DANIELA SANCHEZ DE LA GARZA y Otros.
Expediente 1056/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1056/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 09/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- DANIELA SANCHEZ DE LA GARZA y Otros.
- GABRIEL RANGEL SANCHEZ y Otros.
- Daniela Sanchez de la Garza
- Gabriel Rangel Sanchez
- Juez Septimo Civil En Materia Familiar V de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial En el Estado Con Sede En Cuernavaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria. Archívese como asunto concluido.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con veintiséis minutos del dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo número 1056/2017, promovido por Daniela Sánchez de la Garza, en su carácter de representante especial de su menor hijo Gabriel Rangel Sánchez; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Acto seguido, se declara abierto el periodo probatorio.- Abierto el mismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la documental que allegó las responsables, al rendir su informe justificado, entre las que consta copia certificada del expediente 294/2008, así como del toca civil 342/17-15-19, entre los que se encuentra el acuerdo reclamado de trece de junio de dos mil diecisiete, así como el diverso de veintiuno de agosto de esta propia anualidad. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Acto seguido, se procede abrir el periodo de alegatos, en el cual la Secretaria hace constar que únicamente los formularon el representante especial del menor, designado por este juzgado, así como el tercero interesado y se encuentran debidamente agregados en autos, y podrán ser tomados en cuenta al momento de dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda; asimismo se hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento. Por consiguiente, se procedió a cerrar el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por terminada la audiencia, levantándose la presente acta, por lo que, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo número 1056/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda de amparo presentado el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, Daniela Sánchez de la Garza, en su carácter de representante especial de su menor hijo Gabriel Rangel Sánchez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de La sala auxiliar del Tribunal Superior de justicia, Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (nombre correcto), y Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; actos que hizo consistir: "IV. ACTOS RECLAMADOS: a).-La resolución de fecha 13 de junio de 2017, emitida par la SALA AUXILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, dictada en el Queja número 342/17-15-19, derivada de ejecución de sentencia. Resolución que fue notificada con fecha 15 de junio del año en curso. Cabe agregar que lo anterior deriva de un largo juicio, en donde no se ha querido tomar en cuenta mi opinión, pues ya comparecí ante la Juez Séptimo Civil, en donde manifesté QUE NO ES MI DESE0 convivir con el hay tercero interesado, NO tengo un buen recuerdo de él, no tengo ningún vínculo, manifestación que incluso confirme con la firma de la queja interpuesta par mi señora madre, en donde expreso, de nueva cuenta que no es ml deseo convivir con el tercero interesado y tampoco deseo ser expuesto de nueva cuenta, como lo fui, en la comparecencia que tuve, en donde tuve que ser resguardado par seguridad pública, tanto el suscrito coma ml señora madre, para poder abandonar el TRIBUNAL, pues el tercero interesado, de manera agresiva, pretendía Ilevarme a la fuerza, sin ser ese ml deseo, en dicha diligencia, le pedí me dejara en paz, que no quiero ni verlo, mi petición al presente amparo, es para que usted ordene a la responsable, omita tratar de obligarme a conviva con mi agresor y acuda al Departamento de Orientación Familiar para convivencias supervisadas, actos por demás que causan agravio al suscrito, en virtud de que violentándose por demás mis derechos consagrados en el Tratado Internacional de los Derechos de los Niños." SEGUNDO. Actos que estima violatorios en su perjuicio de las garantías consagradas en los artículos 1, 4, 14, 16 y 133de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversos instrumentos internacionales. TERCERO. Por auto de treinta de junio de dos mil diecisiete, se ordenó registrar el juicio de amparo con el número de expediente 1056/2017, se admitió a trámite la demanda de garantías promovida por Daniela Sánchez de la Garza, en su carácter de representante especial de su menor hijo Gabriel Rangel Sánchez; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con el artículo 5º de la Ley de Amparo. Por otra parte, en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, que en caso de atender una solicitud de información, al elaborar la versión pública de la sentencia, se testaran las partes o secciones clasificadas, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista por la ley. En ese tenor, una vez que las partes se notificaron de lo anterior, no hicieron manifestación alguna. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la Audiencia Constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, misma que forma parte integrante del presente fallo; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 de la Ley de Amparo y de conformidad con los Acuerdos Generales 03/2013, 15/2013 y 32/2014, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se trata de actos en materia Civil respecto de autoridades con residencia en esta ciudad, dentro de la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Antes de analizar la certeza de los actos reclamados y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Tiene aplicación al caso la tesis 741, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, página 499, bajo la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. ACTOS RECLAMADOS Y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU ORDENACIÓN. La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, y la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación, deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo destacado correspondiente, ya que aunque se acostumbre señalar cada elemento en un lugar destacado, no hay precepto alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda". Así como la jurisprudencia número 2a./J. 55/98, visible a fojas 227, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir: El auto de trece de junio de dos mil diecisiete, emitido por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos dentro de la queja número 342/17-15-19, en la cual se ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia de psicología, previamente a recibir la comparecencia del menor Gabriel Rangel Sánchez. TERCERO: Al respecto La sala auxiliar del Tribunal Superior de justicia, al rendir su informe con justificación, manifestó que era cierto el acto reclamado. Por su parte el Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (nombre correcto), se adhirió a lo manifestado por la citada Sala en tanto que la Directora del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, expuso que se encontraba subjúdice a lo que determinaran las autoridades ordenadoras en este contexto se tiene por cierto el acto que se les atribuye. CUARTO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente a la cuestión de fondo, de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, en el presente juicio de garantías se procede a analizar la causal de improcedencia que este juzgador advierte que se surte. No es óbice a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con las causales de improcedencia que se adviertan de oficio, que este hecho constituya una obligación para el juez de distrito, de notificar a la parte quejosa la actualización de una causa de improcedencia, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, ya que sólo existe esa obligación en tratándose en los juicio de amparo en revisión o segunda instancia. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia identificada como I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la décima época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 2, enero de 2014, tomo IV, página 2660, en la que por rubro y texto, se dice: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita. En ese sentido, este juicio de garantías es improcedente y debe sobreseerse, en particular por actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. [.] [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". En efecto, de un análisis integral del escrito inicial de demanda se advierte que como acto reclamado se precisó: El auto de trece de junio de dos mil diecisiete, emitido por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos dentro de la queja número 342/17-15-19, en la cual se ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia de psicología, previamente a recibir la comparecencia del menor Gabriel Rangel Sánchez. Ahora, de la constancia que allegó la autoridad responsable, mediante oficio número 500/17-C, de treinta de agosto de este año, a las que se les concede pleno valor probatorio, por constituir documentales públicas en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al emitirse en el ejercicio de sus funciones, se advierte que la Sala responsable dictó el acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, mediante el que, dejó sin efectos el acuerdo de trece de junio del año en curso, mediante el que había ordenado el desahogo de la prueba pericial en psicología, previo a recibir la comparecencia del menor Gabriel Rangel Sánchez, que era el motivo de la queja en este juicio de amparo. En ese orden, con el acuerdo conducente, todo ello con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías que dio origen al juicio de amparo; hace cesar los efectos del acto reclamado, consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en vía de orientación, la tesis de jurisprudencia identificada como 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXIX, enero de 2009, en la página 605, la que por rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". También, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Pleno, Tomo XV, visible en la página 1288, que al rubro dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS.- Procede sobreseer en el juicio de amparo, cuando aparezca que han cesado los efectos del acto reclamado". De igual forma se cita el criterio jurisprudencial número 2a./J. 9/98, de la Novena Época, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Febrero de 1998, página: 210, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". No se desatiende que en la demanda de amparo, también se refieren a diversas cuestiones ocurridas en el juicio del que deriva el acto reclamado, empero, como acto destacado se señalo el analizado en este fallo constitucional. QUINTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Daniela Sánchez de la Garza, en su carácter de representante especial de su menor hijo Gabriel Rangel Sánchez, contra el acto y las autoridades señaladas en el resultando primero de la presente resolución, en términos del considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el último considerando, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, que dice: Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede, de donde se advierte que la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo se encontraba señalada para el día veintiuno de septiembre del año en curso, mismo que resulta inhábil de conformidad con los avisos de veintidós y veinticuatro septiembre del año en curso, emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, en los que dado los acontecimientos del sismo de esa fecha, se decidió declarar inhábiles el día miércoles veinte, jueves veintiuno, viernes veintidós y lunes veinticinco de septiembre del año en curso; en consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su desahogo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante María Guadalupe Salazar Martínez, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Como está ordenado el día de hoy en el expediente principal, se ordena agregar a los presentes autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sección de Amparos Mixta de la Sala Auxiliar, así como el diverso oficio con que se dio cuenta, a través del cual la Sala responsable informa sobre el cumplimiento de la suspensión definitiva, conforme a lo requerido con fecha siete de agosto del año en curso.
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