DANIEL ZAMUDIO SANTIAGO y Otros.

Expediente 120/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
120/2014
Año
2014
Actuaciones
2
Última actuación
06/02/2015

Partes del expediente

  • DANIEL ZAMUDIO SANTIAGO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el escrito de cuenta, a través del cual el quejoso Jesús Galileo Gómez Tagle González, desahoga la prevención que se le formuló el treinta de enero último (fojas 10 y 11); atento a lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento que se le realizó, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. Por tanto, visto el escrito de demanda, presentado por Jesús Galileo Gómez Tagle González, así como el escrito de desahogo de prevención y diverso escrito de demanda, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Judicial Número Nueve en la ciudad de Toluca, Estado de México, que los hace consistir en el auto de fecha doce de diciembre de dos mil catorce, donde la autoridad pretende ejecutar la sentencia dictada en el expediente 546/2007, del índice de la responsable, así como, el despojo de la parcela 116, con el certificado parcelario 97166, de fecha veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco, con una superficie aproximada de 4 (cuatro)-12 (doce)-52.31 (cincuenta y dos punto treinta y uno) hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 23.71 metros con barranca, al noreste: 169.60 metros con parcela 117, al sureste: 259.44 metros con parcela 151, al suroeste: 142.09 metros con parcela 151, al noroeste tres líneas: 17.74 metros con camino, 215.24 con parcela 115 en línea quebrada; 92.18 con camino. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 112 y 115 de la nueva Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Intégrese por separado y duplicado del incidente de suspensión relativo. Se señalan las diez horas con treinta y cinco minutos del tres de marzo de dos mil quince para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en términos de lo previsto en el dispositivo 115 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. De conformidad con lo previsto por el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde, mediante notificación personal con copia del escrito de demanda. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la ley de la materia, pídase de la autoridad señalada como responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días; asimismo, en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, deberá remitir copia certificada, legible y completa de las constancias necesarias para resolver el presente, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de quinientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, según lo previsto en el numeral 260, fracción II, de la ley en comento. En el entendido que, de ser posible, dicho informe deberá ser enviado a este juzgado de Distrito VÍA FAX al número telefónico oficial (01.722) 236.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial 5jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx; en formato PDF, en el cual aparezca la firma del funcionario autorizado para suscribirlo; así como los signos distintivos de las autoridades que los remitan, debiéndose constatar vía telefónica el envío y recepción del mismo; ello con independencia de su remisión por la vía ordinaria. Por otra parte, se apercibe a la quejosa que en caso de que la autoridad que designó en la demanda haya sido nominada incorrectamente, la misma se tendrá por inexistente y se omitirá toda comunicación con ella. En apoyo de la determinación aquí asumida, se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. (9ª Época, S. J. F. y su Gaceta, Tomo XXIX, Materia Común, Marzo de 2009) Así como la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo. (9ª Época, S. J. F., Tomo XII, Materia Común, Septiembre de 1993) De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, primer párrafo, de la actual ley reglamentaria del juicio de amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la legislación en cita. En otro tenor, se reserva proveer lo respectivo a la notificación de la instauración del presente sumario a las personas que les recaiga el carácter de terceros interesados, hasta en tanto se cuenten con mayores datos de los que se puedan dilucidar dichas circunstancias. Conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida y admitida, dada su propia y especial naturaleza la documental que anexo al ocurso de demanda que se provee. Por lo que hace a las restantes, no se emite pronunciamiento respecto de su admisión o desechamiento hasta en tanto se cuenten con mayores elementos que puedan dilucidar la conducencia de las mismas. Asimismo, hágase el cotejo y certificación de las copias simples con los medios de convicción que en original y copia certificada exhibe a su ocurso inicial de demanda, a fin de que se glose al incidente de suspensión que se forme por duplicado y cuerda separada. Encuentra sustento la determinación anterior, en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). (9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, Septiembre de 2010; Pág. 7) En otro tenor, conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda; asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo, a las personas que se mencionan en el escrito de cuenta, por así haberlo solicitado. En atención a lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en comento, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. Atento a lo establecido en el arábigo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuesto de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros"; atendiendo a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, en relación con el artículo 5 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; se hace del conocimiento de las partes vinculadas con el presente asunto, el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8, en relación con el diverso 3 de la Ley Federal en comento, en la inteligencia de que solamente se omitirán sus datos personales cuando manifiesten su oposición de manera expresa.

  2. Incidental

    Vistas las copias simples de cuenta y en atención a lo ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en el artículo 128, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, fórmese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 120/2015, que se creó con la demanda promovida por Jesús Galileo Gómez Tagle González, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Judicial Número Nueve en la ciudad de Toluca, Estado de México, que los hace consistir en el auto de fecha doce de diciembre de dos mil catorce, donde la autoridad pretende ejecutar la sentencia dictada en el expediente 546/2007, del índice de la responsable, así como, el despojo de la parcela 116, con el certificado parcelario 97166, de fecha veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco, con una superficie aproximada de 4 (cuatro)-12 (doce)-52.31 (cincuenta y dos punto treinta y uno) hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 23.71 metros con barranca, al noreste: 169.60 metros con parcela 117, al sureste: 259.44 metros con parcela 151, al suroeste: 142.09 metros con parcela 151, al noroeste tres líneas: 17.74 metros con camino, 215.24 con parcela 115 en línea quebrada; 92.18 con camino. Se señalan para que tenga verificativo la audiencia incidental las nueve horas con cinco minutos del trece de febrero de dos mil quince, conforme a lo previsto en el artículo 138 fracción II de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, solicítese de las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a su legal notificación, remitiéndoles al efecto copia simple del escrito de demanda. En el entendido que, de ser posible, dicho informe deberá ser enviado a este juzgado de Distrito VÍA FAX al número telefónico oficial (01.722) 236.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial 5jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx, en formato PDF, en el cual aparezca la firma del funcionario autorizado para suscribirlo; así como los signos distintivos de las autoridades que los remitan, debiéndose constatar vía telefónica el envío y recepción del mismo; ello con independencia de su remisión por la vía ordinaria. Se apercibe al quejoso que en caso de que las autoridades que designó en la demanda hayan sido nominadas incorrectamente, las mismas se tendrán por inexistentes y se dejará de tener comunicación con ellas. En apoyo de la determinación aquí asumida, se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. (9ª Época, S. J. F. y su Gaceta, Tomo XXIX, Materia Común, Marzo de 2009) Así como la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo. (9ª Época, S. J. F., Tomo XII, Materia Común, Septiembre de 1993) Con fundamento en el artículo 143, segundo párrafo, de la ley reglamentaria, se tienen por admitidas las documentales adjuntadas en su escrito de demanda, mismas que obran en autos de la presente incidencia, en copia certificada y cotejada de las que constan en el juicio de amparo principal del que deriva el en que se actúa. Ahora, en atención a lo dispuesto por los numerales 128 y 138 fracción I, ambos de la ley de la materia, se niega la suspensión provisional solicitada respecto a los actos reclamados que hacen consistir en la emisión del auto de fecha doce de diciembre de dos mil catorce, donde la autoridad pretende ejecutar la sentencia dictada en el expediente 546/2007, del índice de la responsable, así como, el despojo de la parcela 116, con el certificado parcelario 97166, de fecha veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco, con una superficie aproximada de 4 (cuatro)-12 (doce)-52.31 (cincuenta y dos punto treinta y uno) hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 23.71 metros con barranca, al noreste: 169.60 metros con parcela 117, al sureste: 259.44 metros con parcela 151, al suroeste: 142.09 metros con parcela 151, al noroeste tres líneas: 17.74 metros con camino, 215.24 con parcela 115 en línea quebrada; 92.18 con camino; toda vez que dicho acto reviste el carácter de consumado, contra los cuales no procede la concesión de la medida cautelar solicitada, pues equivaldría a dar efectos restitutorios a la suspensión, los cuales son propios de la sentencia que en el juicio principal de donde emana esta incidencia se pronuncie. Resulta aplicable la jurisprudencia 1090, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe a continuación: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. (Semanario Judicial de la Federación, último Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 756) Por otra parte, con apoyo en los artículos 128 y 138 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, con respecto a los efectos del acto reclamado, se concede la suspensión provisional para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y no se realicen actos tendentes a efectuar el despojo de la parcela 116, con el certificado parcelario 97166, de fecha veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco, con una superficie aproximada de 4 (cuatro)-12 (doce)-52.31 (cincuenta y dos punto treinta y uno) hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 23.71 metros con barranca, al noreste: 169.60 metros con parcela 117, al sureste: 259.44 metros con parcela 151, al suroeste: 142.09 metros con parcela 151, al noroeste tres líneas: 17.74 metros con camino, 215.24 con parcela 115 en línea quebrada; 92.18 con camino; mientras se resuelve con los datos que se obtengan en estos cuadernos incidentales si es procedente conceder o no conceder la suspensión definitiva. Lo anterior, dado que la peticionaria de garantías acredita de manera indiciaria que ejerce un derecho sobre el bien que defiende, y en consecuencia, que cuenta con interés para que se suspenda el acto; ello, en términos del contrato de cesión de derechos parcelarios de veintinueve de agosto de dos mil catorce. La medida cautelar otorgada surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no exhibe dentro de los cinco días siguientes, garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, la que se fija en forma discrecional, tomando en consideración únicamente la zona en que se ubica el inmueble. Como ya se dijo, la suma anterior servirá para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte tercero perjudicada con la concesión de esta medida; en la inteligencia que si se constituye la garantía, tal circunstancia se comunicará oportunamente a las responsables; además, dicha medida no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados provienen de autoridades diversas a las señaladas. En otro tenor, conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda; asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo, a las personas que se mencionan en el escrito de cuenta, por así haberlo solicitado. En atención a lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en comento, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. Atento a lo establecido en el arábigo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto. Como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de esta determinación, por conducto de las personas autorizadas al efecto, previa toma de razón que por su entrega se deje en autos.

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