Daniel Tellezgirón Rodríguez
Expediente 328/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 328/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Daniel Tellezgirón Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, quince de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal del Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; a través del cual, remite el testimonio de la ejecutoria de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja 153/2021, interpuesto por los quejosos Andrés Manuel Cruz Alvarado y Daniel Tellezgiron Rodríguez, acúsese recibo vía interconexión. Tomando en consideración que el Tribunal de Alzada declaró infundado el recurso de queja interpuesto por los quejosos ***contra el acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, por las razones ahí expuestas. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LA PARTE QUEJOSA. En razón de lo anterior, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales que adjuntó a su demanda, en virtud de que no existe razón jurídica para que el mismo siga agregado, previa constancia que de su recibo se agregue en autos; apercibido que de no recibirse dicho documento, se glosara y se destruirá con el expediente. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. DESTINO Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. ARCHIVO RECIENTE. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita se comunica a las partes este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, se transferirá la Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que acusa recibo del informe de queja, copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo número 328/2021, así como original y copia del escrito mediante el cual Andrés Manuel Cruz Alvarado y Daniel Tellezgiron Rodríguez, interpusieron el citado recurso en contra del acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, para su substanciación; asimismo, comunica que admitió a trámite el aludido medio de impugnación, correspondiéndole el número 153/2021. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, once de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito signado por los quejosos ****y ****, por el que interponen recurso de queja contra el acuerdo de veintiocho de mayo actual, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase a los promoventes interponiendo el recurso en cita. En consecuencia, remítase el escrito del recurso de queja y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, por conducto de su Jefe de la Oficina de Correspondencia, para la substanciación de dicho medio de impugnación. También, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que en este juicio de amparo se dictó el acuerdo de veintiocho de mayo del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo; por lo que adjúntense copias certificadas de la totalidad de las constancias que conforman el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja hecho valer. Se precisa que en el caso no es procedente notificar a la autoridad señalada como responsable la interposición de dicho recurso, a efecto de que dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, toda vez que se desechó de plano la demanda respectiva. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Andrés Manuel Cruz Alvarado y Daniel Tellezgiron Rodríguez, por propio derecho, contra actos del Juez de Control de Matías Romero, Oaxaca, que hace consistir literalmente en lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO. De la autoridad señala como ordenadora, señalo: a). El auto de apertura de juicio oral emitido con fecha once de mayo de dos mil veintiuno, en la casa penal 280/2020 en donde confirma el juez de control respecto a LA ADMISIÓN DE UN MEDIO DE PRUEBA DE LA REPRESENTCION SOCIAL EN AUDIENCIA INTERMEDIA, QUE NO FUE OFRECIDO EN EL ESCRITO DE ACUSACION EN LA FORMA Y TERMINO QUE LA ADMITE EL JUEZ RESPONSABLE, Dentro de la causa penal 280/2020." b). La determinación tomada en la celebración de la audiencia intermedia de fecha once de mayo del año dos mil veintiuno, respecto al incidente que promueve la defensa de exclusión de medio de prueba, respecto a que no se admitiera el medio de prueba testimonial de MARIO HERNANDEZ VAZQUEZ, que ha si había sido ofertada en escrito de acusación por la representación social y que en desahogo de audiencia intermedia, CAMBIO EL OFRECIMIENTO DE LA MODALIDAD DE INCORPORACIÓN POR LECTURA, DE MARIO HERNANDEZ VASQUEZ . Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 328/2021 IV-A. SE DESECHA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Andrés Manuel Cruz Alvarado y Daniel Tellezgiron Rodríguez, por propio derecho, contra actos del Juez de Control de Matías Romero, Oaxaca. El numeral 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del numeral transcrito se observa que el órgano de control constitucional, dictará un auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: Que exista un motivo de improcedencia; y Que sea manifiesto y también indudable. En relación con ello, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual tiene designado el registro digital 210751, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, a contrario sensu que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." Conforme lo previsto en los artículos citados, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, para que los actos emitidos en juicio puedan ser calificados como de imposible reparación, es indispensable que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, que han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que afectan la vida, las propiedades, las posesiones, la libertad, entre otros; sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Sobre el tema, es importante destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, que dio origen a la jurisprudencia 37/2014, aprobada por mayoría de votos en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", hace un análisis de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en la que se precisó el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, esto es, ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; es tajante al establecer, que para que el acto reclamado sea calificado como irreparable, necesariamente debe producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascienda al resultado del fallo. Dicha jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), es consultable en la página 39 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, Registro 2006589, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por el principio que contiene, también es procedente la cita de la jurisprudencia PC.I.C. J/71 C (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el viernes treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2017724, Materia Común, de epígrafe y texto siguientes: "ACCIONES COLECTIVAS. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR REGLA GENERAL, CONTRA LAS DECISIONES JUDICIALES DICTADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, QUE ADMITAN, ORDENEN EL DESAHOGO O DESECHEN PRUEBAS QUE, POR SÍ SOLAS, NO AFECTEN DERECHOS SUSTANTIVOS. Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede sólo contra actos en el juicio que sean de imposible reparación, los que han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que afectan derechos sustantivos, tales como la vida, las propiedades, las posesiones, la libertad, etcétera, por ende, las resoluciones que en definitiva admitan o desechen pruebas, que por sí solas no afectan tales derechos, no son impugnables en la vía indirecta al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; porque la afectación que producen no es actual, sino que depende de que trasciendan al sentido de la sentencia definitiva que se dicte en esa clase de juicios. Sin que el solo hecho de que la acción colectiva haya sido elevada a rango constitucional y tenga como fin la protección de derechos patrimoniales, incida para considerarlas como infracciones procesales que afecten derechos sustantivos, pues la determinación judicial de admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes no afecta, por sí sola, tales aspectos, sino que sus consecuencias son de índole formal, independiente a la naturaleza de la acción colectiva ejercitada." En ese contexto, es viable asentir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental respectivo. Así, en el caso que nos ocupa, como ya se dijo, el acto reclamado consistente en la resolución dictada en el auto de once de mayo de dos mil veintiuno, en la causa penal 280/2020 en el que el Juez de Control de Matías Romero, Oaxaca, admitió un medio de prueba de la representación social en audiencia intermedia, que no fue ofrecida en el escrito de acusación, así como la determinación recaída en el incidente de exclusión de medio de prueba, por la que se admitió la incorporación por lectura -admisión de pruebas-, actos que si bien pudieran considerarse como una violación, ésta es de carácter intraprocesal, que no afecta materialmente derechos sustantivos tales como la vida, propiedades, posesiones, libertad, entre otros -conforme a los criterios antes invocados-, al no constituir actos de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues se trata de la admisión de pruebas resuelta en la etapa procesal oportuna, esto es en la etapa intermedia, que es una de las etapas del procedimiento penal, en términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales; que además, de conformidad con el numeral 334 del citado código, dicha etapa tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio; se compone de dos fases, una escrita y otra oral; la primera, inicia con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprende todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; la segunda, dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. De esa forma, si la resolución de admisión de pruebas se emitió en la etapa procesal correspondiente, por la autoridad competente, entonces, no se trata de una determinación que por sí misma lleve implícita su ejecución de imposible reparación, pues será hasta la sentencia que se dicte cuando se pueda definir si esas pruebas admitidas provocaron o no afectación a los derechos fundamentales de los quejosos, pues incluso, en la etapa en que se emitieron los actos reclamados, se trata de medios de prueba que ni siquiera se han desahogado, pues su desahogo quedó reservado para la etapa de juicio oral, que es precisamente en dicha etapa en la cual el Juez de Enjuiciamiento Penal calificará si la prueba ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales, o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera que será dicha autoridad la que verifique la legalidad de la prueba de conformidad con lo establecido en artículo 357 del citado código. En esa medida, cualquier vicio o defecto en la admisión de la prueba, puede ser reparado en la etapa de juicio por el juez de enjuiciamiento, al calificar la legalidad de su obtención o incorporación al procedimiento; por ello, el acto reclamado (admisión de pruebas en la etapa intermedia), no se trata de un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 947, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo II, marzo de 2010, registro 2021798, del rubro y texto siguientes: "MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. ES MANIFIESTA E INDUDABLE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO PORQUE NO CAUSA EFECTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, SI EL ACTO RECLAMADO SE EMITE DENTRO DE ÉSTA, ANTES DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL. De conformidad con el artículo 107 de la Ley de Amparo, los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo sentencia favorable; lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando sólo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. Ahora bien, la determinación del Juez de Control dentro de la etapa intermedia, que se ocupe de proveer aspectos vinculados con el tema de los medios de prueba de las partes, sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata de derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de esos derechos; lo que actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el citado 107, fracción V (en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, que origina el desechamiento de plano de la demanda, ya que tal resolución en todo caso, podría ser susceptible de combatirse como parte de las violaciones ocurridas en el desarrollo de dicha fase, hasta el auto de apertura a juicio oral, al ser en dicha actuación en la que, entre otras cuestiones, se indican los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada, según lo establece la fracción V del artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Acorde con lo explicado, debe decirse que la causa de improcedencia analizada se interpretó de manera estricta, sin que ello implique vulnerar derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, pues no debe perderse de vista que el juicio de amparo es un medio de control constitucional o extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia. Lo anterior de ninguna manera implica que se esté negando al los impetrantes sus derechos fundamentales de adecuada defensa, acceso efectivo a la justicia y tutela judicial, ni que se estén violentado formalidades esenciales del procedimiento; ya que si se permite que por la vía del juicio de amparo indirecto se cuestione cualquier acto de autoridad, aun en los casos en que la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable por derivar de la propia constitución y de la ley reglamentaria de la materia, sin que se actualice alguna de las reglas de excepción, se contravendrían disposiciones de legalidad que contiene controles que definen los requisitos de procedibilidad, que a su vez establecen las causa de improcedencia, cuya existencia sería nugatoria, pues ningún sentido legal y práctico tendría que existiera reglamentación sobre ese tema, si al final no se observaría o atendería; incluso, tal inobservancia a las causa de improcedencia -como la establecida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo-, provocaría un desequilibrio en el estado de derecho que podría generar una saturación de los tribunales federales en perjuicio de los propios gobernados, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición indiscriminada de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia en cualquiera de sus formas posibles de manifestación. Ilustra sobre el tópico, la tesis 2a. CLVII/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 324, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, registro 165538, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." Así como la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 3, página 1641, Materia Constitucional, registro 2004217, del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo." En ese orden de ideas, la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, el cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. Es decir, además de su naturaleza, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y de resolver si las mismas resultan suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho señalado por la ley como delito y si el acusado intervino en su comisión; por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba. Cabe destacar que si bien el juez o tribunal oral conservan en todo momento la facultad de analizar si alguna de las pruebas desahogadas ante su presencia, en cumplimiento al principio de inmediación, constituye prueba ilícita, tal determinación se sustentará no en un nuevo análisis sobre lo correcto o no de su admisión, sino en lo que el desahogo de la prueba misma genere, es decir, atendiendo a la información que la prueba aporte que permita advertir, en su caso, si lo que se puso en conocimiento del juzgador tuvo un origen ilícito, a través de la violación de derechos fundamentales del acusado, en cuyo caso, el tribunal o juez de enjuiciamiento, estará en aptitud de no otorgarle valor probatorio al momento de emitir su sentencia. En ese sentido, el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma implique un acto de imposible reparación. Bajo ese parámetro, se determina que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo, en razón de que la admisión de los medios de prueba, en el caso concreto no generan una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal, puesto que no se advierte que por la admisión se genere una afectación irreparable que amerite análisis constitucional inmediato. En efecto, respecto de la admisión del medio de prueba de la representación social en audiencia intermedia, que no fue ofrecida en el escrito de acusación, así como la determinación recaída la incidente de exclusión de medio de prueba, por la que se admitió la incorporación por lectura que reclaman, no irrogan un daño irreparable actual a los quejosos, sino que la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que el tribunal de enjuiciamiento lo considere como prueba de cargo en contra del procesado al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. En ese sentido, es que se concluye que la admisión de los medios de prueba que reclama el quejoso, por sí mismos no constituyen un acto de imposible reparación que pueda ser analizable en el amparo indirecto. De lo anterior se colige que no es factible hablar de una afectación inmediata y actual que conlleve a considerar que la admisión de dichos medios de prueba constituyan un acto de imposible reparación en contra del quejoso. Consecuentemente, si en el caso concreto la parte quejosa se inconforma con la admisión de medios de prueba, pero no se advierte que los actos reclamados constituyan de manera actual una afectación de características irreparables, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, al constituir determinaciones procesales de la etapa intermedia, que no generan en sí mismas la afectación material irreparable de un derecho fundamental. Con ello, válidamente es de concluir que los medios de prueba admitidos y que los promoventes estiman ilegales e impertinentes, aún no repercuten negativamente en su esfera jurídica, pues su valoración, una vez desahogadas, se encuentra supeditada a la apreciación que sobre la mismas realice el juez oral en audiencia de juicio, quien evidentemente en uso de su arbitrio judicial puede determinar su eficacia probatoria, una vez que las partes hayan formulado los interrogatorios y contra interrogatorios respectivos, tendentes a demostrar su teoría del caso. Cabe precisar que los razonamientos jurídicos aquí plasmados, fueron sustentados al resolverse el amparo en revisión número 907/2016, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejecutoria dictada el quince de junio de dos mil dieciséis; lo que se invoca como un hecho notorio, en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, el juicio de amparo indirecto, por regla general, como en el caso concreto, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma implique un acto de imposible reparación, pues define cuestiones meramente procesales que involucran derechos de naturaleza adjetiva, pruebas que en todo caso, están sujetas a ser desahogadas y valoradas en la etapa del juicio oral; es decir, aun cuando fueron admitidas o no fueron excluidas en la etapa intermedia, aquella determinación todavía no causa afectación al hoy quejoso en sus derechos sustantivos, habida cuenta que su valor probatorio puede ser desestimado por el tribunal de enjuiciamiento al dictarse sentencia; siendo que será hasta ese momento que le cause una afectación de imposible reparación, donde la parte quejosa podrá plantear argumentos que cuestionen el valor de las pruebas que se desahoguen en la audiencia de juicio oral y que hubieran trascendido al dictado de una sentencia contraria a sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 81, diciembre de 2020, Tomo I, página 1154, Materia Penal, registro 2022565, del tenor siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. Hechos. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si es procedente el juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control en la etapa intermedia, de admitir medios de prueba, arribando a conclusiones distintas, pues uno consideró que, por regla general, es procedente por afectar en forma preponderante y superior los derechos sustantivos de acceso a la justicia y defensa adecuada y los restantes concluyeron que no es impugnable a través de ese medio de control constitucional, porque no implica un acto de ejecución irreparable. Criterio jurídico: Las determinaciones del Juez de Control, relativas a la aceptación de los medios de prueba ofrecidos por alguna de las partes -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar-, por regla general, constituyen actos de naturaleza intraprocesal que no son susceptibles de impugnarse en el amparo indirecto. Justificación: Lo anterior es así, ya que con esas actuaciones normalmente no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución General, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión; por tanto, no se ubican dentro de los actos de imposible reparación que como categoría excepcional del juicio de amparo prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello pues una de las principales funciones del Juez de Control durante esta etapa, consiste en asegurarse de que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral, por lo que esta etapa resulta el momento procesal idóneo para que éste haga valer sus inconformidades. De ahí que al momento de desahogar la prueba ante el Juez o tribunal de enjuiciamiento, dada la naturaleza híbrida del acuerdo de apertura a juicio oral, se reconoce la relación ineludible entre los aspectos vinculados con la motivación aplicada para admitir la prueba y aquellos que puedan derivar del debate para su desahogo; en consecuencia, estos últimos pueden ser valorados en la sentencia, dando lugar a una eventual declaratoria de ilegalidad o ilicitud, cuando trastoquen derechos fundamentales." Al respecto, la Primera Sala del Alto Tribunal del País, al resolver el amparo directo en revisión 669/2015, resaltó, que aun cuando el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en la etapa intermedia, en el juicio oral las partes pueden cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Por tanto, concluyó que el Juez o Tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva si durante el desahogo de las pruebas en el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación de derechos fundamentales del acusado, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 Constitucional, establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas. De la ejecutoria señalada -amparo directo en revisión 669/2015-, surgió la tesis aislada 1a. LIII/2018 (10a.), registro: 2017055, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Tomo II, Junio de 2018, página 958, Décima Época, que dice: "DIFERENCIAS EN EL DEBATE PROBATORIO DE LA ETAPA INTERMEDIA Y EL JUICIO ORAL EN RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. El objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. En la etapa intermedia se discute si de los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, en atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral. Con todo, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, es incuestionable que en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Esto último puede ocurrir especialmente cuando durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado, cuando surgen dudas sobre esa cuestión -por ejemplo, al advertirse durante el contrainterrogatorio o con algún otro medio de prueba que las autoridades mintieron o incurrieron en contradicciones en relación con lo que hubieren manifestado en etapas preliminares- o cuando se aporten elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales. En estos casos, el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta esta cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas." Todo lo cual permite sostener, que en la especie, la admisión de las pruebas en comento, o bien la no exclusión de las mismas, es un acto cuya naturaleza no entraña una ejecución irreparable, ya que sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, pues no se advierte privación alguna a los derechos sustantivos del quejoso (libertad, propiedad, privacidad, por citar algunos ejemplos), ni de defensa o alteración a los hechos materia de litis, sino que sus consecuencias son de orden eminentemente formal y procesal, en cuyo caso, están sujetas al desahogo y valoración del tribunal de enjuiciamiento, pudiendo, en caso de trascender al resultado del fallo, cuestionar el valor que se le hubiere otorgado o inclusive solicitar su nulidad por considerar que fueron obtenidas con violación a derechos humanos conforme a lo establecido en el referido artículo 20 apartado A fracción IX de la Constitución en relación con el numeral 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el recurrente no se encuentra en estado de indefensión, ya que en la etapa de juicio oral, aunque el tribunal de enjuiciamiento no puede negar el desahogo de las pruebas admitidas en el auto de apertura al juicio oral, las partes pueden solicitar la nulidad del medio o medios de pruebas que estimen ilegales, de conformidad con el artículo 264, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Articulo 264. Nulidad de la prueba. Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad de medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o tribunal deberá pronunciarse al respecto." Como se ve, el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales estipula que durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral, las partes tienen la vía expedita para hacer valer la nulidad del medio probatorio de que se trate, en la que pueden aducir que a raíz de su desahogo durante ese instante procesal se tuvo una prueba con violación a los derechos fundamentales. De esa manera, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que en cualquier etapa de juicio oral, las partes pueden solicitar la nulidad del medio o medios de pruebas que estimen ilegales, de conformidad con el citado artículo 264, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales condiciones, por los motivos expuestos en este proveído, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. AUTORIZADO Téngase a la parte quejosa como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Kelvin Ordaz Jarquín, por tener demostrada su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo y únicamente para oír y recibir notificaciones a Ausel Eliseo García González, al no acreditar tal inscripción en el aludido registro y a las diversas personas que señala para tal efecto. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud de los promoventes para su práctica en la dirección electrónica que menciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la Ley de Amparo, si bien establece su práctica vía electrónica, lo cierto es que en la especie de la consulta realizada al "Reporte de autorizados para consultar expediente electrónico" visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que dicho correo no está asignado a usuario alguno, siendo obligación de las partes gestionarlo de manera expresa y proporcionar el usuario que asignaron al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo previsto en los numerales 35 en relación con el 55 del Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Lo anterior, sin perjuicio que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo que establece formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en su ocurso de cuenta. En el entendido que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. TELÉFONO Asimismo, no ha lugar a proveer de conformidad la solicitud de los promoventes de tener el número telefónico que proporcionan, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 27/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución, en relación con el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. Notifíquese de forma personal a la parte quejosa.
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