Daniel Vera García
Expediente 1306/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1306/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Daniel Vera García
Actuaciones
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de enero de dos mil veintidós. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del quince de diciembre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal al quejoso **********, el auto del quince de diciembre del año en curso, por las razones que expone. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese al peticionario de amparo el precitado proveído, y háganse las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista electrónica; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista electrónica este proveído y el diverso del quince de diciembre del año en curso. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4063/2021, del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. Así mismo el diverso del quince de diciembre del año en curso que señala: Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1306/2021-III. La parte quejosa señala como acto reclamado la determinación del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, resolvió no admitir el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso contra el auto del cuatro de noviembre del año en curso, por el que el Juez responsable inadmitió a trámite el incidente de nulidad planteado, contra el auto que admitió pruebas de manera superveniente de la parte actora en el juicio 944/2009. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción V, 170, fracción I, y 172, fracción IX, de la Ley de Amparo. De los preceptos se desprende que el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra los actos que tienen el carácter de intraprocesales y no traen como consecuencia una ejecución irreparable, es decir, aquellos que sus consecuencias no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etcétera) y que tutela la Constitución General de la República por medio de los derechos humanos, por lo que en estos casos no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial, dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación. Lo anterior se apoya en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales, evitando que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, en virtud de que con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. En ese sentido, el acto que por esta vía se reclama no tiene efectos de imposible reparación, sino que se trata de una determinación que afecta derechos procesales de las partes en el juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del proceso de origen; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En efecto, es una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable en el momento de resolverse el proceso de donde emana el acto reclamado o, en su defecto, podrá combatirse a través del juicio de amparo directo, en su caso, una vez agotado el recurso ordinario correspondiente (en el supuesto de obtener una sentencia adversa), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Por tanto, se desecha la demanda en términos del artículo 113 de la citada legislación. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Háganse las notificaciones a la parte quejosa mediante lista electrónica; en virtud de que el correo electrónico señalado para tal efecto no se encuentra previsto en la ley que rige este juicio. No obstante lo anterior, se toma conocimiento de dicho medio electrónico, a fin de establecer contacto en caso de que este juzgador lo considere necesario durante la tramitación de este sumario constitucional. Ahora bien, dada la naturaleza del presente proveído, notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en su escrito inicial. Con apoyo en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el actuario judicial adscrito realice las notificaciones que así lo ameriten. Es preciso destacar que para la práctica de la notificación personal, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4063/2021, del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por **********************, contra actos del Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1306/2021-III. La parte quejosa señala como acto reclamado la determinación del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, resolvió no admitir el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso contra el auto del cuatro de noviembre del año en curso, por el que el Juez responsable inadmitió a trámite el incidente de nulidad planteado, contra el auto que admitió pruebas de manera superveniente de la parte actora en el juicio 944/2009. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción V, 170, fracción I, y 172, fracción IX, de la Ley de Amparo. De los preceptos se desprende que el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra los actos que tienen el carácter de intraprocesales y no traen como consecuencia una ejecución irreparable, es decir, aquellos que sus consecuencias no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etcétera) y que tutela la Constitución General de la República por medio de los derechos humanos, por lo que en estos casos no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial, dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación. Lo anterior se apoya en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales, evitando que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, en virtud de que con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. En ese sentido, el acto que por esta vía se reclama no tiene efectos de imposible reparación, sino que se trata de una determinación que afecta derechos procesales de las partes en el juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del proceso de origen; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En efecto, es una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable en el momento de resolverse el proceso de donde emana el acto reclamado o, en su defecto, podrá combatirse a través del juicio de amparo directo, en su caso, una vez agotado el recurso ordinario correspondiente (en el supuesto de obtener una sentencia adversa), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Por tanto, se desecha la demanda en términos del artículo 113 de la citada legislación. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Háganse las notificaciones a la parte quejosa mediante lista electrónica; en virtud de que el correo electrónico señalado para tal efecto no se encuentra previsto en la ley que rige este juicio. No obstante lo anterior, se toma conocimiento de dicho medio electrónico, a fin de establecer contacto en caso de que este juzgador lo considere necesario durante la tramitación de este sumario constitucional. Ahora bien, dada la naturaleza del presente proveído, notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en su escrito inicial. Con apoyo en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el actuario judicial adscrito realice las notificaciones que así lo ameriten. Es preciso destacar que para la práctica de la notificación personal, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4063/2021, del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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