Daniela Aimme Rico Figueroa
Expediente 1415/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1415/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Daniela Aimme Rico Figueroa
Actuaciones
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase a la quejosa **********; interponiendo recurso de queja en contra del auto del nueve de noviembre pasado, que desechó la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 101 de la ley de la materia, notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la interposición, para que en el plazo de tres días señale las constancias que en copia certificada deberán remitirse al órgano colegiado que tenga que resolver el medio de impugnación. Una vez transcurrido el plazo que se concede, dése nueva cuenta para acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Licenciado César Enrique Trejo Ramírez Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Homicidios del Estado de México con sede en Cuautitlán, Estado de México; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 1415/2023-IV. En este asunto la quejosa señala como actos reclamados el oficio del veinte de octubre de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de investigación NIC:FHM/FHM/00/MPI/400/00/636/23/09 NUC: ECA/FHM/FHM/FHM/034/274252/23/09, por el cual ordena su presentación el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, a las doce horas con treinta minutos, para llevar a cabo una diligencia de carácter ministerial y su arresto en caso de ser omisa. De lo anterior, se advierte que la carpeta de origen se encuentra en integración, por lo cual la representación social le ordenó a la quejosa comparecer ante ella en su calidad de investigada el veinte de octubre de dos mil veintitrés, a efecto de hacer de su conocimiento las investigaciones que obran en su contra. En ese sentido, el suscrito considera que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, cuarto párrafo, ambos de la Ley de Amparo, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos antes aludidos contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Ello, en razón de que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral - sea de naturaleza jurídica o patrimonial- siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. De ahí que, ese agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado en favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. En efecto, es improcedente el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados; toda vez que el hecho de que la quejosa tenga que comparecer ante el ministerio publico constituye el conjunto de diligencias para la integración de una indagatoria y, por ende no irroga ningún perjuicio a la quejosa, en razón que la autoridad ministerial cumple con su deber constitucional al integrar una carpeta de investigación respecto de hechos probablemente constitutivos de delitos, de los cuales la sociedad tiene interés de que se castigue a los responsables; máxime que dicho perjuicio se materializará, en su caso, hasta que la autoridad judicial que conozca de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar, en su caso, una orden de aprehensión, o bien, se dicte un auto de vinculación a proceso en su contra, pues estimar lo contrario, entorpecería las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público anteponiendo el interés particular en este caso, del quejoso, al de la sociedad. Esto, pues de los artículos 212 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma; asimismo, que la investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión, con el objeto de reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Ello es así, pues la facultad de investigación que ejerce el ministerio público, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación de la justiciable en su comisión, pues simplemente se encuentra orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. De ahí que, la facultad de investigación del ministerio público no puede considerarse una actuación que afecte la libertad personal, pues el hecho de que se tenga que presentar a rendir su declaración, debe considerarse como un acto para la integración de la carpeta de investigación, lo que revela la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, materia Común, Penal, página 239, de rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]". Así como, la tesis II.2o.P.51 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, materia Común, Penal, página 2601, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas que se fijan en lugar visible en los estrados de este juzgado; toda vez que así lo solicitó. Ténganse como autorizadas a las personas que se designa para los efectos que se precisa. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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