Daniel Zarco Gaytan
Expediente 1928/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1928/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/02/2023
Partes del expediente
- Daniel Zarco Gaytan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes, no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como al diverso numeral 7.1.1 apartado 1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de ser DEPURABLE ya que se negó el amparo solicitado. Devolución de anexo Finalmente, devuélvanse a la responsable Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, los anexos que remitió como complemento a su informe con justificación, consistentes en el toca de apelación ********************, un incidente de nulidad de actuaciones, tres legajos de copias certificadas del expediente ******************** y un sobre que contiene un oficio remitido por el Servicio de Administración Tributaria; sin que sea necesario requerir acuse de recibo, en razón de que, para tal efecto, se toma en consideración la notificación que se realice del presente proveído.
- Principal
ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de enero de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1928/2022-IV-B; estando en audiencia pública Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la Secretaria de Juzgado María Eréndira Pérez Pérez, que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de quien legalmente las represente. Abierta la audiencia, la Secretaria de Juzgado procede a realizar la relación de constancias que obran en autos y en el expediente electrónico, consistentes en la demanda de amparo; la constancia de notificación a la representación social de la adscripción, informe justificado rendido por la autoridad responsable, y emplazamiento de la parte tercero interesada. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por relacionados los autos y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, el cual deberá ser considerado al resolver el presente juicio de amparo. PERIODO PROBATORIO Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se abre el periodo probatorio y la Secretaria de Juzgado da cuenta con las pruebas ofrecidas Autoridad responsable: 1. Original del Toca de apelacio´n 931/2022. 2. Incidente de nulidad de actuaciones. 3. Tres legajos de copias certificadas del expediente 43/2021. 4. Un sobre que contiene un oficio remitido por el Servicio de Administracio´n Tributaria. Tercero interesada: Presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Instrumental de actuaciones. Asimismo, la Secretaria de Juzgado certifica: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de cuenta, en razón de su propia y especial naturaleza; por tanto, al no existir alguna otra pendiente por desahogar, se cierra este periodo. PERIODO DE ALEGATOS Enseguida, se abre la fase de alegatos y la Secretaria de Juzgado hace constar que la tercero interesada los formuló mediante escrito de diez de enero del año en curso. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones para los efectos legales conducentes. CIERRE DE AUDIENCIA Acto continuo, se cierra el periodo de alegatos y, al no haber diligencias pendientes que practicar, se da por concluida la audiencia en las etapas referidas, por lo que se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A: Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo número 1928/2022-IV-B; promovido por Daniel Zarco Gaytán, por propio derecho, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el quince de diciembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; Daniel Zarzo Gaytán, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto reclamado consistente en la determinación de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dentro del toca 931/2022, atribuido a la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, considerando vulnerados sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 del Pacto Federal. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número 1928/2022-IV-B, por auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, la admitió, asimismo, requirió el informe de ley, dando la intervención correspondiente a la representación social de la adscripción, y con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la ley de la materia se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada Janeth García Villavicencio, quien se apersonó el diez de enero del año en curso. Seguido el juicio por el trámite correspondiente, se celebró la audiencia constitucional que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es legalmente competente legalmente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 1°, fracción I; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se trata de un acto emitido dentro de un juicio del orden familiar cuya ejecución se realizará dentro del territorito donde este órgano de control ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo" En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" Así, se obtiene que la parte quejosa reclama de la Primera Sala Colegiada Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México: La determinación de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, que confirmó la interlocutoria de diecinueve de octubre de la misma anualidad, relativa al incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Primera Sala Colegiada Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, pues así lo manifestó su Presidente al rendir su informe justificado. En ese sentido, es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, materia común, tomo XIII, página 775 y registro digital 811057, que a la letra se integra de la siguiente forma: "INFORME JUSTIFICADO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la Magistrada Presidenta del Tribunal responsable consistentes en el toca 931/2022, entre otras, de cuyo contenido se advierte la existencia de la determinación de veintidós de noviembre de dos mil veintidós; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, párrafo segundo, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Consideración que, además, se apoya en la jurisprudencia 226, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, Tomo VI, página 153 y registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto las partes no hicieron valer la actualización de alguna de ellas, ni este Juzgador estima que se deba analizar de oficio una causa de improcedencia, por lo cual procede el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Previo al estudio del juicio de amparo, es menester plasmar una reseña de los antecentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se extraen de las constancias que la autoridad responsable remitió como complemento a su informe justificado, a las cuales se les otorgó valor probatorio previamente, a saber: Juicio familiar 43/2021. 1. Janeth García Villavicencio, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales de identidad reservada R.Z.G. al promover su demanda inicial, demandó de Daniel Zarco Gaytán, la guarda y custodia provisional y en su momento la definitiva, el pago de una pensión alimenticia a favor de su hijo, así como su aseguramiento. 2. Por auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, que lo radicó con el número 43/2021, entre otras cosas, decretó como medida provisional la guarda y custodia de la infante a favor de Janeth García Villavicencio, así como el pago de alimentos a cargo de Daniel Zarco Gaytán, por el equivalente al quince por ciento (15%) de las percepciones ordinarias y extraordinarias de su fuente de empleo como empleado de General Motors México, S. de R.L. Con motivo de la emisión del auto antes mencionado, el Juez natural dejó a disposición de la parte actora el oficio respectivo a fin de que lo entregara en la fuente de empleo del deudor alimentario. La parte actora exhibió el acuse de recibo del oficio el diecisiete de marzo de dos mil veintidós. En ese sentido, mediante oficio recibido el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, la fuente de empleo General Motors México, S. de R.L informó las percepciones ordinarias y extraordinarias del deudor alimentario, así como que procedió a realizar el descuento respectivo. INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS. a. Mediante escrito de treinta de agosto de dos mil veintidós, Janeth García Villavicencio interpuso incidente de liquidación de pensiones alimenticias, por el periodo del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno al treinta de marzo de dos mil veintidós. b. Substanciado en sus etapas procesales, la Juez natural mediante interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, resolvió: "PRIMERO. Se aprueba la liquidación de alimentos en $50,340.37 (cincuenta mil trescientos cuarenta pesos 37/100), por concepto de alimentos provisionales vencidos, generados de la segunda quincena de marzo (03/2020) a la segunda quincena de marzo de dos mil veintidós (03/2022). SEGUNDO. Se condena a Daniel Zarco Gaytán al pago de $50,340.37 (cincuenta mil trescientos cuarenta pesos 37/100), lo que deberá hacer en el plazo de tres días, apercibido de que no hacerlo se ejecutará la condena de manera forzosa en la vía de apremio. TERCERO. Se ordena la inscripción de Daniel Zarco Gaytán en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, para los efectos previstos en el artículo 4.146-Septies del Código Civil". c. Inconforme con ello, David Zarco Gaytán interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Primera Sala Colegiada Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que lo radicó con el toca 931/2022 y el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, resolvió: "PRIMERO. Han resultado en parte inatendibles y en otra infundados los agravios esgrimidos por Daniel Zarco Gaytán por lo que: SEGUNDO. Se confirma la sentencia interlocutoria dictada el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, por el Juez Primero Civil de Lerma, Estado de México, en los autos del incidente de liquidación de pensiones alimenticias derivado del expediente 43/2021, relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar. TERCERO. No ha lugar a condenar al pago de costas en primera y segunda instancias. (.)". La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente sede constitucional. SEXTO. Conceptos de violación. No es necesaria la transcripción de las inconformidades hechas valer en contra del acto reclamado, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 58/2010, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de fondo del asunto. La parte quejosa aduce, en síntesis: Primer concepto de violación. Que el acto reclamado le depara perjuicio en virtud de que no se encuentra debidamente fundado y motivado, merced a que el argumento donde se estima que si bien se dejó a disposición el oficio donde se ordenó el descuento de la pensión alimenticia, no menos verdadero era que la falta de diligenciación por la parte actora no eximía al deudor para cumplir con su obligación; lo que en concepto del justiciable es incorrecto, dado que el interés superior del menor no impide que las partes cumplan con sus cargas procesales para dar impulso al procedimiento, conforme al principio dispositivo, siendo que le correspondía a su antagonista entregar el oficio en la fuente de empleo para que se realizara el descuento, habida cuenta que no se ha negado a cumplir con su obligación de proporcionar alimentos, empero ello debía ser acorde con el informe que rindiera la empresa para la que trabaja. Afirma que dicha carga procesal se surtió a favor de la actora, siendo incorrecta la apreciación de la Sala en el sentido de que el hecho de que no se le hubiere descontado vía nómina el monto de la pensión alimenticia no lo eximía de su cumplimiento, puesto que es contrario a derecho, que se le imponga al quejoso la obligación de dar cumplimiento a un oficio que por disposición del acuerdo emitido en autos correspondía diligenciar a la actora. Aduce que ha cumplido con su obligación alimentaria de manera proporcional conforme a las necesidades de su hija y a su capacidad económica, por lo que, al tratarse de una determinación con efectos provisionales, lo correcto era que para determinar el monto de la misma se debía esperar a que se entregara el oficio respectivo y con ello procederse al descuento vía nómina, de lo contrario, debe presumirse que lo proporcionado fue suficiente para sufragar los gastos alimentarios de su acreedora. Segundo concepto de violación. Que es ilegal el razonamiento de la responsable relativo a que los incidentes de liquidación de pensiones, tienen como finalidad determinar con precisión la cuantía de la obligación, sin embargo, se deja de considerar que la base sobre la que descansa la cuantificación del adeudo de pensiones vencidas es de carácter provisional, por tanto, no se puede desconocer un derecho, en virtud de que no se ha declarado por sentencia firme, aunado a que de manera voluntaria cumplió con su obligación en proporción a sus necesidades, tan fue así que su supervivencia estuvo en juego. Considerando aplicable la jurisprudencia I.11o.C. J/10, sostenida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con rubro: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA". Tercer concepto de violación. Que es arbitrario el argumento de la Sala responsable donde aduce que del análisis de las constancias se advertía que existía un incidente de nulidad de actuaciones, mismo que fue inadmitido, pasando por alto que mencionó por error una fecha futura en la que supuestamente tuvo conocimiento del incidente de liquidación de pensiones alimenticias, como fue, el diecinueve de octubre de dos mil veintidós en que se impuso de autos, cuando en esa data no había sucedido dado que el incidente lo interpuso el diecisiete de octubre de esa anualidad, por lo que aclara que mediante escrito promovido unas horas después precisó que tuvo conocimiento el doce de octubre de dicho año, de ahí que el incidente fue presentado en tiempo, siendo que el juez natural desechó el medio de impugnación, lo cual fue recurrido en revocación, por lo que se trató de un error. Cuarto concepto de violación. Que no puede considerarse que la Notificadora adscrita al juzgado de origen se haya cerciorado del domicilio, dado que no bastaba que precisara la calle buscada, puesto que debía corroborar que el domicilio fuera correcto, sin embargo, la Sala justifica tal cuestión en el sentido de que no obra medio de prueba que acredite que el quejoso vive en el Estado de San Luis Potosí. Considerando aplicable la tesis aislada I.3o.C.282 C (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con rubro: "DEUDOR ALIMENTISTA. SE ASEMEJA A UN TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO CUANDO EL INCIDENTE DEL QUE DERIVÓ LA MODIFICACIÓN A LA PENSIÓN RELATIVA, SE LLEVÓ A CABO SIN LA AUDIENCIA DE AQUÉL, PORQUE EL JUEZ OMITIÓ ORDENAR QUE SE LE NOTIFICARA PERSONALMENTE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO)". Quinto concepto de violación. Que es ilegal que se ordene su registro en el Padrón de Deudores Alimentarios Morosos, dado que no existe cosa juzgada pues en el caso, se trata de un incidente de liquidación de pensiones vencidas, sin que se haya dejado de proporcionar a la menor de edad la pensión. Son infundados e insuficientes los argumentos de disconformidad, por las razones que se exponen a continuación. En primer lugar, el justiciable alega que la resolución reclamada carece de una debida fundamentación y motivación, y en consecuencia, falta de congruencia; sin embargo, adverso a ello, sí se satisface el principio de legalidad, consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dar sustento a ello, debemos tener en consideración que la primera parte del párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] La porción normativa transcrita impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, es necesario hacer una distinción entre la indebida fundamentación y la falta de tal requisito. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal que significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto, lo cual es una violación material o de fondo. Robustece lo dicho, el criterio I.6o.C. J/52, sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, enero de 2007, página 2127 y registro electrónico 173565 del rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste. En el caso, basta una lectura del acto reclamado para verificar que contiene la cita de normas jurídicas constitucionales y legales, así como la expresión de razonamientos que lo justifican, ello porque la Sala consideró que los agravios del apelante fueron infundados, dado que contrario a lo expuesto, el hecho de que no se hubiere procedido a la diligenciación del oficio con el cual se realizará el descuento vía nómina no lo eximía de cumplir con su obligación alimentaria de manera oportuna; además, porque fue desafortunado el argumento donde adujo que cumplió con su obligación conforme a sus capacidades económicas, habida cuenta que, el pago de la pensión no queda al capricho del deudor alimentario, puesto que en el caso existía una determinación que fijó la medida provisional; y finalmente, porque fue correcto que se procediera a registrarlo en el Padrón de Deudores Alimentarios Morosos, merced a que la legislación civil de la entidad dispone que ante la omisión de pago parcial o total del pago de pensiones, debe procederse a su inscripción. En ese sentido, es infundado el primer concepto de violación donde el quejoso medularmente aduce que no podía imponérsele la obligación de pagar la pensión alimenticia a su menor hija, dado que la parte actora incumplió con la carga procesal de llevar a cabo la diligenciación del oficio con el cual se realizaría el descuento vía nómina, por lo que si no atendió a tal cuestión no se le puede obligar a pagar; máxime que proporcionó alimentos a su hija en la medida de su capacidad económica. Contrario a ello, la autoridad responsable indicó que la obligación alimentaria era a cargo del deudor, conforme a lo establecido en el artículo 4.127 del Código Civil del Estado de México, y en consecuencia, era a él a quien le correspondía velar por su oportuno cumplimiento, máxime que el hecho de que se hubiere dejado a disposición de la actora el oficio para entregarlo en la fuente de empleo del deudor, no lo eximía de cumplir con su obligación. Es desacertada la disconformidad del quejoso materia de análisis, dado que los alimentos son de orden público e interés social, por tanto, se comparte el argumento de la responsable merced a que la menor de edad tiene el derecho a recibir alimentos, y el deudor está obligado a proporcionarlos, por lo que la circunstancia de que la parte actora hubiere o no llevado a cabo los trámites para que se realizara el descuento vía nómina en la fuente de empleo del demandado para el pago de la pensión, no implica que con ello quede liberado de cumplir con su obligación durante el tiempo que no fue recibida la documentación, dado que la obligación comenzó a partir de que se emitió el auto por parte del juez natural en el cual se impuso como pensión alimenticia el quince por ciento de sus percepciones ordinarias y extraordinarias. Además de que el deudor tuvo conocimiento de la obligación impuesta en auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, la cual se encuentra firme por falta de impugnación; en suma, de que al tener conocimiento del porcentaje de sus ingresos que le fue impuesto por concepto de pensión alimenticia, él podía realizar la operación aritmética correspondiente y consignar el monto respectivo para que en caso de que se formulara el incidente de pensiones alimenticias vencidas éste fuera declarado improcedente, en virtud de que sí existía el cumplimiento de la obligación impuesta. Máxime que, como lo dijo la autoridad responsable, la ley prevé mecanismos para realizar el pago respectivo, o en su defecto podía realizar el pago de forma extrajudicial, y en el supuesto de que se hubiese promovido incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas, el deudor alimentario estuviese en posibilidad de oponer la excepción de pago respectiva y ofrecer como prueba documental, la documental que acreditara su cumplimiento. Aunado a ello, porque resulta infundado el argumento donde aduce que proporcionó alimentos a su acreedora conforme a sus capacidades económicas, sin embargo, en el caso en la interlocutoria que cuantificó las pensiones, dicho monto que efectuó respecto de su obligación alimenticia, fue descontado de la cantidad correspondiente, siendo que el pago de la pensión no queda al capricho del deudor alimentario, sino que en el caso existe una determinación que fijó la medida provisional. Ello porque acorde con lo establecido en el artículo 4º del Pacto Federal, el cual reconoce el derecho fundamental de alimentación, aún más tratándose de menores de edad, debiendo satisfacerse sus necesidades básicas; aunado a que, de conformidad con el precepto legal 5.43 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, dentro del auto admisorio, si el Juez considera acreditada la obligación alimenticia, de oficio determinará el monto de manera provisional y ordenará se hagan los descuentos al deudor, dado que la medida provisional decretada por el Juez natural prevalece durante la tramitación del juicio, y por ende, el reclamo de los alimentos adeudados es procedente en cualquier momento, puesto que no es posible esperar hasta la ejecución de la sentencia para pedir su cumplimiento, dado que el interés superior del menor debe imperar a fin de satisfacer sus necesidades básicas, dado que en el caso, se analizó la liquidación de dichos alimentos provisionales fijados dentro del juicio natural. Criterio que encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 41/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2012502, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, página 265, de rubro y texto "ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS. La institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, podemos concluir que para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor, el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 92/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2005045, Décima Época, Materias(s): Común, Civil, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 399, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con título y contenido: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO CESA EN SUS EFECTOS CON EL MERO DICTADO DE LA SENTENCIA QUE LOS FIJA EN DEFINITIVA, PUES DEBEN APRECIARSE TANTO LOS YA PRODUCIDOS COMO LOS QUE PUEDE SEGUIR GENERANDO. La causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo (en vigor hasta el 2 de abril de 2013), debe implicar la desaparición total de la violación de los derechos transgredidos con el acto reclamado; en consecuencia, para su actualización, es preciso que los efectos de la violación reclamada desaparezcan en su totalidad, de modo que ya no sea posible cumplir con el objetivo buscado en el amparo. En esa virtud, el dictado de la sentencia que fija la pensión definitiva, no es suficiente para considerar que cesaron los efectos de la provisional, pues si se tiene en cuenta que los alimentos son de tracto sucesivo e indispensables para la subsistencia, los efectos de la pensión provisional deben analizarse en dos sentidos, pues por un lado deben tenerse en cuenta los que se produjeron desde el momento en que se emitió, hasta el dictado de la sentencia que fija la definitiva; y por otro, aquellos que a pesar de ese dictado se pueden seguir generando. Así, viendo hacia el pasado, es dable afirmar que la pensión alimenticia definitiva no extingue los efectos que la provisional ya ha producido, pues al ser autónoma e independiente de ésta, no elimina las violaciones a los derechos humanos que a través de la provisional se hayan cometido y reclamado en el amparo, por tanto, no puede considerarse que la finalidad perseguida en el juicio constitucional carezca de objeto. En efecto, si se tiene en cuenta que la parte acreedora generalmente pretenderá combatir esa determinación en el amparo, argumentando que la pensión es deficiente, y que por su parte, el deudor puede alegar que es excesiva o que no debió concederse por no estar demostrado el vínculo en que la actora sustentó su pretensión, es claro que ante esa posibilidad de reclamos, no puede considerarse que la determinación que fija la pensión definitiva prive de sentido el análisis constitucional de la provisional, pues la pensión definitiva en modo alguno erradica las violaciones cometidas a través de la decisión que fija los alimentos de manera provisional, lo cual sí puede ocurrir con la concesión del amparo, de manera que en caso de actualizarse una causa de improcedencia ésta no es la relativa a la cesación de efectos. Por otro lado, viendo hacia el futuro, debe decirse que si bien esta Primera Sala ha señalado que la pensión provisional cesa con el mero dictado de la sentencia que fija la definitiva, pues la provisional subsiste hasta el momento en que se dicta la sentencia que resuelve la controversia planteada, esta afirmación debe entenderse desde un punto de vista meramente formal, mas no material, pues aunque formalmente el dictado de la sentencia que fija en definitiva los alimentos, sustituye a la resolución que los establece de manera provisional, ello no siempre es así desde el punto de vista material, pues como los alimentos son de tracto sucesivo, los efectos materiales de la pensión provisional sólo pueden dejar de producirse cuando la pensión definitiva ya es susceptible de ejecución." Por otro lado, es infundado el argumento del quejoso donde aduce que es ilegal que en el acto reclamado se haya precisado los incidentes de liquidación de pensiones, tienen como finalidad determinar con precisión la cuantía de la obligación, sin embargo, se deja de considerar que la base sobre la que descansa la cuantificación del adeudo de pensiones vencidas es de carácter provisional, en virtud de que no se ha declarado por sentencia firme, aunado a que de manera voluntaria cumplió con su obligación en proporción a sus necesidades, tan fue así que su supervivencia estuvo en juego. Contrario a ello, en el presente asunto la litis se centró en determinar la cantidad líquida que se debía pagar por parte del deudor alimentario por concepto de pensiones para con su acreedora, siendo que tal como lo puntualizó la Sala el incidente de liquidación tiene la principal finalidad de fijar la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, sin que se pueda rebasar lo decido en autos, por tanto, en el caso no se está desconociendo un derecho de la menor y la obligación del quejoso para proporcionarle alimentos, ya que solamente se cuantificó el monto que no había sido pagado por el impetrante conforme a lo determinado en el expediente familiar donde se decretó como pensión alimenticia provisional el quince por ciento de sus percepciones ordinarias y extraordinarias, además se insiste, el monto que pagó durante ese tiempo se tomó en consideración al momento de realizar la cuantificación. Respecto del tercer concepto de violación donde aduce que se trató de un error en cuanto a la fecha en la cual tuvo conocimiento de los autos del incidente de pensión alimenticia, es inatendible, dado que la Sala responsable indicó que si bien interpuso incidente de nulidad de actuaciones, el mismo fue desechado por el juez natural, y si bien la Sala precisó que el mismo no fue recurrido, de una revisión efectuada por parte de este juzgador, es verdad que el quejoso interpuso recurso de revocación, sin embargo, el mismo fue declarado infundado, por tanto, a ningún fin práctico conduce analizar el error que aduce el quejoso respecto de la fecha en que tuvo conocimiento del incidente de liquidación de pensiones alimenticias. Por cuanto al cuarto concepto de violación relativo a que la notificación que se practicó en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias y donde el quejoso indica que radica en el Estado de San Luis Potosí, debe declararse insuficiente. Para dar respuesta a ello, debemos considerar que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que si en los conceptos de violación expuestos por los quejosos no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia reclamada, deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando éstos fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo. Apoya a lo anterior la tesis sin número, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 139-144, cuarta parte, página 26, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación expuestos por los quejosos no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia de la ad quem reclamada, los mismos deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando éstos fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existen otros fundamentos de la sentencia que no se impugnaron y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la demanda de garantías, en favor de los quejosos, por ser el amparo en materia civil de estricto derecho, conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que ante lo expresado, carecen de trascendencia jurídica, al subsistir el fallo, con los fundamentos en que se apoya." En ese sentido, la autoridad responsable dentro del acto reclamado respecto de éste tópico indicó que la notificación de veintidós de septiembre de dos mil veintidós -con la cual se emplazó al deudor al incidente de liquidación-, cumplió con los requisitos previstos en el artículo 1.74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, es decir, porque existió un cercioramiento del domicilio por parte de la notificadora al haber puntualizado la forma en cómo verificó haberse situado en el mismo, también precisó con quién entendió la diligencia, siendo que fue con María Magdalena Gaytán Cuadros, quien refirió que el deudor sí vivía en tal lugar; que con motivo de ello, se dejó instructivo el cual contenía la fecha, nombre del promovente y todos aquellos datos necesarios para darle formalidad, asimismo que se asentó el nombre de la persona con quien se entendió la diligencia, quien se identificó con credencial para votal y firmó al calce de la misma; de ahí que al no existir una prueba que corroborara lo aducido por el apelante, se consideraba que la notificación se entendió con una persona que adujo vivía en tal domicilio. Como puede verse, la parte quejosa únicamente se limita a aducir que radica en el Estado de San Luis Potosí, sin combatir todos los razonamientos que dio la Sala responsable al momento de analizar la forma en cómo fue emplazado al incidente de liquidación de pensiones alimenticias, ya que en el caso, las razones dadas en el acto reclamado respecto a dicha notificación, debían atacarse de manera independiente para poder destruir lo aducido por la responsable, por tanto, si el quejoso no ataca todos los puntos de contestación por parte de la Sala, deben declararse insuficientes las disconformidades en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.3o.A. J/4, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa el Cuarto Circuito, registro digital: 178786, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1138, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada. Se invoca por analogía la jurisprudencia 1a./J. 19/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 167801, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 5, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN ARGUMENTOS ACCESORIOS EXPRESADOS EN LA SENTENCIA RECURRIDA, MÁXIME CUANDO ÉSTOS SEAN INCOMPATIBLES CON LAS RAZONES QUE SUSTENTAN EL SENTIDO TORAL DEL FALLO. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir todas las consideraciones en que se apoya la resolución impugnada. Ahora bien, los agravios resultan inoperantes cuando tienen como finalidad controvertir argumentos expresados por el órgano de control constitucional en forma accesoria a las razones que sustentan el sentido del fallo, sobre todo cuando sean incompatibles con el sentido toral de éste, porque aunque le asistiera la razón al quejoso al combatir la consideración secundaria expresada a mayor abundamiento, ello no tendría la fuerza suficiente para que se revocara el fallo combatido, dado que seguiría rigiendo la consideración principal, en el caso la inoperancia del concepto de violación. Finalmente, es infundado el quinto concepto de violación donde expone que no se debía ordenar su registro en el Padrón de Deudores Alimentarios Morosos dado que se trata del incumplimiento de una medida provisional. En ese sentido, el artículo 4.136 del Código Civil del Estado de México dispone: "Forma de cumplir la obligación alimentaria Artículo 4.136. El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando al acreedor alimentario una pensión, la cual no será inferior al cuarenta por ciento del sueldo. En el caso de que la guarda y la custodia de las y los hijos estén al cuidado del cónyuge o concubino, la o el Juez determinará la pensión en proporción a los haberes y posibilidades de ambos. Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por mandato judicial o establecida mediante convenio judicial celebrado en el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial, total o parcialmente, por un periodo de dos meses o haya dejado de cubrir cuatro pensiones sucesivas o no, dentro de un periodo de dos años, se constituirá en deudor alimentarios moroso. El Juez de lo Familiar ordenará su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que se encuentra al corriente del pago de alimentos a que se refiere el párrafo anterior, podrá solicitar al mismo la cancelación de la inscripción con dicho carácter. De dicho precepto se concluye que quien incumpla con la obligación alimentaria, establecida por cualquiera de las vías previstas en la ley, total o parcialmente, por un periodo de dos meses o haya dejado de cubrir cuatro pensiones sucesivas o no, dentro de un periodo de dos años, se constituirá en deudor alimentarios moroso; razón por la cual el Juez de lo Familiar ordenará su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Debemos recordar que al peticionario del amparo se le impuso la obligación alimentaria desde el veintidós de febrero de dos mil veintiuno en el expediente de origen, determinación que le fue notificada al deudor la cual no fue recurrida, por tanto, se encuentra firme, asimismo, no acreditó el pago de las pensiones alimenticias adeudadas; de ahí que fuera correcto que se le haya integrado al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, en términos de la legislación procesal de la materia y fuero, al haber existido un incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias a las cuales se le obligó mediante el auto respectivo. Consecuentemente, ante lo infundado e insuficiente de los conceptos de violación, y no advertirse deficiencia de la queja que suplir, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Daniel Zarco Gaytán, por propio derecho, contra el acto reclamado consistente en la determinación de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dentro del toca 931/2022, atribuido a la Primera Sala Colegiada Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por las razones expuestos en el considerando séptimo de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria de Juzgado María Eréndira Pérez Pérez que autoriza, firma y da fe. El Juez La Secretaria Elaboró sentencia: Secretaria Ana Karen Userralde Hernández
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Toluca, Estado de México, once de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos, se advierte que por auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada, en términos del artículo 5° fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; sin embargo, se advierte que no se indicó el nombre de la tercero interesada, no obstante lo anterior, de autos y del anexo que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, se advierte que tal carácter lo ostenta Janett García Villavicencio, lo anterior, para los efectos legales procedentes. Apersonamientos Ahora bien, visto el escrito signado por Janett García Villavicencio a través del cual, se apersona al juicio, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y señala correo electrónico, designa autorizados, realiza manifestaciones; asimismo, ofrece pruebas. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 5° fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonada al sumario constitucional en que se actúa. Domicilio tercero interesado Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se requiere a la parte tercera interesada para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones, apercibido que de ser omisa al respecto, sin ulterior acuerdo, se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Instrucciones para la creación de usuario electrónico Cabe señalar que el usuario de referencia se obtiene de la siguiente forma: Primeramente deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro 2. Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. Se exhorta a las partes a transitar al juicio en línea. Correo electrónico Sin que haya lugar a tener como tal el correo electrónico proporcionado, en virtud de que dicho medio de comunicación no se encuentra contemplado dentro del artículo 26 de la Ley de Amparo, ya que en términos de dicha porción normativa las notificaciones se harán dentro del juicio de amparo de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, no así por algún medio distinto a lo previsto por la legislación en cita. Autorizados En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. Alegatos Tocante a las manifestaciones que realizan, de conformidad con el ordinal 124 de la ley de la materia, ténganse por vertidas a manera de alegatos; dese cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Pruebas Con sustento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas que ofrece (presuncional en su doble aspecto legal y huma e instrumental de actuaciones), sin perjuicio de hacer relación de éstas en la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente a la tercero interesada, por única ocasión en el domicilio señalado en el escrito de apersonamiento. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la Secretaria María Eréndira Pérez Pérez, que da fe.
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EN ACATAMIENTO AL CITATORIO RESPECTIVO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LA DETERMINACIÓN DE ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS DEL CONTENIDO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, once de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos, se advierte que por auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada, en términos del artículo 5° fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; sin embargo, se advierte que no se indicó el nombre de la tercero interesada, no obstante lo anterior, de autos y del anexo que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, se advierte que tal carácter lo ostenta Janett García Villavicencio, lo anterior, para los efectos legales procedentes. Apersonamientos Ahora bien, visto el escrito signado por Janett García Villavicencio a través del cual, se apersona al juicio, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y señala correo electrónico, designa autorizados, realiza manifestaciones; asimismo, ofrece pruebas. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 5° fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonada al sumario constitucional en que se actúa. Domicilio tercero interesado Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se requiere a la parte tercera interesada para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones, apercibido que de ser omisa al respecto, sin ulterior acuerdo, se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Instrucciones para la creación de usuario electrónico Cabe señalar que el usuario de referencia se obtiene de la siguiente forma: Primeramente deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro 2. Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. Se exhorta a las partes a transitar al juicio en línea. Correo electrónico Sin que haya lugar a tener como tal el correo electrónico proporcionado, en virtud de que dicho medio de comunicación no se encuentra contemplado dentro del artículo 26 de la Ley de Amparo, ya que en términos de dicha porción normativa las notificaciones se harán dentro del juicio de amparo de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, no así por algún medio distinto a lo previsto por la legislación en cita. Autorizados En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. Alegatos Tocante a las manifestaciones que realizan, de conformidad con el ordinal 124 de la ley de la materia, ténganse por vertidas a manera de alegatos; dese cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Pruebas Con sustento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas que ofrece (presuncional en su doble aspecto legal y huma e instrumental de actuaciones), sin perjuicio de hacer relación de éstas en la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente a la tercero interesada, por única ocasión en el domicilio señalado en el escrito de apersonamiento. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la Secretaria María Eréndira Pérez Pérez, que da fe.
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