Daniela Isabel de Ávila Guerra

Expediente 536/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
536/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • Daniela Isabel de Ávila Guerra

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de amparo, transcurrió del veintiséis de agosto al uno de septiembre del año en curso, con exclusión de los días veintisiete y veintiocho de agosto del año en curso, por ser inhábiles (sábado y domingo), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso d), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por ratificada la firma de la quejosa Daniela Isabel de Ávila Guerra, en cuanto hace al escrito dos de ese mismo mes y año, virtud del cual desahoga el requerimiento de veintiséis de julio de dos mil veintidós; en consecuencia, se procede a proveer lo conducente. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 20/07/24 14:13:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.35.33.32.39.38.36 LUCY OSIRIS CERINO MARCIN 2 Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, 20/07/24 14:13:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.35.33.32.39.38.36 LUCY OSIRIS CERINO MARCIN Juicio de Amparo Indirecto 536/2022-IV 3 por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de "imposible reparación en juicio", entendiéndose por tales, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, determinó que por "actos de imposible reparación" deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 20/07/24 14:13:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.35.33.32.39.38.36 LUCY OSIRIS CERINO MARCIN 4 Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2. Que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. De estas ejecutorias emergieron la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39, Décima Época, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; 20/07/24 14:13:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.35.33.32.39.38.36 LUCY OSIRIS CERINO MARCIN Juicio de Amparo Indirecto 536/2022-IV 5 puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica 20/07/24 14:13:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.35.33.32.39.38.36 LUCY OSIRIS CERINO MARCIN 6 con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Y, la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo I, página 15, Décima Época, intitulada: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 20/07/24 14:13:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.35.33.32.39.38.36 LUCY OSIRIS CERINO MARCIN Juicio de Amparo Indirecto 536/2022-IV 7 Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." A partir de lo anterior, es factible concluir que a raíz del nuevo marco normativo generado con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, a partir del tres de abril de dos mil trece, han quedado superados los criterios jurídicos donde el Máximo Tribunal de Justicia del País, ha fijado los alcances de la expresión "actos de imposible reparación", para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Tales criterios, se reflejan en la tesis aislada P. LVII/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 9, Novena Época, intitulada: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el 20/07/24 14:13:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.35.33.32.39.38.36 LUCY OSIRIS CERINO MARCIN 8 primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Asimismo, en la tesis aislada P. LVIII/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 10, Novena Época, con la voz: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." 20/07/24 14:13:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.35.33.32.39.38.36 LUCY OSIRIS CERINO MARCIN Juicio de Amparo Indirecto 536/2022-IV 9 Lo anterior, porque los criterios jurídicos transcritos, se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por la expresión "actos de imposible reparación", lo cual, a la fecha ya no acontece, debido a que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los "actos de imposible reparación" al establecer que por dichos actos se entienden: ". los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Bajo ese contexto, la lectura integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, pone de manifiesto que el acto reclamado es la resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, correspondiente al recurso de revocación, que confirmó el auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente de cambio de guardia y custodia 219/17- 2018/2F-II, en el cual, el Juez Segundo del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, determinó improcedente el desahogo de la prueba relativa al contenido de un dispositivo USB. En ese sentido, atendiendo a la doctrina jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la decisión del Juez Segundo del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, en que determinó confirmar la improcedencia del desahogo de la prueba relativa al contenido de un dispositivo USB; no constituye un acto de imposible reparación, entendiéndose por ello, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 20/07/24 14:13:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.35.33.32.39.38.36 LUCY OSIRIS CERINO MARCIN 10 tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. Es así, en razón de que esa determinación no impide el libre ejercicio de algún derecho sustantivo del quejoso en forma actual o presente, sino que se trata de una resolución que sólo podría producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva si llegará a trascender al resultado del fallo, pues los efectos y consecuencias que llegare a producir, no son materializables inmediatamente, sino que dependerá de que lo ahí resuelto llegue a trascender al sentido del incidente de cambio de guardia y custodia. En esa medida, podría darse el caso de que el Juez responsable, al valorar las pruebas ofrecidas por las partes actora y demandada, podrá dictar sentencia que favorezca los intereses de la parte quejosa. Por el contrario, de dictarse sentencia contraria a los intereses de la parte quejosa, hasta ese momento podrá determinarse si lo decidido por el Juez Segundo del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, en el sentido de confirmar la improcedencia del desahogo de la prueba relativa al contenido de un dispositivo USB, le causa un perjuicio, momento en que la parte quejosa podrá instar el juicio de amparo indirecto y hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron durante la tramitación del incidente de cambio de guardia y custodia juicio civil y precisar la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo, de conformidad con el artículo 174 de la Ley de Amparo. Por identidad jurídica substancial, resulta aplicable la jurisprudencia P./J.38/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 20/07/24 14:13:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.35.33.32.39.38.36 LUCY OSIRIS CERINO MARCIN Juicio de Amparo Indirecto 536/2022-IV 11 Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2021, página 5, Novena Época, intitulada: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." Se afirma lo anterior, toda vez que el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas. Por consiguiente, en razón de que el acto reclamado no constituye un acto que tenga efectos de imposible reparación, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por 20/07/24 14:13:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.35.33.32.39.38.36 LUCY OSIRIS CERINO MARCIN 12 Daniela Isabel de Ávila Guerra, por propio derecho y en representación de su menor hijo con iniciales A.R. de A. Notifíquese personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, nueve de agosto de dos mil veintidós. REQUERIMIENTO DE RATIFICACIÓN. Agréguese el escrito signado por la quejosa Daniela Isabel de Ávila Guerra, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales A.R. de A., mediante el cual, pretende 11/10/25 13:34:12 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.39.33.36.34.37.39.30 ESTEBAN ALFREDO CORTES RUIZ 2 desahogar la prevención formulada en auto de veintiséis de julio del año en curso. Ahora bien, toda vez que la firma que aparece al calce del escrito de cuenta, a simple vista, difiere notablemente con la que obra en el escrito de la demanda de amparo; en consecuencia, a fin de tener certeza de la identidad de quien promueve, requiérase a la quejosa Daniela Isabel de Ávila Guerra, para que se presente a las once horas del día dieciséis de agosto de dos mil veintidós, ante este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ubicado en calle Caballito de Mar, número 34-A (entre calles 50 y 52), Playa Norte, Ciudad del Carmen, Campeche, código postal 24115, con identificación oficial vigente que acredite su identidad, con la finalidad de que en diligencia formal, previa lectura que se le haga del escrito que se recibe, manifieste si ratifica o no la firma que lo calza. Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 3 y 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022 de dicho órgano colegiado, genérese la cita respectiva a nombre de la quejosa, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en el módulo "Agenda OJ" al servicio del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, deberá entregarse el "Código QR" respectivo al momento de la notificación de este proveído, con la finalidad de que el día y hora programados para la diligencia ordenada pueda comparecer ante este órgano jurisdiccional. 11/10/25 13:34:12 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.39.33.36.34.37.39.30 ESTEBAN ALFREDO CORTES RUIZ Juicio de Amparo Indirecto 536/2022-IV 3 En la inteligencia que podrá acudir acompañada de cualquiera de las personas que autorizó en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo.| Se apercibe a la quejosa que de no comparecer ante este órgano jurisdiccional dentro del plazo concedido, se tendrán por no formuladas las pretensiones contenidas en el mismo y se acordara lo que en derecho proceda respecto al cumplimiento o no del requerimiento que se le hizo en proveído de veintiséis de julio de dos mil veintidós. Resulta aplicable la jurisprudencia 3a. 24, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 385, Octava Época, intitulada: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Notifíquese personalmente a la quejosa.

  4. Principal

    Ciudad del Carmen, veintiséis de julio de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Daniela Isabel de Avila Guerra, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales A.R de A., contra actos del Juez Segundo del ramo familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, radíquese con el número de expediente 536/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. PREVENCIÓN En términos del artículo 10, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la personalidad de quien comparece en representación del quejoso se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y, conforme al artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la quejosa Daniela Isabel de Ávila Guerra, promueve demanda de amparo por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales A.R de A., sin embargo, no exhibió documento alguno con el que acreditara ser la madre de dicho menor. Asimismo, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa omitió expresar bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 108, fracción V y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: 1. Exhiba original o copia certificada del documento que acredite la representación que dice tener sobre su menor hijo de iniciales A.R de A. 2. Exprese bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Se invoca en apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, julio de 1996, página 48, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." En la inteligencia que este órgano jurisdiccional mandará de oficio expedir las copias del escrito aclaratorio y los anexos que se llegaren a exhibir, de conformidad con el artículo 114, último párrafo, de la Ley de Amparo, en razón de que se trata de un juicio de amparo en el que pueden afectarse los intereses de un menor de edad. Se apercibe a la quejosa que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle 33 A número 105 local 4 colonia Lomas de Holche, Ciudad del Carmen, Campeche, por así haberlo solicitado. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Se tiene por autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las licenciados y licenciado en derecho Ana Zambrano Ibáñez, Brenda Guadalupe Villalobos Hernández y José Antonio Osorio Horta, pues de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se realizó consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, de la que se desprende que el autorizado de la parte quejosa cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, intitulada: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen · 2,040 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano