Daniel Vázquez Sastré
Expediente 1333/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1333/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Daniel Vázquez Sastré
- Daniel Vázquez Sastré y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el siete de abril de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Daniel Vázquez Sastré; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase al Juez de Control de la Región Judicial Tres de Jalapa, Tabasco, el disco en formato DVD de audio y video que contiene las audiencias llevadas a cabo en la causa penal 215/2021, el que adjuntó a su informe justificado y que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1333/2021-5, promovido por ***********, por conducto de su defensora particular **********, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Tres, con residencia en Jalapa, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el cual contiene evidencia criptográfica, recepcionado el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común, y turnado a este órgano jurisdiccional el veintiséis siguiente, Daniel Vázquez Sastré, por conducto de su defensora particular Cindy Fabiola Nicoli Pérez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración, Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ACTO RECLAMADO 1 El auto de vinculación a proceso de cinco de octubre de dos mil veintiuno, dictado en su contra en la causa penal 215/2021, por el hecho que la ley señala como delito de daños, previsto y sancionado en el artículo 200, del Código Penal vigente en el Estado. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juez de Control de la Región Judicial Tres, con residencia en Jalapa, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 1333/2021-5; se ordenó requerir a la autoridad señalada como responsable rindiera informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO. El uno de febrero de dos mil veintidós, se emplazó a juicio a José Guadalupe Hernández González, tercero interesado. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable tiene su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I2 , de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, 2 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera ParteSCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".3 Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: El auto de vinculación a proceso de cinco de octubre de dos mil veintiuno, dictado en su contra en la causa penal 215/2021, del índice del Juzgado de Control de la Región Judicial Tres, con residencia en Jalapa, Tabasco, por el hecho que la ley señala como delito de daños, previsto y sancionado en el artículo 200, del Código Penal vigente en el Estado. Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado por haberlo reconocido la autoridad responsable en el informe justificado,4 lo que se corrobora con la copia certificada que remitió de un disco versátil digital (DVD), que contiene las videograbaciones de las audiencias de treinta de septiembre y cinco de octubre de dos mil veintiuno, respectivamente. Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que los primeros fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen, mientras que las segundas constituyen la videograbación de las actuaciones llevadas a cabo por la responsable, así como de los hechos que contienen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Asimismo, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), formulada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el aludido Pleno de nuestra Corte Suprema, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, titulada "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, denominada "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 625 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". 5 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En ese tenor, esta juzgadora advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XIII, del ordenamiento jurídico precitado, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.". La disposición transcrita señala que, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente, o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/2018 (10a.), determinó que lo anterior acontece Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Común, Laboral, Libro 51, febrero de 2018, Tomo I, página 626, con número de registro 2016215, del siguiente rubro y texto: "CONSENTIMIENTO EXPRESO O POR MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD QUE LO ENTRAÑEN. NO SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN CONTRA UN LAUDO RESPECTO DEL CUAL PREVIAMENTE HUBIERA CUMPLIDO SÓLO ALGUNA O ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO, El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo -equivalente al 73, fracción XI, de la abrogada-, establece que el juicio de amparo es improcedente "contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento", lo que se produce cuando, respecto del acto reclamado, el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Así, el hecho de que, ante un laudo que condene respecto de diversas prestaciones, el patrón cumpla sólo alguna o algunas de esas condenas -quedando pendientes de solucionar o solventar otras- no conlleva el consentimiento del laudo y, por ende, la improcedencia del juicio de amparo en su contra, pues el cumplimiento de una condena sólo se vincula con la decisión que al respecto y de manera destacada haya emitido la autoridad jurisdiccional del trabajo, pero no puede relacionarse con el resto de las prestaciones a que hubiere sido condenado, por lo que esa conducta no debe calificarse como una manifestación clara e inequívoca de que haya consentido el laudo, es decir, de que está conforme con la totalidad de los pronunciamientos en cuando respecto del acto reclamado, el interesado expresa su allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar que se ha conformado con la decisión y consecuencias que implican el acto reclamado. Lo anterior se surte en el presente asunto, porque, como se advierte del informe de cuatro de abril de dos mil veintidós, así como de la videograbación remitida por la autoridad responsable, que contiene la audiencia de esa misma data, fue admitido el acuerdo reparatorio celebrado entre Daniel Vázquez Sastré, aquí quejoso, y la parte agraviada, por lo que se ordenó suspender el proceso.7 Sobre el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 220/2016, estableció que la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario él contenidos, ya que, se insiste, quedan pendientes de solventar las condenas que no fueron objeto de cumplimiento. 7 Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que los primeros fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen, mientras que las segundas constituyen la videograbación de las actuaciones llevadas a cabo por la responsable, así como de los hechos que contienen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Asimismo, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), formulada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, denominada "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. En ese tenor, sostuvo que, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Lo consideró así, sobre la base de que uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa, consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado, de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Señaló que, estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, concluyó que, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. Las anteriores consideraciones, sustentan la tesis de jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Libro 43, junio de 2017, Tomo I, página 461, con número de registro 2014495, de rubro "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO". Con motivo de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIII, de la Ley de Amparo, razón por la cual se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En las relatadas circunstancias, la suscrita está jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, no permite pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en que con el número 509, aparece publicada en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando CUARTO de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de la presente sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede se advierte que mediante oficio 33050/2021 de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar al tercero interesado Juan de los Santos Zarrazaga, Fiscal del Ministerio Público adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Jalapa, Tabasco, el cual recibió el ocho de los actuales, como se advierte del rastreo realizado a la guía de Estafeta en la página electrónica https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo con número 801501554024A506357429, por lo que el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo, transcurre del nueve al dieciocho del precitado mes. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Encargado de la Mesa de Juzgados de la Administración Postal de Correos de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento que se le hizo mediante oficio 6482/2022, hace del conocimiento que solicitó al Jefe de Administración Postal, sucursal Jalapa, Tabasco, para que informe el tratamiento dado a la pieza postal depositada por este juzgado de distrito el dos de diciembre de dos mil veintiuno. NÚMERO REGISTRADO AMPARA OFICIO DESTINATARIO MN023040365MX OFI.- 33050 JCIO. AMP.-1333/2021-5 FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE JUSTICIA DE JALAPA, TAB. Se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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