Daniela Guadalupe Zarate Hernandez
Expediente 333/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Daniela Guadalupe Zarate Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 333/2022-III. Puebla, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO AUTO DE DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin embargo, la parte quejosa no se inconformó contra el auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, dictado en este juicio, mediante el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve-, el presente expediente constituye un asunto concluido, por ende se ordena su archivo. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a quien hubiera presentado la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En virtud de que en el presente juicio no se apertura incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, debido a que se tuvo por no presentada la demanda, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE. Por último, se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
333/2022 Puebla, Puebla, veintinueve de abril de dos mil veintidós. DESAHOGA PREVENCIÓN Se agrega al expediente el escrito de cuenta, signado por +++, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós y por segunda ocasión refiere que el acto reclamado consiste en:.... DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano.... El plazo máximo de prisión preventiva ha sido superior a dos años como lo marca la norma, por lo cual debo ser puesta en libertad de inmediato, dentro de la causa penal +++, acto que reclama al Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Centro en la ciudad de Puebla. Sin embargo, resulta evidente respecto del mismo; la actualización de una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, con los artículos 20, Apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 75 de la Ley de Amparo, que prevén: Ley de Amparo. "Artículo 61. ". "Artículo 75... Así, uno de los principios que rige el sistema penal acusatorio implica que, ante cualquier petición de alguna de las partes, su contraria tiene el derecho de conocerla para poder controvertirla, lo que inclusive garantiza el principio de igualdad, pues ambas estarán en el mismo plano para poder defender y oponerse respectivamente a sus pretensiones. Como se advierte, tanto a nivel constitucional como legal, se establecen diversos principios que rigen el proceso penal acusatorio, cuyo cumplimiento y vigencia deberán ser respetados. El respeto y cumplimiento a esos principios se ve reflejado en la propia Ley de Amparo, en la cual el legislador estableció la posibilidad de admitir pruebas en la vía indirecta, tratándose de actos emanados de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, siempre y cuando esa admisión respete los principios que rigen el sistema penal, es decir, el de contradicción, igualdad e inmediación. No obstante a lo anterior, el artículo 75 de la Ley de Amparo, establece que en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable, adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. En ese orden de ideas se advierte que la Ley de Amparo pugna por el respeto a los principios que rigen el nuevo sistema de justicia penal, de lo que se sigue la regla implícita consistente en la improcedencia del juicio de amparo cuando con ello se vulneren los principios que lo rigen -al sistema penal-. En el caso, la quejosa reclama el plazo máximo de prisión preventiva ha sido superior a dos años como lo marca la norma, por lo cual debo ser puesta en libertad de inmediato, dentro de la causa penal 408/2018, acto que reclama al Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Centro en la ciudad de Puebla. Esto es, tanto en el escrito de demanda como en los escritos aclaratorios refiere, lo que le afecta es la prisión preventiva que dice la mantiene privada de la libertad desde el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, lo cual refiere que viola sus derechos los cuatro años de privación de su libertad, por lo que corresponde ponerla en inmediata libertad. Ello en autos de la causa penal+, del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, por el hecho con apariencia de delito de secuestro. Empero, el cuestionamiento de la subsistencia de la continuación de la prisión preventiva no se puede analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente al proceso penal acusatorio, sino que es menester que primero, dentro de éste, todas las partes involucradas conozcan, controviertan o confronten los medios de prueba y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias, ya que la prerrogativa prevista en el párrafo segundo de la fracción IX del apartado B del artículo 20 Constitucional, constituye un derecho que está condicionado a la justificación de diversas circunstancias, como es que esa prolongación no se deba al ejercicio el derecho de defensa del detenido. Aspectos que en términos de la Ley de Amparo no se podrían analizar sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis del acto reclamado, implicaría el análisis directo de la información, sin que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio, con lo cual además de vulnerar el artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se soslayaría directamente el artículo 75, de la Ley de Amparo, que por un lado impide valorar pruebas practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio Con esta consideración no se deja en indefensión a la parte quejosa, porque el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma. Es decir, en la norma ordinaria se prevé una vía específica para que la parte quejosa pueda formular su planteamiento y pretensión en cuanto a que alega ya ha transcurrido en exceso el plazo de la prisión preventiva que le fue impuesta (cambiaron las condiciones objetivas de la prisión preventiva) de tal manera que la misma carece de justificación. Circunstancia que la quejosa no ha realizado pues manifestó que su defensor, como única opción le era la ddeclararse culpable (como lo indicó en el escrito de cuenta) sin haber solicitado la audiencia en la que se haya determinado la continuidad de la prisión preventiva que la mantiene privada de su libertad, por esa razón reclama que el plazo máximo de prisión preventiva ha sido superior a dos años, como lo marca la norma, por lo cual debía ser puesta de inmediato en libertad, indicada en párrafos anteriores. Por lo que la quejosa, en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede solicitar la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta de estimar que han variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar, por lo que podrá solicitar al órgano jurisdiccional la revocación, sustitución o modificación de la misma, quien citará a los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con los artículos 20 apartado A, fracciones IV y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 75 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo. Las anteriores consideraciones se fundan, por identidad de razón, en la ejecutoria de trece de agosto de dos mil veinte emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 49/2020, derivado del juicio de amparo indirecto+++ del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ...NOTIFICACIÓN A LA DEFENSORA PÚBLICA En consecuencia, se ordena hacer del conocimiento por oficio a la defensora pública de la quejosa el citado proveído en el cual se desechó la demanda de amparo para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa en su lugar de reclusión y a la defensora pública por oficio.
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JUICIO DE AMPARO 333/2022-III. Puebla, Puebla, veinticinco de abril de dos mil veintidós. PRETENDE DESAHOGAR PREVENCIÓN Se agrega al expediente el escrito de cuenta, promovido por Daniela Guadalupe Zárate Hernández, mediante el cual pretende cumplir con la prevención de la prevención formulada mediante proveído de once de abril de dos mil veintidós. Sin embargo, por el momento resulta improcedente tener por desahogada dicha prevención por los siguientes motivos. En auto de uno de abril de dos mil veintidós, se hicieron notar las irregularidades de la demanda de amparo en cuanto a los actos señalados como reclamados y las autoridades a quienes se atribuían, concluyendo que no se podía distinguir cuál era exactamente el acto reclamado, identificando de toda la información aportada que a la quejosa se le instruye la causa penal 408/2018 del índice del Juzgado de Oralidad Penal Región Judicial Centro del Estado de Puebla, y posiblemente, a la fecha, la jueza de control no ha señalado fecha para el desahogo de la audiencia intermedia y así seguir el trámite de la causa penal hasta el dictado de la sentencia. Requiriéndola para aclarar tanto el acto reclamado como las autoridades responsables. Luego, ante el desahogo de esa prevención, en auto de once de abril de dos mil veintidós, se hicieron notar las irregularidades del escrito aclaratorio, pues no fue desahogada, en sus términos la prevención anterior en cuanto a los actos señalados como reclamados y las autoridades a quienes se atribuían, concluyendo que no se podía distinguir cuál era exactamente el acto reclamado. Por lo que se previno por segunda ocasión a la parte quejosa para que efectuara la siguiente aclaración del acto reclamado, esto es: -Si únicamente desea señalar como acto la omisión de dictar sentencia en el proceso 408/2018, y reclamarla al Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Centro en la ciudad de Puebla. -O bien, en lugar del anterior, le reclama al Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Centro en la ciudad de Puebla la omisión de ponerla en libertad inmediata pese a que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se ha prolongado por más de dos años sin que a la fecha se haya pronunciado la sentencia respectiva dentro de la causa penal 408/2018. En contestación a esa segunda prevención, la quejosa dio contestación con el escrito que se acuerda, sin embargo, no se advierte que la quejosa + haya desahogado la prevención en los términos indicados el once de abril de dos mil veintidós, puesto que manifestó lo siguiente: "De la autoridad ordenadora reclamo: a) El plazo máximo de prisión preventiva ha sido superior a dos años como lo marca a norma, el proceso sigue en periodo de investigación; por lo cual debo ser puesta en libertad de inmediato De la autoridad ejecutora reclamo; a) El cumplimiento de la ilegal prisión preventiva oficiosa. b) Solicite copias de mi proceso y de todo lo actuado en mi causa penal, para lo cual me refieran con el abogado de oficio; el cual no se nombró y por lo cual sigue en negativa mi petición. c) El anterior defensor de oficio la única elección que me dejaba fue el juicio abreviado; por lo cual es una defensa inadecuada. d) Cuatro años de investigación. De lo anterior, nuevamente, no se distingue cuál es exactamente el acto que reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables, es más, de su narrativa parece que los incisos antes precisados solo corresponden a antecedentes de la causa penal + Tal inexactitud en señalar el acto reclamada obliga a esta operadora a requerir, nuevamente a la quejosa para que aclare su demanda de amparo en los términos precisados en proveído de once de abril de dos mil veintidós, pues esta autoridad de ninguna forma puede deducir cuál es el acto que reclama la quejosa, pues, conforme lo señalado en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a señalar el acto reclamado, de forma precisa, pues la suplencia de queja solo procede en cuanto a conceptos de violación, no así para señalar los actos reclamados por el impetrante del amparo. Entonces, para efecto de que se precise el acto reclamado, es necesario requerir a Daniela Guadalupe Zárate Hernández, para que presente escrito donde señale bajo protesta de decir verdad cuál es el acto que desea reclamar, conforme el requerimiento de once de abril de dos mil veintidós, esto es: - Si únicamente desea señalar como acto la omisión de dictar sentencia en el proceso +, y reclamarla al Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Centro en la ciudad de Puebla. - O bien, en lugar del anterior, le reclama al Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Centro en la ciudad de Puebla la omisión de ponerla en libertad inmediata pese a que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se ha prolongado por más de dos años sin que a la fecha se haya pronunciado la sentencia respectiva dentro de la causa penal +En el entendido que si deseara reclamar únicamente el segundo punto, deberá informar si ya solicitó la revisión, modificación o en su caso revocación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro de la causa penal + del índice del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Centro en la ciudad de Puebla. PLAZO PARA DESAHOGAR LA PREVENCIÓN Luego, del estado que guardan los autos se advierte que el plazo de cinco días hábiles otorgado a la parte quejosa para desahogar la prevención de once de abril de dos mil veintidós, comprendía originalmente del diecinueve al veinticinco de abril del año en curso, al haber sido notificada personalmente el doce del mismo mes y año. La quejosa presentó su escrito aclaratorio en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal el veintiuno de abril de dos mil veintidós, esto es, al tercer día del plazo para desahogar su prevención. En consecuencia, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de dos días hábiles, contado a partir de que surta efectos la legal notificación de este auto, aclare la prevención de la demanda, formulada en esta fecha, en los términos puntualizados con antelación. Bajo el apercibimiento que si omite desahogarla en el plazo indicado, se tendrá por no presentada en términos del último párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Ahora, en auto de catorce de abril de dos mil veintidós se acordó la protesta de cargo de la defensora pública designada a la quejosa + En ese sentido, remítasele copia del escrito de cuenta a la licenciada en derecho + para que esté en aptitud de auxiliar a la quejosa para el desahogo de la prevención de once de abril de dos mil veintidós, en relación con el contenido de este proveído. Por último, reitera a la parte quejosa (quejosa y defensora pública) que en caso de no desahogar la prevención contenida en este acuerdo, en los términos indicados y en el plazo concedido, se le hará efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo de uno de abril de dos mil veintidós, por lo que se tendrá por no presentada la demanda de amparo y su aclaración. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa (en el lugar de su reclusión), por oficio a su defensora pública y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 333/2022-III. Puebla, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintidós. DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN Y PROTESTA DE CARGO DE DEFENSORA PÚBLICA. Se agrega al expediente la versión escrita de la audiencia celebrada por videoconferencia el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la que Guicela Ortiz Torres, aceptó el cargo de defensora pública de la quejosa + En consecuencia, téngase a la referida defensora, licenciada Guicela Ortiz Torres, aceptando el cargo de defensora pública de la quejosa + , designada para asistir a esta última en este juicio de amparo, por la Directora General de Defensoría Pública de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la mencionada defensora pública el indicado en la diligencia en comento; y se toma nota del correo electrónico proporcionado por ella, en caso de ser necesario establecer comunicación por dicho medio. En cuanto al número telefónico que proporciona, podrá considerarse (dado el estado de contingencia sanitaria, derivado del fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, a partir del virus COVID-19) por los actuarios correspondientes, como medio para establecer contacto con la citada defensora. En ese sentido, se ordena hacer del conocimiento de la quejosa la protesta del cargo mencionado y se hace notar que las subsecuentes notificaciones le serán realizadas a través de su defensora pública, salvo aquéllas notificaciones que deban realizarse de forma personal. Notifíquese; de manera personal a la quejosa (en su lugar de reclusión).
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