DANIELA GIL LOPEZ y Otros.
Expediente 913/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 913/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/10/2021
Partes del expediente
- DANIELA GIL LOPEZ y Otros.
- Daniela Gil Lopez
Actuaciones
- Principal
MESA VI. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********* con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, párrafo primero, inciso d del acuerdo en cita). 2. Asimismo, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el segundo párrafo del artículo 21, del Acuerdo de referencia). 3. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
MESA VI .DESAHOGO DE PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el escrito firmado por Joaquín Raúl Benítez Treviño, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por los quejosos, por medio del cual desahoga la prevención formulada en autos. Atento a ello provéase lo conducente en relación a la demanda de amparo. Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Daniela Gil López y Ángel Gil Muciño, contra actos del Juez Octavo Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad. ACTO RECLAMADO. Del escrito aclaratorio y de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: El auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Octavo Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, México en el expediente 552/2019, que dejó sin efectos el embargo trabado mediante diligencia de veinticuatro de agosto del año en curso y ordena requerir a los ahora quejosos el pago de $51,579.80 (cincuenta y un mil quinientos setenta y nueve pesos 80/100 moneda nacional), bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se embargarían bienes propiedad de los quejosos suficientes para garantizar la referida cantidad. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, es importante destacar que el acto reclamado por los quejosos, se emitió en la etapa de ejecución de sentencia en el expediente 552/2019 del índice del Juzgado Octavo Mercantil del distrito Judicial de Toluca, México, el cual no puede considerarse como la última actuación en dicha etapa de ejecución. Lo anterior se considera así porque nuestro máximo Tribunal ha establecido que el significado de la expresión "última resolución" es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, lo cual, no es el caso que nos ocupa, ya que el acto que se combate no cumple con esa exigencia. Subrayado lo anterior, en atención a lo expuesto por los quejosos en su escrito de demanda y aclaratorio, se concluye que el acto que reclaman forma parte del procedimiento de ejecución de sentencia, ya que el auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno que reclaman, dejó sin efectos el embargo trabado mediante diligencia de veinticuatro de agosto del año en curso y ordenó el requerimiento de pago la cantidad adeudada en el juicio de origen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se ordenaría el embargo de bienes suficientes para garantizar la cantidad a la cual se condenó a los demandados. Por lo anterior se advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento de plano, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 107, fracción IV, del ordenamiento legal citado, en relación con el 61, fracción XXIII, del mismo los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Del artículo transcrito en segundo término se advierte que cuando se trata de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de garantías sólo podrá interponerse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. El fin perseguido por dicha norma es el de no entorpecer el procedimiento de cumplimiento de sentencias definitivas, al ser una cuestión de orden público, dado que la sociedad está interesada en que prevalezca el estado de derecho mediante el íntegro acatamiento de las resoluciones de los tribunales. Por ello, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo implícitamente contempla que el juicio de amparo no puede ser un medio legal para entorpecer los procedimientos de ejecución ya que, estimar lo contrario, contravendría el espíritu del artículo 17 Constitucional que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anterior, es dable establecer que aquella norma, armonizada con el texto del artículo 17 Constitucional, persigue que no se paralice el cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales, poniendo de manifiesto que el interés general de la sociedad de que se cumplan dichas resoluciones está por encima del particular que pretende evitarlo. En ese sentido, se advierte que en el juicio del cual emana el acto reclamado la parte quejosa es parte (demandada), ha comparecido al procedimiento en donde incluso, se dictó sentencia y se encuentra en la etapa de ejecución del mismo. De lo cual se sigue que el acto reclamado está encaminado al cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio 552/2019 del índice del Juez responsable; por ende, al ser actuación realizada en ejecución de la misma queda regida por las disposiciones a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia antes transcrito, es decir, no pueden analizarse en el juicio de amparo indirecto por no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; se insiste, aquélla que tenga por cumplida la sentencia en comento o declare la imposibilidad para ello. En otras palabras, el acto que por esta vía combate la parte quejosa reviste el carácter de intermedio, pues no se advierte que se haya dictado auto en que se tenga por cumplida la sentencia respectiva, por lo que será seguido de otros actos procesales encaminados a tener por cumplido dicho fallo dictado en el procedimiento de origen; de modo tal, que las violaciones que hayan podido cometerse en esa etapa, de ser el caso, podrían plantearse en el juicio que se promueva en contra de la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución. Esto es, cuando se trata de actos dictados después de concluido el juicio, debe atenderse a si el acto reclamado constituye o no la última resolución, que como se ha visto en forma genérica, es la que declara cumplida la sentencia o que establece la imposibilidad para ello. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." También es aplicable la Jurisprudencia VI.2o. J/27, visible en la página 435, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Septiembre de 1995, Novena Época, sustentada por el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Asimismo, sustenta en lo conducente la tesis del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, Página: 676, Tesis: I.8o.C.46 C, que reza: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. ÚNICAMENTE ES RECLAMABLE EN AMPARO LA ULTIMA DETERMINACIÓN DICTADA EN EL, AUN CUANDO SEA REGULADO POR UN PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL. Si en el convenio que celebraron las partes y que se pretende ejecutar, éstas señalaron un procedimiento convencional, ello en nada puede variar las reglas fijadas por la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de garantías, pues independientemente de que el procedimiento convencional difiere en forma y términos al procedimiento de ejecución señalado en la ley aplicable, de cualquier manera culminará con una resolución que le pondrá fin y, en contra de ésta, se podrá interponer el amparo, previo el recurso ordinario que se promueva; por lo tanto, el hecho de que la ejecución del convenio se lleve a cabo conforme al procedimiento convencional, no excluye la aplicación de la regla establecida en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pues si esa pretensión fuera legalmente correcta, conduciría al extremo inadmisible de que por un simple acuerdo entre particulares el amparo indirecto sería procedente en contra de cualquier determinación que se dictara en el procedimiento pactado al efecto, lo cual resulta contrario al espíritu de la citada Ley Reglamentaria, que es de orden público." Así como la diversa tesis aislada número I.3°.C.765C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 1345 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, octubre de 2009, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías." Con base en las anteriores consideraciones, se concluye que el juicio de amparo es improcedente, pues como ya se precisó, el acto reclamado no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, por lo que se actualiza la causa de improcedencia en análisis y, en consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 107, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXIII y 113 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese por vía electrónica a los quejosos.
- Principal
MESA VI. RADICACIÓN Y REGISTRO. Por recibida la demanda de amparo promovida por ***************** y ************ contra actos del Juez Octavo Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 913/2021-VI. PREVENCIÓN. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y, si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. Con fundamento en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el plazo de cinco días, siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, la parte quejosa deberá precisar el o los actos que reclama, pues del apartado referente al acto reclamado señaló: No obstante de los antecedes del acto reclamado se puede apreciar que hace referencia a la determinación de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se dejó sin efectos el embargo trabado mediante diligencia de veinticuatro de agosto de la presente anualidad en los autos del expediente 552/2019 del índice del Juzgado Octavo Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Ahora para el caso de impugnar las normas referidas deberá precisar si las reclama con motivo de su entrada en vigor o con motivo de su primer acto de aplicación y las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo de dichas normas que impugna. En la inteligencia que del escrito con el que cumpla lo solicitado, de ser posible, deberá exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes del desahogo, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley de la materia. Apercibido que de no cumplir con lo requerido, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en términos del numeral 114, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales y, para el caso de no exhibir los traslados correspondientes del escrito de desahogo este juzgado acordará lo conducente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), toda vez que se encontró registro del usuario "JOAQUINRAULBENITEZTREVINO". En razón de lo anterior, se ordena al Oficial SISE lleve a cabo las gestiones necesarias para agregar al usuario autorizado para ingresar al expediente electrónico en línea. DOMICILIO. Dado que la parte quejosa proporciona su nombre de usuario, el cual ha sido corroborado de acuerdo con la certificación de cuenta, en términos del artículo 30 de la Ley de Amparo, todas las notificaciones que emanen de este procedimiento, hágansele por vía electrónica. Dado que la parte quejosa proporciona su nombre de usuario, el cual ha sido corroborado de acuerdo con la certificación de cuenta, en términos del artículo 30 de la Ley de Amparo, todas las notificaciones que emanen de este procedimiento, hágansele por vía electrónica. En cuanto al correo electrónico y teléfono, que proporciona, si bien los mismos no pueden tenerse como sitio para oír y recibir notificaciones, ya que no están contemplados en la ley, de ser necesario y a criterio de este juzgador, se le podrán comunicar a los mismos, aspectos que son urgentes, así como a través de lista electrónica que se publica en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, dadas las medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado de la pandemia Covid-19. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, atendiendo a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a Joaquín Raúl Benítez Treviño por contar con el registro correspondiente y en términos restringidos del citado numeral a la diversa persona que autoriza es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, hasta en tanto registre su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y lo comunique la parte quejosa mediante nueva promoción. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
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