Daniela Abigail Arjona Izaguirre
Expediente 382/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/09/2022
Partes del expediente
- Daniela Abigail Arjona Izaguirre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, trece de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, transcurrió del veinticinco de agosto al siete de septiembre del año en curso, con exclusión de los días veintisiete y veintiocho de agosto y tres y cuatro de septiembre del año en curso, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 2506/21-2022/1C-II, del Juez Interino del Juzgado Primero de Distrito de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado, como justificación a su informe, la autoridad responsable remite copia certificada del expediente laboral 266/21-2022/1C-II. Con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las copias certificadas que adjunta a su informe justificado, las cuales, se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, Daniela Abigail Arjona Aguirre, promovió demanda de amparo contra la abierta dilación en el expediente 266/21-2022/1C-II, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, con motivo de la falta de emplazamiento a Rosario García Lugo (también conocida como Rosario García Lugo de Arjona) Manuel Francisco Arjona y Juan Carlos García Arjona, a pesar de que en proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se ordenó la práctica de esa diligencia. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la juez responsable como justificación de su informe, consistentes en copia certificada del juicio sucesorio intestamentario 266/21- 20222/1C-II, se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós, la asesora técnica de la denunciante Daniela Abigail Arjona Aguirre, proporcionó diversos domicilios para que fueran emplazados los posibles herederos Rosario García Lugo (también conocida como Rosario García Lugo de Arjona), Manuel Francisco Arjona y Juan Carlos García Arjona (fojas 69 a 70). 2. En proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se instruyó a la actuaria judicial para que se apersonara en los domicilios proporcionados por la asesora técnica de la denunciante Daniela Abigail Arjona Aguirre, con la finalidad de que notificara de forma personal a Rosario García Lugo (también conocida como Rosario García Lugo de Arjona), Manuel Francisco Arjona y Juan Carlos García Arjona, además, les hiciera de su conocimiento que el ocho de marzo de dos mil veintidós, se admitió la sucesión intestamentaria a bienes de quien en vida respondiera al nombre de Manuel de Jesús Arjona Loria, denunciado por Daniela Abigail Arjona Aguirre (fojas 75 a 76). 3. El nueve de junio de dos mil veintidós, los posibles herederos Rosario García Lugo (también conocida como Rosario García Lugo de Arjona), Manuel Francisco Arjona y Juan Carlos García Arjona, comparecieron espontáneamente ante el Actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, por ende, se les notificó personalmente el acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós (foja 77). Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haberse notificado a los posibles herederos Rosario García Lugo (también conocida como Rosario García Lugo de Arjona), Manuel Francisco Arjona y Juan Carlos García Arjona, el acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio sucesorio intestamentario 266/21-20222/1C-II, a bienes de quien en vida respondiera al nombre de Manuel de Jesús Arjona Loria, denunciado por Daniela Abigail Arjona Aguirre, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las doce horas con un minuto del veintidós de agosto de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y electrónicamente a la parte quejosa; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 382/2022, EL ACUERDO A NOTIFICAR SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 2506/21-2022/1C-II, del Juez Interino del Juzgado Primero de Distrito de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado, como justificación a su informe, la autoridad responsable remite copia certificada del expediente laboral 266/21-2022/1C-II. Con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las copias certificadas que adjunta a su informe justificado, las cuales, se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, Daniela Abigail Arjona Aguirre, promovió demanda de amparo contra la abierta dilación en el expediente 266/21-2022/1C-II, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, con motivo de la falta de emplazamiento a Rosario García Lugo (también conocida como Rosario García Lugo de Arjona) Manuel Francisco Arjona y Juan Carlos García Arjona, a pesar de que en proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se ordenó la práctica de esa diligencia. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la juez responsable como justificación de su informe, consistentes en copia certificada del juicio sucesorio intestamentario 266/21- 20222/1C-II, se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós, la asesora técnica de la denunciante Daniela Abigail Arjona Aguirre, proporcionó diversos domicilios para que fueran emplazados los posibles herederos Rosario García Lugo (también conocida como Rosario García Lugo de Arjona), Manuel Francisco Arjona y Juan Carlos García Arjona (fojas 69 a 70). 2. En proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se instruyó a la actuaria judicial para que se apersonara en los domicilios proporcionados por la asesora técnica de la denunciante Daniela Abigail Arjona Aguirre, con la finalidad de que notificara de forma personal a Rosario García Lugo (también conocida como Rosario García Lugo de Arjona), Manuel Francisco Arjona y Juan Carlos García Arjona, además, les hiciera de su conocimiento que el ocho de marzo de dos mil veintidós, se admitió la sucesión intestamentaria a bienes de quien en vida respondiera al nombre de Manuel de Jesús Arjona Loria, denunciado por Daniela Abigail Arjona Aguirre (fojas 75 a 76). 3. El nueve de junio de dos mil veintidós, los posibles herederos Rosario García Lugo (también conocida como Rosario García Lugo de Arjona), Manuel Francisco Arjona y Juan Carlos García Arjona, comparecieron espontáneamente ante el Actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, por ende, se les notificó personalmente el acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós (foja 77). Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haberse notificado a los posibles herederos Rosario García Lugo (también conocida como Rosario García Lugo de Arjona), Manuel Francisco Arjona y Juan Carlos García Arjona, el acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio sucesorio intestamentario 266/21-20222/1C-II, a bienes de quien en vida respondiera al nombre de Manuel de Jesús Arjona Loria, denunciado por Daniela Abigail Arjona Aguirre, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las doce horas con un minuto del veintidós de agosto de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y electrónicamente a la parte quejosa; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, doce de julio de dos mil veintidós. NO DESAHOGA PREVENCIÓN. Vista la certificación de cuenta, se advierte lo siguiente: 1. Que el plazo de cinco días concedido a la promovente Daniela Abigail Arjona Aguirre, en proveído de diecisiete de junio del año en curso, para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Actuaria adscrita al Juzgado Interino Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen y bajo protesta de decir verdad, señalara el tipo de juicio que es el expediente 266/21-2022/1C-II y la calidad que tiene reconocida en el mismo, transcurrió del veintiuno al veintisiete de junio de dos mil veintidós, con exclusión de los días veinticinco y veintiséis de junio del año en curso, por ser inhábiles (sábado y domingo), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo desahogara dicha prevención. Asimismo, que en dicho auto se apercibió a la quejosa que una vez que desahogara la prevención en la que indicara si deseaba o no señalar como autoridad responsable a la Actuaria interina adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, u omitiera desahogar dicha prevención dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se dictaría el auto de admisión, con base en la totalidad de los elementos que se tuviera al alcance o, en su caso, se tendría o no como autoridad responsable a dicho funcionario. 2. Sin embargo, mientras se encontraba transcurriendo el plazo de cinco días concedido a la impetrante de amparo Daniela Abigail Arjona Aguirre, para desahogar la prevención realizada en acuerdo de diecisiete de junio del año en curso, dicha quejosa el veintitrés de junio de dos mil veintidós, presentó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el escrito registrado con folio 2550, mediante el cual se desistió de la demanda de amparo. 3. Por auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito registrado con folio 2550 y se concedió a la quejosa Daniela Abigail Arjona Aguirre, el plazo de tres días, para que ratificara dicho ocurso, apercibida que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, se le tendría por no desistida de la demanda de amparo y se continuaría el juicio. Plazo que transcurrió del cuatro al seis de julio, sin que dentro de dicho término la quejosa Daniela Abigail Arjona Aguirre, ratificara el desistimiento del juicio de amparo. En consecuencia, se hacen efectivos los apercibimientos decretados en el autos de diecisiete y veintisiete de junio del año en curso; por ende, se continua con la secuela procesal del juicio de amparo y con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se tiene únicamente como autoridad responsable al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Daniela Abigail Arjona Aguirre, únicamente respecto el Juez Interino del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir por escrito dentro plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se pide dicho informe. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las DOCE HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. TERCERO INTERESADO. La quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que desconoce el nombre y domicilio del tercero interesado, sin embargo, no ha lugar a tener con el carácter de tercero interesado a persona alguna, puesto que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero interesado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Así, del análisis integro de la demanda, se advierte que el quejoso se duele de la falta de emplazamiento a la parte demandada en el juicio de origen; de ahí que no se les reconozca el carácter de terceros interesados. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 265, Novena Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado la parte quejosa. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las que ofrece en su escrito inicial de demanda, consistentes en: 1. La presuncional legal y humana. 2. La instrumental pública de actuaciones. En cuando a la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, toda vez que la primera se constituye cuando expresamente así lo establece la ley, en cambio, la instrumental pública de actuaciones se integra cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél la primera se conformará con el cúmulo de actuaciones que obrarán en este expediente. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XX. 305 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, enero de 1995, página 291, Octava Época, intitulada: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda." Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por lista a la parte quejosa; y por oficio a la autoridad responsable.
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