Daniela Jessica Martín Labarcena
Expediente 1210/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1210/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Daniela Jessica Martín Labarcena
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Cristina Estevez Olivet y Daniela Jessica Martín Labarcena, hubieran recurrido el proveído dictado el ocho de agosto de dos mil veintidós, en el que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración toda vez que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto: la certificación que antecede de la que se desprende que el término de cinco días que se le otorgó a Cristina Estevez Olivet y Daniela Jessica Martín Labarcena, para que cumplieran con la prevención efectuada en proveído de veintisiete de julio del presente año, transcurrió del uno al cinco de los actuales, toda vez que se les notificó de manera personal el veintiocho de julio del año en curso, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En virtud de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y no se tienen como autoridades responsables domiciliadas fuera de la jurisdicción de este juzgado a las que citaron en su escrito inicial de demanda y en aludido auto. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de veintinueve de julio del año en curso, se tuvo a la Representante Local encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, residente en esta ciudad, autoridad señalada como responsable rindiendo el informe relativo a la suspensión de plano, concedida a la parte quejosa en proveído de veintisiete de julio del año en curso, del que se advierte que las impetrantes de amparo Cristina Estevez Olivet y Daniela Jessica Martín Labarcena, no se encuentran a su disposición ni cuentan con regular estancia, por lo que, a la fecha de la presentación de la demanda (veintisiete de julio del presente año), los actos reclamados no existían. Resulta aplicable al caso por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De esta forma, al aparecer claramente demostrado de las constancias de autos, que no existen los motivos de la litis constitucional, de acuerdo a la técnica que rige el juicio de amparo es ilógico ocuparse del estudio de constitucionalidad, ya que como resultado procede el SOBRESEIMIENTO del juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo que, no se trata del supuesto de desaparición forzada que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICACIÓN ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto: la certificación que antecede de la que se desprende que el término de cinco días que se le otorgó a Cristina Estevez Olivet y Daniela Jessica Martín Labarcena, para que cumplieran con la prevención efectuada en proveído de veintisiete de julio del presente año, transcurrió del uno al cinco de los actuales, toda vez que se les notificó de manera personal el veintiocho de julio del año en curso, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En virtud de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y no se tienen como autoridades responsables domiciliadas fuera de la jurisdicción de este juzgado a las que citaron en su escrito inicial de demanda y en aludido auto. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de veintinueve de julio del año en curso, se tuvo a la Representante Local encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, residente en esta ciudad, autoridad señalada como responsable rindiendo el informe relativo a la suspensión de plano, concedida a la parte quejosa en proveído de veintisiete de julio del año en curso, del que se advierte que las impetrantes de amparo Cristina Estevez Olivet y Daniela Jessica Martín Labarcena, no se encuentran a su disposición ni cuentan con regular estancia, por lo que, a la fecha de la presentación de la demanda (veintisiete de julio del presente año), los actos reclamados no existían. Resulta aplicable al caso por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De esta forma, al aparecer claramente demostrado de las constancias de autos, que no existen los motivos de la litis constitucional, de acuerdo a la técnica que rige el juicio de amparo es ilógico ocuparse del estudio de constitucionalidad, ya que como resultado procede el SOBRESEIMIENTO del juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo que, no se trata del supuesto de desaparición forzada que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede se advierte que mediante proveído de dieciséis de junio pasado, se tuvo al Titular de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, remitiendo copia certificada de la resolución de veinticinco de mayo del año en curso, del que se obtiene que dejó insubsistente las diversas de cuatro de julio y diecinueve de septiembre, ambas de dos mil dieciocho, sin que con posterioridad informara al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias con las cuales acredite el cumplimiento al fallo protector, esto es: Deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de retiro del ahora quejoso, a partir de la declaración provisional de retiro por incapacidad de cinco de octubre de dos mil dieciséis -incluyendo la declaración definitiva de veinte de junio de dos mil dieciocho y la orden de baja del servicio activo y alta en situación de retiro respecto del soldado de infantería Gabriel Almeida Pérez-, emitida a través del acuerdo número 19362, de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. En caso de que considere que deba continuarse con el aludido procedimiento, instruya la práctica de las evaluaciones médicas correspondientes, idóneas y suficientes, para diagnosticar el padecimiento o estado de salud mental del aquí quejoso, observando para ello lo puntualizado en el presente fallo y, en su momento, determiné lo que en derecho corresponda. Ordene que, mientras se resuelve la situación jurídica del referido soldado, se tomen de manera provisional las medidas estrictamente necesarias a efecto de salvaguardar su integridad física y mental, así como la seguridad de las personas que conformen su entorno laboral y social. Es importante establecer que las evaluaciones médicas que se le deban practicar al soldado de infantería Gabriel Almeida Pérez-, se realicen a la brevedad posible, a efecto de reducir el riesgo que, en su caso, pueda representar para su salud la falta del tratamiento médico o terapéutico adecuado, así como para salvaguardar la seguridad e integridad de las personas que lo rodean dentro de las instalaciones militares y fuera de las mismas. Sin que lo anterior prejuzgue sobre la condición de la salud mental del aquí quejoso. Se le hace saber a la autoridad responsable que queda vigente el apercibimiento decretado en auto de doce de abril pasado. Notifíquese.
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