Daniel Vazquez Caballero

Expediente 1223/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1223/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • Daniel Vazquez Caballero
  • Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1223/2022-IX. Puebla, Puebla, uno de junio de dos mil veintitrés. Se informa nueva denominación de este Juzgado. Visto el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que, a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, este juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad de Puebla, cambió de denominación a Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, ubicado en avenida 23 Poniente, número 2509, planta baja, colonia Volcanes de la ciudad de Puebla, código postal 72410. Por tanto, se informa a las partes que todas aquellas comunicaciones oficiales y escritos relativos a los asuntos que corresponden a este órgano jurisdiccional deberán de dirigirse bajo su nueva denominación. Se recibe oficio. Por otra parte, se agrega al expediente el oficio signado por el secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el ocho de mayo de dos mil veintitrés, en el recurso de queja, de su índice, interpuesto por *, contra el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés (de desechamiento). En dicha ejecutoria se resolvió en el siguiente sentido: ".ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja.". En consecuencia, se ordena hacer las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y acusar el recibo de estilo correspondiente. Además, con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el acuerdo que desechó la demanda de amparo, ha quedado firme (causó estado). En consecuencia, lo procedente es ordenar el archivo del presente asunto, bajo los lineamientos siguientes. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido- y el tribunal colegiado calificó de infundado el recurso de queja interpuesto contra ese desechamiento. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-; se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Devolución de documentos. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes (anexos irremplazables), se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque se desechó la demanda de amparo, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; por oficio al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (acuse de recibo) y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1223/2022-IX. Puebla, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado admite recurso de queja. Se agrega al expediente el oficio de cuenta signado por el secretario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla; mediante el cual comunica que, en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, el magistrado presidente del citado tribunal, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Israel Calva Corro autorizado en términos amplios del quejoso, el cual quedó radicado en el expediente Q 62/2023. De lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1223/2022-IX. Puebla, Puebla, quince de marzo de dos mil veintitrés. Recurso de queja. Se agrega al expediente el escrito de cuenta, con firma electrónica de *, mediante el cual interpone recurso de queja y formula agravios, contra el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el que fue desechada su solicitud de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Ahora, el análisis efectuado al escrito de cuenta, permitió detectar una omisión del promovente: no señaló las constancias que desea se remitan en copia a la superioridad, para el trámite del recurso de queja. Sin embargo, se hace notar que, el recurso de mérito fue recibido a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que, de conformidad con lo establecido con el artículo 101 de la Ley de Amparo, se procederá a vincular el expediente electrónico con la superioridad, lo cual implica que podrá consultar la totalidad de las actuaciones efectuadas en este controvertido constitucional, para la resolución de la queja interpuesta. Entonces, bajo ese contexto, es innecesario proceder en términos del artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso), aunado a que, el recurrente resulta ser la única parte en el presente juicio, dado el desechamiento de la demanda1 . Remisión del recurso y vinculación del expediente. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío del escrito donde obran los agravios, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano encargado de substanciar el citado recurso de queja. Indicaciones a la Oficial Judicial A. Además, se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano" para que el tribunal colegiado que conozca del recurso esté en oportunidad de consultarlo de manera íntegra y consiga visualizar las constancias que estime necesarias. Informe de la queja. En este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque en proveído de veintiocho de febrero del año en curso, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Sin que resulte necesario enviar a la superioridad copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo, porque tendrá acceso a todas ellas, a través del expediente electrónico, cuya habilitación quedará realizada una vez que tal medio de impugnación se radique en el tribunal colegiado al que por turno le toque conocer del mismo. Sin suspensión del procedimiento. Se descarta suspender el procedimiento en este asunto, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído que se recurre. Notificación por lista. Se deja establecido que es inviable ordenar una notificación personal para el quejoso, con el contenido de este acuerdo, porque ya se dio trámite a su recurso y todavía falta la decisión que emita el tribunal colegiado. De ahí que este acuerdo sólo se notificará por medio de lista. Se solicita al tribunal colegiado. Solicítese muy atentamente al tribunal que conozca del medio de impugnación en mención, se sirva acusar el recibo de estilo. Notifíquese; por oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito; y cúmplase.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1223/2022-III. Puebla, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Se recibe despacho y se ordena darlo de baja. Se agrega al expediente el oficio del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Estado de Puebla, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 41/2023, con número de orden 62/2023, de nuestro índice. Ese despacho se recibe diligenciado, porque se notificó al quejoso el proveído de quince de febrero del año en curso. Por tanto, se ordena dar de baja la referida comunicación oficial, con la hipótesis "diligenciada", y realizar las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno respectivo como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Quejoso desahoga prevención. Por otra parte, se agrega al expediente el escrito de Israel Calva Corro, como defensor particular del quejoso, en el que da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, como sigue: Por tanto, se declara cumplida la prevención formulada en el citado proveído. Materia del juicio. Los actos combatidos por el defensor del quejoso, en términos de su demanda de amparo y su escrito aclaratorio, consisten en Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que los actos aclarados por el defensor del quejoso, deben subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento por sendas causales de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda y a su escrito aclaratorio, llevó a visualizar la improcedencia del reclamo de todos los actos consistentes en: Bajo ese contexto, resulta notoria y manifiesta las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, a saber De entrada porque los actos combatidos en los numerales 1 y 2, consistentes en la orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial, así como la omisión de notificarle el traslado involuntario por parte de dicho centro penitenciario, son actos que se dictan dentro de procedimiento y por tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esa consideración encuentra respaldo en la tesis jurisprudencial 1a./J. 27/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con registro digital 2023736, que dice: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Incluso, cuando el defensor del quejoso alegó que no le fue notificada una resolución tangible para recurrir, esa circunstancia no lo exime de la carga de agotar el principio de definitividad, previamente a promover el juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 1a XXIV/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con registro digital 2023190, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Luego, respecto del reclamo precisado en el numeral 3, consistente en la resolución que autorizó el traslado del quejoso, donde interviene la autoridad judicial, antes de promover el juicio de amparo indirecto, debe agotarse el recurso de apelación previsto en los artículos 51, primer párrafo, 52, penúltimo párrafo y 132, fracción VII, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los cuales establecen: De ahí que el recurso procedente contra las resoluciones judiciales que se pronuncien sobre traslados, es el recurso de apelación. Aunado a lo anterior, respecto del acto marcado con el número 4, consistente en la omisión de notificarle dicho traslado, por parte del juez de control, antes de acudir el juicio de amparo debió agotar el medio ordinario de defensa, esto es, el incidente de nulidad de notificación previsto en los artículos 88, 97, 98 y 101, del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales establecen: De modo que la notificación o cualquier acto en contravención a las formalidades previstas en el citado código, podrán ser declarados nulos mediante el incidente de nulidad de notificación. En ese contexto, el quejoso debió presentar por escrito esa solicitud de declaración de nulidad, la cual de forma fundada y motivada debió presentar dentro de los dos días siguientes a aquel en que tuvo conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación se pretende. De ahí que el órgano jurisdiccional al detectar la imposibilidad para sanear o convalidar ese acto, estará obligado a declarar su nulidad, señalando en su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de protección de derechos y su aclaración, presentados por el defensor particular del quejoso, porque los actos que pretende reclamar conforme a su escrito aclaratorio, encontraron sendas causales de improcedencia, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis3 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Anotaciones internas. Por último, se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notifíquese; vía electrónica al defensor del quejoso; y cúmplase.

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