Daniela Morales Villalobos

Expediente 1157/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1157/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Daniela Morales Villalobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada el uno de marzo de dos mil veintiuno en estos autos, en la cual se determinó no amparar el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido y glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. De conformidad con los artículos 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de depuración, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo solicitado. Por tanto, consérvese este asunto por el término de tres años, contados a partir de esta fecha, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, procédase a su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; en el entendido de que en el presente expediente no existen documentos que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información, ni es considerado de relevancia documental. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo procédase a la destrucción del duplicado. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados la resolución de uno de marzo de dos mil veintiuno, en la que se determina: Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1157/2020. R E S U L T A N D O 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, Daniela Morales Villalobos, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la jueza de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único, con sede en Xochitepec, Morelos, por el acto reclamado siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: Lo constituye el auto de vinculación a proceso de fecha 09 de noviembre de 2020, dictado dentro de la causa penal JC/093/2020, el cual fue ordenado contraviniendo mis derechos fundamentales, así como lo establecido en los artículos 1, 14, 16 y 20 Constitucionales, situación que en el apartado de agravios se habrá de especificar de forma clara". Actos que considera violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Federal. 2. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por proveído de dos de diciembre de dos mil veinte, este juzgado admitió la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe justificado, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación y fijó día y hora para la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 94 y 103 Constitucionales, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdos generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia penal, en el que se reclama un acto de una autoridad que tiene ejecución material en dicha jurisdicción. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio, consiste en: La determinación tomada en la audiencia iniciada el cuatro y concluida el nueve de noviembre de dos mil veinte, emitida por una Jueza de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, Morelos, en la causa penal JC/093/2020, en la que vinculó a proceso a la aquí quejosa, por el delito de "ejercicio ilícito del servicio público", previsto y sancionado por el artículo 271 fracción VI del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. III. Existencia de los actos reclamados. Es cierta la determinación reclamada a la Jueza de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, Morelos, ya que al rendir su informe justificado, reconoció su existencia y remitió para acreditarlo copias certificadas de diversas documentales y disco compacto que contiene la audiencia en la que fue tomada, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; aseveración y pruebas que se estiman suficientes para acreditar su existencia; además para el eventual estudio de fondo serán consideradas tanto las constancias escritas como las audiencias videograbadas del caso. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. El juicio de amparo se promovió oportunamente pues, la parte quejosa, acorde al artículo 63 del Código Nacional de Procedimiento Penales, quedó notificada de la determinación reclamada en la misma fecha en que fue dictada, esto es el nueve de noviembre de dos mil veinte; notificación que, conforme al artículo 82 del citado ordenamiento, surtió efectos el día hábil siguiente en que fue practicada, esto es el diez de noviembre siguiente. Así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del once de noviembre al uno de octubre de dos mil veinte, descontando los días catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve del mismo año, por ser inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tales condiciones, dado que de autos se desprende que la demanda fue presentada el treinta de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en Cuernavaca, Morelos, ésta fue promovida oportunamente. V. Procedencia del juicio de amparo. Este juicio de amparo indirecto es procedente, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dado que se reclama la determinación que decretó la vinculación a proceso de un indiciado dentro de una causa penal, aunado a que las partes no invocaron ninguna causal de improcedencia y del análisis de las constancias no se advierte que se actualice alguna de ellas. VI. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son infundados y, sin nada que suplir en lo no alegado, procede negar el amparo solicitado. A fin de poner en contexto las consideraciones que este juzgador tiene en cuenta para resolver, en principio debe destacarse lo siguiente: 1).- En audiencia iniciada el cuatro y concluida el nueve de noviembre de dos mil veinte, la Jueza de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, Morelos, en la causa penal JC/093/2020, que vinculó a proceso a la aquí quejosa, por el delito de "ejercicio ilícito del servicio público", previsto y sancionado por el artículo 271 fracción VI del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, con base esencialmente en los hechos siguientes: Que la quejosa, durante el plazo comprendido del uno de enero al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en que se le designó como servidora pública con el cargo de auxiliar administrativo "C" en la Regiduría de Servicios Públicos Municipales de Temixco, Morelos, cobró un sueldo quincenal de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.) pero sin asistir a ejercer las funciones que tenía encomendadas. 2).- La ahora quejosa se abstuvo de emitir su versión exculpatoria (12:38 horas de la audiencia de formulación de imputación de cuatro de noviembre de dos mil veinte); sin embargo, su demanda de amparo la sustenta en que el acto reclamado es violatorio del derecho a la debida fundamentación y motivación contenido en los artículos 14 y 16 constitucionales, concretamente porque, uno de los datos de prueba es nulo y otros fueron valorados incorrectamente y al respecto, esencialmente aduce: 1).- En cuanto al dato de prueba que considera nulo. Que su vinculación a proceso está sustentado en el informe de investigación de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, del cual solicitó su nulidad, pero la autoridad responsable, para desestimar dicha nulidad, consideró que, el aseguramiento del expediente personal de la quejosa, es una obligación de la policía investigadora, de conformidad con el artículo 132, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales; pero dejó de observar: i) que la orden de investigación jamás facultó a la autoridad investigadora para realizar el aseguramiento de documentos, ii) que los referidos documentos no fueron percibidos por los sentidos por los policías investigadores sino que se encontraban bajo resguardo, iii) que a los policías investigadores únicamente se les permitió el ingreso a las instalaciones del Ayuntamiento de Temixco, pero no se les autorizó realizar el referido aseguramiento, iv) que los documentos asegurados son privados y no públicos y v) que la obtención de dichos documentos debió realizarse mediante una orden de cateo. Lo anterior, sostiene la quejosa, contraviene el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a los actos de investigación que requieren previa autorización del juez de control, porque se le aseguró su expediente personal, el cual contiene documentos personales y, por ende, ese aseguramiento reviste las características y condiciones de un cateo. 2).- En cuanto a la indebida valoración de los datos de prueba: i) que no se determinó con exactitud cuales eran las tareas que tenía encomendada la quejosa, pues si bien el Reglamento del Ayuntamiento establece las actividades de un auxiliar "C" -cargo ostentado por la quejosa- con ello no se acredita las obligaciones de trabajo que tenía pues se estaría frente a actividades que pudieran realizar todas las personas con la misma categoría, ii) que no se acreditó la relación de la quejosa con el Ayuntamiento, esto es, si se basó en un contrato laboral, prestación de servicios, empero se sostuvo que fue mediante una contratación, iii) que no se estableció la temporalidad de la conducta delictuosa, esto es si sólo fue un día, varios días o si jamás se desplegaron las obligaciones para las cuales se contrató a la quejosa, pues ese cercioramiento solo fue de un día, iv) no se acreditó la materialización del pago pues no se justificó que la cuenta bancaría aludida en los recibos de pago de la quejosa efectivamente haya pertenecido a la quejosa, v) no se tomó en cuenta el oficio OM/64/2019, en donde el oficial mayor autorizó la omisión de no pasar asistencia, vi) que no se requirió la presencia de la imputada ahora quejosa ya que solo acudieron a su fuente laboral en una ocasión, vii) no se requirió vía informe al Ayuntamiento para que indicara cuál es el trabajo y las condiciones que realizaba la quejosa sino que solo se basó en las funciones establecidas en el Reglamento de forma genérica y viii) tampoco se estableció los días de trabajo ni el horario que debía realizar la quejosa para, en su caso, acreditar que trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad y que por ello dejó de realizar sus actividades ante la parte ofendida, lo que implica que contar con dos trabajos no necesariamente constituye un delito. Es infundado el concepto de violación sintetizado en el numeral 1) que antecede -referente a que es nulo el dato de prueba consistente en el informe de investigación de cinco de diciembre de dos mil diecinueve a través del cual se recabó el expediente personal de la quejosa- porque, contrario a lo que sostiene la quejosa: su expediente personal es un documento público que aunque contiene información personal, dicho expediente estaba resguardado en una oficina pública a la que se le dio acceso a los agentes investigadores y, por ende, acorde al artículo 132, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dichos agentes estaban facultados para recabarlo. Se explica. En principio, acorde al artículo 19 constitucional, en el auto de vinculación a proceso se expresará: 1) el delito que se impute al acusado; 2) el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, 3) así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y 4) que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En concordancia con lo anterior, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el Juez de Control, a petición del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que I).- Se haya formulado imputación, II).- Se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar, III).- De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y IV).- Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De los numerales que anteceden se advierte que, para lo que al caso interesa, debe quedar en claro que, en un auto de vinculación a proceso, deben exponerse los indicios razonables, no con pruebas, sino datos que sin desahogar constituyen una expectativa de prueba probable a desahogar por el juez en el proceso penal. Ahora bien, el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece, entre otros supuestos, que todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución requieren de autorización previa del Juez de control. Por su parte, el artículo 132, fracción IX, del referido Código, establece la obligación de la policía que actúa bajo el mando del Ministerio Público de recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, labor que, acorde al propio ordenamiento, debe realizarse en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Al respecto, el artículo 94, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos señala que no se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando, entre otros casos, la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público. En ese sentido, la información de carácter personal que tenga el carácter de confidencial y que se encuentre en su expediente personal de la quejosa formado con motivo de su contratación en el Municipio de Temixco, se encuentra en una fuente de acceso público como lo es el referido Municipio, de ahí que no se requiera la autorización de la quejosa para su exhibición. A lo anterior hay que agregar que, tal y como lo señaló la juez responsable en la determinación reclamada, dicho expediente fue asegurado por los agentes investigadores precisamente en ejercicio de su facultad investigadora autorizada por el citado 132, fracción IX, del referido Código Nacional de Procedimientos Penales (dieciséis horas con cuarenta y nueve minutos de la audiencia de nueve de noviembre de dos mil veinte). Por lo anterior, contrario a lo sostenido por la quejosa, para recabar dicho expediente, no es necesario que en la orden de investigación que dio lugar al informe de investigación de cinco de diciembre de dos mil diecinueve se faculte a los agentes investigadores a asegurar el referido expediente personal de la quejosa ni tampoco resulta necesaria la expedición de una orden de cateo debido a que el acceso a las oficinas en donde se encontraba dicho expediente fue autorizado por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos y si bien tal síndico no autorizó expresamente a los agentes investigadores para realizar el referido aseguramiento, como se dijo, el mismo fue hecho por esos agentes de conformidad con lo establecido en el citado artículo 132, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a lo anterior, como se verá en los siguientes párrafos, existen datos de prueba suficientes para vincular a proceso a la aquí quejosa, con independencia del dato de prueba calificado por la quejosa de nulo. De igual manera es infundado el concepto de violación sintetizado en el numeral 2) que antecede -referente a la indebida valoración de pruebas- porque, de los datos de prueba valorados por la autoridad responsable sí se establece que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Véase. El delito imputado a la parte quejosa es el de "ejercicio ilícito del servicio público", previsto y sancionado por el artículo 271 fracción VI del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, porque dicha quejosa durante el plazo comprendido del uno de enero al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en que se le designó como servidora pública con el cargo de auxiliar administrativo "C" en la Regiduría de Servicios Públicos Municipales de Temixco, Morelos, cobró un sueldo quincenal de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.) pero sin asistir a ejercer las funciones que tenía encomendadas. Dicho delito contempla dos conductas una realizada por el empleador público y otra realizada por el empleado público -esta última es la que aquí interesa- y tiene como elementos: i).- que el activo tenga el carácter de servidor público, ii).- que con motivo de su cargo cobre un sueldo y iii).- que no asista a ejercer las funciones que tiene encomendada. En el caso, la juez responsable, para emitir la determinación reclamada tomó en cuenta los datos de prueba aportados por la fiscal que consisten en: 1).- Correo electrónico recibido el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a una denuncia anónima. 2).- El informe de investigación de tres de octubre de dos mil diecinueve, realizado por Martha Karina Ramírez Juárez, encargada del grupo de investigación criminal. 3).- Informe suscrito por Susano Barragán Rodríguez, Jefe del Departamento de Trabajo Divisional de la Comisión Federal de Electricidad, de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, 4).- Nombramiento de Salvador Solano Díaz como regidor del Municipio de Temixco, Morelos, de treinta de julio de dos mil dieciocho. 5).- Informe suscrito por Ruperto Ángel Dirzo Muñoz, Oficial Mayor de Temixco, Morelos, oficio 549/2019. 6).- El nombramiento del referido Dirzo Muñoz número OM012/2019 de uno de enero de dos mil diecinueve, suscrito por la Presidenta Municipal. 7).- Copia certificada de la nómina de la Regiduría de Servicios Públicos Municipales Relaciones Públicas, Comunicación Social y Protección del Patrimonio Cultural. 8).- Recibos de la nomina en cita, correspondientes a la primera y segunda quincena de septiembre de dos mil diecinueve. 9).- Informe suscrito por Mariela Rojas de Medici, Secretaría del Ayuntamiento de Temixco, de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. 10).- Oficio OM/983/2019 de trece de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por el Oficial Mayor del Municipio de Temixco, Morelos. 11).- Informe de investigación de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, firmado por los agentes de investigación criminal Martha Karina Ramírez Juárez y Jessica Aguilar Lizardi. 12).- Las Entrevistas de Jaime Ramírez Ramírez, Ruperto Ángel Dirzo Muñoz, María del Pilar Bautista Velázquez, José Luis Hernández Gaytán, Ángel Cortés Ruiz -que permitió el acceso a las oficinas del Ayuntamiento-, Salvador Vargas Cabrera y Javier Israel Vargas Estrada. 13).- Los nombramientos de la quejosa y coimputados contenidos en los expedientes asegurados. 14).- Declaración de Ángel Cortés Ruiz, de dieciséis de enero de dos mil veinte, en la que presenta denuncia. Con base en esos datos de prueba que tuvo la juez responsable advirtió la existencia de indicios razonables que permiten suponer que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de "ejercicio ilícito del servicio público" antes mencionado. Al respecto, como lo afirma la jueza responsable, de tales datos de prueba se advierte que la quejosa -así como sus coimputados-, durante el plazo comprendido del uno de enero al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en que se le designó como servidora pública con el cargo de auxiliar administrativo "C" en la Regiduría de Servicios Públicos Municipales de Temixco, Morelos, cobró un sueldo quincenal de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.) pero sin asistir a ejercer las funciones que tenía encomendadas. Lo anterior porque entre los datos de prueba aportados por la fiscal se encuentran: i).- una denuncia presentada por el Síndico Procurador de Temixco, Morelos, en la que se hizo un señalamiento directo en contra de los imputados -entre ellos la quejosa- en el sentido de que eran servidores públicos y no acudían a laborar al Municipio en mención pero sí cobraban su sueldo, ii).- los nombramientos de los cargos que desempeñan la quejosa y sus coimputados, mismos que fueron asegurados por la autoridad investigadora, iii).- copias certificadas de la nómina municipal antes mencionada en la que aparecen la quejosa y sus coimputados, sus cargos y salarios, iv).- los recibos de nómina expedidos por el referido Ayuntamiento en los que respectivamente consta la firma de la aquí quejosa y sus coimputados, lo que evidencia que recibieron dichos salarios, v).- las entrevistas mencionadas en párrafos que anteceden que confirman la existencia de los imputados en la base de datos de la nómina municipal del municipio en cita y con los sueldos de cada uno de ellos, además de que señalaron que la forma de pago es mediante depósito bancario y que las incidencias de retardos e inasistencias, son los titulares los encargados de autorizarlas, vi).- un informe remitido por el Oficial Mayor a la Secretaría del Ayuntamiento de Temixco, Morelos con oficio 549/2019 en el que señala que los responsables de cada área son los que vigilan la asistencia de los empleados municipales y que la aquí quejosa está adscrita a la Regiduría de Servicios Públicos Municipales, vii).- la entrevista a José Luis Hernández Gaytán, quién señaló que trabaja en Recursos Humanos y que los imputados aparecen en la base de datos pero no pasan lista porque se reportan directamente con el Regidor de Servicios Púbicos Municipales y que sabe que trabajan ahí porque están en la nómina pero que nunca los ha visto, viii).- las entrevistas de María del Pilar Bautista Velázquez, Salvador Vargas Cabrera y Jaime Israel Vargas Estrada, quienes de forma coincidente señalaron que laboran en el área de Servicios Públicos Municipales a cargo del Regidor Solano Díaz y que desconocen si la aquí quejosa y sus coimputados laboran en alguna otra área porque nunca las han visto y ix).- el OM/983/2019 de trece de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por el Oficial Mayor del Municipio de Temixco, Morelos, en el que señala las actividades que realizan los trabajadores de acuerdo a la plaza que ocupan siendo la "C" la que ocupa la quejosa cuyas actividades le son asignadas en base a la experiencia y capacidad de áreas asignadas que son dadas por sus superiores inmediatos; con lo que se justifica que la quejosa es empleada municipal de Temixco, Morelos, cobraba su salario pero no asistía a trabajar. Y la probable responsabilidad de la quejosa se justifica en función de que en los datos de prueba en mención existe un señalamiento directo en su contra hecho en la denuncia del Síndico Municipal, que es empleada municipal de Temixco, Morelos pues aparece en la nómina municipal con el cargo de Auxiliar Administrativo "C" y ha recibido su salario por ese concepto según se aprecia de los recibos de pago firmados por la aquí quejosa y sus coimputados, pero de acuerdo a las entrevistas realizadas no acudían a laborar e incluso la aquí quejosa tiene otro trabajo en la Comisión Federal de Electricidad durante el lapso en que acontecieron los hechos que se le imputan. Ahora bien, dado el cúmulo de datos de prueba, queda de manifiesto que aún de declararse la nulidad del dato de prueba por virtud del cual se realizó el aseguramiento del expediente personal de la aquí quejosa, el sentido de la determinación impugnada sería el mismo -vinculación a proceso de la aquí quejosa-. En el mismo sentido, al menos en esta estadía es insuficiente que no se hayan señalado detalladamente las actividades que tenía encomendadas la parte quejosa en la Regiduría de Servicios Públicos Municipales, aunado a que dichas actividades le debieron ser encomendadas por su superior inmediato, el cual es coimputado de la aquí quejosa y presumiblemente fue la persona que le autorizó para dejar de asistir a laborar, por lo que no se puede exigir que los datos de prueba contengan esa información y, por ende, tampoco era necesario requerir un informe al Ayuntamiento para que indicara las funciones que tenía encomendadas la aquí quejosa. De igual manera, no es necesario que de los datos de prueba se advierta detalladamente si la relación laboral de la quejosa con el Ayuntamiento de Temixco Morelos tiene su origen en un contrato laboral o con motivo de una mera prestación de servicios y que se haya sostenido que fue con motivo de una contratación; ello es así, porque de los datos de prueba en mención se advierte que efectivamente la quejosa se desempeñaba como servidora pública, esto es que debía acudir a laborar con motivo del salario que percibía. Por otro lado, contrario a lo que sostiene la parte quejosa sí está establecida la temporalidad de la conducta delictuosa que se le imputa, en el sentido de que comprendió todo el lapso que no acudió a trabajar que, a decir de los datos de prueba, comprendió del uno de enero de dos mil diecinueve al treinta y uno de octubre del mismo año pues, aunque los agentes investigadores solo acudieron un día a las instalaciones Municipales de Temixco, Morelos en que no la encontraron laborando, también es cierto que existen más datos de prueba como lo son las entrevistas de las que se aprecia que nunca ha acudido a trabajar, de ahí que era innecesario requerir la presencia de la quejosa, además de que ello hubiera sido infructuoso pues al no comparecer a laborar al Municipio en cita -es decir no estar físicamente en las instalaciones municipales de referencia-, era imposible que compareciera ante los agentes investigadores para ser entrevistada. Asimismo, si bien no se justificó que en la cuenta bancaria de la parte quejosa se hayan recibido los pagos de su salario, lo cierto es que ello es innecesario pues obran como datos de prueba los recibos de pago en los que consta que recibió los pagos de su salario en ellos contenidos, lo que presupone que sí recibió dichos pagos pues por experiencia nadie firma un recibo sin haber recibido el pago, pues la función de un recibo precisamente es la de dejar constancia de los recibido, en este caso el salario de la aquí quejosa en el Ayuntamiento en cita. Además, la autorización contenida en el oficio OM/64/2019, de quince de enero de dos mil diecinueve, en el que el Oficial Mayor autorizó a la quejosa para no pasar asistencia en el reloj checador del Ayuntamiento de la Regiduría que representa es insuficiente para desvirtuar su inasistencia a laborar pues, como se dijo, existen múltiples señalamientos directos en el sentido de que nunca asistió a laborar. Finalmente, es a la quejosa a la que le corresponde justificar que su trabajo en la Comisión Federal de Electricidad no interfería para realizar su diverso trabajo en el Ayuntamiento de Temixco, Morelos, pues lo que está acreditado en autos es que de los datos de prueba existen indicios suficientes para establecer que no acudía a laborar no obstante de percibir un salario en el Ayuntamiento en cita, circunstancia que estará en aptitud de realizar en el transcurso del juicio. Al haberse desestimado los conceptos de violación en estudio y al no advertirse nada que suplir en lo no alegado, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 al 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la justicia federal a Daniela Morales Villalobos, respecto del acto reclamado precisado en el considerando II, por las razones expuestas en el último considerando, ambos de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Macario Oviedo González, quien autoriza y da fe, el primero de marzo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno.********************Agréguese para que obre como corresponda el oficio enviado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, por medio del cual solicita se autorice la consulta del expediente electrónico 1157/2020 y se informe el estado procesal que guarda el citado juicio de amparo. En atención a su contenido, se hace de su conocimiento que el presente asunto se encuentra con audiencia celebrada pendiente para emitir el proyecto de sentencia respectiva. Asimismo, se instruye al Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias, a fin de vincular el expediente electrónico 1157/2020 con la autoridad oficiante. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por el Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, mediante el cual se apersona como tercero interesado al presente juicio de amparo; en atención a ello, deberá estarse a lo acordado en auto de diecinueve de enero del año en curso Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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