto significa que existe una preocupación internacional por la propagación de la enfermedad causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), de tal manera que se han establecido diversas medidas de prevención y control de la epidemia, de donde se destaca la creación de las vacunas por parte de diversos laboratorios de reconocimiento internacional, tendentes a controlar dicha pandemia mundial. Parte de las medidas de control para enfrentar la COVID-19, se encuentra la aplicación de una vacuna efectiva contra esta enfermedad y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad; sin embargo, la creación, aprobación, adquisición y aplicación de la vacuna no ha sido un tema en absoluto sencillo a nivel mundial, pues cada uno de esos rubros ha representado de manera individual retos y complejidades a los cuales los diferentes gobiernos se han tenido que enfrentar hasta la fecha, entre ellos, México. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destaca la importancia de la cooperación internacional para lograr la inmunización contra el COVID-19 del diez por ciento (10%) de la población de cada País para septiembre de dos mil veintiuno, como propuso la ONU desde que se autorizaron las inmunizaciones, el organismo mundial en conjunto con su agencia sanitaria especializada presentó una Estrategia Global de Vacunación, cuya meta es alcanzar al cuarenta por ciento (40%) de las poblaciones nacionales para fin del año dos mil veintiuno y al setenta por ciento (70%) para junio del presente año. Es así que, de acuerdo a la información visible en el portal oficial de internet Inició la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Estados Unidos (france24.com), información que representa un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." Se destaca que, desde la segunda quincena de diciembre de dos mil veinte, en los Estados Unidos de América comenzaron las labores de vacunación contra el COVID-19, para tres millones de ciudadanos en su primera dosis. Entre tanto, Canadá adelantó la recepción de un lote del antídoto que espera empezar a aplicar por las mismas fechas, esto es, Estados Unidos fue el primer país en esta parte del mundo, junto a Canadá, en recibir lotes de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech. Mientras tanto, en México, como en diversos países de tercer mundo, su aplicación es un tema sumamente complejo, en la medida en que ello depende de distintos factores como su aprobación clínica, la existencia de distintas vacunas seguras y eficaces capaces de responder a la demanda nacional, así como el mecanismo de adquisición implementado. Concretamente, a partir del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en que se adoptaron las medidas mínimas sanitarias para proteger a la población mexicana del COVID-19, hasta la fecha han ocurrido una serie de eventos que han potencializado el aludido virus, sin que se tenga noticia de cuándo se 'aplane', el incremento semanal de casos en menores de edad de esta capital ha aumentado, pues la variante "Delta" y demás variantes y la falta de vacunación son dos factores de riesgo. Por otra parte, mediante publicación realizada en la página de internet https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/vacunas-covid-19-autorizadas, de tres de mazo de dos mil veintidós, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, emitió la sección que contiene en listado de las vacunas que han obtenido autorización para uso de emergencia, de las que se advierten las siguientes: Biofármaco Establecimiento Denominación distintiva Plataforma de diseño Fase de ensayo clínico Estatus regulatorio en México Fecha de autorización Estudio clínico en México Dosis de esquema completo Intervalo entre dosis Edad de inicio de aplicación BNT162b2 Pfizer, Inc./BioNTech Pfizer ARN mensajero IV Autorizada para uso de emergencia 11/12/2020 No 2 3 -6 semanas 18 años 24/06/2021 12 a 17 años 03/03/2022 5 años * En relación a ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió el comunicado 23/2021, visible en el portal oficial de internet de la citada dependencia https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofeprisemitemodificacion- a-la-autorizacion-para-uso-deemergencia-de-vacunafizer- biontech-permitira aplicacion-apartir-de-12-anos?idiom=es, información que representa un hecho notorio para la suscrita, en los términos ya precisados. Del citado comunicado 23/2021, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, de rubro "COFEPRIS EMITE MODIFICACIÓN A LA AUTORIZACIÓN PARA USO DE EMERGENCIA DE VACUNA PFIZER-BIONTECH; PERMITIRÁ APLICACIÓN A PARTIR DE 12 AÑOS"; se destaca lo siguiente: "La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha dictaminado procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. El biológico cuenta con autorización para uso de emergencia desde el 11 de diciembre de 2020, cuando fue sometida a consideración para su aplicación a mayores de 18 años. El Comité de Moléculas Nuevas (CMN), sesionó sobre esta ampliación de grupo etario el 11 de junio de 2021, y por unanimidad sus integrantes emitieron una opinión favorable. El 22 de junio, la farmacéutica Pfizer S.A. de C.V., presentó a Cofepris, a través de la Comisión de Autorización Sanitaria, la información de modificación, la cual fue dictaminada por expertas y expertos utilizando criterios técnicos y científicos, incluyendo la opinión no vinculante del CMN. Esta autorización de uso de emergencia y su respectiva ampliación certifican que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas de 12 años en adelante. La vacuna Pfizer-BioNTech es la primera en ser autorizada por la autoridad sanitaria del gobierno federal para su aplicación en adolescentes. Cofepris recuerda a la población que el suministro de la vacuna preventiva contra COVID-19 es universal y gratuita, y que se aplica en seguimiento a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México disponible en https://bit.ly/3tNfUzL." De lo anterior, se advierte que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech a menores de edad incluyendo a los infantes de doce a diecisiete y de cinco a once años, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los cinco años de edad, no obstante, hace del conocimiento al País que la vacunación de ese grupo etario, tiene una dosis y una composición diferente al bilógico aprobado para mayores de doce años. En este sentido, de lo manifestado por la promovente, se observa que las personas menores de edad de iniciales P.C.S.I. y R.M.V.I. (de doce y nueve años respectivamente), se encuentran dentro del rango de edad a que hace referencia la sección que contiene en listado de las vacunas que han obtenido autorización para uso de emergencia, en su caso Pfizer-BioNTech. Corolario a lo anterior debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca del derecho a la protección de la salud tutelado por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica. En esa tesitura, el derecho a la salud es un derecho inclusivo, que no sólo abarca la atención de salud oportuna u apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso a los servicios de salud que debe proporcionar el Estado. De tal manera que, tomando en cuenta que la aplicación de la vacuna que contrarreste la intensidad del virus SARSCoV2 (COVID-19), es para la menor cuyo nombre se omite en atención a los puntos 9 y 10, capítulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diecisiete y quince años, respectivamente se debe tener en cuenta que el artículo 4º Constitucional, en lo conducente, establece: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." En armonía con lo anterior, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno) dispone, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 24. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:[.] b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; [.]" En concordancia con lo anterior, el artículo 50, fracción IX, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dispone lo siguiente: "Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica; Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes. [.]." Los anteriores normativos son contundentes en privilegiar, por mandato Constitucional, el principio de interés superior del menor en materia de salud, el cual es eje rector en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Acorde con dicho principio, el Gobierno Federal y Estatal están obligados a proteger y salvaguardar primordialmente los derechos de salud de los menores y más en un estado de emergencia sanitaria, como el que se presenta en la actualidad con el virus SARSCoV2 (COVID-19), pues las variantes y la falta de vacunación son dos factores de riesgo, que exponen a la población infantil de nuestro país, lo cual debe ser una prioridad en los planes de política pública contenidos en cualquier ordenamiento legal. En esa circunstancia, si bien, la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México", versión 9.0, de veinticinco de enero de dos mil veintidós, publicada en la página de internet oficial www.coronavirus.gob.mx, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, se advierte -en lo que aquí interesa- que el apartado "PRIORIZACIÓN DE POBLACIÓN A VACUNAR" prevé un apartado relativo a "Personas menores de edad", en el que establece que los menores de edad de 15 a 17 (quince a diecisiete) años sin comorbilidad deben ser vacunados, pero manteniendo una prioridad de vacunar a todo menor de 12 a 17 (doce a diecisiete) años que presente alguna comorbilidad, lo cierto es que la política pública que implica una decisión que ha asumido el Estado mexicano, en lo relativo a la vacunación de la población para prevenir y atemperar los efectos de la enfermedad COVID-19, a partir del diseño y ejecución de una estrategia conformada por reglas determinadas, pasos a seguir, así como parámetros y temporalidades que observar, a fin de tutelar el cuidado y preservación de su población frente a la situación de emergencia que se vive a nivel mundial con motivo de la epidemia en comento. Además es conveniente precisar que en términos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, como lo es el derecho a la salud contenido en el invocado artículo 4º de la Ley Fundamental, lo que implica que la política pública en materia de salud contenida en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS CoV- 2 para la prevención de la COVID-19 en México", debe proteger de igual manera a los menores de edad, al encontrarse en igual riesgo que un adulto, de contraer el virus de COVID-19. En tal virtud, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, las declaraciones realizadas el veintiséis de abril y de catorce de junio, ambas de dos mil veintidós, por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (Hugo López Gatell Ramírez), en el sentido de que a partir del día jueves veintiocho de abril (para infantes a partir de los 12 años sin comorbidades) y dieciséis de junio, de dos mil veintidós, se abriría el registro para vacunar a niños a partir de los 5 (cinco) años, con o sin comorbilidades, en todo el país a través del sitio en internet https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php; lo anterior se ha anunciado por distintos medios de comunicación, con lo que la omisión reclamada deja de existir, como se verá a continuación. Además, es claro que al ingreso de la liga citada ya se puede realizar el registro respectivo tal y como se advierte de la captura siguiente: Lo anterior demuestra que efectivamente es posible realizar el registro de personas que deseen vacunarse, menores de edad, a partir de los cinco años de edad en adelante (circunstancia que en el presente caso se actualiza). Por lo que, a partir de esa fecha se activó un registro para ese grupo de menores de edad y posteriormente se irán abriendo las unidades de vacunación en todo el País para que reciban las dosis correspondientes. Sobre esa tesitura, si se toma en consideración que las menores quejosas a la presente fecha, cuentan con trece y nueve años de acuerdo con lo manifestado en la demanda de amparo por su progenitora y que se corrobora con las actas de nacimiento anexas a la misma). Es evidente que ya se encuentran dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los menores de entre cinco y once años y de doce años en adelante con o sin comorbilidades, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia de las quejosas menores de edad. Por lo que, la parte promovente deberá realizar los pasos que se establecen en dicha página, a fin de realizar el trámite correspondiente; de igual forma deberá de estar informados de los comunicados que emitan las autoridades locales de su entidad y municipalidad, así como, de aquellos que emita el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) o la Secretaría de Salud del Estado de México para las fechas y módulos de aplicación de la vacuna BioNtech Pfizer, contra el virus SARS- CoV-2 para la Covid-19, en el municipio que radique, para que les sea aplicada la primera y segunda dosis del multicitado biológico que requieren, en el caso de que aún no se hayan aplicado. Con dicho anuncio, se cambia la estrategia de vacunación del Gobierno Federal, pues tal eventualidad permite establecer que, si bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado una conducta negativa (por omisión) y que hasta este momento las menores quejosas no han sido vacunadas, lo cierto es que ya se han programado, por parte del Gobierno Federal y la Secretaría de Salud, la aplicación de vacunas en personas menores de edad de cinco años en adelante, lo que implica incluir en la política nacional de vacunación a los adolescentes de este grupo de edad, con o sin comorbilidades, en todo el País. Por ende, se estima que si bien la omisión reclamada existe, lo cierto es que ya han cambiado las circunstancias fácticas imperantes al momento de promover el presente juicio de amparo, porque en la actualidad ya se ha incluido a los niños de entre cinco y once años y de doce a diecisiete años, en la política nacional de vacunación, lo que indudablemente actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues ha dejado de surtir efectos, al ser incluidos en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID- 19, lo que aconteció al haberse publicados referidos en los párrafos que anteceden, y al abrir el pre- registro para vacunar a niños a partir de los cinco años de edad, con o sin comorbilidades, en todo el país a través del sitio en internet mivacuna.salud.gob.mx. Consecuentemente, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. DOMICILIO, CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Por lo que hace al correo electrónico y número telefónico señalados por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones; no ha lugar a tenerlos como tal, pues; sin embargo, en caso de ser necesario y a criterio de este juzgado, se le podrán comunicar a los mismos, aspectos que son urgentes, dadas las medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado de la pandemia Covid19. Ahora, toda vez que la parte quejosa proporciona domicilio procesal fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se le tienen las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto señale uno diverso con residencia en esta ciudad o bien, proporcione usuario electrónico. AUTORIZADOS. En otro punto, se tiene por autorizado en los términos del segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia a Juan Manuel Iturbe Talavera, esto es, para oír y recibir notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero, de la legislación en cita, se ordena habilitar horas y días inhábiles, para realizar las notificaciones relacionadas con este juicio de amparo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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Toluca, Estado de México; cuatro de junio de dos mil veintidós. ADMITE CONFLICTO COMPETENCIAL, Visto lo de cuenta y de conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos, el oficio firmado por la Actuaria adscrita al Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual acusa de recibo del conflicto competencial planteado por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México e informa que se admitió y lo radicó bajo el número 22/2022. Atento a lo anterior, este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes y está en espera a que el tribunal de Alzada emita la resolución respectiva. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
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Toluca, Estado de México; veintisiete de mayo de dos mil veintidós. INFORMA CONFLICTO COMPETENCIAL. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual informa que ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a fin de que resuelva el conflicto competencial planteado por el homólogo oficiante; circunstancia de la que toma conocimiento este órgano jurisdiccional. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
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