Daniela Beatriz Roque Serrano
Expediente 1626/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1626/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Daniela Beatriz Roque Serrano
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de abril de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Agréguense a los presentes autos únicamente para que obre como correspondan el oficio de cuenta remitido por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, toda vez que en proveído de quince de marzo del presente año, se ordenó al archivo el presente cuaderno de antecedentes. Se remite al archivo. Por otra parte, toda vez que no existe trámite pendiente, como está ordenado en autos, remítase el presente asunto al archivo. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Formación de cuaderno. En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 1626/2022-VI, fórmese el presente cuaderno con motivo de la incompetencia legal planteada por la suscrita y agréguense a estos autos las copias de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de documentos, formación y registro de expediente. Vista la demanda promovida vía electrónica por Felipe Fernando Vitela Belmontes, en representación de Daniela Beatriz Roque Serrano, contra actos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Cuidad de México y otra autoridad, con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 15, 108, 109, 125, 126 y demás relativos de la Ley de Amparo; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1626/2022- VI. Imposibilidad de decretar la suspensión de plano. Tomando en consideración que la demanda de amparo, contiene una pluralidad de actos sobre la condición de la quejosa y que en opinión de este juzgado, son contradictorios entre sí, se considera que no existe posibilidad de hacer pronunciamiento sobre la suspensión de plano; pues para tal efecto, debería emerger una prevención que clarifique los alcances de la medida cautelar; cuestión sobre la cual existe la imposibilidad jurídica por falta de competencia de este órgano jurisdiccional. Lo anterior aunado a que se tiene conocimiento como hecho notorio el trámite del diverso juicio de amparo 1447/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, del que se desprende que el quince del presente mes y año, se decretó dicha medida en favor de la directamente agraviada Daniela Beatriz Roque Serrano, por los actos de incomunicación y deportación y respecto de las mismas autoridades responsables. Incompetencia. Por otra parte, la suscrita estima que en lo particular, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, por razón de territorio, no es legalmente competente para conocer de la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención de lo que a continuación se expondrá. En efecto, el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto, preferentes, porque avocarse al conocimiento de un asunto y a la postre resolver sin tener competencia legal por razón de territorio, podría generar en su momento la reposición del procedimiento por parte del órgano revisor (Tribunal Colegiado de Circuito, Salas o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con la consecuente declaratoria de nulidad de la sentencia que en un momento dado se llegara a dictar, no obstante carecer de aptitud legal para hacerlo. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece en su primer párrafo: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Con base en el anterior ordinal, para fijar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando los actos reclamados requieran de ejecución material, debe atenderse al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado tal acto. Ahora, de la lectura integral de la demanda constitucional, se obtiene que la parte quejosa señala como autoridades responsables a diversas dependencias de la Estación Migratoria ubicada en "Las Agujas" de la Ciudad de México, lugar en donde se dice, probablemente se encuentra detenida la directamente agraviada; por tanto, es inconcuso que los actos reclamados tienen ejecución en aquel lugar (Ciudad de México), en la que ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; de manera que resulta evidente que este Juzgado es legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer sobre la demanda de amparo promovida por Felipe Fernando Vitela Belmontes a nombre de la directamente agraviada Daniela Beatriz Roque Serrano. Sustenta lo anterior, la tesis I.2º.P.J/4º, que aparece publicada en la página 36, de Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y dos, que a la letra dice: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. Luego, es inconcuso que este órgano judicial carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo. Lo anterior, no sólo porque las consecuencias del acto reclamado, requieren ejecución material y ésta se materializa en el lugar en que se encuentra detenida la directamente quejosa (Ciudad de México), esto es, fuera del ámbito de competencia territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción; sino además, porque considerar lo contrario implicaría contravenir la teleología de las reglas establecidas por el legislador en el artículo 37 de la Ley de Amparo, al disponer que debe conocer del amparo el Juez de Distrito del lugar donde tenga ejecución el acto reclamado, lo que pone de manifiesto que la voluntad del legislador ha sido facilitar al solicitante el acceso a la justicia, para ocurrir ante el Juez de amparo del lugar en el que tiene ejecución el acto reclamado, que en este caso es en la Ciudad de México, poniendo así a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales, lo que impide a este órgano de control constitucional hacer cualquier pronunciamiento respecto de las violaciones alegadas en la demanda. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, declara su incompetencia legal, por razón de territorio, para conocer del presente asunto y declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que por turno corresponda, el cual se estima legalmente competente en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, y con apoyo además en lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que se refiere a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio de los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito; por lo que se ordena remitir los presentes autos de forma inmediata a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en aras de una justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 constitucional, debiendo recabarse las copias de las constancias que resulten necesarias para formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno respectivo y solicítese el acuse de recibo de estilo al Juez de Distrito que le corresponda conocer del presente asunto, en el que además se le solicita tenga a bien informar, si acepta o no la competencia declinada a su favor. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Autorizados. Se tiene como como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentre legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a ella por dicho medio. Asimismo, se le tiene por señalando correo electrónico, a fin de entablar comunicación no procesal. Autorización de uso de medios electrónicos. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Transparencia y Acceso a la información. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese vía electrónica este acuerdo a la parte promovente.
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