Daniel Luis Altamirano
Expediente 443/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 27 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 443/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Daniel Luis Altamirano
- Alma Rosa Regalado López, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Género de la Región del Istmo. Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo. En consecuencia, al no existir necesidad de que obre en autos el disco versátil digital [DVD], que remitió el Juez de Control de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, mediante oficio que al efecto se libre, devuélvase. Notifíquese.
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Asimismo, al tratarse de un asunto en el que se concedió la medida cautelar provisional y definitiva a la parte quejosa, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 18 del referido Acuerdo, una vez transcurrido el término de tres años, procédase a su depuración, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el mencionado precepto, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósito documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (excepción de la demanda). Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, en términos de los dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses siguientes a partir de que se dicta el presente acuerdo, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las partes no se inconformaron dentro del término legal con el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Devolución de constancias. Por consiguiente, devuélvase a la autoridad responsable Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales de Ixcotel, Oaxaca, los discos en formato DVD que adjunto como justificación a su informe y a la misiva por la que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en aquél. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el quejoso ****, no desahogó la vista de cuatro de agosto del año en curso, dentro del término concedido, respecto al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por parte de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Santa María Ixcotel, Oaxaca, por lo que se procede a resolver sobre el mismo, con base en los elementos que obran en el expediente Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. EFECTOS DE LA SENTENCIA AMPARADORA Para ello, se tiene que por sentencia de treinta de abril de dos veintiuno, se concedió al quejoso Daniel Luis Altamirano el amparo y protección de la justicia de la unión para el efecto de que: Deberá reponer el procedimiento hasta la audiencia inicial de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en el exhorto 81/2020 deducido de la causa penal 297/2020, radicado ante el juzgado responsable con el número 131/2020, en la que se vinculó a proceso al quejoso Daniel Luis Altamirano, con motivo de que previamente a la emisión del acto reclamado, no se constató si Francisca Domínguez Vargas, Cándido Cruz Morales y Julio César Pérez Celaya -defensora pública y defensores particulares del impetranteson licenciados en derecho, por lo que en audiencia formal, deberá verificar que quienes lo asistieron cuenten con dicha calidad. Si del ejercicio de verificación resulta que los defensores no eran licenciados en derecho, deberá dejar sin efectos la audiencia de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, así como la diversa de veintiuno posterior, en el exhorto 81/2020 deducido de la causa penal 297/2020, radicado ante el juzgado responsable con el número 131/2020, en la que se vinculó a proceso al quejoso Daniel Luis Altamirano, por lo cual se deberá señalar hora y fecha para el verificativo de la audiencia inicial en la cual se deberá cuestionar al imputado si es su deseo nombrar un defensor particular u opta por hacer uso del de oficio, persona que deberá acreditar ser licenciado en derecho de acuerdo con las consideraciones vertidas previamente y, una vez sucedido ello, seguida en todas sus fases dicha audiencia, resolver la situación jurídica del quejoso con plenitud de jurisdicción, sin que agrave ésta bajo el principio non reformatio in peius. Si por el contrario, del ejercicio de verificación resulta que las personas a cargo de la defensa o asistencia jurídica sí eran licenciados en derecho o abogados debidamente registrados, de ello dejará constancia y, por lo tanto, deberá dejar subsistente todo actuado para que forme parte de la determinación que resolvió la situación jurídica, lo cual, al no ser aún materia de estudio de fondo, podrá ser impugnado nuevamente dentro de los plazos legales conducentes. En el entendido que: IV) Para lo anterior, deberá cumplir con el requisito formal de que el funcionario ante quien se verifique tal circunstancia, sea el mismo que presidió tanto la audiencia inicial como la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. V) En caso de que exista imposibilidad para ello, deberá justificarse de manera fehaciente las razones por las cuales el mismo juzgador no puede presidir ambas audiencias. [.] Por acuerdo de veinticuatro de mayo del actual, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento al fallo protector. Por tal razón, mediante oficio con terminación 00691/2021, la Juez de Control del Circuito de Valles Centrales, sede Ixcotel, Oaxaca, remitió un DVD certificado que contiene audio y video de la audiencia de veintisiete de mayo del año en curso en la causa penal 297/2020 de su índice. Por auto de veintidós de junio de la presente anualidad, se determinó que la juez responsable incurrió en exceso y defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por las razones asentadas en dicho acuerdo; ante tal circunstancia de nueva cuenta se requirió para que diera cumplimiento con la concesión del amparo. En atención a lo anterior, mediante oficio con terminación 916/2021-J, la Juez de Control del Circuito de Valles Centrales, sede Ixcotel, Oaxaca, envió un DVD certificado que contiene audio y video de la audiencia de veintisiete de julio del año en curso en la causa penal 297/2020 de su índice, el cual tiene pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, de la reproducción del disco DVD se advierte que se individualizó la licenciada Francisca Domínguez Vargas, se individualizó, quien indicó que cuenta con el cargo de defensora publica, agregando que cuenta con cédula profesional 5601369, poniendo a la vista de la juzgadora el original de la misma [minuto 00:08:40 a 00:09:28). Por otra parte, en la intervención otorgada al licenciado Julio César Pérez Celaya, éste manifestó comparecer como defensor particular del procesado, aquí quejoso Daniel Luis Altamirano, con cédula profesional 3852563, que exhibió en original [minuto 00:09:35 a 00:10:21). Asimismo, en uso de la voz el licenciado Cándido Cruz Morales, expuso que compareció como defensor particular del procesado (aquí quejoso), presentando el original de la cédula profesional 6468537 [minuto 00:10:25 a 00:11:25). Con motivo de lo anterior, la Juez de Control manifiesta que el personal actuante de ese juzgado constató el registro dentro de la página oficial correspondiente a la emisión de las cédulas profesionales y para corroborar ello, preguntó al encargado de sala si esto fue así, aduciendo el mismo que se verificaron las mismas en la página de la SEP [minuto 11:26 a 11:40]. Asimismo, en cuanto al punto tres de la ejecutoria de mérito, con motivo de que se acreditó que Francisca Domínguez Vargas, Julio César Pérez Celaya y Cándido Cruz Morales -defensora pública y defensores particulares del impetrante son licenciados en derecho-, declaró subsistente todo lo actuado en la causa penal 297/202 del índice de ese Juzgado, que se instruye contra el quejoso Daniel Luis Altamirano, por el delito que la ley señala como violación equiparada cometido en agravio de una menor de edad con iniciales K.Y.G.H. [minuto 14:03 a 14:43]. En consecuencia, se estima que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, toda vez que de la confrontación de los lineamientos bajo los cuales se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal y la forma en que se dio cumplimiento, se advierte que se cumple la finalidad que se perseguía con la emisión de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto en su acatamiento, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes. Sirve de orientación la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, corroborable con el registro digital 165807, de texto que sigue: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente a las partes.
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