Daniela Beatriz Roque Serrano

Expediente 1611/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1611/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/12/2022

Partes del expediente

  • Daniela Beatriz Roque Serrano

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual solicita la remisión de constancias que integran el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de las videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se pone a disposición del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el acceso remoto al juicio de amparo en que se actúa, para que este en aptitud de imponerse de las constancias que integran este asunto. Para la operatividad de la referida autorización, la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, adscrita a este juzgado, así como el tribunal de referencia, deberá acatar los lineamientos operativos descritos en la Circular CAR/02/CCNO/2020. Ahora bien, como se advierte en el oficio de cuenta, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, acusa recibo del oficio que este juzgado le giró y sus respectivos anexos, avocándose al conocimiento del juicio de amparo promovido por Sandra Nava Jiménez, en representación de Daniela Beatriz Roque Serrano. En virtud de lo anterior, y visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno correspondiente. Asimismo, acorde a lo establecido en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este cuaderno de antecedentes, es susceptible de destrucción, al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído, sin que obren en el citado expediente documentos susceptibles de devolución. Hágase constar la valoración del expediente referido, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Formación de cuaderno. En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 1611/2022-II, fórmese el presente cuaderno con motivo de la incompetencia legal planteada por la suscrita y agréguense a estos autos las copias de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de documentos, formación y registro de expediente. Vista la demanda promovida vía electrónica por Sandra Nava Jiménez, en representación de Daniela Beatriz Roque Serrano, contra actos del Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México y otra autoridad, con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 15, 108, 109, 125, 126 y demás relativos de la Ley de Amparo, se procede a dar trámite a la demanda en cuanto a los actos prohibidos por la Constitución que se aduce pueden ser objeto los directamente agraviados; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1611/2022-II. Imposibilidad de decretar la suspensión de plano. Tomando en consideración que la demanda de amparo, contiene una pluralidad de actos sobre la condición de la quejosa y que en opinión de este juzgado, son contradictorios entre sí, se considera que no existe posibilidad de hacer pronunciamiento sobre la suspensión de plano; pues para tal efecto, debería emerger una prevención que clarifique los alcances de la medida cautelar; cuestión sobre la cual existe la imposibilidad jurídica por falta de competencia de este órgano jurisdiccional. Incompetencia. Por otra parte, la suscrita estima que en lo particular, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, por razón de territorio, no es legalmente competente para conocer de la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención de lo que a continuación se expondrá. En efecto, el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto, preferentes, porque avocarse al conocimiento de un asunto y a la postre resolver sin tener competencia legal por razón de territorio, podría generar en su momento la reposición del procedimiento por parte del órgano revisor (Tribunal Colegiado de Circuito, Salas o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con la consecuente declaratoria de nulidad de la sentencia que en un momento dado se llegara a dictar, no obstante carecer de aptitud legal para hacerlo. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece en su primer párrafo: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Con base en el anterior ordinal, para fijar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando los actos reclamados requieran de ejecución material, debe atenderse al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado tal acto. Ahora, de la lectura integral de la demanda constitucional, se obtiene que la parte quejosa señala como autoridades responsables a diversas dependencias de la Estación Migratoria en de la Ciudad de México las "Agujas", lugar en donde se dice, probablemente se encuentra detenida la directamente agraviada; por tanto, es inconcuso que los actos reclamados tienen ejecución en aquella localidad (Ciudad de México), en la que ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; de manera que resulta evidente que este Juzgado es legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer sobre la demanda de amparo promovida por Sandra Nava Jiménez a nombre de la directamente agraviada Daniela Beatriz Roque Serrano. Sustenta lo anterior, la tesis I.2º.P.J/4º, que aparece publicada en la página 36, de Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y dos, que a la letra dice: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN L DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. Luego, es inconcuso que este órgano judicial carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo. Lo anterior, no sólo porque las consecuencias del acto reclamado, requieren ejecución material y ésta se materializa en el lugar en que se encuentran detenidos los directamente quejosos (Ciudad de México), esto es, fuera del ámbito de competencia territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción; sino además, porque considerar lo contrario implicaría contravenir la teleología de las reglas establecidas por el legislador en el artículo 37 de la Ley de Amparo, al disponer que debe conocer del amparo el Juez de Distrito del lugar donde tenga ejecución el acto reclamado, lo que pone de manifiesto que la voluntad del legislador ha sido facilitar al solicitante el acceso a la justicia, para ocurrir ante el Juez de amparo del lugar en el que tiene ejecución el acto reclamado, que en este caso es en la Ciudad de México, poniendo así a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales, lo que impide a este órgano de control constitucional hacer cualquier pronunciamiento respecto de las violaciones alegadas en la demanda. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, declara su incompetencia legal, por razón de territorio, para conocer del presente asunto y declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que por turno corresponda, el cual se estima legalmente competente en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, y con apoyo además en lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que se refiere a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio de los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito; por lo que se ordena remitir los presentes autos de forma inmediata a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en aras de una justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 constitucional, debiendo recabarse las copias de las constancias que resulten necesarias para formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno respectivo y solicítese el acuse de recibo de estilo al Juez de Distrito que le corresponda conocer del presente asunto, en el que además se le solicita tenga a bien informar, si acepta o no la competencia declinada a su favor. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Autorizados. Se tiene como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Sandra Nava Jiménez, toda vez que la cédula profesional proporcionada, no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Autorización de uso de medios electrónicos. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Transparencia y Acceso a la información. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente; y toda vez que no se proporciona domicilio para tal efecto, hágase por lista que se fije en los estrados de este tribunal federal, acorde a lo reseñado por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de documentos, formación y registro de expediente. Vista la demanda promovida vía electrónica por Sandra Nava Jiménez, en representación de Daniela Beatriz Roque Serrano, contra actos del Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México y otra autoridad, con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 15, 108, 109, 125, 126 y demás relativos de la Ley de Amparo, se procede a dar trámite a la demanda en cuanto a los actos prohibidos por la Constitución que se aduce pueden ser objeto los directamente agraviados; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1611/2022-II. Imposibilidad de decretar la suspensión de plano. Tomando en consideración que la demanda de amparo, contiene una pluralidad de actos sobre la condición de la quejosa y que en opinión de este juzgado, son contradictorios entre sí, se considera que no existe posibilidad de hacer pronunciamiento sobre la suspensión de plano; pues para tal efecto, debería emerger una prevención que clarifique los alcances de la medida cautelar; cuestión sobre la cual existe la imposibilidad jurídica por falta de competencia de este órgano jurisdiccional. Incompetencia. Por otra parte, la suscrita estima que en lo particular, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, por razón de territorio, no es legalmente competente para conocer de la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención de lo que a continuación se expondrá. En efecto, el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto, preferentes, porque avocarse al conocimiento de un asunto y a la postre resolver sin tener competencia legal por razón de territorio, podría generar en su momento la reposición del procedimiento por parte del órgano revisor (Tribunal Colegiado de Circuito, Salas o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con la consecuente declaratoria de nulidad de la sentencia que en un momento dado se llegara a dictar, no obstante carecer de aptitud legal para hacerlo. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece en su primer párrafo: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Con base en el anterior ordinal, para fijar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando los actos reclamados requieran de ejecución material, debe atenderse al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado tal acto. Ahora, de la lectura integral de la demanda constitucional, se obtiene que la parte quejosa señala como autoridades responsables a diversas dependencias de la Estación Migratoria en de la Ciudad de México las "Agujas", lugar en donde se dice, probablemente se encuentra detenida la directamente agraviada; por tanto, es inconcuso que los actos reclamados tienen ejecución en aquella localidad (Ciudad de México), en la que ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; de manera que resulta evidente que este Juzgado es legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer sobre la demanda de amparo promovida por Sandra Nava Jiménez a nombre de la directamente agraviada Daniela Beatriz Roque Serrano. Sustenta lo anterior, la tesis I.2º.P.J/4º, que aparece publicada en la página 36, de Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y dos, que a la letra dice: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN L DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. Luego, es inconcuso que este órgano judicial carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo. Lo anterior, no sólo porque las consecuencias del acto reclamado, requieren ejecución material y ésta se materializa en el lugar en que se encuentran detenidos los directamente quejosos (Ciudad de México), esto es, fuera del ámbito de competencia territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción; sino además, porque considerar lo contrario implicaría contravenir la teleología de las reglas establecidas por el legislador en el artículo 37 de la Ley de Amparo, al disponer que debe conocer del amparo el Juez de Distrito del lugar donde tenga ejecución el acto reclamado, lo que pone de manifiesto que la voluntad del legislador ha sido facilitar al solicitante el acceso a la justicia, para ocurrir ante el Juez de amparo del lugar en el que tiene ejecución el acto reclamado, que en este caso es en la Ciudad de México, poniendo así a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales, lo que impide a este órgano de control constitucional hacer cualquier pronunciamiento respecto de las violaciones alegadas en la demanda. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, declara su incompetencia legal, por razón de territorio, para conocer del presente asunto y declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que por turno corresponda, el cual se estima legalmente competente en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, y con apoyo además en lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que se refiere a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio de los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito; por lo que se ordena remitir los presentes autos de forma inmediata a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en aras de una justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 constitucional, debiendo recabarse las copias de las constancias que resulten necesarias para formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno respectivo y solicítese el acuse de recibo de estilo al Juez de Distrito que le corresponda conocer del presente asunto, en el que además se le solicita tenga a bien informar, si acepta o no la competencia declinada a su favor. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Autorizados. Se tiene como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Sandra Nava Jiménez, toda vez que la cédula profesional proporcionada, no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Autorización de uso de medios electrónicos. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Transparencia y Acceso a la información. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente; y toda vez que no se proporciona domicilio para tal efecto, hágase por lista que se fije en los estrados de este tribunal federal, acorde a lo reseñado por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

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